Sentencia Interlocutoria N° 45/2026

TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 1º TURNO SENTENCIA INTERLOCUTORIA N.º 45/2026 Montevideo, 25 de febrero de 2026 Ministro Redactor: Dr. Álvaro Messere Ferraro. Vistos: Para sentencia interlocutoria estos autos caratulados: “AA c/ BB Y OTRO – ACCIÓN REIVINDICATORIA” – IUE: 2-121259/2024 , venidos a conocimiento de este tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 269/271, contra la sentencia interlocutoria Nº 2380/2025 dictado en audiencia celebrada el 28 de agosto de 2025 a fs. 265-266 por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, Dr. Darwin Rampoldi Robaina. Resultando: 1. Por la sentencia recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se tuvo por desistido de su pretensión a la parte actora y en mérito a la pretensión reconvencional de la parte demandada subordinada al acogimiento de la demanda, no hay obstáculo para el presente proveimiento y la clausura de estas actuaciones. 2. Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 269/271 manifestó que el actor se vio imposibilitado de concurrir a la audiencia por una descompensación médica, la que acaeció momentos previos a la audiencia, por lo que no pudo comparecer a la misma ni justificar debidamente su incomparecencia en el transcurso de la misma. Se trató de un impedimento acaecido momentos previos a la realización de la audiencia convocada, una causa de fuerza mayor que encuadra en lo preceptuado por el art. 340 del CGP. En dicha oportunidad se le indicó reposo por 48 horas. Se agrega certificado médico que acredita lo expresado. Agrega que la letrada de la parte actora compareció con poder para litigar conforme lo establecido en el art. 39 del CGP advirtiendo a la Sede la imposibilidad de que el actor comparezca a la audiencia y solicitando su prórroga, pero la Sede no estimó fundado el motivo expuesto por la representante y lo tuvo por desistido de su pretensión. En atención a tan severa y drástica sanción que acarrea la no comparecencia. 3. La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 281/282 v. manifestando que la representante del actor no anunció previamente la supuesta situación de impedimento de asistencia del actor, y no tomó la iniciativa de informar a la Sede sobre la situación “imprevista” de salud que le habría impedido comparecer; solo cuando el tribunal plantea la incomparecencia la representante ensayó la excusa de un imprevisto de salud, lo que a todas luces fue improvisado. Expresa que la posición de la contraria es errónea al afirmar que solo basta con el poder para pleitos para que la representación esté acreditada. De todos los actos procesales celebrados, en ninguno de ellos compareció el actor personalmente: no asistió a conciliación, no firmó la demanda y no asistió a audiencia, demostrando desinterés en el accionamiento. No cabe duda que el actor no tuvo intención de asistir y ante la emergencia de su incomparecencia adujo un pretexto con dudosa credibilidad. Estimó que el certificado médico no es un documento auténtico, no tiene fecha cierta y el mismo ni siquiera establece a qué hora fue expedido. Además, se omite indicar la dolencia que padecía el accionante y que le habría implicado el reposo, desconociéndose el motivo de su “descompensación”. Además, el profesional que suscribe el certificado no indica su especialidad y lo suscribe en su calidad de “subdirector técnico” y no como médico especialista o general, por lo cual estaría vinculado a cuestiones administrativas de la institución. En definitiva, el documento agregado no es idóneo para justificar la incomparecencia del demandante. 4. Franqueada la alzada por decreto Nº 2774/2025 del 25 de setiembre de 2025 (fs. 288/289), se asignó esta Sala (fs. 292) y recibidos los autos en el tribunal el 13 de octubre (fs. 292 v.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. Considerando: I. La Sala, por unanimidad de sus miembros naturales, habrá de revocar la decisión atacada, en cuanto tuvo por desistido de la pretensión a la parte actora y a la pretensión reconvencional de la parte demandada y ello, por lo por lo subsiguiente. II. Cabe indicar, con carácter previo, que las consecuencias que trae aparejada la aplicación del art. 340.2 y 3 del CGP, resultan particularmente gravosas por lo que doctrina y jurisprudencia vernácula tienen admitido que debe realizarse en forma ponderada, cautelosa, sin formalismos extremos. En el CGP, la presencia de las partes en la audiencia preliminar es de precepto, pues dice relación con el principio de inmediación y con una elogiable intención del legislador de tratar de solucionar parcial o totalmente el litigio, tentando la conciliación. En esta senda, doctrina y jurisprudencia vernácula, ha admitido la diferencia entre los conceptos de fuerza mayor y motivo fundado, configurando la primera una imposibilidad transitoria, temporal, circunstancial para la parte, de concurrir al acto, la cual debe apreciarse tomando en cuenta los criterios de irresistibilidad e inevitabilidad propios del instituto (cf. Tarigo, en “VIII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal”, págs. 201-203). La ley sólo admite dos excepciones a la comparecencia personal de las partes a la audiencia preliminar, una de ellas es que la parte no pueda asistir por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas y la otra es que existan motivos fundados que, a juicio del tribunal, justifiquen que lo haga por representante. Son situaciones distintas: a) cuando se alega que la persona no puede concurrir al Juzgado por una razón de orden permanente (imposibilidad de desplazarse debido a la avanzada edad, enfermedad, invalidez), el tribunal puede autorizar su comparecencia por medio de representante, si existe motivo fundado para ello (inc. 1º); b) cuando la persona – por razones circunstanciales de fuerza mayor - no puede concurrir el día fijado a la audiencia, se difiere la misma por una sola vez (inc. 4º). Son dos hipótesis diferentes; en el primer caso la persona no podrá concurrir nunca o por un período prolongado, en el segundo, la imposibilidad de concurrir es por ese día concreto, por razones de fuerza mayor (accidente, indisposición física, etc.). Esta última es la hipótesis ventilada infolios. III. En este trillo, el actor, que actuó por representante desde el principio, no acudió a la audiencia preliminar personalmente, sí lo hizo, su representante convencional. No quedó registro alguno de que el representante haya advertido alguna causa de justificación en el momento, y de lo señalado en la resolución impugnada, surge que no se hizo. Ahora bien, al interponer recurso de apelación, se presentó un certificado médico, emitido el mismo día de la audiencia, y que indica reposo. En el caso, a juicio de la Sala, el certificado presentado, cumple con lo esperado en la emergencia. En efecto: a) fue emitido por un médico (su cargo, resulta irrelevante); b) el mismo día de la audiencia (si no figura la hora, es un hecho tolerable, ya que las reglas de la experiencia, art. 141 del CGP, indican que no es un elemento que se incluya en un certificado médico, y más si el paciente se siente mal); c) está confeccionado en una receta de la mutualista (no importa si la misma también se puede usar para farmacia social, ya que expresamente señala que es de policlínica); d) no tiene que contener la afectación del paciente, ya que se trata de un dato de salud y por tanto dato sensible, ley N° 18.331, que no debe figurar en ningún certificado, donde solo se señala la indicación médica y e) el actor no tiene porqué explicar en qué lugar, se atendió, y no se advierte cual es la sospecha que no lo haga a domicilio, ya que es posible que haya concurrido a la policlínica, como suele hacerse en muchas ocasiones. Así las cosas, la Sala, considera, que existiendo un certificado médico que indica que el actor debe guardar reposo por 48 horas, habiéndose expedido el mismo día de la audiencia, acredita razonablemente la imposibilidad de concurrir personalmente a la audiencia. IV. Las costas y costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto por los arts. 195 siguientes y concordantes del CGP, el tribunal, resuelve: REVÓCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA IMPUGNADA, DEJÁNDOSE SIN EFECTO LA SANCIÓN PROCESAL IMPUESTA A LA PARTE ACTORA Y, POR AÑADIDURA, A LA DEMANDADA, DEBIÉNDOSE CELEBRARSE AUDIENCIA NUEVAMENTE, SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: $ 20.000 NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Rosario Fernández SECRETARIA