Sentencia Definitiva N° 16/2026

Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno Ministro redactor: Dra, Claudia Diperna Acosta Ministros Firmantes:Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera, Dra. Ma. Noel Tonarelli de Pena Ministros Discordes: No VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA – AMPARO. MEDICAMENTOS. EXCEPCION DE INCONSTITUCIONALIDAD ARTS. 7 INCISO 2 Y 10 DE LA LEY N° 18.335, ARTS. 45 INCISO FINAL Y 51 LITERAL B DE LA LEY N° 18.211 Y ARTS. 461 Y 462 DE LA LEY N°19.355”, IUE 2-67618/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva Nº 130/2025 de fecha 11/08/2025 de fojas 326 y siguientes, dictada por el Sr. Juez Letrado de Familia de 18vo Turno. Gerardo Alvarez Escursell. RESULTANDO: 1.- Por la recurrida se falló: “No ha lugar al excepcionamiento opuesto por la parte accionada (MSP), esto es, falta de legitimación causal pasiva. Asimismo se hace lugar en todos sus términos a la demanda impetrada, y en consecuencia se condena al Ministerio de Salud Pública (Estado Persona Jurídica Mayor) a proporcionar el tratamiento celular CART-T, de acuerdo a las indicaciones formuladas por el equipo tratante; por todo el tiempo que dicho equipo médico así lo determine, bajo apercibimiento de conminaciones económicas (20 UR por cada día de incumplimiento), los cuales comenzarán a computarse una vez que la sentencia adquiera ejecutoriedad.” 2.- El MSP en la representación por poder conferida (fojas 356 y siguientes) interpone recurso de apelación manifestando que: la decisión constituye un fallo contrario a derecho, viciado por prejuzgamiento, una errónea valoración de la prueba y una interpretación incorrecta de la normativa sanitaria y constitucional aplicable al proceso de amparo. Como cuestión preliminar, denuncia lo que considera una conducta inadecuada del magistrado actuante, afirmando que el juez habría exteriorizado opiniones previas al análisis del caso, manifestando en audiencia que ya tenía decidido su criterio y que su función era social más que jurídica, refiriéndose además a su condición personal de padre de hijos menores. Sostiene el recurrente que tales expresiones revelan un prejuzgamiento que vulnera la imparcialidad debida, sumado a un trato inapropiado hacia los letrados de la Secretaría de Estado y testigos propuestos, quienes relataron un presunto maltrato verbal, no haber sido escuchados y conductas que favorecerían al testigo de la parte contraria. Afirma que el juez realizó comentarios impropios sobre moralidad profesional, sugiriendo la necesidad de excusar a funcionarios del MSP por el tipo de casos que atienden y aludiendo incluso a gestiones presupuestales ajenas al proceso. Desde el punto de vista sustancial, el MSP sostiene que la sentencia le atribuye una actuación con ilegitimidad manifiesta sin atender al marco jurídico aplicable al ensayo clínico reclamado, el cual constituye un procedimiento en fase experimental, no registrado en Uruguay, que nunca ha sido administrado en pacientes enfermos en nuestro país y que carece de autorización y registro de acuerdo con la normativa vigente en materia de medicamentos y ensayos clínicos. Aduce que la legislación exige el trámite de registro sea a impulso del solicitante, debiendo acompañar evidencia clínica, certificaciones de seguridad, indicaciones terapéuticas y datos sobre efectos adversos, extremos que nunca fueron presentados por el laboratorio a cargo del ensayo. Sostiene que el MSP no posee competencia para registrar de oficio medicamentos o tratamientos experimentales ya que el procedimiento exige la iniciativa del laboratorio o del particular interesado. Señala que cualquier excepción a este régimen legal vulneraría el principio de legalidad, la separación de poderes y la normativa que regula la seguridad y eficacia de los productos de salud, la cual impide al MSP suministrar o financiar tratamientos no registrados. El MSP afirma que no existe acto, hecho u omisión imputable al Estado, puesto que el registro sanitario constituye un procedimiento técnico-administrativo que no puede ser iniciado por la autoridad sanitaria sin la solicitud del laboratorio, por ende la falta de registro no puede ser considerada una omisión ilegítima del Ministerio. Sostiene que no es responsabilidad del MSP suplir la iniciativa del particular. Enfatiza en que carece de atribuciones para dispensar directamente a la población ensayos clínicos experimentales, mucho menos cuando presentan riesgos desconocidos, carecen de aprobación, se encuentran en fase preliminar y no han demostrado seguridad ni eficacia. El MSP desarrolla ampliamente el régimen legal aplicable al derecho a la salud en Uruguay, citando el artículo 44 de la Constitución, la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud (Leyes 17.930, 18.211, 18.335) el carácter universal y solidario del sistema de prestaciones, el funcionamiento del Formulario Terapéutico de Medicamentos (Decreto 265/006 y actualizaciones), el régimen de incorporación de nuevas tecnologías y los criterios técnicos que rigen la inclusión o exclusión de medicamentos. Señala que la sentencia desconoce el sistema de financiamiento solidario y el rol del MSP, que es regulador y no dispensador directo, exigiendo la resistida al MSP actuar en contravención a normas vigentes y lo expone a incurrir en infracciones administrativas y penales al obligarlo a suministrar un tratamiento experimental no registrado, lo cual está prohibido por el Decreto Ley 15.443, la Ley 19.355 y demás normativa vigente que sanciona la dispensación de medicamentos no aprobados. Asimismo, el MSP sostiene que la sentencia realiza una valoración irrazonable e incompleta de la prueba, omitiendo considerar documentación esencial, como el informe del Hospital Pereira Rossell donde se detalla que la Fundación Pérez Scremini asumiría determinados costos del proyecto de investigación, así como los testimonios que corroboran que la financiación del ensayo y su implementación corresponden a la Fundación y no al MSP. Afirma que de la prueba documental surge que la Fundación Pérez Scremini y la Fundación Marc Anthony habrían financiado los materiales, reactivos y equipamiento necesario para la fase de investigación, por lo cual no existe legitimación pasiva del MSP para asumir la carga económica del tratamiento reclamado. El MSP sostiene también que la sentencia no analizó la intimación cursada al padre de la joven, quien reside en Austria, para que informara sus ingresos a efectos de evaluar su contribución a la asistencia, omisión que, según la Secretaría de Estado, afecta la correcta determinación de responsabilidad material. Concluye que no existió ilegitimidad manifiesta y que su actuación se ajustó plenamente al ordenamiento sanitario, por lo que solicita la revocación de la sentencia y la desestimación de la acción de amparo. 3.- Sustanciado el recurso, la actora (fojas 374 y siguientes) evacua el traslado conferido expresando que: rechaza los agravios formales y niega la existencia de prejuzgamiento, afirmando que el MSP no acreditó ninguna solicitud de excusación del magistrado ni hechos que justifiquen su apartamiento, limitándose sus afirmaciones a apreciaciones subjetivas sin respaldo probatorio y no pueden constituir fundamento para atacar la validez de la sentencia. En cuanto al fondo, la parte actora afirma que el MSP parte de un error grosero dado que el fallo no ordena proporcionar un ensayo clínico, sino el tratamiento celular CAR-T, el cual constituye una terapia estándar a nivel internacional, utilizada en más de mil pacientes en distintos países y recomendada por organismos especializados. Señala que el Ministerio pretende reducir la cuestión a la ausencia de registro, cuando el propio MSP ha incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos numerosos fármacos no registrados en el país, sin formular objeciones en esos casos, por lo que sostiene que el argumento sobre el registro carece de coherencia y evidencia una postura contradictoria del MSP frente al mandato constitucional del artículo 44, que impone al Estado proteger la salud de los habitantes. Sostiene que desde la perspectiva constitucional y de derechos humanos, la obligación del Ministerio es proporcionar el único tratamiento indicado para salvaguardar los derechos fundamentales a la vida y a la salud. Que en autos quedó acreditado, tanto por la prueba testimonial como documental, que el CAR-T constituye la única alternativa para la paciente, que existe evidencia científica suficiente sobre su eficacia y que la negativa del MSP provoca una afectación directa y ostensible a la dignidad humana, generando riesgo de vida inminente. Afirma que la ilegitimidad no se mide por el cumplimiento formal de normas administrativas, sino por la vulneración concreta del derecho fundamental involucrado. Respecto del agravio de legitimación pasiva fundado en la supuesta responsabilidad de la Fundación Pérez Scremini, la actora sostiene que el MSP comete un nuevo error ya que quien promueve el amparo es la paciente y no la Fundación. Enfatiza que no corresponde ingresar al análisis de los ingresos o posibilidades financieras de dicha Fundación, dado que no integra la relación sustancial controvertida ni la acción de amparo puede imponerse a particulares ajenos al proceso. Afirma que lo acreditado en autos es la carencia de medios económicos de la paciente para afrontar un tratamiento sumamente costoso y que el argumento del MSP pretende desviar la atención hacia terceros que nada tienen que ver con la obligación constitucional del Estado. En cuanto al agravio relativo a los ingresos del padre de la paciente, la parte actora señala que surgió probado que la madre ejerce en forma exclusiva la patria potestad, conforme a la normativa austríaca y que el padre no participa de ninguna responsabilidad económica, por lo cual no corresponde imputarle obligación alguna ni considerar su situación patrimonial. Afirma que el MSP pretende introducir un elemento irrelevante para desviar el análisis del deber estatal. Por último, respecto del agravio sobre la conducta del magistrado, la parte actora indica que no existe constancia de que el MSP haya promovido formalmente una excusación, ni surge de autos elemento alguno que habilite cuestionar la imparcialidad del juez. Reitera que no corresponde a esta parte analizar la conducta del a quo y que las alegaciones del MSP deben ser descartadas por falta de sustento. Concluye en que todos los agravios deben ser rechazados, que la sentencia se ajusta a Derecho y que el MSP no ha demostrado actuar conforme a las obligaciones que la Constitución le impone al haber negado el único tratamiento disponible para evitar un daño irreparable. Solicita en consecuencia que se confirme la resistida en todos sus términos y que se intime al MSP a cumplirla en el plazo legal. 4.- Franqueada la alzada sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo el expediente es recibido por este Tribunal disponiéndose el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden. Por abstención de la Dra. Díaz Sierra se realizó sorteo de integración resultando del mismo la Sra. Ministro del homólogo de 3er Turno Dra. Ma. Noel Tonarelli. Cumplido se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1º.- El tribunal por unanimidad de los integrantes de la Sala integrada, habrá de confirmar la recurrida por los fundamentos que se exponen a continuación. 2º.- En la especie comparece la Sra. AA en representación de su hija BB promoviendo acción de Amparo contra el Estado Mayor-Poder Ejecutivo, en la persona del Ministerio de Salud Púbica, manifestando en síntesis que su hija cuenta actualmente con 16 años de edad y padece de Leucemia Aguda Linfoblástica siendo asistida por los Dres. Carolina Pagés y Luis Castillo en la Fundación Pérez Scremini. BB nació en Austria, viviendo en nuestro país desde hace 14 años y en julio del 2014 fue diagnosticada con dicha enfermedad. Recibió tratamiento en base a protocolo BFM 2009 teniendo una primer recaída en el año 2017 y en marzo del 2025 otra donde volvió a recibir el protocolo de recaída. En ese contexto y al haber tenido una segunda recaída, lo que se indica la alta agresividad y resistencia a terapias convencionales, los médicos tratantes indicaron realizar la terapia Celular CART, la cual no es posible financiarla debido a su alto costo. La referida terapia con células Car T es un tratamiento nuevo el cual dirige al propio sistema inmunitario a través de un procedimiento personalizado el cual se basa en extraer cédulas del sistema inmunitario del propio paciente, específicamente linfocitos T, que luego se manipulan genéticamente de manera que al ser reincorporadas al organismo reconozcan específicamente y “ los linfocitos modificados destruyen a la célula leucémica” ( fojas 242). La tecnología ya se aprobó en ensayos en varios países, conociéndose los primeros resultados entre el 2010 y 2011 habiéndose tratado a la fecha a más de 1000 pacientes con esta terapia en varios países. Los médicos de la Fundación Pérez Scremini desde hace dos años han viajado al exterior para capacitarse y se adquirió la tecnología para realizar esta terapia ( la cual fue autorizada por el MSP) pero el procedimiento no se encuentra a la fecha incluido en el FTM-PIAS por lo que la tecnología para realizar la terapia está en la Fundación pero los pacientes no pueden acceder a ella por el alto costo del procedimiento el cual requiere de recursos humanos ( equipo médico, de enfermería, biología molecular, cirujanos) , insumos, equipamiento, fármacos e internación ascendiendo a U$S 109.000. Los únicos ingresos de su núcleo familiar derivan de su actividad como monotributista ( $ 65.000) y la pensión alimenticia que recibe BB que asciende a $ 44.000, careciendo de bienes ni ahorros. Transcribe normas constitucionales y legales aplicables al caso y solicita que en definitiva se condene al Estado – Poder Ejecutivo en la persona del Ministerio de Salud Pública a financiarle la terapia celular CART cubriendo procedimiento, materiales, honorarios, medicamentos y todo gastos que sea necesario para su realización, de acuerdo a las indicaciones del equipo médico tratante, en el plazo de 24 horas, de acuerdo a lo previsto en el art.9 de la ley 16.011, bajo apercibimiento de sanciones pecuniarias ( fojas 241/249). El Ministerio de Salud Público, debidamente representado, opone excepción de falta de legitimación pasiva y contesta la demanda ( fojas 271/285 vto.). En síntesis manifiesta que el procedimiento reclamado no es tal sino un ensayo clínico en etapa de investigación sin culminar aún. Además de ello la Fundación tiene ingresos propios recibido de donaciones de particulares y del Estado, destacando que la paciente es una usuaria de ASSE la que se atiende en el Hospital Pereyra Rossell que es donde funciona la Fundación Pérez Secremini, motivo por el cual es la fundación quien debe afrontar los costos del tratamiento, ya que es un IMAE que es financiado en gran parte por ASSE .Carece de legitimación pasiva por cuanto ya que la Fundación actualmente tiene financiado el tratamiento por ASSE y por la Comisión de Apoyo del Hospital Pereyra Rosell y el Fondo Nacional de Recursos. Asimismo, contestando la demanda manifiesta que no existe en el caso una ilegitimidad manifiesta en su actuar cumpliendo con los cometidos que tiene a su cargo confirme lo establecido en el art. 44 de la Constitución. Que lo solicitado versa sobre un ensayo clínico no registrado el cual jamás fue usado en nuestro país desconociéndose los efectos adversos que pudiera ocasionar por cuanto es un “ ensayo”. En definitiva solicita se rechace la demanda y para el caso contrario se le conceda un plazo de 5 días hábiles para el cumplimiento y se intime al médico tratante informe trimestralmente la evolución del paciente / fojas 271/285). 3º.- Ha dicho el TAC 4° Turno: “La Acción de Amparo tiene como finalidad obtener la protección de un derecho o libertad expresa o implícitamente reconocidos por la Constitución, inherente a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno, y que aparece lesionado o amenazado con ilegitimidad manifiesta por un acto, hecho u omisión de la autoridad o de particulares, en la medida que no existan otros medios tutelares con similar eficacia. “Si bien no existe previsión constitucional expresa en relación a la acción de amparo, se ha interpretado que se trata de una garantía implícita en los arts. 7, 72 y 332 de la Carta. El amparo “...es un instituto de carácter excepcional, residual, y heroico reservado para las delicadas y extremas situaciones en las que, por falta de otros medios legales, peligra la salvaguarda de los derechos fundamentales." (Néstor Pedro Sagües, Acción de Amparo, pág. 166 y sig.)". E integra con el “habeas corpus” el vasto mundo de las garantías de los derechos humanos sin las cuales estos serían ilusorias declaraciones platónicas, y lo integra en el sitial privilegiado de prestar la protección en el momento más dramático, aquel en que, por ser inmediata la agresión y causar daño irreparable, no es posible esperar el lento suceder de los procedimientos corrientes de prevención (Cfme: Pellegrini Grinover, Ada en A tutela preventiva das libertades habeas corpus e mandato de seguranca- Revista do Proceso, Tomo 22 citada por Luis A. Viera en “Ley de Amparo”, pág. 11). “En nuestro derecho la acción de amparo ha sido instituida para la protección de los derechos constitucionalmente reconocidos que puedan resultar lesionados por actos u omisiones que aparezcan manifiestamente como ilegítimos (Art. 7 de la Constitución de la República, Art. 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos). “Y continúa Viera sosteniendo que la acción de amparo se encuentra regulada por la Ley 16.011, como una protección amplia en dos sentidos: en cuanto se tutelan todos los derechos o libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución y en cuanto refiere a todo acto, hecho u omisión. “Procede el amparo no solo en caso de lesión, alteración o restricción de un derecho o libertad sino también en caso de amenaza que produzca o vaya a producir un daño irreparable, es un medio de carácter residual y limitado a los casos en que exista ilegitimidad manifiesta” (sentencia No. 111/2021, BJN). Por su parte, el art. 195 del C.N.A. regula la acción de amparo para la protección de los derechos de los niños y adolescentes, disponiendo que se regirá por la Ley N° 16.011 y por las disposiciones del mencionado artículo. 4º.- La acción promovida en esta causa procura hacer efectivo el derecho a la salud de la adolescente, quien actualmente cuenta con 17 años de edad y padece de Leucemia Aguda Linfoblastica ( LAL B) . La jurisprudencia entiende en forma sostenida que el derecho a la salud está garantizado por la Constitución de la República y por normas internacionales de derechos humanos, todas ratificadas por nuestro país. Así, el art. 44 de la Constitución de la República establece: “El Estado legislará en todas las cuestiones relacionadas con la salud e higiene públicas, procurando el perfeccionamiento físico, moral y social de todos los habitantes del país. Todos los habitantes tienen el deber de cuidar su salud, así como el de asistirse en caso de enfermedad. El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes.” El art. 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el numeral 1 reconoce que “...toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial (...) la asistencia médica...”. En el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ratificado por Ley 13.751), el art. 12 reconoce el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental e impone a los Estados fijar las medidas necesarias para la creación de condiciones que aseguren a todos la asistencia médica y los servicios médicos en caso de enfermedad. La Convención sobre los Derechos del Niño (ratificada por Ley N° 16137), en su art. 24 num. 1 reconoce el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y al acceso a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Se consigna asimismo que los Estados se esforzarán por asegurar que ningún niño se privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. El art. 10 del Protocolo de San Salvador (ratificado por Ley 16.519) dispone que toda persona tiene derecho a la salud entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, comprometiéndose los Estados a adoptar medidas para garantizar ese derecho. Específicamente establece en el artículo mencionado: “Derecho a la Salud: 1. Toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social. 2. Con el fin de hacer efectivo el derecho a la salud los Estados partes se comprometen a reconocer la salud como un bien público y particularmente a adoptar las siguientes medidas para garantizar este derecho: a. la atención primaria de la salud, entendiendo como tal la asistencia sanitaria esencial puesta al alcance de todos los individuos y familiares de la comunidad; b. la extensión de los beneficios de los servicios de salud a todos los individuos sujetos a la jurisdicción del Estado; c. la total inmunización contra las principales enfermedades infecciosas; d. la prevención y el tratamiento de las enfermedades endémicas, profesionales y de otra índole; e. la educación de la población sobre la prevención y tratamiento de los problemas de salud, y f. la satisfacción de las necesidades de salud de los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”. Finalmente, la Observación General No. 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que establece estándares para el derecho a la salud, señala: ...b) Accesibilidad. La infraestructura y los servicios de salud deben ser accesibles a todas las personas sin discriminación. Esto incluye...2) Accesibilidad económica. Todas las personas deben tener acceso al nivel más alto posible de servicios de salud independiente de sus ingresos”. Examinadas las normas mencionadas, es claro que tanto la regulación constitucional uruguaya, como el sistema internacional de derechos humanos, imponen al Estado uruguayo la obligación de asegurar las necesidades de salud plenas, ya a los “indigentes o carentes de recursos suficientes” y a “los grupos de más alto riesgo y que por sus condiciones de pobreza sean más vulnerables”. 5º.-Resulta de las actuaciones cumplidas como se dijo, que compareció la progenitora de BB en su representación, promoviendo acción de amparo contra el Estado-Poder Ejecutivo en la persona del Ministerio de Salud Pública (M.S.P.),a efectos que se los condene a cubrir el costo de la Terapia Celular CART cubriendo procedimiento, materiales, honorarios, medicamentos y todo lo que sea necesario para realizarlo ( fojas 248 vto.). Se agregó en la causa fotocopia de la historia clínica de la adolescente, informe suscrito por el médico tratante ( Dr. Luis Castillo) , que recomienda procedimiento (fojas 8). Declara en autos el Dr. Castillo quien en lo medular manifiesta ser parte del equipo tratante de BB, Da cuenta de los antecedentes de BB, la cual ha tenido dos recaídas ( 2017 y 2025)habiendo recibido tratamiento con quimioterapia, siendo el último de ellos hace 5 años. Explica en que consiste el tratamiento CART ( del cual se hizo referencia supra) agregando que es “ probablemente el avance más importante en los 30 años en el cáncer”, En otros países se ha utilizado habiendo sido aprobado por la FDA en el 2017 y por EMA en el 2019. Hay dos formas de realizarse el mismo, uno a través de la industria farmacéutica donde se extraen linfocitos del paciente y se envían congelados al exterior donde lo potencian y lo devuelven al paciente con un costos entre U$S 400.000 y U$S 600.000 dependiendo del laboratorio. El que se está solicitando se realiza acá por cuanto la Fundación Perez Screminni lo realiza, sin enviarlo al exterior, reduciéndose sensiblemente los costos ( a U$S 100.000) y el tiempo a 12 días ( mientras que de la otra forma serían unos 45 días la demora si se manda a EEUU). La Fundación invirtió en la tecnología necesaria la suma de U$S 500.000 proveniente de donaciones , se enviaron 4 técnicos a Europa para capacitarse así como también se trajo técnicos de España y se realizaron dos generaciones de CART con donantes sanos para verificar a un costo de U$S 50.000. Explica que el hecho que sea un ensayo clínico no quita que sea un procedimiento médico, se encuentra en fase 2 y lo que se está pidiendo para llevar adelante el procedimiento son gastos y no es lucro ( fojas 288/293). La Dra. Carolina Pagés declara a fojas 294 ser parte del equipo tratante de la adolescente. Explica que el tratamiento CART es curativo y no paliativo con un costo incluso menos a un transplante lo que en el caso de ella implica radiarle todo el cuerpo y no tiene ningún familiar donante compatible. En el caso de BB la progresión de la enfermedad sería la muerte ( fojas 294). Con respecto a las contraindicaciones en el tratamiento respondo “ Todos son beneficios, los efectos secundarios depende de la carga tumoral de cada paciente…”( fojas 295). La parte demandada ofreció la declaración de dos testigos, Sra. CC y Sra. DD quienes depusieron sobre el proceso llevado a cabo por la Fundación Pérez Scremini ante el INDT para la presentación del ensayo clínico ( fojas 296/301) que no hacen más que acreditar dichos extremos, por cuanto todos los proyectos con fines terapéuticos a científicos utilicen células, tejidos u órganos y medicina re-generativa debe ser evaluados y autorizados por el INDT. El costo del procedimiento indicado es de suma aproximada a U$S 107.000 ( conforme surge de fojas 321/324).. Los ingresos de la progenitora de la adolescente surge de la declaración jurada presentada por la misma a fojas 313, la cual no fue cuestionada , surgiendo de la misma que sus ingresos mensuales provienen de su actividad como instructora personal de caballos los cuales ascienden aproximadamente a $ 65.000 y la suma de 880 euros mensuales por concepto de pensión alimenticia que le sirve el padre de BB . Surge asimismo que es titular de una cuenta activa en pesos en el BROU cuyo saldo a la fecha de su presentación ( agosto del 2025) es de $ 14.477 así como también que es titular del inmueble padrón suburbano EE de Canelones donde se domicilia con su hija. La parte actora presentó petición administrativa ante el M.S.P., solicitando el financiamiento del tratamiento solicitado por los médicos tratantes (fs.222/227 vto), surgiendo la negativa . Los extremos de hechos referidos en el numeral anterior no fueron controvertidos por el demandado. Tampoco se controvirtió el diagnóstico, ni el tratamiento indicado por los médicos que la asisten, argumentando al respecto que carece de legitimación pasiva puesto que el ensayo clínico se encuentra “ ampliamente financiado por ASSE, comisión de Apoyo del Pereira Rossell y Fondo Nacional de Recursos, además de cuantiosas donaciones naciones e internaciónales…” ( fojas 285 vto.) . 6º.- Para el análisis de los agravios formulados es conveniente recordar que el art. 195 del C.N.A. anteriormente citado, establece un régimen especial para la protección de derechos de los niños, niñas y adolescentes, que modera los requisitos de admisibilidad contenidos en la Ley 16.011. “El régimen especial que se instituye tiene por finalidad moderar los requisitos de admisibilidad de la acción con la finalidad de volverla más ágil y ampliar el ámbito de protección a derechos y libertades propias de los niños y adolescentes, las que deben ser las enumeradas en la parte general del Código, al igual que las que no fueron recogidas a texto expreso y aparecen consagradas en los tratados de Derechos Humanos. “Por la disposición del art. 195 del C.N.A. inciso tercero “Procederá en todos los casos, excepto que exista proceso jurisdiccional pendiente, presumiéndose, salvo prueba en contrario, que los otros medios jurídicos de protección resultan ineficaces. “La excepción apunta únicamente al carácter residual de la acción de amparo, para flexibilizarlo, sin derogarlo, mediante la presunción a priori de que, en el caso de existir otros medios para la protección del derecho, los mismos resultan ineficaces (por contraposición a lo dispuesto en el art. 2º de la ley madre, en que se requiere acreditar la ineficacia), en beneficio de una más expedita intervención del Juez en estas causas” (Cfm. CNA comentado y anotado, Balbela –Pérez Manrique, B de f Editores, Montevideo- Buenos Aires, 2.005, pág. 270).” (Sentencia de la Sala 0010-000178/2016). En forma concordante se ha expresado “La acción de amparo prevista en el Código de la Niñez y la Adolescencia, que es especial en relación a la acción reglamentada por la Ley No. 16.011, tiene por finalidad la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Cavalli, enseña que es especial, porque tiende a suavizar los estrictos requisitos de admisibilidad establecidos por la Ley Nº 16.011 (autor citado, en RUDP 2008 3/4 págs. 303 y ss.), lo que no significa que se prescinda de ellos. ( …) Selva Klett y Cecilia Baluga en “El amparo en el derecho de familia” (Procesos de Familia, RUDP págs.344 y ss.), citando a Cavalli (Proceso de Amparo en el CNA, RUDP 3-4/2008 págs. 303 y ss.), consideran que la norma contenida en el art. 195 del CNA, supone un camino inverso en cuanto a las limitaciones que establece la Ley Nº 16.011, por cuanto amplifica la legitimación, no establece excepciones para su procedencia, salvo que exista un proceso judicial pendiente, y mengua la resistencia al amparo por la mera existencia de otras vías judiciales o administrativas” (sentencia de la Sala DFA-0010-000086/2018 SEF-0010-000016/2018). 7º.- En cuanto a la excepción opuesta por el Ministerio de Salud Pública, se ha dicho en considerandos anteriores que el derecho a la salud de los habitantes del país está reconocido por la Constitución de la República y por normas de derecho internacional de los derechos humanos ya reseñadas. El derecho a la salud -en este caso estrechamente vinculado con el derecho a la vida y específicamente con el derecho a una mejor calidad de vida- debe ser garantizado por el Estado. De acuerdo con toda la normativa constitucional e internacional citada en párrafos anteriores, es clara la obligación del Estado de garantizar el goce del derecho a la salud por todos los habitantes de la República En el orden nacional, la Ley N° 18.211 de 13 de diciembre de 2008 que instauró el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableció que compete al M.S.P. “elaborar las políticas y normas conforme a las cuales se organizará y funcionará el Sistema Nacional Integrado de Salud y ejercer el contralor general de su observancia” (art. 5 lit. a) y “aprobar los programas de prestaciones integrales de salud que deberán brindar a sus usuarios los prestadores públicos y privados que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, y mantenerlos actualizados de conformidad con los avances científicos y la realidad epidemiológica de la población” (art. 5 lit. e). De acuerdo con lo ya explicitado y lo sostenido en reiterados fallos por los Tribunales de Apelaciones de Familia, el M.S.P. en tanto máxima autoridad sanitaria del país, es el principal responsable de la ejecución del art. 44 de la Constitución. Respecto al agravio planteado por el MSP relativo a la inexistencia de ilegitimidad manifiesta en su actuación en tanto lo solicitado no es un procedimiento sino un ensayo y que no se encuentra registrado se desestimará. De la prueba recabada emerge que la enfermedad de BB es grave su vida corre riesgo cierto de vida. Es justamente el peligro real que corre el que determina que la actuación del Estado sea manifiestamente ilegítima, teniéndose presente lo manifestado por la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, ley en la República, establece en su art. 6 que: “I - Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. II- Los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia y el desarrollo del niño” Este derecho a la vida ha sido dibujado de un modo amplio por la C.I.D.H: “En esencia, el derecho fundamental a la vida comprende, no sólo el derecho de todo ser humano de no ser privado de la vida arbitrariamente, sino también el derecho a que no se le impida el acceso a las condiciones que le garanticen una existencia digna” (C.I.D.H. Caso de los Niños de la Calle; Villagrán Morales y Otros, párrafo 144). Más explícitamente, el art 24 de la C.D.N. dispone que: “Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios” Existe una manifiesta ilegitimidad al ser violatoria del derecho fundamental de los individuos a ser protegidos en el goce de su vida y su salud, en consecuencia estando en juego la garantía al goce del derecho a la vida y a la salud ( art. 7, 72 y 332 de la Constitución) no habiéndose alegado razones técnicas que impidan o desaconsejen la utilización del procedimiento en cuestión, no habiendo aportado prueba científica que permita dudar de sus beneficios, se entiende que el derecho humano a la vida y a la salud de la adolescente debe ser antepuesto a otras cuestiones, como en el caso parecería ser económico . En conclusión, se comparte lo expresado por el A quo en la recurrida respecto a que si bien la terapia celular CART-T se encuentra en fase de ensayo clínico en nuestro país, la misma constituye un tratamiento aplicado con éxito en varios países, con evidencia científica internacional que muestran supervivencia superior a la obtenida con otros tratamientos resultando indiferente las cuestiones de otra índole que nada tiene que ver con ello y que llevarían a privarle a BB de la posibilidad de un tratamiento que llevaría a la cura de su enfermedad. Por último se dirá que el presente accionamiento fue promovido por la progenitora de BB habiendo acreditado en autos la enfermedad que la misma padece (con peligro de vida), el tratamiento indicado por los médicos tratantes y la falta de recursos para afrontarlo. Asimismo se acreditó que ejerce la patria potestad en forma exclusiva de la adolescente (fojas fs. 2 a 7), cumpliendo asimismo con la intimación que le realizara el A Quo en cuanto a presentar la declaración jurada de bienes e ingresos. La Fundación Perez Scremini no fue parte del juicio sino que es quien atiende a la adolescente y quien cuenta con el equipamiento para poder realizar el tratamiento solicitado. Como se financia la Fundación es una cuestión ajena al objeto del proceso conforme se manifiesta por la actora al contestar el escrito recursivo. Todas las cuestiones administrativas que esgrime el MSP en cuanto a la financiación, registro, si es un ensayo o no lo es no puede estar por encima del derecho a la salud que tiene BB. Dicho derecho no debe ser limitado por la mera diferencia de criterios técnicos, o económicos como se pretende desconociendo claramente la supremacía del derecho a la salud de la persona que debe primar en la interpretación de las normas aplicables. Y en lo que respecta a la actuación del A Quo en la audiencia así como también de los comentarios que él mismo pudo haber realizado y que entiende debió haberse excusado se dirá que la parte demandada pudo en su momento haber pedido la recusación del Magistrado y no lo hizo por lo que en esta instancia no corresponde a la Sala expedirse al respecto 8º.- No se encuentra mérito para la imposición de sanciones procesales en el Grado Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas y lo que disponen los arts. 241 a 261 del CGP, el Tribunal integrado, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL EN EL GRADO. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN Dra. Claudia Diperna Acosta - Ministra - Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera – Ministro - Dra. Maria Noel Tonarelli de Pena – Ministra - Dra. Ma. Laura Sturla Berhouet - Secretaria Letrada.