Sentencia Definitiva N° 55/2026

Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y otro - AMPARO” IUE N.o 2- 115309/2025,venidos a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos de apelación deducidos por el codemandado Fondo Nacional de Recursos y la actora contra la sentencia No. 130/2025, dictada por la entonces Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 11o Turno, Dra. Lola Gómez. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de primer grado, dictado el 11 de diciembre de 2025, se dispuso: “Declárase que el Ministerio de Salud Pública carece de legitimación pasiva en este juicio. Ampárase la demanda deducida y en su mérito, condénase al Fondo Nacional de Recursos a suministrar a la Sra. AA, con plazo de 24 horas, el dispositivo de infusión continua de insulina subcutánea (bomba de insulina) así como los insumos mensuales que requiera su uso, de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante y durante todo el tiempo que éste lo indique. Practíquense los desgloses pertinentes, expídanse testimonios y oportunamente, archívese. Todo sin especial condenación”. II. Contra dicha decisión se alzó en tiempo y forma el codemandado Fondo Nacional de Recursos, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 914 a 916agraviándose, en lo medular, por la errónea interpretación del derecho y valoración de la prueba; considera que, habiéndose dictado la normativa de cobertura en cumplimiento de la ley y el decreto reglamentario, y no quedando comprendida en la misma la situación de autos, el FNR no ha actuado con ilegitimidad manifiesta y no se configuran los requisitos de la Ley 16.011. Pide que se revoque la apelada y se revoque la condena a su respecto. III. También apeló la parte actora en escrito de fs. 908 a 909, ad eventum, ya que expresó que “Si bien se acogió la demanda y se condenó al FNR, lo que podría considerarse que da por satisfecha la pretensión, la particularidad de la absolución del demandado MSP, hace que nos encontremos ante la posibilidad de que el tribunal de alzada, ante la impugnación de la sentencia por el FNR, la revoque considerando que la responsabilidad recae en el MSP. En tal caso, y ante la ausencia de posibilidad de impugnar la desestimatoria inicial a su respecto por la vía de la adhesión, la amparista se vería con las manos vacías.- Dicho extremo, justifica la presente impugnación, a pesar de que se comparten los sólidos argumentos manejados por la sentenciante en cuanto a la responsabilidad del FNR en el caso.” Sostuvo que no resulta válido el argumento esgrimido por MSP para lograr la desestimatoria; como máxima autoridad sanitaria y encargada de velar por la salud de toda la población, le corresponde como obligación constitucional y legal, asegurarse que las medidas que ha dispuesto resulten idóneas para el fin último perseguido, lo que evidentemente no se da en el caso que nos ?cu?? ? constituye un elemento que se adiciona a la configuración de la manifiesta ilegitimidad de su conducta. En situaciones donde se encuentra en juego la salud y la vida de las personas, la diligencia exigida a las más altas autoridades del país debe ser la que se corresponde con los derechos en juego. Solicitó que en definitiva, se revoque la sentencia de primera instancia solo en cuanto hace al acogimiento de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesto por el MSP y en su mérito se acoja la demanda en todos sus términos.- IV. A fojas 921 a 928 el Ministerio de Salud Pública evacuó el traslado conferido, abogando por la confirmatoria de la recurrida en todos sus términos. De fojas 931 a 933, la parte actora evacuó el traslado del recurso de apelación interpuesto por el FNR solicitando se desestimen los agravios expuestos. V. Franqueada la alzada, se elevaron los autos, que fueron recibidos en la Sala el 20 de febrero de 2026, pasando a estudio simultáneo de las Sras. Ministras, acordándose por unanimidad el dictado de la presente, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal confirmará la sentencia apelada, sin especiales condenas procesales, por los fundamentos que se pasan a exponer. II. Como reiteradamente ha sostenido la Sala, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones y pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. Se ha presentado la Sra. AA, de 45 años de edad y portadora de DIABETES MELLITUS tipo 1, de más de 30 años de evolución (debutó con esta enfermedad en julio de 1993 a los 13 años de edad). Si bien su condición es de larga data, la indicación del tratamiento por el que ahora acciona es reciente y constituye una alternativa de última ratio. Ha tenido varios episodios de cetoacidosis diabética, algunos de los cuales requirieron internación en unidad de cuidados intensivos. Presenta alergia a insulina Lantus y desarrolló acidosis láctica por la combinación de diaformina con insulina NPH. Actualmente utiliza insulina Levemir, que recibe a través del FNR. La enfermedad le ha acarreado otros problemas de salud significativos: presenta proteinuria, ha desarrollado cataratas (ya operadas), uveítis y mastopatía diabética (esta última requiriendo intervención quirúrgica). Por otra parte, atravesó dos intentos fallidos de fertilización in vitro. Pese a un manejo intensificado de insulina y al monitoreo continuo de glucosa, su cuadro sigue siendo difícil de controlar (alta variabilidad glucémica, que se encuentra por encima de los parámetros recomendados por las guías internacionales). En este contexto se indicó terapia de infusión subcutánea continua de insulina (ISCI). La bomba de insulina fue incluida en el Formulario Terapéutico de Medicamentos a cargo del FNR pero se encuentra fuera de su normativa de cobertura dado que el amparista tiene 45 años y solo se cubre para pacientes menores o iguales a 21 años de edad. La actora vive sola en la vivienda que arrienda a $21.000. Su ingreso proviene de su trabajo como docente por el que percibe $48.141 (fs. 662). El costo de una BIC asciende a U$S 9.790 impuestos incluidos. A su vez, el costo de los insumos mensuales que requiere una bomba de estas características asciende a U$S 925 impuestos incluidos (fs. 657). La amparista afirma no ser titular de ningún bien carácter registral o de valor del cual poder desprenderse para hacer frente al procedimiento. A fs. 791 y 795/796 lucen las solicitudes administrativas realizadas ante el FNR y MSP, con sus negativas a fs. 793 y 799/800. Luce agregado a fs. 2/4 informe de la médica tratante, Dra. Andrea Peloche. El MSP expresa que la prestación reclamada se encuentra incorporada en el PIAS bajo cobertura del FNR. En tanto el Fondo Nacional de Recursos controvirtió la demanda, alegando, en lo medular, que la situación de la accionante no se encuentra contemplada en su normativa de cobertura. No se ha controvertido la enfermedad que padece la amparista, ni la pertinencia e idoneidad de la prestación que se solicita en el caso concreto, todo lo que además surge del informe y la declaración de la médica tratante, Dra. Andrea Peloche recibida en audiencia. La misma corroboró lo afirmado por la actora en su demanda. Afirmó además, como factores de riesgo la variabilidad glucémica que es un factor independiente que incide negativamente sobre grandes y pequeños vasos. Las hipoglicemias aleatorias tienen una alta mortalidad, son un factor predictor negativo, incluso para un deterioro cognitivo. Esta situación se evitaría con la bomba de insulina indicada. Expresó asimismo que el único factor que impide que el FNR le financie la prestación es su edad y que si fuera menor de 21 años el Fondo se lo financiaría. IV. Consecuentemente, a juicio del Tribunal, los agravios deducidos por el Fondo Nacional de Recursos no son de recibo, por lo que habrá de confirmarse la condena impuesta. La prestación solicitada fue incluida en el Anexo II del PIAS por Decreto del Poder Ejecutivo No. 319/019 a cargo del Fondo demandado “bajo estricta normativa de cobertura”. El Fondo Nacional de Recursos dictó tal normativa de cobertura, limitando la financiación que brinda en consideración a la edad de los pacientes (hasta los 21 años), cuando fue puesta a su cargo la obligación de suministrar la bomba de insulina sin limitaciones ni exclusiones vinculadas a la edad. En este sentido, su negativa a financiar el dispositivo requerido argumentando que se encuentra fuera de la normativa de cobertura, limitada en función de la edad, sin contar con evidencia científica que lo respalde, dado que no se ha demostrado la ineficacia o menor eficacia de la bomba de insulina en una persona mayor de 21 años, constituye un acto manifiestamente ilegítimo que conculca derechos fundamentales tutelados por la Constitución. Tal limitación establecida en un protocolo elaborado por el mismo accionado, fundada únicamente en la edad, resulta arbitraria, siendo dicharestricción lo que impide a la reclamante el acceso a una prestación que constituye la mejor alternativa de tratamiento para la enfermedad incurable que padece. La afirmación del Fondo Nacional de Recursos, respecto a que la actora se encuentra fuera de la normativa de cobertura por tener más de 21 años de edad, no surge respaldada por prueba alguna allegada a la causa que justifique tal limitación. V. Cabe recordar, que la Ley No. 18.211 crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo en su artículo 45: “Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados. Los programas integrales de prestaciones incluirán: Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud-enfermedad detectados. Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores.” Por su parte, la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud, en su artículo 7 preceptúa: “Todo paciente tiene derecho a una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados y habilitados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones. Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos, estudios de laboratorio y los equipos utilizados para tal fin cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.” VI. Se concluye entonces que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del Fondo Nacional de Recursos, así como inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo y, en su mérito, corresponde confirmar la condena impuesta en la recurrida. VII. Atento a que en el caso se confirma la condena al FNR, no corresponde considerar los agravios de la parte actora formulados para la eventualidad de la revocatoria. VIII. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 137, 139.1, 140, 141, 154, 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Analía García Obregón - Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria subrogante