Sentencia Definitiva N° 57/2026

Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/ BB – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2- 58976/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva No. 17/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18o Turno, Dr. Diego Saravia García. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 13 de marzo de 2025 (fojas 550 - 597), en lo que interesa a la instancia se falló: “AMPARANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA Y, EN SU MÉRITO, CONDENANDO AL ACCIONADO BB A PAGARLE AL ACTOR AA LAS SIGUIENTES SUMAS: - U$S 1.440 (DÓLARES MIL CUATROSCIENTOS CUARENTA),POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE POR REPARACIÓN DEL BIRRODADO, CON MÁS INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500, DESDE LA FECHA DEL HECHO ILÍCITO (9/8/2022) Y HASTA EL EFECTIVO PAGO (CF. CONSIDERANDO No IX.A.a); - $ 2.000 (PESOS URUGUAYOS DOS MIL),POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE POR GASTOS DE ORTOPEDIA, CON MÁS REAJUSTES E INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500, DESDE LA EROGACIÓN (20/9/2022) Y HASTA EL EFECTIVO PAGO (CF. CONSIDERANDO No IX.A.b); - $ 5.857 (PESOS URUGUAYOS CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE), POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE POR GASTOS EN MEDICACIÓN, TICKETS, ÓRDENES Y TRASLADOS, CON MÁS REAJUSTES E INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500, DESDE EL MES DE ABRIL DE 2023 Y HASTA EL EFECTIVO PAGO (CF. CONSIDERANDO No IX.A.c); - $ 286.114 (PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CATORCE), POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE PASADO GENERADO DURANTE EL PERIODO EN EL CUAL EL ACTOR ESTUVO AMPARADO AL SEGURO POR ENFERMEDAD, CON MÁS REAJUSTES E INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500, DESDE LA EXIGIBILIDAD DE CADA MENSUALIDAD Y HASTA EL EFECTIVO PAGO (CF. CONSIDERANDO No IX.B.a); - $ 229.313 (PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL TRESCIENTOS TRECE), $ 36.019 (PESOS URUGUAYOS TREINTA Y SEIS MIL DIECINUEVE) Y $ 26.435 (PESOS URUGUAYOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO) POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE PASADO POR SALARIO, AGUINALDO Y SALARIO VACACIONAL, GENERADO DURANTE EL PERIODO EN EL CUAL EL ACTOR ESTUVO AMPARADO AL SUBSIDIO TRANSITORIO POR INCAPACIDAD PARCIAL DESDE EL 5/6/2024 HASTA EL DICTADO DE LA PRESENTE SENTENCIA (13/3/2024), CON MÁS REAJUSTES E INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500, DESDE LA EXIGIBILIDAD DE CADA RUBRO Y HASTA EL EFECTIVO PAGO (CF. CONSIDERANDO No IX.B.b). - LA SUMA A LIQUIDARSE POR LA VÍA DEL ART. 378 DEL C.G.P., SEGÚN LAS BASES ESTABLECIDAS (CF. CONSIDERANDO No IX.B.b), POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE FUTURO COMPRENDIDO ENTRE EL DICTADO DE LA PRESENTE SENTENCIA (13/3/2025) Y EL DÍA 22 DE ABRIL DEL AÑO 2030. - U$S 15.480 (DÓLARES QUINCE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA), POR CONCEPTO DE DAÑO EXTRAPATRIMONIAL, CON INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500 DESDE EL DÍA 28 DE OCTUBRE DE 2022 Y HASTA EL EFECTIVO PAGO; POR YA HABERSE CALCULADO LOS INTERESES DESDE EL HECHO ILÍCITO Y HASTA ESA FECHA, EN OPORTUNIDAD DE DETRAERSE LA SUMA PERCIBIDA POR EL ACTOR POR CONCEPTO DE SOA (CF. CONSIDERANDO No IX.C y X.B). DESESTIMANDO LA DEMANDA EN LO DEMÁS..” II. Contra dicha decisión se alzó el demandado interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 602 - 609, agraviándose, en lo medular, por considerar que el sentenciante no valoró correctamente la plataforma fáctica de la demanda, y consecuente atribución de responsabilidad; la parte actora no cumplió con la carga de la prueba, ya que, al neutralizarse las presunciones de culpa en casos con intervención de dos vehículos, corresponde aplicar el artículo 1319 del Código Civil, que impone a quien se la atribuye al contrario, la carga de acreditarla. Asimismo, cuestiona la falta de ponderación de la incidencia causal de la propia víctima en el accidente, la que, a su juicio, no puede ser inferior al 50%, toda vez que la pericia le atribuye un grado de responsabilidad igual al de su representada. También le causa agravio el monto fijado por concepto de daño moral en la suma de U$S 18.000, por entender que excede los parámetros jurisprudenciales aplicables a una lesión como la sufrida por el actor. En cuanto al lucro cesante, se agravia en tanto el sentenciante tuvo por probada la existencia de una incapacidad y la haya calificado como absoluta y permanente, sin considerar la capacidad remanente del actor para desarrollar tareas; no existen elementos probatorios suficientes para arribar a tal conclusión y no corresponde otorgar carácter probatorio exclusivo a los informes del BPS, cuyo alcance es concreto y limitado, y no pueden ser controlados por las partes, a diferencia de la pericia médica, medio de prueba que debió ser solicitado en virtud de ser la única idónea para acreditar el grado de incapacidad. Entiende que la valoración de la prueba en su conjunto, no permite concluir la existencia de una incapacidad absoluta y permanente, máxime cuando también fue acreditado que la aseguradora tasó el nivel lesional en un 8%, porcentaje que califica como bajo. Señala que el decisor funda su sentencia en los parámetros del informe del BPS, que, a su vez, se apoya en la Ley 16.713, pero otorga consecuencias propias de una jubilación por incapacidad total (artículo 19) y no las de un subsidio transitorio por incapacidad parcial (artículo 22), el que fue efectivamente aplicado al caso, lo que implica que puede continuar trabajando y que la incapacidad no es permanente. A su vez, se agravia por no haber sido considerada la capacidad remanente del actor, la que, según el informe del BPS es superior al 60% que debió computarse para reducir el monto de la indemnización por el menoscabo a la capacidad específica. Sostiene que el lapso fijado para el lucro cesante futuro, no puede superar los tres años otorgados por el BPS para el subsidio transitorio, en lugar de los más de cinco años considerados en la sentencia, como si tratara de una jubilación por incapacidad total. Por último, se agravia respecto al porcentaje de descuento del 15% aplicado por pago anticipado del capital, solicitando que se amplíe a un 25%, y por el dies a quo de la condena en intereses, en tanto entiende que deben fijarse desde la interposición de la demanda. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 613 - 626 comparece el accionante, abogando por la confirmatoria de la recurrida. Expresa que el agravio relativo a la supuesta falta de prueba de la responsabilidad no puede prosperar; el sentenciante valoró correctamente los medios de prueba obrantes en autos, los cuales resultaron suficientes para acreditar la responsabilidad del demandado. Si bien la carga probatoria recae en quien invoca la pretensión, los elementos incorporados al expediente, apreciados conforme a las reglas de la sana crítica, permitieron adoptar la decisión correcta. La alegada incidencia causal que atribuye el contrario al hecho de la víctima carece de sustento alguno; tal circunstancia no fue probada, siendo también correcta la recurrida en cuanto atribuyó la responsabilidad exclusivamente al demandado. Entiende que el monto de la condena por daño moral se ajusta a derecho y no resulta excesiva, habiéndose fijado de acuerdo a los parámetros jurisprudenciales actuales y las circunstancias concretas del caso. En lo que refiere al lucro cesante, la sentencia valoró de manera integral la prueba producida, incluyendo el informe del BPS que, si bien tiene un alcance limitado, constituye un elemento de juicio válido, sin que el fallo se basara exclusivamente en dicho informe, ya que ponderó la prueba en su conjunto para concluir en la existencia de una incapacidad que, si bien no es absoluta para todo trabajo, sí lo es para las tareas habituales del actor en el sector de la construcción. La incapacidad determinada refiere específicamente a la actividad laboral que desempeñaba, la cual exige un esfuerzo físico que sus lesiones le impiden realizar, tratándose, por tanto, de una incapacidad específica absoluta y permanente para ese trabajo. Señala que la distinción efectuada por el apelante entre el subsidio transitorio del BPS y la jubilación por incapacidad total, aun siendo válida en el ámbito de la seguridad social, no resulta aplicable automáticamente en sede judicial para la determinación de daños, ya que el juez a quo valoró la pérdida real de capacidad productiva y sus efectos económicos. No es cierto que se haya descartado la capacidad remanente del actor, sino que se entendió implícitamente que la pérdida de su capacidad para el trabajo habitual, sin que la posibilidad de realizar otras tareas de menor remuneración neutralice la reparación dispuesta. En cuanto al lapso considerado para el lucro cesante futuro, señala que fue correctamente determinada, en tanto la incapacidad para la actividad laboral específica tendría una duración superior a la prevista en el subsidio transitorio del BPS, atendiendo a la edad del actor y a la naturaleza de la lesión. Respecto al descuento del 15% por pago anticipado del capital, el mismo es razonable y se ajusta a la jurisprudencia vigente, careciendo de fundamento la pretensión de elevarlo al 25%. Asimismo, entiende que la condena en intereses debe confirmarse en los términos dispuestos, en tanto la jurisprudencia mayoritaria en materia de responsabilidad extracontractual sostiene que los mismos se devengan desde la fecha del siniestro, cuya finalidad es la de asegurar la reparación integral. IV. Franqueada la alzada (fojas 627), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 630 vto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 345/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 631), lo que fue cumplido (fojas 634 y 635). Pasaron los autos a estudio el 30 de junio de 2025, culminado el cual, en sesión del 2 de febrero de 2026, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora Consta en autos el período en el cual el Tribunal estuvo desintegrado por licencia médica de la Dra. Cecilia Schroeder, entre el 17 de octubre de 2025 y el 15 de enero de 2026. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. En el sublitem, compareció el señor AA, promoviendo demanda indemnizatoria por los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del siniestro de tránsito ocurrido el 9 de agosto de 2022, en la intersección de la Av. Dámaso Antonio Larrañaga y la calle Brazo Largo. Atribuye al demandado la responsabilidad en la producción del siniestro, que según alega, fue debido a su imprudencia al realizar una maniobra de giro en Av. Dámaso Antonio Larrañaga en la intersección con la calle Brazo Largo. Describió las lesiones sufridas como resultado del siniestro de tránsito y manifestó que padece una cojera permanente que le impide reintegrarse a sus actividades laborales normales, reclamando las sumas de $ 4.655.286,83 y U$S 26.440 que se discriminan, por concepto de daño emergente: U$S 1.440 por la reparación de la motocicleta, $ 7.857 por gastos de ortopedia, medicamentos, órdenes y traslados; $ 4.443.673,52 por lucro cesante, correspondiente a sueldos, aguinaldos, salarios vacacionales y licencias no gozadas hasta cumplir 60 años; y U$S 25.000 por daño moral y daño a la vida de relación, señalando además haber percibido $ 111.772 por concepto de seguro obligatorio de automotores abonado por el BSE. El demandado, Sr. BB, contestó la demanda, controvirtiendo la atribución de responsabilidad imputada y la forma de ocurrencia del siniestro, admitiendo únicamente el lugar en que se produjo. Negó responsabilidad por la producción del accidente y atribuyó su causa a la imprudencia y negligencia de la propia víctima, afirmando que mientras realizaba una maniobra de cruce en la Av. Dámaso Antonio Larrañaga se detuvo en el cantero central para permitir el paso de otro vehículo, momento en que el actor, circulando a exceso de velocidad y rebasando a dicho vehículo por la derecha, colisionó con el lateral delantero derecho de su automóvil. Asimismo, controvirtió la existencia y entidad de los daños y los montos reclamados, los que resultan desproporcionados. En particular, expresó que el daño extrapatrimonial carece de justificación y que el lucro cesante no resulta probado, dado que el actor no acreditó incapacidad laboral permanente, debiendo calcularse sus ingresos sobre el salario líquido y descontarse lo percibido de instituciones de seguridad social. Solicitó asimismo que se dedujeran los $ 111.772 ya percibidos en concepto de seguro obligatorio y que los intereses y reajustes se computaran desde la interposición de la demanda y no desde la fecha del ilícito. III. La sentencia definitiva amparó parcialmente la demanda, condenando al demandado BB a abonar al actor AA, por concepto de daño emergente, la suma de U$S 1.440 por reparación del birrodado, con intereses legales del 6% conforme al Decreto-Ley N.o 14.500 desde la fecha del hecho ilícito (9/8/2022) y hasta el efectivo pago; $ 2.000 por gastos de ortopedia, con reajustes e intereses legales desde el 20/9/2022; y $ 5.857 por gastos en medicación, tickets, órdenes y traslados, con reajustes e intereses legales desde abril de 2023 y hasta el pago efectivo. Por concepto de lucro cesante pasado, la suma de $ 286.114 generada durante el período en que el actor estuvo amparado al seguro por enfermedad, con reajustes e intereses legales desde la exigibilidad de cada mensualidad; y las sumas de $ 229.313, $ 36.019 y $ 26.435 por salarios, aguinaldo y salario vacacional, respectivamente, generados durante el período en que el actor estuvo amparado al subsidio transitorio por incapacidad parcial (5/6/2024 al 13/3/2024), con reajustes e intereses legales desde la exigibilidad de cada rubro y hasta su pago. Por concepto de lucro cesante futuro, la suma a liquidarse por la vía del artículo 378 del CGP, según las bases establecidas, correspondientes al período comprendido entre el 13/3/2025 y el 22/4/2030. Por concepto de daño extrapatrimonial, la suma de U$S 15.480, con intereses legales del 6% desde el 28/10/2022 y hasta el efectivo pago. El sentenciante realizó la detracción correspondiente a lo percibido por concepto de SOA, fijando la suma final por daño moral en la expresada anteriormente. IV. El demandado atribuye la responsabilidad en la ocurrencia del siniestro a la conducta del actor sin aportar prueba alguna de sus dichos, tratándose de conductor no preferente en el insuceso. Expresó el decisor: “Para ser más claro, la parte demandada, quien goza de una presunción simple en su contra en su condición de conductor no preferente, no logró acreditar, como era su carga (art. 139.2 del C.G.P.), haber detenido su marcha al llegar a la intersección, como lo ameritaba la existencia del cartel indicador de Pare y su condición de vehículo no preferente.” El recurrente se limitó a expresar su disconformidad acerca de la decisión arribada por el juez a quo, sin señalar fundamento alguno que permita revisar lo decidido, por lo que el agravio resulta ampliamente infundado. En su declaración, el demandado expresó, que “el auto negro me dejó pasar” “la moto salió de atrás de este”, refiriendo al auto identificado con el nombre “otro” en el croquis obrante a fs. 461, “por eso dije que era imposible ver con ese movimiento, la moto aparece de acá, está el auto adelante, venía junto por la derecha, es casi imposible ver”. Respecto a la visibilidad en el lugar de ocurrencia del siniestro, expresó que se veía perfecto. El demandado alegó que el actor, conducía a velocidad excesiva. Preguntado por la sede ¿por qué usted me dice que venía a velocidad excesiva si no vio la moto?, el demandado contestó “por la forma en que se dio contra el coche, me di cuenta”. De lo anterior, resulta que del propio relato de hechos realizado por el Sr. BB, surgen las circunstancias en que ocurrió el accidente y, tal como fue relevado por el decisor de primer grado: “En mérito a lo anterior, es indiscutible que era el actor quien gozaba de la preferencia de paso, no solo por acceder a la intersección por una vía prioritaria, una Avenida, sino por hacerlo por la derecha. Aún más, en oportunidad de recibirse la declaración del accionado, éste señaló que la intersección, por la arteria por la cual circulaba, estaba señalizada con un cartel de “PARE”, lo cual, por otra parte, era de su conocimiento, por vivir a aproximadamente a una cuadra del lugar del hecho. Así, señaló que: por CC hay un cartel de “Pare” “porque vas a entrar a Dámaso Larrañaga, vas a entrar a Centenario” (minuto n°0:25 y ss. pista n° 9 aud. 29/2/2024). La Sala comparte la valoración de la prueba y el análisis realizado en la recurrida en cuanto atribuye responsabilidad exclusiva en la ocurrencia del siniestro al conductor demandado. En efecto, el accionado insiste en la concurrencia del hecho de la víctima, pero no resultó probada la alegada velocidad excesiva por parte del actor, ni que éste realizara una maniobra de rebase de otro vehículo, debiéndose concluir, como lo hizo el a quo, en atribuir la responsabilidad en el siniestro, al vehículo no preferente. V. En cuanto al monto del daño moral, se estima que fue debidamente justipreciado por el a quo adecuándose a los parámetros manejados por la Sala para casos similares, por lo que se rechazará el agravio deducido al respecto. En efecto, el decisor realizó una correcta valoración de la prueba allega a la causa, habiendo tomado en cuenta, para arribar al monto establecido, todos los elementos producidos, analizando adecuadamente los daños padecidos. Como consecuencia del siniestro, el actor sufrió politraumatismo que incluyó traumatismo encéfalo craneano sin pérdida de conocimiento, traumatismo maxilar y lesiones graves en el pie izquierdo, consistentes en luxofractura expuesta de medio pie, fractura del primer metatarsiano y de la primera cunea con desplazamiento, así como laceraciones en ambas manos, nariz y boca que requirieron sutura. Las lesiones en el pie izquierdo determinaron la realización de cuatro intervenciones quirúrgicas: el 10 de agosto de 2022 se efectuó reducción, estabilización y osteosíntesis, con colocación de fijadores, tornillo, clavo Kuntscher y férula de yeso. El 2 de septiembre de 2022 se practicó nueva reducción y osteosíntesis, implantando placa bloqueada, tornillos y clavos Kuntscher transversales. El 12 de mayo de 2023 se realizó cirugía de revisión con osteosíntesis e injerto óseo de cresta ilíaca homolateral, abordaje de pseudoartrosis, retiro de cartílago del cuneo metatarsiano, colocación de nuevo injerto óseo y placa bloqueada. El 25 de enero de 2024 se efectuó cirugía de revisión y fijación mediante artrodesis, con retiro de la placa anterior, colocación de injerto óseo en pseudoartrosis y fijación con tornillo de compresión y placas medial y lateral. El actor no ha recibido el alta médica definitiva. Continúa con dolor al cargar peso, presenta marcha inadecuada y permanece en tratamiento. El BPS le asignó una invalidez global total del 38,1% y una incapacidad específica, absoluta y definitiva para el ejercicio de sus tareas habituales. El sufrimiento físico fue intenso tanto en el momento del hecho como en los postoperatorios, requiriendo el uso de analgésicos como morfina y tramadol, continuando en la actualidad ingiriendo medicación para el dolor. La recuperación, superior a dos años, ha implicado múltiples consultas, estudios, medicación y fisioterapia. Las declaraciones testimoniales de DD, EE, FF, GG y HH corroboran el padecimiento físico y emocional del actor, quien se vio afectado anímica y económicamente, con una notoria disminución en su calidad de vida y en su capacidad para desarrollar actividades cotidianas. VI. En cuanto al agravio deducido respecto a la incapacidad del accionante, la Sala comparte lo concluido por el a quo en base al informe emitido por el BPS que refiere a la incapacidad específica para sus tareas habituales. Así lo expresó el decisor de primer grado: “Como se señaló anteriormente, el actor presenta una incapacidad específica, absoluta y permanente, para el ejercicio de su actividad laboral habitual, consistente en labores de medio oficial sanitario en la construcción.” Ha de tenerse presente que la condena abarca el lucro cesante futuro derivado de no poder desempeñar las tareas habituales y no otras. Acerca de la fórmula de cálculo para el pago del capital a título de indemnización de lucro cesante, la Sala reafirma la posición que ha venido sustentando al respecto, citando un caso de similares aristas aplicable mutatis mutandis al subjúdice: “Con respecto al lucro cesante pasado, los intereses y el reajuste deben correr desde la exigibilidad de cada una de las mensualidades que se dejaron de percibir (mes a mes) y no desde la demanda, a cuyo efecto se irá a la revocatoria parcial. Acerca del lucro cesante futuro, a criterio del Tribunal no corresponde adicionar intereses ni reajuste. Así, en sentencia no. 184/2012, la Sala sostuvo: “...cabe precisar que los intereses y el reajuste refieren al lucro cesante devengado desde la fecha de la muerte de la víctima y hasta la presentación de la demanda (lucro cesante pasado). El lapso posterior a esta última fecha (y hasta que la víctima hubiera cumplido 65 años) constituye lucro cesante futuro que, ontológicamente, no puede generar intereses ni reajuste alguno”. (Sentencia No 134/2017, TAC 5, Ministros: Dra. M.E. Gradín, Dra. L. Pera, Dr. L.M. Simón [r]). Si bien es cierto que no se diligenció pericia sobre el punto, lo cierto es que ninguna de las partes la solicitó y, una vez agregado el informe del BPS, nada se cuestionó al respecto. Por otra parte, no se formuló agravio específico con relación al período abarcativo del lucro cesante pasado, que el sentenciante de primera instancia lo estableció hasta la fecha del dictado de la sentencia, siendo, por otra parte, un criterio válido, aceptado por nuestros tribunales. VII. Finalmente, no se hará lugar al agravio relativo al dies a quo de los intereses legales, puesto que lo decidido en la recurrida resulta acorde a la posición que viene sosteniendo la Sala desde larga data cuando la condena tiene origen en un hecho ilícito de naturaleza aquiliana, más allá de que no se expone un verdadero agravio sobre el punto, limitándose a citar doctrina y jurisprudencia. VIII. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Analía García Obregón - Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria Subrogante