Sentencia Definitiva N° 47/2026

Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA y otros c/ INDEO S.R.L. y otros – DAÑOS Y PERJUICIOS”, IUE: 2-26608/2011, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 16/2025 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 11º Turno, Dra. Lola Gómez. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 17 de marzo de 2025 (fojas 2951 a 2955), en lo que interesa a la instancia, se dispuso: “Desestímase la demanda deducida, en todos sus términos. Todo sin especial condenación.” II. Contra dicha decisión se alzó la accionante, Sra. BB, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 2961 a 2968, agraviándose, en lo medular, por considerar que la relación de confianza entre médico y paciente no hace presumir la existencia de consentimiento informado, como afirma la a quo; el consentimiento, para ser válido, debe ser claro e indubitable, lo cual no ocurrió en el caso; la paciente manifestó dudas sobre la continuidad del tratamiento, lo que surge de la prueba testimonial; la confianza no puede sustituir la entrega de información adecuada; si bien la Ley No. 18.335 no resultaba aplicable al momento en que se realizó el procedimiento, existían otras normas vigentes, en particular la Ley No. 17.250, el Código de Ética del Sindicato Médico de 1995 que consagra el derecho a información completa y veraz sobre maniobras diagnósticas o terapéuticas, el Decreto No. 258/992 que impone la obligación de obtener el consentimiento informado y el artículo 7 de la Constitución de la República, que garantiza la libertad y el derecho a decidir sobre todo acto médico, por lo que la obligación de informar suficientemente existía; la sentencia invirtió la carga de la prueba al exigirle demostrar la falta de consentimiento informado, cuando corresponde aplicar la teoría de la carga probatoria dinámica, según la cual es el médico y la institución quienes deben acreditar que actuaron diligentemente por encontrarse en mejor posición para ello; la historia clínica fue erróneamente valorada, pues la perito Dra. Manikowski constató que no existen registros del procedimiento realizado el 13 de julio de 2007 ni de su evolución posterior, generando tales omisiones una presunción judicial de culpa contra quien omitió el registro, no siendo acertado lo concluido en la sentencia respecto a que el Dr. CC actuó conforme a la lex artis; el uso del fármaco Bevacizumab (Avastín), no está aprobado para patologías oculares sino para determinados tipos de cáncer y si bien su utilización oftalmológica se admite como práctica “off-label” respaldada en evidencia científica, ello torna aún más imprescindible una información exhaustiva sobre riesgos y beneficios, a fin de obtener un consentimiento informado válido. Pide que se revoque la recurrida y se condene a la parte demandada a pagar los rubros y montos pretendidos en la demanda. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 2974 a 2978 comparecen los demandados, INDEO S.R.L. y CC, evacuando el recurso de apelación en traslado, abogan por su rechazo, expresando, en síntesis, que el cuestionamiento relativo a la historia clínica resulta extemporáneo, ya que dos años antes de la promoción de la acción en trámite, la actora promovió diligencia preparatoria para obtener todos los antecedentes médicos, por lo que dispuso de tiempo suficiente para examinarlos, sin que en su demanda hubiera objetado el contenido ni denunciado irregularidades; la apelación introduce cuestiones ajenas al objeto del proceso y vulnera el principio de congruencia, pues la pretensión se fundó única y específicamente en la omisión del deber de informar y la falta de consentimiento informado; los planteos sobre deficiencias en la historia clínica y supuesta mala praxis recién fueron introducidos en el alegato final, por lo que resultan extemporáneos; comparte lo afirmado en el fallo, que considera “razonable pensar” que el consentimiento se brindó en el marco de la relación de confianza establecida entre el médico y la paciente; la Sra. AA estaba en tratamiento con el Dr. CC desde el año 2003 por retinopatía diabética proliferativa, habiendo recibido múltiples sesiones de láser en ambos ojos y aceptando reiteradamente los procedimientos indicados, lo cual evidencia conocimiento y aceptación de las prácticas propuestas; el uso del fármaco Avastín, respalda la conclusión de la a quo, en cuanto a que si bien su empleo en oftalmología es “off-label”, se encuentra reconocido y aceptado en la especialidad y cuenta con evidencia científica favorable; el Dr. DD, declaró que el desprendimiento de retina obedeció a la tracción generada por las fibrosis propias de la enfermedad de base y no al uso del medicamento, por lo que no existe nexo causal entre la alegada falta de información y el daño invocado; tampoco se probó hecho ilícito alguno y la sola omisión del consentimiento informado no configura fundamento suficiente para la responsabilidad civil, si no se demuestra la mala praxis o el vínculo causal entre la omisión y el resultado dañoso. IV. Franqueada la alzada (fojas 2980), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 2936vuelto), pasando los autos a estudio el 20 de agosto de 2025 (fojas 2938), culminado el cual, en sesión del 6 de febrero de 2026, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Surge de la causa que la Sala permaneció desintegrada en virtud de la licencia médica de la Dra. Schroeder entre el 17 de octubre de 2025 y el 15 de enero de 2026. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, sin especiales sanciones procesales, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El subexámine fue promovido por las Sras. AA y BB contra el Instituto de Ojos y el Dr. CC, atribuyéndose responsabilidad contractual a la primera con fundamento en el hecho culposo de su dependiente, contra quien se acciona por responsabilidad extracontractual derivada de su actuar ilícito y culposo, en particular por la omisión del deber de informar, planteándose también acción contractual en forma subsidiaria contra el médico. Según se alegó en la demanda, la Sra. AA padecía diabetes tipo I desde hace más de 25 años, siendo insulino-dependiente. En junio de 2006 consultó en Médica Uruguaya por problemas de visión, diagnosticándose retinopatía proliferativa, derivándosela a la Clínica CETAO, donde fue atendida por el Dr. CC, que indicó un tratamiento complementario con inyecciones intraoculares de Avastín, a realizarse en el Instituto de Ojos. Conforme señalaron las accionantes, el profesional en ningún momento informó a la paciente sobre los riesgos del tratamiento ni recabó su consentimiento, aplicando la inyección en el ojo derecho de la Sra. AA el 13 de julio de 2007, quien días después experimentó pérdida significativa de visión, diagnosticándose desprendimiento de retina y siendo sometida en enero de 2008 a una cirugía, constatándose posteriormente la pérdida absoluta de visión en dicho ojo. Reclaman por concepto de daño moral, U$S 25.000 para AA y U$S 10.000 para su hija, BB; U$S 5.217 por daño emergente pasado, comprensivo de gastos de traslado y medicamentos desde julio de 2007; U$S 18.443 de daño emergente futuro por gastos estimados a 30 años; cuidado y atención de la Sra. AA, U$S 15.652 por la asistencia prestada en los cuatro años previos a la demanda y U$S 55.328 por la atención futura. El demandado, Dr. CC, compareció oponiendo excepción previa de incompetencia y contestó la demanda, aclarando que el Instituto de Ojos es un nombre de fantasía de la sociedad INDEO S.R.L., de la cual es copropietario y que la relación asistencial fue a título personal, no laboral ni de dependencia. Controvirtió la procedencia del reclamo, señalando que la paciente padecía retinopatía diabética proliferante en ambos ojos, que había sido tratada durante dos años con láser argón en la Clínica CETAO con buen control en el ojo izquierdo y que en el derecho se produjo una hemorragia vítrea que obligó a suspender dicho tratamiento. Como complemento y con el consentimiento de la paciente, aplicó una única inyección de Avastín el 13 de julio de 2007, pero la hemorragia no mejoró, por lo que la paciente fue derivada al Dr. DD, quien practicó una vitrectomía, constatando fibrosis pre-retinal que ocasionó un desprendimiento traccional de retina y posterior pérdida de visión. Sostuvo que el Avastín no fue la causa del daño, que el desprendimiento de retina obedeció a la evolución natural de la enfermedad de base y a factores propios de la paciente, como mal control metabólico y suspensión periódica del tratamiento láser. Asimismo se opuso a la existencia, entidad y monto de los daños reclamados. Por su parte, la codemandada, INDEO S.R.L., contestó la demanda únicamente en lo relativo a la vinculación de la actora con la sociedad y a los aspectos formales del caso, sin pronunciarse sobre el actuar médico del Dr. CC. Señaló que el denominado “Instituto de Ojos” es un nombre de fantasía, de modo que la demanda se dirigió contra una entidad inexistente, configurándose un defecto en el modo de proponer la demanda que impidió a la persona jurídica real ejercer adecuadamente su derecho de defensa, por lo que interpone asimismo la excepción de falta de legitimación pasiva, sosteniendo que la acción se dirige contra una institución inexistente, lo que priva al caso de contenido procesal. Afirmó que el Dr. CC no es dependiente o auxiliar de la sociedad, sino que reviste la calidad de socio y no de empleado y, en consecuencia, entiende inaplicables los artículos 1324 y 1555 del Código Civil sobre responsabilidad por hechos de dependientes, concluyendo que la eventual reclamación debió formularse directamente contra el médico. III. La sentencia apelada desestimó la demanda en todos sus términos, por considerar que “el Dr. CC, en su carácter de auxiliar de INDEO SRL, actuó conforme los preceptos de la lex artis, ajustando su conducta al estándar de un buen profesional médico, desarrollando un actuar diligente, con la experticia médica requerida, dadas las circunstancias de tiempo y de lugar, en las cuales se desarrolló la atención dispensada a la Sra. AA.” (conforme resulta de la prueba documental, testimonial y pericial producida) y que “resulta razonable pensar que, en ese marco de relación de confianza entre médico y paciente, el Dr. CC le haya informado sobre el balance riesgo-beneficio de tal acto médico.”, no habiendo ofrecido la parte actora “prueba alguna respecto a la falta de consentimiento alegada en su demanda.” IV. Contrariamente a lo sostenido por la apelante, la Sala entiende que corresponde confirmar la decisión recurrida, aun cuando no comparte la conclusión arribada en el grado anterior con relación al consentimiento informado. Sobre este punto, la sentenciante expresó: “El consentimiento podía ser recabado de forma oral, verbal y también escrita, no existiendo formalidad alguna al respecto.” y agregó que “resulta razonable pensar que, en ese marco de relación de confianza entre médico y paciente, el Dr. CC le haya informado sobre el balance riesgo-beneficio de tal acto médico.”, fincando el agravio de la parte actora en la incorrecta valoración de la prueba recabada, asistiéndole razón en su planteo. En efecto, si bien al momento de aplicarse el tratamiento a la Sra. AA (julio de 2007) no estaba vigente la Ley No. 18.335, sí lo estaba la Ley No. 17.250, que incluye la relación médico-paciente dentro de las relaciones de consumo, reforzando el deber de brindar información adecuada, suficiente y transparente. La paciente tenía derecho a ser informada de forma clara y veraz y el Dr. CC la obligación de suministrar esa información con rigor técnico, asegurando que el consentimiento se otorgara con discernimiento y luego de un tiempo razonable de reflexión. Esto implica que la Sra. AA debía conocer la finalidad del procedimiento, los riesgos previsibles, posibles complicaciones, alternativas disponibles y consecuencias de no realizar el tratamiento. La información proporcionada debía ser comprensible, siendo deber del médico aportar los elementos esenciales del tratamiento, en el caso, la inyección de Avastín. La ausencia de información suficiente constituye un incumplimiento de la obligación legal de informar y puede configurar un daño autónomo al vulnerar la libertad de decisión del paciente. En el caso, no existe constancia alguna de que el médico tratante hubiera proporcionado a la paciente la información adecuada sobre los riesgos y la técnica que iba a utilizar y si bien asiste razón al demandado en cuanto a que no existía en ese momento, la obligatoriedad de suscribir el consentimiento informado, sí debe acreditarse que dicho consentimiento existió, extremo que en la especie no acontece. La Dra. Manikowski en su informe pericial relevó, con respecto al consentimiento informado, que “el mismo decreto establecía que el médico debía informar respecto a cuanto el paciente le consultara y procuraría obtener el libre consentimiento informado” (fojas 2848), lo que no surge acreditado en autos, dado que no se probó por parte del Dr. CC que hubiera proporcionado toda la información pertinente, esto es, los beneficios y posibles riesgos que corría la paciente por la aplicación del tratamiento con Avastín. Debe tenerse en cuenta que “la carga de la prueba corresponde al médico, y ello de acuerdo con el criterio establecido en materia de información, en el sentido de que pesa sobre quien lo afirma la carga de la prueba de la prestación, por cuanto de invertir tal carga y desplazarla sobre el paciente, se le impondría a éste una prueba diabólica (probar un hecho negativo, esto es, que no se le dio la necesaria información, ni otorgó el preceptivo consentimiento informado), mientras que para el médico se trata de probar un hecho positivo, del que podría dejar buena constancia en la historia clínica…” (Cfm. Vázquez Ferreyra, Roberto A ., "El consentimiento informado en la práctica médica", revista on line El Derecho Digital). No surge de la historia clínica dato alguno sobre la actuación médica específica en la intervención cuestionada, tal como lo relevó la perito actuante, quien consignó en su dictamen:“No figura historia clínica respecto al procedimiento realizado. Desde el punto de vista valorativo, a la fecha de realizado el procedimiento, estaba vigente el decreto 258/992 que establecía que el médico debía llevar registro de los actos o procedimientos diagnósticos o terapéuticos que indicara al paciente, consignando semiología y evolución.” La historia clínica debía ser confeccionada por la demandada (en lo que refiere a la atención brindada para este caso y remitida a MUCAM), debiendo dejar constancia el Dr. CC de todos los actos llevados a cabo respecto a la paciente (tal como fue expresado por la Dra. Manikowski), por lo que si el contenido de la misma arroja información contradictoria, o en su caso, no arroja información alguna de lo sucedido, no puede ser valorado a su favor. Las omisiones en la historia clínica son atribuibles al médico y deben considerarse una presunción en contra de quien omitió la adecuada registración (Anuario de Derecho Civil Uruguayo, tomo XXXIV, páginas 278 y 279, caso 620; asimismo TAC de 5º Turno, en ADCU, tomo XXXIV, caso 625; Suprema Corte de Justicia, en ídem, tomo XXXVI, caso 664). En el caso, era el médico y la institución demandada quienes debían acreditar la efectiva existencia del consentimiento informado, lo cual no ocurrió. No obstante ello, aun cuando se tiene por probado que no existió consentimiento informado, en la demanda no se expresó (y tampoco se acreditó en el transcurso del proceso) que de haber recibido la información que se alega omitida, la paciente no se habría sometido al procedimiento, siendo esa la única hipótesis en que la ausencia de dicho consentimiento por sí misma generaría responsabilidad. Atento al diseño de la demanda, en atención a la prueba allegada a la causa, en particular las resultancias de la labor pericial y a que el incumplimiento de la obligación de informar y de recabar el consentimiento por sí solos, no constituyen fuente de responsabilidad si no se acredita su nexo causal con el daño reclamado, la decisión desestimatoria se impone. V. Por otra parte, no resulta de recibo el agravio que la parte actora funda en la errónea valoración de la prueba con relación a la actuación del Dr. CC, dado que si bien la perito Dra. Manikowski constató que no existen registros del procedimiento realizado el 13 de julio de 2007, ni de su evolución posterior y no se expidió sobre si la conducta del médico se ajustó a la lex artis, como bien lo concluyó la a quo, ello “no alcanza para fundar un fallo de condena, máxime teniendo presente que la pericia no fue impugnada y que de la declaración del Dr. DD surge que la causa del desprendimiento de retina no fue un desgarro provocado por la inyección, sino por el contrario, tuvo su causa en la tracción de la retina por las fibrosis de los neovasos…” El Dr. DD, que realizara la intervención debido al desprendimiento de retina, declaró en calidad de testigo y preguntado sobre si el suministro de Avastín pudo provocar el desenlace final, expresó: “yo pienso que la patología venía por una retinopatía diabética avanzada, la prueba está que a los seis meses hizo un glaucoma neovascular lo cual indica que la patología siguió a pesar del tratamiento”, agregando al ser interrogado sobre si hubo desgarro por la aguja, expresó: “No, había tracción”. Finalmente, en lo que refiere a la pertinencia del tratamiento con Avastín, la perito señaló: “De acuerdo a su ficha técnica, el fármaco no tiene indicación para patología ocular. Sin embargo, su uso oftalmológico es reconocido y aceptado como indicación off label (indicación no descrita en la ficha técnica) con evidencia clínica favorable en cuanto a su eficiencia y seguridad, similar a otros fármacos antiangiógenicos de mayor costo…” (fojas 2846). En el mismo sentido, el Dr. DD, afirmó que: “Este laboratorio no lo recomienda por el prospecto pero se utiliza por toda parte del mundo, está sancionado para el uso, yo lo estoy usando el 1 de febrero de 2005. Yo lo estoy usando hace años”. Lo expuesto determina que no sea posible imputar a los demandados la responsabilidad que se atribuye en la demanda, no habiendo logrado demostrar la parte actora apartamiento alguno de la lex artis, por lo que, como se adelantara, habrá de confirmarse la decisión apelada. VI. Cabe recordar, que: “En materia de responsabilidad médica la prueba pericial es fundamental para que el Oficio pueda informarse de aspectos técnicos del Arte Médico que exceden sus conocimientos (“La Justicia Uruguaya”, casos 13320 y 13607). La prestación médica debe ejecutarse con la diligencia media del buen padre de familia; no obstante, la culpa médica se caracteriza por ser una culpa profesional, una culpa contra las reglas técnicas (violación del estándar consagrado por las reglas y prácticas de la medicina) de forma tal que la condena exige que previamente se acrediten cuáles son los preceptos del arte médico que han sido infringidos, lo que requiere el asesoramiento de Perito (L.J.U, c. 14749). Recordando a ORDOQUI en “Responsabilidad Civil del Profesional Liberal”, en temas como el de autos, los dictámenes de peritos suelen ser decisivos a la hora de enjuiciar la conducta de los profesionales de la medicina, ya que a través de la pericia la Justicia tendrá elementos lógico científicos más idóneos a la hora de pronunciarse sobre una disciplina que no es la jurídica. Sin dejar de tener presente que el análisis y la valoración de la prueba pericial, no escapa a la regla general de la sana crítica del art. 140 Código General del Proceso, debiendo valorarse conjuntamente con el elenco de las restantes pruebas diligenciadas en autos, debe recordarse la previsión del art. 184 del Código General del Proceso que establece que, si bien la prueba pericial se examina con arreglo a la sana crítica, el Magistrado debe establecer y explicitar los fundamentos que tenga para separarse de sus conclusiones. El apartamiento debe ser fundado y no discrecional.” (Sentencia de la Sala No. 66/2021, en Base de Jurisprudencia Nacional). En autos, como viene de referirse, el dictamen pericial no se expide sobre si la conducta del médico accionado se ajustó o no a la lex artis, no surgiendo tampoco de la restante prueba allegada a la causa prueba alguna, ni elementos de valoración suficientes que permitan atribuir responsabilidad a los demandados por la atención dispensada a la Sra. AA, por lo que corresponde confirmar la recurrida. VII. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2º del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria subrogante