Sentencia Definitiva N° 43/2026

Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y OTRO -AMPARO IUE 2- 6852/2026, venidos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la Sentencia interlocutoria N° 131/2026 de fecha 11/02/2026 (fs. 42/44) dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5° Turno, Federico Nicolás Rodríguez Luzardo; RESULTANDO: I. El referido pronunciamiento dispuso: “1. POR PRESENTADA, CONSTITUIDO DOMICILIO ELECTRÓNICO Y DENUNCIADO EL REAL. 2. DESESTÍMASE EN FORMA LIMINAR Y POR MANIFIESTAMENTE IMPROCEDENTE LA ACCIÓN DE AMPARO MOVILIZADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS”. II. Contra dicha decisión se alzó la parte actora mediante recurso de apelación, fundando los siguientes agravios: el a quo valoró incorrectamente 1. EL REQUISITO DE URGENCIA: El concurso público no constituye un acto instantáneo ni aislado, sino un proceso progresivo y dinámico. Mientras se evalúan postulantes, se asignan puntajes, se conforman listas y se proveen cargos, el daño denunciado se va consolidando día a día. La urgencia no radica en la fecha de publicación del llamado, sino en la inminencia de que el procedimiento concluya sin respetar tornando irreparable la lesión. 2. DESCONOCIMIENTO DEL PRINCIPIO PRO ACTIONE Y DEL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA: La resolución recurrida adopta una interpretación excesivamente restrictiva del instituto del amparo, privilegiando una visión formalista del proceso por sobre la tutela real de los derechos fundamentales comprometidos. 3. DESCONOCIMIENTO DEL FIN ÚLTIMO DE LA ACCIÓN Y DEL ALCANCE REAL DEL CUPO LEGAL EN EL ÁMBITO PROFESIONAL: La resolución recurrida analiza el presente proceso como si se tratara exclusivamente de una impugnación aislada referida a un llamado concursal puntual. Desde esa perspectiva reducida, centra su atención únicamente en los aspectos temporales y procedimentales del concurso, perdiendo de vista el verdadero alcance y finalidad de la acción promovida. Sin embargo, el objeto del amparo no se agota en la situación individual de un llamado específico. 4. IMPOSIBILIDAD DE AGOTAR LA VÍA ADMINISTRATIVA Y NECESIDAD DE ACUDIR AL AMPARO: La resolución recurrida, al sostener que existían otras vías disponibles, parte implícitamente de la premisa de que esta parte debió agotar previamente la vía administrativa. Sin embargo, dicha exigencia resulta irrazonable en el caso concreto, atendiendo a los tiempos propios de los procedimientos administrativos y a la dinámica del concurso impugnado. 5. DESCONOCIMIENTO DE LA DIMENSIÓN ESTRUCTURAL DEL CASO: El presente proceso no refiere a una simple discrepancia administrativa. Refiere a una omisión estatal reiterada en el cumplimiento de una política pública obligatoria. 6. INIDONEIDAD REAL DE LA VÍA CAUTELAR COMO SUSTITUTO DEL AMPARO: La resolución sostiene que la pretensión podría canalizarse mediante una medida cautelar. Sin embargo, dicha vía exige iniciar un proceso principal, afrontar mayores plazos, costos y complejidades. 7. OMISIÓN DE LA PERSPECTIVA DE DISCAPACIDAD Y DEL CONTROL DE CONVENCIONALIDAD: La resolución recurrida analiza el caso desde una perspectiva estrictamente formal y procedimental, prescindiendo por completo del enfoque de derechos humanos de las personas con discapacidad. 8. CONSOLIDACIÓN DE UN DAÑO IRREVERSIBLE Y FRUSTRACIÓN DEFINITIVA DEL DERECHO: De mantenerse la resolución recurrida, el procedimiento concursal continuará su curso sin ninguna corrección sustancial. Se consolidarán puntajes, se formalizarán listas, se efectuarán designaciones y se agotarán las vacantes disponibles. III. Franqueada la alzada, el expediente fue recibido en el Tribunal el 23 de febrero de 2026, pasando a estudio simultáneo de las Sras. Ministras. Cumplido el mismo, se acordó el dictado de la presente, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. La Sala, por unanimidad de sus miembros naturales, declarará la caducidad de la acción, confirmando la desestimatoria in límine de la demanda promovida, sin especial condenación, en mérito a los fundamentos que seguidamente expondrá. II. Compareció la abogada accionante, con fecha 11 de febrero de 2026 promoviendo acción de amparo contra el Ministerio de Desarrollo Social y la Oficina Nacional del Servicio Civil, “ante la constatación de que en el llamado público destinado a proveer cargos de Asesor Legal no se contempló en ningún momento el régimen obligatorio de cupo para personas con discapacidad previsto en la Ley 18.651.” Su inscripción al referido llamado la realizó, según la documentación que agregó, con fecha 11 de enero de 2026. III. La acción de amparo constituye un mecanismo legal para hacer valer derechos constitucionalmente protegidos que se ven amenazados en forma actual o inminente por un accionar manifiestamente ilegítimo de cualquier persona, sea pública o privada. La Ley que lo reglamenta, a la vez que contempla una vía sumarísima de tramitación y resolución de la pretensión del amparista, también establece un breve término de caducidad para su promoción. La caducidad de la acción opera por efecto de la extinción ipso iure del derecho. “La fuente de la caducidad se halla en la voluntad de la ley, o por efecto de la convención, o por testamento. Algunos sostienen que es también fuente de la caducidad, la decisión judicial. La fuente de la prescripción se halla solamente en la ley. Por eso, no es un derecho que se extinga con el transcurso del tiempo, sino que impide la adquisición del derecho por el transcurso inútil del plazo o, mejor dicho, la pretensión a cuyo ejercicio prefijo la ley un plazo, nace originariamente con esa limitación temporal, de manera que no puede ser hecho valer cuando haya transcurrido el plazo. Es decir, que, en la prescripción, un derecho nace sin un término definido, que se pierde, por un elemento subjetivo tal cual es la negligencia en usarlo. El objeto pues de la prescripción es poner fin a un derecho, que al no ejercitarse, se supone que ha sido abandonado por el titular. Por el contrario, la caducidad, se caracteriza por preestablecer un término al derecho para que pueda ejercitarse útilmente. Tal es así, que la doctrina denomina a la caducidad con la característica de 'plazos prefijos' (des délais préfix). Integra pues el concepto de prescripción, un elemento subjetivo tal cual es, el no ejercicio de un derecho por el titular, sea por negligencia real o supuesta. En la caducidad el elemento subjetivo desaparece. Existe un término prefijado y a él sólo hay que atenerse, sin mirar si el ejercicio del derecho no utilizado, lo ha sido por negligencia o imposibilidad de hecho. En uno pues, (prescripción), es el elemento subjetivo negligencia, real o presunta, del titular, prolongado por determinado tiempo que causa la extinción del derecho. En la otra, (caducidad), el solo hecho del transcurso inútil del tiempo señalado produce la extinción. Y ello trae consecuencias que diferencian más ambos institutos. Dadas las características apuntadas anteriormente -lo que es procedente en la prescripción por tenerse en cuenta en ella el elemento subjetivo, esto es, causas que la interrumpen o la suspenden por incidir en la posibilidad de obrar del titular- no deben ser tenidas en cuenta en la caducidad, pues el elemento subjetivo no integra el concepto de esta figura jurídica. Si el elemento subjetivo, - característica de la prescripción extintiva-, esto es negligencia en el ejercicio de un derecho, no se puede manifestar por imposibilidad de obrar del titular, desaparece aquel elemento y por ende se suspende o interrumpe la prescripción. La interrupción de la prescripción, sería un acto que hace desaparecer el elemento subjetivo -negligencia- y por tanto no es posible la prescripción. En la caducidad al no tenerse en cuenta el elemento subjetivo, sólo vale el acto necesario de ejercicio del derecho. La interrupción en la caducidad no procede, pues ese acto, no es el que se ha constituido como el del ejercicio de un derecho con término prefijado.” (Lagarmilla, Jorge: “La caducidad en la nueva ley de abreviación de los juicios laborales” en LJU Tomo 55, sección doctrina). IV. La urgencia propia del objeto de todo amparo, relevable a través de múltiples disposiciones del texto legal que lo regula, determina que el plazo de caducidad comience a computarse desde el momento inicial de la conducta activa u omisiva que se alega como lesiva, por lo que la postulada tesis de que la continuidad en la ilicitud impide la configuración de caducidad, no resulta ajustada a la naturaleza ni régimen legal del amparo. Así se expuso que, según Gelsi Bidart, “el amparo pretende dar una garantía procesal inmediata cuya finalidad genérica es evitar o suprimir la violación manifiestamente ilegítima de un derecho fundamental. Lograr pues en el más breve tiempo posible la eliminación o supresión de la referida ilicitud sea que se haya consumado o esté‚ en vías de consumación” (L.J.U, sección doctrina 'El proceso de amparo en la Constitución Uruguaya'). Señala Viera que todo el instituto del amparo está dominado por la necesidad de un actuar sin tardanza, con urgencia, en tanto exista una lesión o una amenaza objetiva y actual que corresponda a signos inequívocos de inminencia de perjuicio jurídico ('La ley de amparo', Idea, 1989, pág.17). La circunstancia de que la conducta lesiva sea una omisión, no impide que opere la caducidad de la acción. El texto de la mencionada disposición legal, de inteligencia inequívoca, pone un obstáculo infranqueable a toda interpretación doctrinaria o jurisprudencial, que indebidamente desconozca la extinción de la facultad de accionar por el vencimiento del plazo legal, fundando su tesitura en la imposibilidad de fijar el dies a quo del término de caducidad, dado que el art 4 inc. 2o consagra enfáticamente en 'todos los casos' un plazo de decadencia, sin excluir a la omisión. Tampoco se comparte que el carácter continuado de la omisión que se imputa a la demandada obste a la declaración de caducidad por no haber cesado la eficacia lesiva que se invoca y por resultar por ende inviable computar el plazo de caducidad. La Sala mantiene jurisprudencia indicativa de que la inicial afectación lesiva habilita ya la reclamación jurisdiccional, porque desde que se conoce la existencia de la omisión y de sus efectos perjudiciales, puede pretenderse la indemnización de los daños causados. La circunstancia de que la conducta perdure en el tiempo no lleva a la analogía con una hipótesis de delito continuado, sino con el ilícito instantáneo de efectos permanentes cuya eficacia lesiva permanece en el tiempo y cuya ocurrencia queda establecida en el momento inicial de existencia y generación de perjuicios, independientemente de que éstos perduren, aumenten, disminuyan o, incluso, cesen (Conforme - entre otras - sentencia No. 257/2002 y 23/2018). Los motivos para fijar un término para la interposición de la acción de amparo, radican en la excepcionalidad del remedio, siendo igual la solución para todos los casos, ya sea un acto, hecho u omisión, la causa de lesión de los derechos y libertades reconocidos expresamente o implícitamente por la Constitución. Como señala Sayagués, el instituto del amparo sólo actúa ante la falta de otros mecanismos procesales que resuelvan eficazmente la situación. Si el afectado no utiliza el proceso previsto en la Ley de amparo durante un tiempo prolongado, cabe conjeturar que podrá acudir a los demás trámites y que no necesita utilizar esta vía excepcional y urgentísima. Solamente el desconocimiento de la situación lesiva y la acreditación del consecuente impedimento por justa causa, impedirían que operase la caducidad, hecho que no se alegó en el presente proceso. La circunstancia de que la conducta lesiva sea una omisión, no impide que opere la caducidad de la acción. El texto del art. 4 de la Ley 16011, de inteligencia inequívoca pone un obstáculo infranqueable a toda interpretación doctrinaria o jurisprudencial, que indebidamente desconozca la extinción de la facultad de accionar por el vencimiento del plazo legal, fundando su tesitura en la imposibilidad de fijar el dies a quo del término de caducidad, dado que la norma en su inciso 2o consagra enfáticamente en 'todos los casos'. V. El art. 4 inciso segundo de la Ley 16011 establece la caducidad del derecho, transcurridos treinta días computados a partir de la fecha en que se produjo el acto, hecho u omisión que se reputa lesivo. En este caso, el acto lesivo se produjo -en la hipótesis más favorable a la actora-, cuando toma conocimiento de las bases del concurso en las condiciones que reputa ilegales, lo que necesariamente ocurrió antes de inscribirse al mismo, o por lo menos en dicho momento, acaecido el 11 de enero de 2026, conforme el documento que se agregó con la demanda. En consecuencia, los 30 días computados a partir de dicha fecha, vencieron el 9 de febrero de 2026, por tratarse de un plazo civil y, aun realizando el cómputo desde el primer día hábil siguiente, o sea desde el lunes 12/1/2026, igualmente el plazo feneció el 10 de febrero de 2026. La demanda fue presentada el día 11 de febrero de 2026, cuando la caducidad se había consumado. VI. No procede pronunciarse acerca de las condenas causídicas atento a la tramitación unilateral del proceso. Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 137, 139.1, 140, 141, 154, 157, 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: DECLÁRASE LA CADUCIDAD DE LA ACCIÓN DE AMPARO DEDUCIDA, CONFIRMÁNDOSE LA DESESTIMATORIA IN LIMINE DE LA DEMANDA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: 3 BPC. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra.Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Analia García Obregón - Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria