Sentencia Definitiva N° 49/2026

Sentencia Nro. 49/2026 - IUE: 2-108417/2025 Montevideo, 26 de febrero de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministros firmantes: Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Claudia Kelland. Ministra redactora: Dra. Claudia Kelland. VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA y OTRO– AMPARO-" IUE 2- 108417/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal, en mérito a los recursos de apelación interpuestos por los codemandados M.S.P. y F.N.R., contra la sentencia definitiva No 120/2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 11° Turno, Dra. Lola Gómez. RESULTANDO: 1- Por la sentencia definitiva impugnada, la Magistrada actuante desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el F.N.R., amparó la demanda, y en su mérito condenó al M.S.P. y al F.N.R. a suministrar a la amparista el medicamento RIBOCICLIB en un plazo de 24 hs. de acuerdo a las indicaciones de su médico tratante, y por el plazo que éste lo indique (fs. 51- 58). 2-En tiempo y forma comparecieron el M.S.P. y el F.N.R. interponiendo sendos recursos de apelación (fs. 61- 66 vto.; fs. 68- 71 vto.). Sustanciada la impugnación, la actora evacua el traslado conferido abogando por la confirmación de la hostilizada, y en el mismo acto interpone excepción de inconstitucionalidad contra el inciso final del art. 45 de la ley 18.211 y el inciso 2 del art. 7 de la ley 18.335 (fs. 76- 86). Suspendido el proceso y elevados los autos a la Corporación, por sentencia N°1623/2025 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales las normas referidas supra, y por lo tanto resultan inaplicables a la amparista (fs. 93- 94). 3-Franqueada la alzada, los autos fueron recibidos por el Tribunal (25 de febrero), y previo estudio simultáneo de las actuaciones por los Sres. Ministros, se acordó el dictado de la presente decisión,designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 10 de la ley N°16.011). CONSIDERANDO: I- El Tribunal integrado en legal forma y por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la L.O.T.), en la ocasión por unanimidad de sus integrantes naturales,habrá de confirmar sentencia definitiva impugnada por no ser de recibo los agravios esgrimidos en su contra; sin especial condena procesal en la instancia. II- En los Resultandos de la recurrida, la Magistrada actuante efectuó un correcto relato del caso y de las actuaciones procesales a los que la Sala se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. Tratan las presentes actuaciones de un proceso de amparo iniciado por la Sra. AA (42 años de edad), dirigida contra el M.S.P. y el F.N.R. para que sean condenados al suministro del medicamento RIBOCICLIB, ante la imposibilidad de asumir el costo de su tratamiento, tratándose de un medicamento registrado para su comercialización e incluido en el F.T.M., para la enfermedad que padece (cáncer de mama), pero no para su situación clínica. En la demanda relata en forma pormenorizada el diagnóstico de su enfermedad; es portadora de cáncer de mama, como lo acredita con el informe de su médico tratante Dr. Andrés Machado (fs. 1). No puede asumir el costo del tratamiento por carecer de recursos suficientes (art. 44 de la Constitución). En definitiva, afirma que no tuvo otra alternativa que promover la presente acción, y que su caso debe ser tutelado, pues cumple con todos los requisitos legales (art.1 y 2 de la ley 16.011), siendo el tratamiento indicado el necesario para cuidar su salud. III- Como se consignó en el Resultando I), la Magistrada actuante desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva del F.N.R. y amparó la pretensión condenando al M.S.P. y al F.N.R. al suministro del fármaco reclamado con fundamentos que el Tribunal adelanta comparte. IV- Apelación del Fondo Nacional de Recursos (fs. 68- 71 vto.). Los agravios del F.N.R. están encaminados a cuestionar la condena impuesta por entender que su mandante no está legitimado pasivamente en la presente causa, pues es una persona pública no estatal, no integra el Estado, y no puede ser condenado al suministro de un medicamento que la propia actora señala no está bajo su cobertura. Refiere que el RIBOCICLIB no ha sido incorporado por el M.S.P. al F.T.M. para la situación clínica de la actora. En suma, con cita de la normativa que lo rige (ley 16.343, Dec. Reglamentario 358/993; ley 17.930; ley 19889; 19.924 arts. 682 a 684), y jurisprudencia que avala su postura, solicita al Tribunal de alzada revoque la impugnada acogiendo la excepción opuesta al contestar la demanda de falta de legitimación pasiva. V- A juicio de este Tribunal, los agravios no resultan de recibo. Conforme emerge de la propia contestación de demanda por parte del F.N.R., el medicamento RIBOCICLIB se encuentra incluido en el F.T.M. por Ordenanza Ministerial No 1304/2022 para el tratamiento del "cáncer de mama avanzado, con receptores hormonales positivos y Her2/neu negativo, en primera y segunda línea de tratamiento" (fs.37). Y no contamos en autos con elementos particulares que permitan afirmar que exista algún criterio médico científico que desaconseje la indicación del fármaco en el caso concreto; sino que por contrario, la procedencia y eficacia del tratamiento reclamado no fue siquiera controvertida al contestar la demanda, y surge su pertinencia suficientemente acreditada con la indicación médica del Dr. Machado (testigo en autos). Establecido lo anterior, en opinión de la Sala no resulta de recibo que la resistencia a la prestación por parte del F.N.R. pueda quedar fundada en distinciones administrativas derivadas de pautas cuyo diseño restrictivo no se correspondan con criterios médicos consolidados. Ante esa ausencia de justificación, la circunstancia de que un medicamento incorporado en el F.T.M. bajo cobertura financiera del F.N.R. no se encuentre administrativamente incluido para la concreta enfermedad o situación clínica de un paciente que lo requiere por fundada opinión médica, no resulta argumento hábil para que el F.N.R. rechace la solicitud, deviniendo esa infundada negativa un acto signado por manifiesta ilegitimidad. Como ha señalado esta Sala, con cita al T.A.C. 2do. (con anterior integración): “... Por consiguiente no puede hablarse en grado alguno, como pretende la recurrente, de la inexistencia de ilegitimidad manifiesta ya que se trata de un medicamento que se encuentra cubierto por el F.N.R. para enfermedades oncológicas, que es rechazado por motivos formales ... En el caso claramente se vulneran tales derechos en forma irrefragable ya que el paciente y el médico acordaron un tratamiento, dentro de los previstos por la autoridad sanitaria correspondiente, no obstante lo cual el F.N.R. se niega a proporcionar un medicamento que él mismo acordó financiar. Se vulnera claramente el principio de igualdad en la ley ya que se establece una discriminación injusta y carente de sentido al privar al actor de los derechos consignados anteriormente. ... El acto médico debe estar en conformidad con los conocimientos científicos reconocidos o aceptados al momento de que se trate. La diferencia de criterios técnicos existente entre el médico tratante y los médicos integrantes del F.N.R. no puede privar al reclamante de los derechos constitucionales y legales que el ordenamiento jurídico le confiere. De admitir tal posibilidad estaríamos no solo asignándole a las mencionadas autoridades un poder del que claramente carecen sino también legitimando la violación de los derechos constitucionales que la Carta magna le garantiza (artículos 7, 8, 10 y 44 de la Constitución).”(T.A.C. 2do. -Franca, Pérez Brignani, Sosa-; sentencia 16/2019, en B.J.N.). A la luz de tales criterios, encontrándose el medicamento RIBOCICLIB incorporado al F.T.M. para el tratamiento del cáncer de mama, y habiendo sido indicado el mismo por médico tratante que entendió que esa era la mejor alternativa terapéutica para la paciente, solo corresponde confirmar la sentencia de primera instancia por compartir sus fundamentos. VI- Apelación del Ministerio de Salud Pública (fs. 61-66 vto.). El M.S.P. introdujo los siguientes agravios:1) Señala que no existe ilegitimidad de su parte, y que la recurrida realiza una incorrecta interpretación del art. 44 de la Constitución. Afirma que cumple con la obligación legal garantizando a toda la población el acceso a medicamentos incluidos en el F.T.M., no teniendo el M.S.P. la competencia ni obligación de suministrar directamente medicamentos a la población. 2) Entiende que su conducta no puede ser calificada como ilegítima y menos como manifiestamente ilegítima, que no ha sido omiso, sino que por el contrario ejerce sus competencias reguladoras, y destaca que en este caso estamos ante un fármaco que no está incluido en el F.T.M. para la patología que padece la amparista (en la apelación refiere en el numeral 23 a fs.63 vto. en forma errónea al medicamento PEMBROLIZUMAB, cuando el fármaco objeto de condena es el RIBOCICLIB). 3) Refiere al impacto y a las consecuencias negativas que están teniendo las condenas judiciales en procesos de amparos en el presupuesto de su mandante. VII- Los agravios no son de recibo. En primer lugar, la Sala con la voluntad coincidente de sus integrantes señala que el apelante no controvirtió el diagnóstico de la enfermedad de la amparista, que el tratamiento indicado es el correcto y la carencia de recursos suficientes para asumir el costo del tratamiento que le fue indicado por el médica tratante (art. 44 de la Constitución). Así las cosas, corresponde analizar los agravios atendiendo a los fundamentos generales de derecho ensayados por el apelante que hacen a su rol y cometidos. El Colegiado con anterior integración que la actual ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de la condena al M.S.P. a suministrar fármacos que no se encuentren registrados en el país o no incluidos en el F.T.M. bajo cobertura del F.N.R. para la patología o situación clínicas que padecen los amparistas (como es este caso). Por economía procesal se transcribe en forma parcial la Sentencia N°43/2019 de fecha 28 de marzo de 2019, pues los fundamentos dados en dicha oportunidad aplican al caso para la decisión confirmatoria mutatis mutandis. “...No por obvio ha de omitirse referir que: “El derecho a la salud, expresamente reconocido en el art. 44 de la Constitución, constituye un derecho humano esencial, inherente a la persona, y de cuyo pleno goce dependen todos los demás. En este sentido, el derecho a la salud podría considerarse, conjuntamente con la vida, uno de los derechos absolutos, ya que su instrumentalidad respecto del segundo nombrado es indiscutible.” (cf. SCJ, Sentencia 396/2016)”.- “Promovida la presente acción de Amparo, el MSP invoca leyes (Ley orgánica N° 9.202, Ley 15.181, Ley 17.930, Ley 18.211 y Ley 18.355 y sus Decretos Reglamentarios), así como el Decreto324/999 en su art.5 respecto al registro de medicamentos que deberán realizar las empresas, normativa que en su criterio impide dar solución al pedido del amparista.- “A criterio de la Sala, por encima de tal normativa están los art.7 y 44 de la Constitución, que permiten en el caso puntual acceder a lo solicitado. Los Derechos Fundamentales a la vida y a la salud del solicitante, de acuerdo a las emergencias de obrados, deben ser protegidos y es inminente que de tal modo se proceda (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3. 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ratificado por la Ley No. 16.519-; arts. 1o, 2o y 4o de la Ley No. 18.211; arts. 2o, 6o, 7o, 10 y 11 de la Ley No. 18.335).- “Máxime cuando, el MSP no controvirtió al contestar la demanda la eficacia del medicamento, ni el hecho de que fuera el único adecuado para la enfermedad que padece, con la progresión en que se encuentra” (...).- “La ausencia de una explicación razonable para dar respuesta negativa a lo solicitud del actor, en contraste con las demás pruebas de autos que aconsejan el medicamento para la patología excepcional y poco frecuente en nuestro país que padece el actor, es razón suficiente para evidenciar una conducta antijurídica patente, en tanto es deber primordial del Estado la racionalidad de sus decisiones, que han de estar debidamente motivadas.- Ello constituye omisión relevante para el derecho, verificándose así, el presupuesto objetivo de manifiesta ilegitimidad”.- En suma, en el presente proceso el Ministerio de Salud Pública, como representante del Estado (Ley N° 16.320 art.384), será condenado a cumplir con el mandato constitucional establecido en el art.44 inc.2, en tanto se encuentra obligado a “proporcionar gratuitamente los medios de prevención y asistencia” a “los carentes de recursos suficientes” como el actor...". La sentencia parcialmente transcripta refiere a otra situación (cada caso es único), pero los fundamentos que ameritan la condena al apelante son enteramente trasladables al caso en examen. En el caso a resolver no se pide que se incluya el medicamento en el F.T.M. para la situación clínica que padece la Sra. AA, lo que obviamente no es competencia del Poder Judicial disponer; se pide que se suministre el medicamento indicado a la amparista, y a través de la presente decisión se resuelve un caso concreto. En autos ha quedado evidenciada la ausencia total de argumentos de índole científico que legitime la decisión denegatoria del codemandado M.S.P., deviniendo la misma en arbitraria, actuando el Estado con ilegitimidad que la Sala califica de manifiesta, en tanto además tipifica incumplimiento de su deber prestacional de medios de asistencia en salud a la población carente de recursos suficientes (art. 44 inc. 2o de la Constitución); y lesionando los derechos constitucionales de la actora en cuanto a su deber de cuidar su salud, derecho a la vida y a una vida digna. No amparar su reclamo es generar una desigualdad basada en la imposibilidad económica de las personas para costearse por sí mismas tratamientos de alto precio; situación que justamente está llamado a resolver el Estado, en cumplimiento de su deber prestacional establecido por el art. 44, inc. 2o de la Constitución. Dicha norma constitucional establece efectivamente un deber del Estado de proporcionar a las personas carentes de recursos suficientes los medios de asistencia en salud; de tal manera, el Tribunal mantiene su consolidada postura respecto a la existencia de dicho deber prestacional, rechazando el planteo del apelante respecto a que su actuación se limita a la dirección de las políticas públicas de salud. Tampoco es de recibo el agravio vinculado a aspectos presupuestales, ni que se ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema o que el fallo incurra en una posible violación al principio de separación de poderes. Sostiene el Dr. Van Rompaey, que la subordinación, denominada condicionante económica, relativizaría la universalidad de los derechos económicos, sociales y culturales, condenándolos a ser considerados derechos de segunda categoría. La escasez de los recursos económicos no se esgrime con argumentación persuasiva, que convenza de la inevitabilidad de la crisis que se desencadenaría en caso de accederse a las prestaciones positivas reclamadas por las personas a quienes se les niega un servicio médico o la entrega de un fármaco del que depende su vida o salud en el significado integral de dicho derecho (Van Rompaey. Judicatura No 52, pags. 147 y 149). Entonces, debería haberse probado cómo el interés general -única causal de restricción de un derecho fundamental- se vería cercenado, lo que no surge acreditado en autos. De otro lado cabe señalar que debe tenerse presente que la SCJ declaró inconstitucionales dos normas derecho en las que el apelante fundó su contestación y apelación (parte de su defensa). VIII- La conducta de las partes no amerita sanción procesal en la instancia (art.688 del C.C., art. 261 del C.G.P.). Por los fundamentos dados, normas citadas, arts. 197, 198 del C.G.P., el Tribunal, FALLA: Confírmase la sentencia definitiva impugnada; sin especial condena procesal. H.P.F. 10 B.P.C.. Notifíquese a domicilio a las partes, cumplido devuélvase al tribunal a quo. Dra. Claudia Kelland – Ministra Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren -Ministro Esc. Laura Pérez – Secretaria Letrada