Sentencia Interlocutoria N° 72/2026

Min. Red.: Dr. Gabriel OHANIAN HAGOPIAN. VISTO : Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “ AA. Violencia doméstica agravada en concurso formal con un delito de Lesiones personales especialmente agravadas en reiteración real con un delito de Privación de Libertad” (IUE 569-190/2025) venidos a conocimiento de este Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Tercer Turno en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensa contra la Resolución No. 3091 dictada el 21 de octubre de 2025 por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Ejecución y Vigilancia de Segundo Turno Dr. Gonzalo SILVA. Intervinieron en estos procedimientos en representación del Ministerio Público la Fiscalía Letrada de Violencia Doméstica y Violencia basada en Género de 2º Turno a cargo del Sr. Fiscal Letrado Dr. Luis PACHECO CARVE y el Sr. Defensor de particular confianza Dr. Martín FRUSTACI. RESULTANDO: 1.- Que por Resolución No. 3091/2025 el Sr. Juez “a quo” no hizo lugar al beneficio de la Libertad anticipada del penado AA (fs. 150 – 151). 2.- Que contra dicha providencia se alzó la Defensa interponiendo recurso de apelación. Al articular agravios sostuvo, en muy apretada síntesis, que la actual reclusión de AA obedece a la no observancia de ciertas formalidades del régimen de Libertad a prueba del que gozaba oportunamente pero no a la comisión de un nuevo delito. Ello lleva a que, a juicio de la Defensa, en la actualidad la pena que cumple en prisión se ha tornado “desproporcionada, innecesaria e incluso ineficaz”. Destacó que AA mantiene en el recinto carcelario una buena conducta tanto en su vinculación con compañeros como con funcionarios, vínculos familiares - madre y abuela - que lo continentan tanto en lo afectivo como en lo económico e incluso se ha valorado que tiene un riesgo bajo de daños severos hacia terceros. Subrayó que el penado planifica comenzar una terapia psicológica así como concurrir a un programa de Narcóticos Anónimos y tiene proyectos firmes de reinserción laboral a su egreso. Concluyó que en el caso de autos se cuentan con factores determinantes y de peso para la concesión de la Libertad anticipada solicitada por lo que peticionó que se revoque la recurrida y se haga lugar al beneficio impetrado respecto al cual incluso la Fiscalía se ha pronunciado favorablemente (fs. 156 – 160v.). 3) Que conferido traslado del recurso al Ministerio Público lo evacuó pronunciándose en forma positiva a que se conceda el beneficio impetrado (fs. 163 – 163v.) 4) Que el Sr. Juez franqueó la alzada para ante el Tribunal de apelaciones que por turno corresponda disponiendo la elevación de las actuaciones con las formalidades de estilo (fs. 165). 5) Que llegados los autos al Tribunal se asumió competencia, siendo integrado el Tribunal con el Sr Ministro Suplente Dr GABRIEL OHANIAN HAGOPIAN, al encontrarse de licencia el Sr Ministro PEDRO SALAZAR DELGADO. Pasaron las actuaciones a estudio por su orden y se acordó sentencia interlocutoria en legal forma, procediendo al dictado de la presente decisión anticipada por configurar los requisitos del art. 200.1 del CGP CONSIDERANDO : 1.- Desde el punto de vista adjetivo el recurso interpuesto era el que legalmente correspondía, lo fue en tiempo y forma tramitándosele con total observancia de las garantías del debido proceso. 2.- En lo sustancial, el Tribunal con el quorum de voluntades legalmente reclamadas habrá de confirmar la acada por los fundamentos que se dirán. A fin de contextualizar el caso de autos venidos a resolución de este Colegiado se dirá que AA por Sentencia No. 48 dictada el 20 de marzo de 2020 fue condenado – en el marco de un proceso abreviado – como autor responsable penalmente de un delito de violencia doméstica agravado en concurso formal con un delito de lesiones personales agravado y en reiteración real con un delito de privación de libertad a la pena de veinte meses a cumplirse de la siguiente forma: “… ocho (8) meses de prisión efectiva y doce (12) meses en régimen de libertad vigilada con las obligaciones de : a) residir en un lugar determinado donde sea posible la supervisión de la OSLA; b) sujeción y vigilancia a la orientación de esta oficina; c) ejercicio de una profesión, oficio, empleo, arte o industria y comercio bajo las modalidades que se fijen en el plan de intervención; d) presentación en seccional policial de su domicilio una vez por semana; e) uso de dispositivo electrónico de vigilancia o en su caso de no haberlo prisión domiciliaria completa hasta que se provea un dispositivo; f) prohibición de comunicación y acercamiento con la víctima y su domicilio, por un radio de 500 metros y por la duración de la condena” (fs. 33 – 34). 3.- Cumplida la pena efectivamente en reclusión AA paso al régimen de Libertad vigilada supervisado por la OSLA (fs. 66 - 72). 4.- La OSLA informó que el penado se presentó ante dicha Oficina donde se le pautó un “plan individual” que suponía – además de otras medidas – que “debía concurrir a tratamiento por consumo problemático de drogas” y no brindó dichas constancias. Asimismo informa que no se encontraron firmas de AA en las seccionales policiales consultadas concluyendo “que el Sr. AA no ha adherido al Plan individual de intervención y no se han encontrado registros de sus firmas en Seccional” (fs. 87). 5.- Atento a dicho informe la Fiscalía solicitó que se revocara el beneficio de la Libertad vigilada (fs. 91), de lo que se confirió vista a la defensa (fs. 92) que no lo evacuó, disponiéndose por Decreto 2228 dictada el 4 de octubre de 2022 la revocación del régimen de libertad vigilada oportunamente concedido, “el que se transforma en Prisión Efectiva” (fs. 95). 6.- AA no era habido para ser reintegrado al centro carcelario lo que se efectivizó recién el 2 de agosto de 2025 (fs. 116). De acuerdo a la liquidación de pena que surge a fs. 125, la misma vence el 26 de julio de 2026. 7.- La Defensa presenta escrito explicando los motivos que justificaban – a su juicio – los incumplimientos de AA y solicitando que se modificara que el saldo de pena fuera cumplida en reclusión (fs. 123 – 124); conferida vista al Ministerio Público sostuvo que “se deje sin efecto la revocación de beneficio de la libertad vigilada, se disponga la excarcelación del penado y se requiera a DINAMA la elaboración de un nuevo plan de intervención” (fs. 127 – 127v.). 8.- Por Decreto No. 2515 dictado el 10 de setiembre de 2025 el Sr. Juez no hizo lugar a la modificación solicitada, “sin perjuicio que en el sub exámine tal situación podría eventualmente salvarse con un trámite de Libertada anticipada” (fs. 132 – 132v.). 9.- El 12 de setiembre de 2025 la Defensa solicita la Libertad anticipada (fs. 135); se agregan los informes carcelarios de estilo (fs. 137 – 146v.), planilla actualizada de antecedentes del ITF (fs. 147 – 148) y la Fiscalía se pronuncia en forma favorable a la concesión de la libertad impetrada (fs. 149). Es entonces cuando el Sr. Juez dicta la resolución hoy objeto de la presente alzada (fs. 150 – 151). Ahora bien : El art. 298 CPP brinda las pautas a tener en consideración a efectos de poder “formular un pronóstico favorable de reinserción social” y ellas son “su conducta, personalidad, forma y condiciones de vida”. Las mismas se deben analizar siempre teniendo presente las propias características del delito por el cual la persona fue oportunamente condenada, no para reeditar un castigo por su comisión – aspecto éste ya considerado al momento de imponerle la pena – sino para tener presente cuáles son los factores primordiales a los que hay que prestar atención en la oportunidad de decidir si se accede o no a una liberación anticipada. 10.- El Tribunal considera que en el análisis del caso de autos no puede obviarse que si bien los hechos imputados fueron graves (fs. 7), los mismos se desarrollaron en Enero de 2020 o sea hace más de seis años y ameritaron en ese momento un reproche penal con guarismos de pena de prisión – no de penitenciaría – e incluso con menos de la mitad de esa pena con reclusión efectiva. A su vez, tampoco es un detalle menor, que la revocación de la Libertad vigilada no se debió a la comisión de un nuevo delito sino a un incumplimiento de las medidas impuestas en circunstancias que la Defensa planteó e incluso la Fiscalía compartió. 11.- Cabe enfatizar que el Sr AA ya lleva en reclusión más de la mitad de la pena que debe cumplir en esa situación y durante ese período registra una buena conducta (fs. 139). 12.- Sin perjuicio de ello hay elementos que para el Tribunal obstan la concesión del beneficio solicitado, aún presente lo anterior. De los informes técnicos adjuntos se desprende que el justiciable de autos : “Presenta actitudes pro criminales que se relacionan como factores que predisponen las oportunidades para delinquir. En cuanto a su estilo de pensamiento y comportamiento, tiene dificultades para solucionar problemas, para reconocer las consecuencias de sus acciones de forma asertiva; aún se le obstaculiza trabajar en la reflexión e identificación de la situación delictiva que transitó. No se logra evidenciar vínculos familiares de apoyo. En cuanto a los factores protectores hallados, comienza a fortalecer estrategias de abordaje para resolver algunas dificultades de inestabilidad emocional que le impedían resolver obstáculos en la cotidianidad, acción que podría favorecer una re inserción social positiva” (fs. 143v., énfasis agregado). 13.- Presentes las consideraciones que vienen de colacionarse, el Tribunal comparte la solución dada en la anterior instancia y concluye que no están dadas las condiciones reclamadas por la ley para habilitar la liberación anticipada de AA. Por lo expuesto y dispuesto en el art 298 del C.P.P., el TRIBUNAL RESUELVE : I.- Confirmar la Interlocutoria No 3091 de 21 de Octubre de 2025. II.- Oportunamente, se devuelva a la Sede de Origen. Notifiquese personalmente. Dr. Julio OLIVERA NEGRÍN. Ministro Dr. Gabriel OHANIAN HAGOPIAN. Ministro (suplente) Dra. Esc. María Celia de SALTERAIN Secretaria I