Sentencia Definitiva N° 46/2026

Sentencia No. 46/2026 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Patricia Hernández Ministros firmantes: Rosario Sapelli, Pablo Benítez y Patricia Hernández.- Montevideo, 26 de febrero de 2026.- VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “GUTIÉRREZ DA SILVA, JUAN c/ ARIGÓN FERNÁNDEZ, ROLANDO – EJECUCIÓN DE HIPOTECA – IUE 2-78154/2023” venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva nro. 62 del 23/VI/2025 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 2º Turno, Dra. Jennifer Castillo Zamundio.- RESULTANDO: 1) Que por la sentencia definitiva nro. 62 del 23/VI/2025 se desestimó la excepción de inhabilidad de título opuesta.- 2) Que a fs. 77 y 78 compareció el Dr. Rolando Ren Arigón Fernández e interpuso recurso de apelación.- Invocó como agravio la desestimación de la excepción opuesta.- Fundamentó el mismo en: (a) prescindió de la exigencia a los efectos de la ejecución de una deuda como es la correcta intimación de pago, cuya vulneración supone la violación de las garantías del debido proceso; (b) no se practicó la diligencia preparatoria de intimación de pago; y (c) no corresponde que la parte demandada asuma las costas y costos del proceso.- Solicitó que se revoque la apelada.- 3) Que por providencia nro. 2101 del 31/VII/2025 se confirió traslado del recurso de apelación a la parte actora por el plazo de quince días.- 4) Que de fs. 83 a fs. 85 compareció el Sr. Juan Carlos Gutiérrez Da Silva y evacuó el traslado conferido en estos términos: (a) la excepción de inhabilidad de título se encuentra legalmente restringida a las situaciones de falta de los requisitos esenciales para su validez; (b) la intimación de pago previa al juicio no afecta de ningún modo al título ejecutivo; (c) la excepción referida en el artículo 379.2 del Código General del Proceso implica que el título no es válido y que ese vicio es anterior a la intimación y que continuará aún cuando ésta se practique en debida forma: (d) el título de ejecución es válido y la falta de intimación está excluida de la norma citada; (e) la intimación de pago fue practicada el 15/III/2023, cuya constancia de recepción fue aportada; y (f) la condena en costas y costos es de precepto según artículo 392 del Código General del Proceso.- Solicitó que se confirme la impugnada.- 5) Que por providencia nro. 2337 del 19/VIII/2025 se franqueó el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo para ante este Tribunal.- 6) Que estos autos fueron recibidos el día 19/IX/2025 y por decreto nro. 423 del 1/X/2025 se dispuso su pasaje a estudio por su orden.- Cumplido éste, en el día de la fecha los miembros de este Tribunal acordaron el dictado de la presente por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso).- CONSIDERANDO: I- Que esta Sala, con el voto coincidente de sus miembros naturales (artículo 61 de la Ley 15.750), habrá de confirmar la sentencia definitiva nro. 62 del 23/VI/2025 por los fundamentos que se exponen a continuación.- II- Que en el sub-lite el Sr. Juan Carlos Gutiérrez Da Silva promovió juicio de ejecución de hipoteca inscripta con renuncia a los trámites del juicio ejecutivo contra el Dr. Rolando Ren Arigón Fernández por crédito por las sumas de U$S 21.300 (dólares veintiún mil trescientos) por concepto de capital y de U$S 1.917 (dólares mil novecientos diecisiete) por concepto de intereses (enero-junio 2023).- El título de ejecución forzada está constituido por testimonio notarial de contrato de préstamo con garantía hipotecaria de fecha 28/XII/2015 e inscripto el 11/I/2016 con el nro. 744, agregado de fs. 3 a fs. 7.- Según el mismo, el Sr. Juan Carlos Gutiérrez Da Silva otorgó en préstamo oneroso al Dr. Rolando Ren Arigón Fernández la suma de U$S 21.300 (dólares veintiún mil trescientos), la que generaría intereses compensatorios del 18% anual pagaderos mensualmente.- Por Cláusula Segunda, el Dr. Rolando Ren Arigón Fernández se obligó a su devolución (capital e intereses) en dos cuotas: (a) una primera cuota de U$S 10.500 (dólares diez mil quinientos), con vencimiento el día 26/X/2017; y (b) una segunda cuota de U$S 10.800 (dólares diez mil ochocientos), con vencimiento el día 28/XII/2018.- En dicho contrato, el Dr. Rolando Ren Arigón Fernández constituyó – en garantía del cumplimiento de la obligación que asumió por este contrato de préstamo o mutuo: devolución de U$S 21.300 (dólares veintiún mil trescientos) – a favor del promotor, primera hipoteca respecto del bien inmueble padrón nro. XX/002, localidad catastral Montevideo, con superficie de 37 mts2 43 dms2 (Cláusula Cuarto).- En virtud de la aludida promoción de esta vía de apremio al amparo del artículo 377 numeral 2) del Código General del Proceso, por providencia nro. 2706 del 25/IX/2024 (fs. 38) se trabó embargo específico respecto del bien inmueble hipotecado, el que fue comunicado al Registro respectivo por oficio nro. 866 del 7/X/2024 (fs. 39).- III- Que la parte demandada oportunamente opuso la que denominó como excepción de inhabilidad de título.- Fincó la misma en que el Sr. Juan Carlos Gutiérrez Da Silva no le intimó el pago del crédito cuya satisfacción reclama en debida forma: no se le intimó el pago por la cantidad de dinero que reclama por capital e intereses, ni el tiempo por el cual se devengaron los intereses pretendidos.- IV- Que por la sentencia definitiva de primera instancia nro. 62/2024 (fs. 73 a fs. 76) apelada, fue desestimado este excepcionamiento, lo que constituye el cerno del agravio ensayado por el apelante Dr. Rolando Ren Arigón Fernández además del de la imposición de condena en costas y costos.- V- Que las excepciones susceptibles de ser opuestas en la vía de apremio son las previstas en el artículo 379.2 del Código General del Proceso.- Las mismas son: (1) la de pago; y (2) la de inhabilidad de título por la falta de los requisitos esenciales para su validez.- Sobre el alcance de esta limitación, más precisamente, sobre la interpretación de esa expresión de “inhabilidad de título por la falta de los requisitos esenciales para su validez”, se identifican diversas opiniones a nivel doctrinario y jurisprudencial.- Es así que se distinguen: (a) la posición restrictiva, según la cual “… la regulación del artículo 379 quiso poner fin a la discusión doctrinaria y jurisprudencial sobre la oposición de defensas en las ejecuciones como la de autos.- En este sentido, es de establecer que la norma ha consagrado la corriente restrictiva para la admisión de las defensas en este tipo de procesos de ejecución, confinándola a las excepciones que podían considerarse “graves” (en la terminología del CPC), tales como el pago o la inhabilidad de título.- Pero es de observar que la norma es restrictiva y alude a la falta de los requisitos esenciales para la validez; esta formulación conduce al análisis de los elementos intrínsecos del título, debiéndose descartar la mentada inhabilidad cuando deriva de una situación externa al título mismo (Simón, Luis en “Curso sobre el Código General del Proceso”, Tomo II, pág. 61).- …” (RUDP, Año 2002, nro. 4, caso 751; TAC 2º Turno, Sentencias nros. 38/2012,19/2016, 27/2017, 52/2024; RUDP: Año 1999, nro. 3, caso 545; Año 2001, nro. 4, caso 781; Año 2018, nro. 1, caso 485; Tarigo, Enrique en “Excepciones admisibles en el proceso de ejecución hipotecaria-limitación estricta de excepciones en los procesos de ejecución” en RUDP, Año 2000, nro. 3, págs. 468-471; LJU, Suma 122035); y (b) la posición amplia sostenida por Teitelbaum, según la cual la posibilidad de defensa en la ejecución de hipoteca o prenda son mayores respecto de la ejecución de sentencias por tratarse de procesos autónomos, no cubiertos por la cosa juzgada y en tanto consisten en contratos accesorios a la obligación principal.- “… La inhabilidad del título no se limita en su concepto, al análisis de los requisitos esenciales para su validez desde una perspectiva civilista, sino que supone un análisis de su idoneidad como título de ejecución.- … la primera y elemental condición para habilitar la ejecución es que el título traiga aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible.- En consecuencia, existirían otras defensas, además del pago, que se refieren a la inhabilidad del título.- Sería el caso de la quita o espera …”, caducidad, novación, remisión, nulidad, prescripción (en “Proceso de ejecución y vía de apremio” en RUDP, Año 1995, nro. 4, págs. 511-530; cfe. Garderes, Santiago en “El proceso de ejecución de crédito hipotecario” en “Estudios sobre el proceso de ejecución en homenaje a Enrique Tarigo”, FCU, 2006, págs. 199-223).- Sin perjuicio de reparar en esta diversidad, la Sala ha entendido con las sucesivas integraciones (Sentencias nros. 181/2009, 96/2010, 112/2012, 207/2020, entre otras) y como indica Teitelbaum, que “… La excepción de inhabilidad de título por falta de requisitos esenciales para su validez” no refiere exclusivamente a los requisitos de validez de los contratos, sino a la idoneidad … para constituir título de ejecución.- Se trata pues, de concepto procesal: es el título que autoriza a iniciar un proceso con una determinada estructura procesal.- El artículo 377 del Código General del Proceso, previo a la taxativa enumeración de los diferentes títulos de ejecución, establece un presupuesto común a todos ellos: siempre que traigan aparejada la obligación de pagar cantidad de dinero líquida y exigible.- La ineludible consecuencia es que por más perfecto y válido que sea el o los documentos representativos del título, si no contiene una obligación en los términos señalados, no es hábil o idóneo para la ejecución.- …” (en “Problemática de la vía de apremio.- Excepciones en la ejecución hipotecaria” en RUDP, Año 1996, nro. 4, pág. 726).- Y, el título de ejecución forzada argüido por la parte actora como basamento de esta vía de apremio encarta en la categoría del artículo 377 numeral 2) del Código General del Proceso.- Conforme se detalló en el Considerando II ut-supra, se trata de contrato de préstamo o mutuo fructífero con garantía hipotecaria celebrado entre las partes litigantes del que emerge la obligación del Dr. Rolando Ren Arigón Fernández de pagar al Sr. Juan Carlos Gutiérrez Da Silva la suma de líquida y exigible de U$S 21.300 (dólares veintiún mil trescientos) más intereses.- Aposta de la diligencia preparatoria de intimación de pago prevista en el artículo 372.3 del Código General del Proceso a cuyo respecto la parte demandada invocó un irregular cumplimiento y en base al cual blandió la excepción de inhabilidad de título en cuestión, doctrina y jurisprudencia entienden que no integra el título de ejecución forzada.- En este sentido, la Sala mantiene su postura (Sentencia nro. 7/2006 en ADCom, Tomo 12, caso 113; Sentencias nros. 181/2009, 64/2022) según la cual: “La intimación o requerimiento de pago no integra el título, no lo perfecciona, no lo complementa, sólo constituye un elemento extrínseco al mismo.- La finalidad de la intimación, ha sido y es la de evitar ejecuciones sorpresivas y abusivas.- De este modo, toda vez que el deudor quiera pagar y se empeñe en hacerlo, se impide la maniobra facilitándole la oportunidad de dar cumplimiento a su obligación.- Es más, la ley pretende con la intimación, advertir al deudor de la inminencia de la ejecución y permitirle pagar, si quiere hacerlo para evitarla (Espínola, “Cursillo sobre la ley de abreviación de juicios”, pág. 155; ADCom: Tomo 1, casos 293 a 298; Tomo 2, casos 197, 199 a 201, 205; Tomo 3, casos 312, 314, 322, 323, 326, 327, 330 …).- Por consiguiente, al no formar parte del título de ejecución, mal puede hablarse de inhabilidad de título, que es la excepción opuesta y la que se busca hacer valer en alzada …”.- Ergo, la desestimación del agravio se impone.- VI- Que sin perjuicio de lo expuesto, como colofón merece indicarse que a fs. 10 luce agregado telegrama colacionado de fecha 14/III/2023 con destinatario Rolando Arigón y remitente Dr. Jorge Da Silva (abogado patrocinante del Sr. Juan Carlos Gutiérrez Da Silva) por el cual se intimó al primero en su domicilio contractual (calle Evaristo Ciganda nro. 1150/7) a pagar “la suma de U$S 21.300 más U$S 958,5 de intereses por concepto de crédito hipotecario” en el plazo de 72 horas.- A fs. 51 luce agregada constancia de su recepción por destinatario el día 15/III/2023.- Así las cosas, se observa que la parte actora efectivamente cumplió con la diligencia preparatoria de intimación de pago prevista en el artículo 372 del Código General del Proceso y lo hizo en forma con expresa indicación de la suma de dinero líquida y exigible que entiende como adeudada por el accionado y el concepto.- De ahí que incluso el basamento propio de la defensa ensayada por el Dr. Arigón se desvanece.- VII- Que por último, en cuanto al agravio referido a la condena en costas y costos tampoco prospera.- En la vía de apremio el régimen de las condenas procesales se encuentra reglado por el artículo 392 del Código General del Proceso.- De acuerdo a su numeral 1), es de precepto la condena al ejecutado – en el caso al Dr. Rolando Arigón Fernández – al pago de las costas, costos y demás gastos justificados de la ejecución.- En el ocurrente, la excepción opuesta por el apelante, fue desestimada en ambas instancias, por lo que aplica el numeral 1) citado.- Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 7,8, 12, 18, 72, 332 de la Constitución; artículos 16, 24, 130, 137 a 142, 198, 257, 261, 377 numeral 2), 379.2, 392 numeral 1) del Código General del Proceso; y disposiciones concordantes y complementarias; el Tribunal FALLA: Confírmase la sentencia definitiva nro. 62 del 23/VI/2025.- Condénase a la parte demandada en costas y costos en la instancia.- Honorarios fictos cuatro Bases de Prestación y Contribución.- Notifíquese en el domicilio.- Oportunamente, vuelvan a la Sede de origen con las formalidades de estilo.- Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro