Sentencia Interlocutoria N° 348/2023

Montevideo, treinta de marzo de dos mil veintitrés. VISTOS: Estos autos caratulados: SIMÓN, SOPHIE C/ SENTENCIA Nº 667/2020 DICTADA POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 1º TURNO – RECURSO DE REVISIÓN - IUE: 1-165/2022. RESULTANDO: 1.- En autos Sophie Simón interpuso recurso de revisión contra la sentencia Nº 667/2020 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1º Turno en los autos caratulados: “Botto Negrond, Sandra c/ Crecenzio Soto, Rene Enrique y otro – Ejecución Hipotecaria – IUE: 20-16/2003” y la medida cautelar de suspensión de los procedimientos, por las razones que desarrolló a fs. 24/33 vta. 2.- Por providencia Nº 918 de 4.VII.2022 la Corte dispuso: “A la solicitud de habilitación de la Feria Judicial Menor: No ha lugar por no cumplir con los requisitos previstos en el art. 97 del C.G.P.” (fs. 35). 3.- Por decreto Nº 1.087 de 2.VIII.2022 la Corporación dispuso: “Atento a que la recurrente no ha acreditado que la sentencia cuya revisión pretende se encuentra ejecutoriada, confiéresele un plazo de 5 días hábiles para incorporar en autos la prueba pertinente (arts. 281 y 288 del C.G.P.), bajo apercibimiento de tener por no presentado el recurso de revisión interpuesto” (fs. 38). 4.- A fs. 41/41 vta. la recurrente solicitó prórroga de plazo a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto por providencia Nº 1.087/2022. 5.- La representante de la recurrente compareció a fs. 44/44 vta. a los efectos de agregar la documentación solicitada. 6.- Por interlocutoria Nº 1.314 de 8.IX.2022 la Corte tuvo por cumplido el auto Nº 1.087/2022 y ordenó oficiar al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1º Turno a los efectos de que remita a la Corporación los autos caratulados: “Botto Negrond, Sandra c/ Crecenzio Soto, Rene Enrique y otro – Ejecución Hipotecaria – IUE: 20-16/2003” (fs. 46/46 vta.). 7.- A fs. 58/59 compareció Sandra Botto Negrond solicitando la remisión de testimonio autenticado de los autos IUE: 20-16/2003 al Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 1º Turno y que se le confiera traslado del recurso de revisión. 8.- Por providencia Nº 1.918 de 15.XII.2022 la Corte emplazó al Sr. René Enrique Crezencio Soto a fin de que comparezca a contestar el recurso de revisión en el término legal (fs. 81). 9.- A fs. 84/84 vta. Sandra Botto Negrond solicitó se le confiera traslado del recurso de revisión lo que fue cumplido por providencia Nº 85 de 9.II.2023 (fs. 86). 10.- El mejor postor Sr. Marcelo Lorenzo Iglesias solicitó se decrete la suspensión de los procedimientos (fs. 89/90). CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia hará lugar a la suspensión solicitada. 2.- En efecto, en tal sentido, corresponde hacer lugar a la misma, en tanto se alegan y se verifican “prima facie” las circunstancias fundantes de su adopción (art. 289 C.G.P.). Sobre las exigencias previstas por el art. 289.5 del C.G.P., la doctrina procesalista las ha equiparado con los requisitos de las medidas cautelares, por ser la suspensión de los efectos de la sentencia una especie dentro de dicho género. “Se trata, como lo indica Tarigo, de una auténtica medida cautelar, que deberá contar con los requisitos propios de tales medidas, previstos expresamente en este artículo, a saber: - la acreditación del fumus bonis iuris , que se traduce en el “aparente fundamento del recurso”; – la invocación y prueba sumaria del periculum in mora , recogido en esta norma como “la posibilidad de que la demora del trámite pudiera causar perjuicios graves e irreparables al recurrente”; – la prestación de garantía suficiente (contracautela). La medida cautelar habrá de consistir, por regla, en la suspensión de la ejecución de la sentencia impugnada, pero pueden darse otros supuestos cautelares...” (Landoni Sosa, Á. (director), Código General del Proceso. Comentado, anotado, con jurisprudencia , BdeF, Buenos Aires, 2004, vol. 2 b, pp. 1059, 1060). Por su parte, enseña Calaman-drei: “(...) Por lo que se refiere a la investigación sobre el derecho, la cognición cautelar se limita en todos los casos a un juicio de probabilidades y de verosimilitud. Declarar la certeza de la existencia del derecho es función de la providencia principal; en sede cautelar basta que la existencia del derecho aparezca verosímil, o sea, para decirlo con mayor claridad, basta que, según un cálculo de probabilidades, se pueda prever que la providencia principal declarará el derecho en sentido favorable a aquel que solicita la medida cautelar. El resultado de esta cognición sumaria sobre la existencia del derecho tiene pues, en todos los casos, valor no de declaración de certeza sino de hipótesis: solamente cuando se dicte la providencia principal se podrá ver si la hipótesis corresponde a la realidad. No existe nunca, en el desarrollo de la providencia cautelar, una fase ulterior destinada a profundizar esta investigación provisoria sobre el derecho y a transformar la hipótesis en certeza: el carácter hipotético de este juicio está íntimamente identificado con la naturaleza misma de la providencia cautelar y es un aspecto necesario de su instrumentalidad. El día en que la existencia del derecho no sea ya una hipótesis, sino una certeza jurídica, la providencia cautelar habrá agotado su cometido” (Calamandrei, P., Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares , Editorial Bibliográfica Argentina, Buenos Aires, 1945, pp. 77, 78). En cuanto al elemento o requisito relativo al peligro de lesión o frustración del derecho invocado (“ periculum in mora ”), como señalara el TAC 2º (en sentencia No. 368/2010): “(...) En conceptos trasladables de Calamandrei (Introducción al estudio sistemático de las providencias cautelares, p. 74 y ss., EBA, Bs. As. 1945), el daño, en evitación del cual se concede la medida provisoria, subsiste solamente en cuanto se prevé que el retardo de la providencia definitiva pueda impedir o disminuir la satisfacción de un derecho (daño jurídico). El periculum in mora que constituye la base de las medidas cautelares no es, pues, el peligro genérico de daño jurídico, al cual se puede, en ciertos casos, obviar con la tutela ordinaria; sino que es, específicamente, el peligro del ulterior daño marginal que podrá derivar del retardo de la providencia definitiva, inevitable a causa de la lentitud del proceso ordinario (Calamandrei, op. cit. p. 42)”. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: HACER LUGAR A LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA DE SUSPENSIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS EN LOS AUTOS CARATULADOS: “BOTTO NEGROND, SANDRA C/ CRECENZIO SOTO, RENE ENRIQUE Y OTRO – EJECUCIÓN HIPOTECARIA – IUE: 20-16/2003” Y, EN SU MÉRITO, COMUNÍQUESE AL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL DE 1º TURNO, OFICIÁNDOSE A DICHA SEDE. PROVEYENDO AL ESCRITO DE FS. 97/103 VTA.: POR PRESENTADA, POR DENUNCIADO EL DOMICILIO REAL, POR CONSTITUIDOS DOMICILIOS PROCESAL Y ELECTRÓNICO Y POR EVACUADO EL TRASLADO CONFERIDO. A LO DEMÁS: OPORTUNAMENTE SE PROVEERÁ. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.