Sentencia Definitiva N° 114/2026

Montevideo, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis VISTOS : Para sentencia definitiva, este expediente caratulado: “BRIWOK S.A. C/ GONZÁLEZ DELCARO, MARTÍN Y OTRO - DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN”, IUE: 2-33783/2023 , venidos a conocimiento de esta Corporación en virtud del recurso de casación interpuesto por BRIWOK SA, contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno. RESULTANDO : I.- Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 49/2024 del 10 de octubre de 2024, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 5º Turno a cargo de la Sra. Jueza Dra. Sophía Sánchez Mezón se dispuso lo siguiente: “DESESTIMANDO LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA Y PASIVA OPUESTA POR LA INTENDENCIA DE CANELONES. AMPARANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA Y EN SU MÉRITO SE CONDENA AL CODEMANDADO MARTÍN SEBASTIÁN GONZÁLEZ Y LA INTENDENCIA DE CANELONES AL DESMANTELAMIENTO DE COMPLEJO DE LAS CANCHAS DE FUTBOL CINCO Y CESE DE ACTIVIDADES EN EL PADRÓN N.º 12.699/001 EN UN PLAZO MÁXIMO DE 10 DÍAS Y A ABONAR A LA PARTE ACTORA BRIWOK S.A. LA SUMA DE U$S 3.000 MÁS IVA POR DAÑO EMERGENTE POR GASTOS DE HONORARIOS Y LA SUMA DE U$S 4.000 POR DAÑOS MORAL. MÁS INTERESES DESDE LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. DESESTIMANDO LOS RESTANTES DAÑOS RECLAMADOS. (...) ” (fs. 556–587). II.- Por sentencia de segunda instancia Nº 183/2025 del 20 de agosto de 2025 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno (Sras. Ministras Dras. Analía García Obregón (red.), Cecilia Schroeder Rius y Gabriela Rodríguez Marichal), se resolvió: “1. Revócase la recurrida y en su mérito desestímase la demanda. (...)” (fs. 647–656). III.- A fs. 660 y ss., comparecieron los representantes procesales de BRIWOK SA, interponiendo recurso de casación y expresando –previa fundabilidad de la procedibilidad del recurso– los siguientes agravios. En apretada síntesis alegaron: a) La Sala incurre en un gravísimo error al enmarcar el reclamo en una acción de daños y perjuicios, cuando la pretensión principal articulada consiste en el desmantelamiento del complejo de canchas que fue construido en contravención a la normativa vigente en materia edilicia. La pretensión planteada no versa sobre la materia de daños como lo hace notar la Sala, sino que lo que se pretende es la tutela del derecho de propiedad mediante la disposición del cese de actividades que se encuentran en infracción conforme la normativa aplicable. En este tipo de acciones, no se exige la existencia un daño, sino que resulta suficiente que se verifique la violación al derecho de propiedad. Esto conlleva, en definitiva, que el argumento por el cual la Sala desestima la pretensión articulada, devenga equivocado. b) En segundo lugar, se agravia por entender que la Sala realizó una incorrecta valoración probatoria, en tanto da por bueno el informe pericial practicado por el rematador Barrientos cuando el mismo carece de la más mínima fundamentación y fue objeto de importantes cuestionamientos tanto por las partes como por la a-quo. Lo realizado por el perito no fue una pericia sino que lisa y llanamente se trató de su opinión personal, carente de toda base técnica y/o científica. c) Finalmente, se agravia por considerar que si la Sala entendía que hubiera correspondido la adecuación del complejo de canchas a la normativa edilicia aplicable, en lugar del desmantelamiento dispuesto en primera instancia, nada obstaba a que se dispusiera eso en el fallo, lo que de manera alguna violentaría el principio de congruencia. Ergo, la Sala podía dictar conforme a derecho tal fallo, sin embargo en forma desacertada optó por desestimar in totum la pretensión. IV.- Se confirió el traslado de rigor del recurso presentado a las co-demandadas, quienes lo evacuaron en debida forma pregonando el rechazo de la casación interpuesta, tal como resulta de fs. 680 a 682 vto. y 685 a 696. V.- El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, por providencia Nº 238/2025 (fs. 701), tuvo por evacuados los traslados conferidos y ordenó franquear el recurso de casación interpuesto. Los autos fueron recibidos en la Corporación el 29 de octubre de 2025 y por auto Nº 1645/2025 (fs. 708) de fecha 4 de noviembre de 2025, se ordenó el pase a estudio de la presente causa por su orden entre los Sres. Ministros y autos para sentencia. VI.- Culminado el estudio por parte de los Sres. Ministros, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación interpuesto, conforme los fundamentos que se desarrollan a continuación. En primer lugar, a efectos de contextualizar el presente caso, corresponde traer a colación los hechos que generan el presente litigio. Tal como lo hace notar la Sala en su sentencia en autos se ventilan los siguientes hechos: “...BRIWOK SA y deduce demanda de ‘cese de actividad molesta’ y solicita la indemnización de los daños y perjuicios que alega ocasionados por el Sr. Martín Sebastián González Delcaro y la Intendencia de Canelones. Manifestó que se proponía construir un complejo habitacional al amparo del régimen de viviendas de interés social en el padrón N.º 46.890 de su propiedad, con frente a la calle Márquez Castro del Barrio Solymar de Ciudad de la Costa. A tal fin, comenzó los trámites ante la Intendencia de Canelones en el año 2019. En el año 2020 se construyó, en el padrón N.º 12.699/001 lindero al suyo, un complejo de fútbol 5 con dos canchas y contenedores al frente del predio. El complejo de canchas se encuentra operativo a pesar de haber sido construido en forma irregular. Presentó denuncia ante la IMC por entender que la implantación de las canchas en una manzana residencial, perjudicaba a su parte y a todas las viviendas del entorno. Particularmente, con relación al denunciante, ponía en peligro toda la viabilidad comercial de su emprendimiento ya que las canchas daban directamente a los patios de las casas proyectadas, y el galpón construido carece de los retiros laterales exigidos por la normativa y excede la altura reglamentaria. Solicitó a la IMC en vía administrativa en dos oportunidades que intime al desarme del complejo de fútbol 5. Según detalló la sociedad accionante, mediante inspección de la División Arquitectura, la IMC constató las irregularidades denunciadas, no obstante lo cual, dicha Comuna emitió la Resolución N.º 21/01834 otorgando viabilidad de emplazamiento y uso al complejo, de carácter revocable por el término de 180 días. Al vencimiento de dicho término, la actividad continuó, sin existir visos de ajustarse a la normativa, por lo que interpuso recurso administrativo de reposición contra la mencionada resolución, al tiempo que citó a conciliación a ambos demandados. La IMC no se ha pronunciado, a la fecha de la interposición de la demanda, respecto al recurso presentado. Afirmó el accionante, que le causa perjuicio que, ante las infracciones normativas incurridas por el propietario del padrón N.º 12699/001 y la incompatibilidad de la actividad con la zona residencial, la Intendencia no haya dispuesto el desmantelamiento del complejo de canchas de fútbol 5. Lo correcto, a su entender, hubiera sido que la IMC prohibiera el desarrollo de la actividad hasta tanto el propietario del padrón referido acreditase haber cumplido con lo exigido por la normativa aplicable. La IMC fue omisa en la aplicación de multas al infractor, conforme a lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley N.º 18.308, la omisión de la IMC en cumplir sus cometidos es fuente de responsabilidad patrimonial (art. 1319 CC) y el co demandado González incurrió en un uso abusivo del derecho de propiedad, por lo que también debe ser responsabilizado. Finalmente, en relación con los daños cuya indemnización solicita, expresó que la construcción y funcionamiento del complejo de canchas de fútbol 5 ha obligado a BRIWOK a suspender -al menos momentáneamente- el complejo residencial que proyecta construir, ha determinado la frustración de su proyecto y la pérdida de valor de su propiedad que estimó en la suma de USD 700.000. Para el caso de que se haga lugar a la pretensión principal de desmantelamiento del complejo y cese de la actividad, el daño por la suspensión del proyecto residencial lo estimó en la suma de USD 15.000 mensuales y reclamó por concepto de pago de gastos incurridos en la tramitación de la vía administrativa (recurso de reposición interpuesto ante la IMC) una suma no menor a USD 3000 más IVA y daño moral por la suma de USD 10.000 por concepto de ruidos y otras molestias intolerables causados. La IMC contestó la demanda arguyendo que no existió omisión de su parte en el ejercicio de sus funciones de policía territorial, detallando la cronología de las actuaciones administrativas realizadas respecto al padrón propiedad del co demandado González. Expresó que el actor no sustentó debidamente la conexión causal de la conducta (omisiva) de la Intendencia con los daños alegados, los que se asentaron en meras conjeturas, sin relevar datos objetivos. Se opuso a la existencia, pertinencia y monto de las indemnizaciones peticionadas. El co demandado González contestó la demanda manifestando que las canchas de fútbol 5 en nada perjudican una eventual construcción de la que nada se sabe, ya que lo único que existe es un croquis agregado por la propia actora. Las canchas no disminuyen el valor del proyecto de la reclamante sino que le otorgan un plus por ser un centro de entretenimiento sano, bien atendido y cuidado, dentro de una zona donde además de residencias de clase media, se desarrollan actividades laborales y comerciales. Expresó que las canchas están correctamente construidas, que el proyecto de la contraria no ha prosperado por no adecuarse ella a la normativa de las autoridades municipales y que no produce molestias a los vecinos, siendo su horario de cierre las 22 horas. No existe invasión del predio de la actora. El artículo 612 del CC no es de aplicación ya que incluye como base, el daño al lindero, situación que no se verifica en el caso. Refirió que las chanchas no están funcionando contrariando la normativa vigente, las mismas no son fuente de contaminación sonora ni lumínica ni provocan problemas de estacionamiento, ni ruidos molestos que causen perjuicios a los demás vecinos. Nunca recibieron queja de ningún vecino, ni por ruidos molestos ni por imposibilidad de circulación. El padrón perteneciente a la actora es un terreno baldío que no le otorga ninguna legitimación para incoar su reclamo, puesto que no ha sufrido ningún perjuicio real, son infundadas las alegadas violaciones a la integridad física o la paz hogareña de un terreno baldío. El funcionamiento de las canchas se encuentra habilitado por lo que no es ilegítimo. Según surge del certificado registral agregado, la contraria adquirió el inmueble en la suma de U$S 345.300 y pretende una indemnización de U$S 700.000 y la destrucción de las canchas por un mero deseo o capricho o intención de no construir nada y obtener ganancias a través de un proceso sin fundamento. El perjuicio para ser indemnizable debe ser acreditado, se desconocen los accionistas o beneficiarios finales de la persona jurídica que habrían padecido el daño moral reclamado y que aparentemente tiene como único patrimonio el terreno de autos, carece de actividad comercial, no se acreditó daño alguno a la imagen o el prestigio de la persona jurídica accionante ni de quienes la integran. Desde que ésta adquirió el predio en 2014 han pasado diez años, y ninguna prueba de que la disminución de su valor económico se allegó a la causa, la inacción de la contraria no le es imputable, careciendo de responsabilidad por la actuación voluntaria de la parte actora” (fs. 650 vto.–651 vto.) Aclarada la plataforma fáctica, debe considerarse que los agravios articulados por la parte recurrente se encuentran interconectados y refieren a tres cuestiones concretas. A saber, la calificación que hace la Sala de la pretensión incoada, la valoración de la prueba allegada al caso y la posibilidad de dictar un fallo sin afectar el principio de congruencia. En cuanto al primer agravio, corresponde su rechazo, pero por diverso fundamento al esgrimido por el Tribunal. A la hora de dictar el fallo, la Sala únicamente se concentró en un sector de la pretensión de la empresa accionante. En ese sentido, el Tribunal en la sentencia desestimó la demanda por entender que no se encontraba acreditado el daño alegado por BRIWOK SA. Ahora bien, de la lectura de la demanda, surge que la parte accionante se presentó a reclamar dos pretensiones: a) por un lado el pedido de desmantelamiento y cese de actividades del complejo de canchas por infracciones a la normativa departamental relativa a la edificación y b) el pago de daños y perjuicios por haberse frustrado un proyecto de desarrollo de viviendas que pretendía formalizar la parte actora. Conforme a ello, cabe distinguir que, para la pretensión del reclamo de daños y perjuicios, pesaba sobre el actor, la carga de acreditar el daño y el nexo de causalidad. Sin embargo, para la procedencia de la otra pretensión no era una condición excluyente acreditar el daño padecido, sino que debía demostrarse que la construcción realizada era irregular en violación a la normativa departamental y que la consecuencia necesaria del tal incumplimiento era el cese de actividad y/o el desmantelamiento de la obra. Al respecto, cuando se habla de interpretar una demanda, resulta de cita ineludible el conocido trabajo de Odriozola sobre este tema. Así, el recordado magistrado enseña: “(...) La demanda es un acto vinculatorio, en cuanto ata al proceso a la parte contraria y compromete el interés de ésta, ambas cosas en el justo grado de la litis promovida. Suscita además la actuación del órgano jurisdiccional, cuya competencia, si bien se halla determinada ‘in abstracto’ por la Ley, se encuentra establecida y limitada ‘in concreto’ por el objeto del proceso. Todo ello hace que la demanda requiera una interpretación objetiva, atenida a los términos de la efectiva declaración. Pero esta prevalencia de la voluntad exteriorizada, debe ser afirmada en el entendido de que, por voluntad declarada, no se considera la que resulta de una interpretación puramente literal de la demanda, sino de una interpretación racional que permita salvar los errores de una mera expresión en que el demandante pueda haber incurrido (...)” (Odriozola, Héctor Luis, “ Interpretación de la demanda ”, en Judicatura, Tomo 51, publicación oficial de la Asociación de Magistrados del Uruguay, editada por CADE, Montevideo, noviembre de 2011, pág. 138; trabajo originalmente publicado en Revista Judicatura, Año I, Nº 10, Vol. II, Montevideo, diciembre de 1976). Conforme lo expresado y a la luz del contenido de la demanda, el planteo del accionante debe ser analizado en forma separada y no conjunta como lo hizo el Tribunal. La desestimatoria de los daños y perjuicios reclamados se encuentra fundamentada en la sentencia recurrida, pero, en principio, pretender que la parte accionante deba acreditar un daño cierto para el desmantelamiento de una construcción desarrollada en forma antirreglamentaria, no resulta compartible, ya que en este punto la pretensión refiere a la afectación del derecho de propiedad y no a una reclamación de daños y perjuicios. Ahora bien, sin perjuicio de asistirle razón a la recurrente en cuanto a que no es necesario acreditar el daño en lo que respecta a la pretensión de una obligación de hacer, como lo es el desmantelamiento y cese de actividades de las canchas de fútbol cinco, la hoy recurrente debió acreditar que el incumplimiento de la normativa departamental a la hora de la construcción de las canchas conlleva como consecuencia inmediata su desmantelamiento y cese. Esto significa, que debe existir una norma nacional o departamental que disponga como consecuencia el desmantelamiento de una obra, extremo que no surge de autos, ni tampoco fue traído al proceso por la actora. Al no haberse acreditado un daño concreto padecido por el accionante (que era la otra alternativa para que esta pretensión de desmantelamiento y cese sea acogida), la inexistencia de una norma que imponga como consecuencia el desmantelamiento y cese de actividades, hace que la pretensión incoada deba de ser desestimada. Las normas que trae a colación el recurrente en casación (leyes de marcas, patentes, propiedad horizontal y derechos de autor), regulan supuestos totalmente distintos y no análogos al presente. En lo medular, refieren a la existencia de una actividad ilícita, lo que no sucede en obrados, ya que el desarrollo de un negocio comercial de canchas de fútbol no resulta ilícito. Lo ilícito o irregular es el incumplimiento de cierta normativa departamental, pero que no tiene la consecuencia (desmantelamiento) pretendida por la parte actora. Esto conlleva a que la pretensión articulada deba ser desestimada. En segundo lugar, el recurrente se agravia por la valoración probatoria efectivizada por la Sala, principalmente controvierte la pericia efectuada por el rematador Barrientos. Respecto a este punto, resulta conocida la jurisprudencia de la mayoría de la Suprema Corte de Justicia, integrada por los Sres. Ministros Pérez Brignani, Morales, Minvielle y el redactor, en cuanto a que corresponde cumplir con dos condiciones necesarias para el progreso de un agravio fundado en un error en la valoración de la prueba. Como primera condición, quien recurre en casación debe, en primer término, denunciar, alegar, un error o vicio en el razonamiento probatorio de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente. Sin esta alegación de la parte, el agravio resulta improcedente. Por otro lado y en forma concomitante, como segunda condición, la alegación del absurdo o arbitrariedad debe ser demostrada. El recurrente estima que la pericia del tasador Barrientos carece de total respaldo científico y que es la mera opinión personal del mismo. La Sala en su fallo, respecto del precitado profesional expresó lo siguiente: “El tasador, Pablo Barrientos, en su informe de fs. 456 a fs. 487 concluyó: ‘Entendemos basados en el informe de autos de la Arquitecta Campiotti, que más allá de una posible contaminación de tipo visual (de corte subjetivo), no encontramos perjuicio cuantitativo que ocasione la disminución del valor venal y locativo del padrón. En todo caso quedaría en manos del promotor la negociación del precio al momento de la venta de las mencionadas unidades, de acuerdo al gusto del interesado’. (fs. 486). Cuestionada por el actor la conclusión del perito, el mismo la aclara en audiencia a fs. 515/520, donde da cuenta de la improbabilidad así como la incertidumbre del eventual futuro daño, y así afirmó a fs. 516: ‘la dificultad que se presenta en este caso es que estamos en supuestos, el terreno hoy es baldío, nos basamos en un proyecto primario de construcción y quienes vayan a vivir ahí ya saben que esta esa construcción. Yo considero que no les va a afectar a los que vayan a vivir ahí’. A fs. 517: ‘según mi entender y basado en el proyecto, en ese plano que está en autos, serían seis u ocho las viviendas que se verían afectadas por la cancha, que coincidirían sus fondos con la cancha, a mi entender el valor no afectaría, sería el mismo, la compraventa y cerrar una negociación estaría basado en la capacidad de negociación del vendedor’ Y ‘A mi entender como está planteado hoy no hay afectación, lo digo porque hay muros en su altura que está correcto, lo complejo de esto es que estamos en algo etéreo, no hay construcciones’. A fs. 518 expuso: ‘estamos ante una situación muy etérea, para hacer el informe fue en horas de la noche cuando estaban las canchas prendidas, no noté la iluminación que atacara los fondos y que hubiera iluminación directa a los fondos que afectara a los fondos de las casas a construir y tampoco sentí ruidos. A mi entender no afecta el valor’. Véase que el perito analizó el proyecto presentado por la actora a fs. 19, donde se ubican 8 bloques de 4 viviendas dúplex y 1 bloque de 3 viviendas dúplex a cada lado del padrón que totalizan 70 viviendas y comparando esta información con lo declarado por el ingeniero Schapira, desde ya, el proyecto plantea 10 viviendas más que las aceptadas en el planteo realizado por la actora ante la IMC, no constando una modificación del proyecto para adecuarse al supuesto requerimiento de un máximo de 60 viviendas”. (fs. 653 vto.-654). Corresponde destacar que pese a los embates críticos a la pericia de Barrientos, el recurrente no impugnó las conclusiones de dicho peritaje conforme lo previsto en el artículo 183.2 del CGP, siendo su carga acreditar la existencia de los daños reclamados. Sin perjuicio de lo anterior, el razonamiento probatorio del Tribunal también se fundó en otros medios probatorios para concluir que no resultó acreditado el daño. Además de la pericia de Barrientos, la Sala se funda en lo expresado por la otra perito Arquitecta Campiotti, informe del cual se basó Barrientos y que no fue criticada. Al respecto ambas pericias descartan la existencia de contaminación sonora y lumínica. Extremo que además se acompaña con la declaración de los testigos deponentes, los cuales siendo vecinos del lugar alegan la inexistencia de tal contaminación lumínica y sonora. En suma, la mayoría de la Corporación considera que no puede tildarse de absurda o arbitraria la valoración realizada por la Sala, lo que conlleva la desestimatoria de este sector de agravio. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre postula una interpretación gradualmente distinta a la que propone la mayoría de esta Corporación, en cuanto a la valoración de la prueba como causal de casación. En efecto, considera que el grado extremo (supuesto de absurdo evidente) no es el único que equivale a la vulneración de la sana crítica, pues también la valoración que pueda calificarse de acrítica o de falta de razonabilidad constituye causal de casación, en tanto representa incumplimiento de las normas que imponen al Juez cómo debe valorar la prueba. A efectos de no incurrir en tediosas reiteraciones sobre este aspecto, cabe remitirse a lo expuesto en sentencias Nos. 66/2016, 219/2017, 571/2017, 81/2021, 43/2023, 59/2023 y 441/2023, entre muchas otras. Bajo el alcance de las normas sobre valoracion de prueba reseñado, el Sr. Ministro Sosa Aguirre coincide con el análisis del agravio realizado por la mayoría de la Corporación, por cuanto tampoco considera que se haya vulnerado el límite de la razonabilidad al momento de valorar la prueba por parte del Tribunal. Finalmente, en lo que respecta al último agravio relativo a que era posible que la Sala dictara un fallo en donde entendiera que hubiera correspondido la adecuación del complejo de canchas a la normativa edilicia aplicable, en lugar del desmantelamiento dispuesto en primera instancia, también corresponde su desestimación. La Sala únicamente destacó a fs. 653 cuál era la pretensión de la actora: “La pretensión del accionante no es que se adecue la construcción a la reglamentación a la reglamentación en cuanto a los retiros y altura de edificación, sino que, directamente, se disponga el desmantelamiento y cese de actividad deportiva que se desarrolla en el predio lindero. (...)”. El Tribunal no concluyó que en el presente caso correspondía ajustar la edificación a la normativa departamental y dado que el accionante no lo solicitó, no le hizo lugar. Por lo tanto, y teniendo presente lo expresado por la Sala, el agravio carece de objeto. Resulta irrelevante debatir sobre la eventual posibilidad de una condena de hacer diferente a lo peticionado por BRIWOK SA. El Tribunal no se expidió en uno o en otro sentido y la recurrente tampoco lo planteó oportunamente. En definitiva, por los argumentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia desestima el recurso de casación interpuesto. La conducta procesal de las partes no amerita la especial imposición de sanciones, por lo que serán distribuidas por su orden (artículo 688 del Código Civil y artículos 56.1 y 279 del CGP). Por los fundamentos expuestos, y en atención a lo establecido en los arts. 268 y concordantes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 30 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.