Sentencia Definitiva N° 127/2026

Montevideo, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados “AA Y OTROS C/ SUMMUM S.A. Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS - CASACIÓN” - IUE: 2-40205/2017 ” , venidos a conocimiento de esta Corporación en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de segunda instancia N° 87/2025 (fs. 4909-4924), dictada el 21 de abril de 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º turno (Dres. López Montemurro – r –, Besio Barreto, França Nebot) falló: “Revócase la sentencia impugnada, sin especial condenación en la instancia y en su lugar, desestímase la demanda en todos sus términos...”. II) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 57/2024 (fs. 4744-4801), dictada el 23 de mayo de 2024 por el Sr. Juez Dr. Andrés Hernández Ferreiro, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno había fallado: “Haciendo lugar parcialmente a la demanda, y en su mérito, condenando al Banco de Seguros del Estado a abonar al Sr. AA, en calidad de reembolso de los gastos médicos acreditados de la intervención quirúrgica realizada a este en los Estados Unidos de América el día 24 de enero de 2017, la suma de U$S 54.200 (cincuenta y cuatro mil doscientos dólares estadounidenses) con más sus intereses legales desde la demanda y hasta su efectivo pago. Desestimando la demanda en cuanto al resto de las pretensiones deducidas por el conjunto de los coactores tanto por daño patrimonial como extrapatrimonial respecto del Banco de Seguros del Estado. Desestimando, asimismo, la demanda en todos sus términos respecto de Summum S.A. ...”. III) Contra la sentencia dictada por el ad quem , en tiempo y forma, la parte actora interpuso recurso de casación (fs. 4929-4968), en el que expresó los agravios que a continuación se sintetizan: a).- Denunció una errónea aplicación del art. 640 del Código de Comercio, que condujo a la Sala a tener por configurada la reticencia del asegurado y, en su mérito, a desestimar la demanda. En tal sentido, señaló que el único razonamiento ajustado a derecho que cabe en el presente caso es el formulado por el a quo , y, conforme el cual, las defensas invocadas por el BSE, de reticencia y la exclusión de causales preexistentes resultan incompatibles. Ello por cuanto la primera provoca nulidad del contrato de seguro, mientras que la segunda supone la validez del negocio. Por el contrario, de forma ilógica, la recurrida ampara ambas defensas. b).- Le causa agravio que la Sala haya interpretado el contrato por medio de la búsqueda de la intención común de las partes y del análisis de la operación económica subyacente, en tanto los términos claros del convenio no permitían acudir a tales herramientas de interpretación (art. 1297 del CC). Con relación a la operación económica, aseguró que el análisis del BSE acerca de una ecuación costo – beneficio no puede justificar el incumplimiento de los contratos que celebra. c).- La Sala soslayó que el de autos es un contrato de adhesión, circunstancia que debiera morigerar la obligación del asegurado y agravar la interpretación de la conducta del asegurador al tiempo de la celebración y de la ejecución del contrato. d).- La construcción de la “reticencia” es una mera conjetura, fundada en suposiciones. Nótese que el Tribunal afirma en forma condicional que el BSE habría excluido la cobertura de afecciones próstata, si el Sr. AA hubiera denunciado en su declaración de salud que había padecido adenoma de próstata. Conjetura fundada en la aplicación de procedimientos de riesgo que estarían expresados en un “Manual de selección de riesgos”. No hay certeza alguna de que se hubiera excluido la cobertura del órgano referido. Tampoco cabe presumir una hipotética conducta del asegurador en mérito a un manual de riesgos que no obra en la causa, no fue agregado al expediente y, por tanto, se desconoce su contenido, su fecha, su redacción, su autoría y si es informado a los asegurados. Por lo demás, dijo, de haberse configurado la reticencia la consecuencia hubiera sido la nulidad absoluta, conducta incompatible con la que adoptó el BSE, que siguió cobrando las pólizas. e).- El Tribunal hace una incorrecta aplicación del art. 640 del Código de Comercio al afirmar que existió reticencia y por tanto, nulidad absoluta del contrato. En cambio, justifica la incompatible posterior ejecución del contrato por parte del BSE (al seguir percibiendo las pólizas) en una supuesta nulidad absoluta parcial, figura que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, violentando de ese modo la norma contenida en el art. 1561 del Código Civil. Si se tiene por configurada la reticencia, la única consecuencia posible es la nulidad absoluta del contrato. En tal supuesto, el contrato no produce efecto alguno y nada habilitaría al BSE a proceder como lo hizo, esto es, percibiendo las primas. Citó fragmentos de la sentencia de primer grado en tal sentido. f).- La recurrida vulnera el principio de congruencia (art. 198 del CGP), por cuanto admite una defensa extemporánea. En tal sentido, la recurrente señaló que, recién en su recurso de apelación es que el BSE invoca la nulidad parcial contemplada en el art. 666 del Código de Comercio y que clama al Tribunal por su aplicación al amparo del principio iura novit curiae . El argumento es extemporáneo y su admisión violenta la norma contenida en el art. 130 del CGP. El Tribunal admitió la defensa de nulidad absoluta parcial para intentar justificar, por un lado, la exclusión por reticencia y por el otro, el sucesivo cobro de las primas. Fue al apelar que el BSE intentó subsanar la incoherencia de su defensa, aclarando que la reticencia y la exclusión de cobertura fueron respuestas planteadas en forma subsidiaria. Y el Tribunal avala tal postura, convocando la nulidad absoluta parcial, con la que pretende justificar que el demandado haya continuado percibiendo las primas. g).- La Sala fundó la exclusión del órgano próstata que conjeturalmente habría dispuesto el BSE en el informe pericial del contador Leopoldo Amondarain, en la declaración de la funcionaria del Banco que intervino en la determinación de la exclusión, Sra. LL, y en los técnicos de la empresa Redbridge, reaseguradora del Banco, quienes coincidieron en que tal habría sido la decisión a adoptarse de acuerdo con el “Manual de selección de riesgo”. Sin embargo, ese manual no fue incorporado a obrados. El testigo Pablo Martínez fue categórico al declarar que, de haber denunciado AA su previo adenoma de próstata, conforme al referido manual se habría excluido la cobertura de ese órgano ya afectado. Sin embargo, de manera contradictoria, con relación a la situación de la Sra. BB, quien en su declaración jurada de salud manifestó haber padecido hepatitis C, el testigo expresó que esa situación no imponía exclusión hepática de forma automática, que “el manual no es blanco o negro”, sino que “brinda distintos escenarios de acuerdo a la situación que sea”. Se preguntó por qué debería procederse en forma diferente, excluir la cobertura de las afecciones de próstata en caso de un previo adenoma de próstata – que, además, no es causa de cáncer de próstata – y no excluir las patologías hepáticas ante una previa hepatitis C. Se advierte, dijo, que el desconocido manual se aplica de forma antojadiza. También la declaración de la testigo CC, que trabaja para la reaseguradora, evidencia la incoherencia en los criterios de aplicación del mentado manual. La nombrada reconoció como de su autoría el correo electrónico que obra a fs. 4016-4017, en el que ella listó las supuestas omisiones en que incurrió el Sr. AA en la declaración jurada de salud que realizó en el año 2009. Preguntada acerca del multicitado manual dijo desconocer quién lo confecciona y quién accede a él, por no desempeñarse en la sección de riesgos. h).- Aseveró que la Sala, aunque transcribió la definición de “condición preexistente” que se incluye en el contrato de cobertura internacional, le dio un alcance incorrecto a sus términos. En cambio, señaló, el a quo realizó la intelección adecuada, pues, como se indicó en la sentencia de primera instancia, “lo que hay que determinar no es si el adenoma de próstata que el Sr. AA padecía al momento de contratar configura una condición preexistente, sino si el cáncer de próstata que le fue diagnosticado en 2016 ingresa en dicho concepto”. Citó amplios pasajes de la referida sentencia y concluyó que, solo afirmando que el Sr. AA fue diagnosticado con cáncer de próstata en forma previa a la suscripción, podrá hablarse de pre existencia y es claro que esto no aconteció. i).- Le causa agravio que, en tanto la Sala revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, desestimó la demanda, hubiera desestimado el recurso de apelación que en vía adhesiva interpuso la parte actora. En tal sentido, señaló que, además del daño patrimonial, debe acogerse la pretensión por daño moral incoada. Recordó que el a quo desestimó esa porción del reclamo en función de tres argumentos centrales, a saber: (i) que no se padeció una situación anímica disvaliosa que exceda de las que habitualmente se sufren en casos de incumplimientos contractuales; (ii) que aun cuando el grupo familiar se haya visto conmocionado, no es posible determinar si la causa fue el incumplimiento de contrato que se imputa a la contraria o la enfermedad que atravesaba el Sr. AA y (iii) que la familia pudo reunir en pocos días el dinero necesario para realizar la intervención quirúrgica en Estados Unidos. Según la recurrente, tales asertos resultan de una incorrecta valoración de la prueba rendida. Indicó que los testigos ofrecidos acreditaron que el daño no patrimonial sufrido por los integrantes del grupo familiar obedeció a la conducta asumida por el asegurador al excluir la cobertura del siniestro y no al cáncer que le fuera diagnosticado al Sr. AA. La afectación emocional y psíquica que vivieron fue causada por el arbitrario e injustificado proceder del Banco de Seguros del Estado. Precisó que, el Dr. Juan Pedro Lista, que patrocinó al Sr. AA en la acción de amparo, narró que la situación era desesperante, por un lado, por el diagnóstico de cáncer en sí mismo y, por el otro, por haber pagado un seguro durante siete años y que este le negara la cobertura, ello sumado a la actitud displicente e inentendible de SUMMUM. La testigo DD, que se encontraba con el Sr. AA cuando le fue comunicado que el BSE no cubriría los gastos de su intervención, declaró que la noticia lo dejó “triste, desasosegado e inseguro”. En el mismo sentido declaró EE, quien refirió al sufrimiento e indignación de su hermana, cuñado y sobrinos. Repasó la declaración coincidente de FF. En segundo lugar, cuestionó la decisión de los órganos de mérito de no haber hecho lugar a la solicitud de reintegro de las primas desde la fecha de la contratación del seguro y hasta su baja por parte del asegurador en los casos de los actores BB y GG, a quienes se les canceló la póliza invocando una presunta reticencia de los asegurados que no fue acreditada. Como se explicó en la demanda, los coaccionantes II y HH, luego de que el Banco les suspendiera temporalmente cobertura, optaron por contratar otros seguros. En cambio, BB y GG fueron excluidos ilegítimamente por el Banco de toda cobertura, por una invocada reticencia en sus declaraciones, lo que impone se lo condene a reintegrar las primas que les fueron cobradas, difiriéndose la liquidación de la cuantía a la vía del art. 378 del CGP. La invocada reticencia no fue acreditada en tanto no se diligenció en autos la única prueba legalmente idónea (la pericial) para comprobar la reticencia y declarar la nulidad del seguro. En la medida en que desconocen si SUMMUM conservó parte de las primas cuyo reembolso persigue, solicitó se condenara a ambos accionados. Así lo entendió el a quo y los demandados no expusieron agravios al respecto. En definitiva, solicitó a la Suprema Corte de Justicia amparara el recurso de casación interpuesto y, en su mérito, anulara la sentencia del ad quem y condenara al Banco de Seguros del Estado a reembolsar al Sr. AA la suma de U$S 54.200 por concepto de gastos médicos de la intervención quirúrgica realizada en Estados Unidos el 24 de enero de 2017, más intereses legales desde la demanda y a ambos codemandados al reintegro de las primas abonadas por la Sra. BB y GG, con intereses legales desde la presentación de la demanda. IV) Las demandadas evacuaron oportunamente el traslado (fs. 4973-4988 y 4991-5000) y abogaron por el rechazo del recurso. V) Por auto Nº 115/2025, de 10 de junio de 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno franqueó el recurso interpuesto (fs. 5001) y, el 27 de junio de 2025, los autos fueron recibidos por esta Corte (fs. 5006). VI) Luego del correspondiente estudio de admisibilidad, por decreto Nº 774/2025, de 22 de julio de 2025, se ordenó el pase del expediente a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 5008). VII) En el curso del estudio de la causa se produjo el cese de la Sra. Ministra Dra. Elena Martínez Rosso como integrante de la Corte. Luego de las actuaciones de rigor, la Suprema Corte de Justicia se integró con la Sra. Ministra Dra. María Cristina Cabrera, miembro de la Sala Civil de 7º Turno. VIII) Culminado el estudio, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de su integración, desestimará el recurso de casación interpuesto por los fundamentos que se dirán a continuación. II) Se dirime en estas actuaciones un supuesto de responsabilidad contractual por incumplimiento imputado a las demandadas. El 20 de julio de 2009, los actores, AA, BB y los tres hijos de ambos, HH, II y GG celebraron con el Banco de Seguros del Estado (BSE), por intermediación de SUMMUM SA, un contrato de seguro de cobertura internacional hospitalaria médico – quirúrgica en los Estados Unidos. En el año 2016, a AA le fue diagnosticado cáncer de próstata localizado y recomendado, por su médico tratante, someterse a una intervención quirúrgica robótica en Estados Unidos, por ser el tratamiento más avanzado y de menores riesgos de secuelas. Se coordinó la intervención para ser realizada en enero de 2017, en el Florida Hospital, en Miami. Sin embargo, el 12 de diciembre de 2016, el BSE notificó al Sr. AA que el seguro no cubriría la intervención por haberse constatado una condición preexistente no declarada (adenoma de próstata) que resultaba de la historia clínica del asegurado y porque, además, existió reticencia del tomador del seguro al momento de formular su declaración jurada de salud en la celebración del contrato de seguro. El referido rechazo motivó a que los restantes asegurados consultaran acerca de la cobertura que les correspondía a ellos. El BSE analizó sus historias clínicas y dispuso tener por extinguidas las pólizas de BB y GG y aplicar una exclusión temporal respecto de HH y II, invocando que éstos habían realizado manifestaciones falsas en sus declaraciones de salud. AA se procuró por sus medios la mentada intervención quirúrgica, que se concretó, a su costo, en el referido hospital de Estados Unidos, el 24 de enero de 2017. Los tres hijos rescindieron sus contratos de asistencia médica con SUMMUM y contrataron otros seguros médicos, posibilidad con la que no cuentan AA y BB debido a sus edades. Los actores reclamaron les fueran reembolsados los gastos de la intervención quirúrgica de AA, e indemnizados por la pérdida de chance de AA y BB de cambiar de prestador de servicios de salud y por el daño moral sufrido por el ilegítimo incumplimiento del contrato de seguro por parte del BSE, así como la devolución de todas las primas pagadas desde la celebración del contrato. En lo que en esta etapa del proceso interesa, SUMMUM contestó la demanda invocando su calidad de tercero respecto del contrato de seguro, del que solo participó como intermediario, ofreciendo a sus afiliados los productos del BSE. Por su parte, el BSE aseguró que su comportamiento estuvo fundado y legitimado en la reticencia en que incurrieron todos los asegurados, quienes al formular sus declaraciones juradas de salud profirieron asertos falsos. En particular, el Sr. AA omitió declarar una condición de salud preexistente. A la clara pregunta de si padecía afecciones de próstata o de órganos genitourinarios, contestó “no”, a pesar de que, con anterioridad, había sido diagnosticado con “adenoma de próstata”. Reseñó las condiciones preexistentes que los restantes integrantes del núcleo familiar omitieron declarar oportunamente. III) El magistrado a quo amparó en parte la demanda y condenó al BSE a reintegrar a AA la suma de U$S 54.200 correspondiente a los gastos médicos de la intervención quirúrgica a que se sometió en Miami el 24 de enero de 2017, con intereses legales desde la demanda. Desestimó las restantes pretensiones (daño moral, pérdida de chance y reintegro de primas). Y desestimó la demanda incoada contra SUMMUM, por entender que, en su calidad de intermediaria, no le resulta imputable el incumplimiento atribuido al BSE. Desestimó las pretensiones de los restantes miembros de la familia AA Y BB. En apretada síntesis, entendió que, para poder declarar la nulidad de las pólizas de BB y de GG, era imprescindible que la alegada reticencia fuera constatada por el “juicio de peritos”, según se establece en el art. 640 del Código de Comercio y reproduce la cláusula 11 del contrato de autos. Con relación a las pólizas de HH y II, tras las omisiones constatadas en las declaraciones juradas de salud, el BSE pretendió introducir inadmisibles modificaciones unilaterales en el contrato, pero ninguno de los litigantes invocó la nulidad. De consiguiente, en ningún caso procede la repristinación reclamada por no existir causa legal que la imponga. Desestimó la indemnización del daño moral reclamado por todo el núcleo familiar como consecuencia de que el BSE negara costear el tratamiento del Sr. AA en Estados Unidos, así como por la congoja que les habrían causado las exclusiones temporales y permanentes dispuestas. Finalmente, desestimó las pretensiones dirigidas contra SUMMUM S.A., por entender que no le resultan imputables los incumplimientos contractuales invocados, en tanto solo actuó como intermediaria entre los asegurados y la aseguradora. IV) El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno revocó la sentencia de primer grado y, en su lugar, desestimó la demanda. En apretado resumen, entendió que AA incurrió en múltiples omisiones en la declaración jurada de salud que realizó en agosto de 2009, que determinaron la configuración de reticencia e impidieron al BSE evaluar en forma correcta el riesgo y en función de ello, resolver si celebraba o no el contrato de seguro o, en su caso, si la cobertura del seguro sería total o parcial con exclusión del órgano próstata. En opinión de la Sala, de acuerdo con la prueba que reseñó, quedó acreditado que, “si el BSE hubiera conocido la condición previa que afectaba la próstata del Sr. AA, el seguro no se hubiera contratado o, por lo menos, se hubiera excluido dicho órgano de la cobertura (…) El adenoma de próstata era evidentemente una enfermedad que estaba diagnosticada con anterioridad a la suscripción del contrato y a raíz de la cual el Sr. AA habría recibido tratamiento médico correspondiente, y ello es independiente al nexo causal con la posterior enfermedad de cáncer de próstata. La definición de condición preexistente es clara en el contrato de cobertura internacional (fs. 47) y es definida como toda condición o enfermedad debido a la cual un asegurado ha recibido diagnóstico, tratamiento médico, servicio, suministro o medicamento recetado por un médico antes de la fecha de su ingreso a la cobertura. Nada dijo el referido actor sobre tal extremo y por tanto, la compañía aseguradora no pudo evaluar en debida forma el riesgo correspondiente y decidir en base a ello si se hacía cargo de la cobertura y en su caso si ésta sería total o parcial”. El Tribunal entendió que, “conforme lo establecido en los arts. 640, 666 y 667 del C. de Comercio en el caso, existió nulidad absoluta parcial del contrato en lo que refiere a la cobertura del contrato de seguro en lo que refiere al órgano próstata, y que operó como una exclusión permanente para afecciones en el órgano prostático. Si el asegurado no hubiera faltado a la verdad en su declaración jurada y no hubiese violentado el principio de buena fe pertinente, se hubieran excluido del contrato de seguro oportunamente suscrito las afecciones al órgano prostático, porque así surge no solo de las declaraciones testimoniales referidas, sino también por la prueba pericial realizada por el perito técnico actuario en materia de seguros, Sr. Leopoldo Amondarain. Tal conclusión a la que arriba el perito es vital para la dilucidación del caso (…) las conclusiones a las que arribó el perito no son desvirtuadas por ningún medio probatorio, sino que por el contrario, son confirmadas por la declaración testimonial no solo de la funcionaria del BSE, Sra. LL, sino por los técnicos de la empresa Redbrige, Sr. Andrea Cantatora y Sr. Pablo Martínez, quienes así lo afirmaron conforme lo establecido en el Manual de Selección de Riesgo correspondiente”. Concluyó revocando la decisión de primer grado y desestimando la pretensión de AA, por entender que este “obró en forma reticente con la consecuente nulidad parcial del contrato en lo que refiere a la cobertura del órgano próstata, que debió ser excluida del contrato de haber actuado el referido litigante en base al principio de buena fe que debe guiar la conducta de todo contratante (…) al no denunciar condiciones preexistentes, indujo en error a la compañía aseguradora, quien no evaluó los riesgos en debida forma”. Como consecuencia de esta decisión, desestimó los agravios introducidos por la actora en vía adhesiva relativos al daño moral, por cuanto la denegatoria de la cobertura del siniestro resuelta por parte del BSE no resultó injustificada y, de consiguiente, no existió el incumplimiento contractual invocado como causa del daño extrapatrimonial. Asimismo, desestimó los cuestionamientos de la actora relativos a la desestimatoria de las pretensiones de los restantes coactores, por entender deficientemente expuestos los agravios, en tanto solo se limitaron a reiterar las consideraciones vertidas en el libelo de demanda. V) Contra la decisión de la Sala se alzó en casación la parte actora exponiendo agravios referentes a (i) la interpretación del contrato, (ii) la valoración de la prueba, (iii), la aplicación de la nulidad parcial prevista en la disposición del art. 640 del Código de Comercio – tanto en su configuración como en su posible aplicación a la luz del principio de congruencia – y (iv) la procedencia de las restantes pretensiones. VI) Entiende esta Suprema Corte de Justicia que no le asiste razón al recurrente en ninguno de sus cuestionamientos, lo que determina desestimar el recurso interpuesto. VII) Con relación a la inter-pretación del contrato, la recurrente expuso las siguientes críticas: le causa agravio que la Sala haya interpretado el contrato a través de la búsqueda de la común intención de las partes y del estudio de la operación económica subyacente al acuerdo de partes, así como que hubiera soslayado analizar que se trata de un contrato de adhesión. No resulta posible ingresar a la sustancia de estas críticas por cuanto el recurrente no las vinculó adecuadamente con el fallo dispuesto. En efecto, no pasan de ser denuncias de una alegada inadecuación teórica entre la argumentación de la Sala y lo que el recurrente estima conforme a derecho, pero en modo alguno se vinculan, concreta y precisamente, con lo resuelto. El recurrente asegura que la intención común de las partes y la sustancia económica del negocio no son atendibles si el texto del contrato es claro. Sin embargo, no propone una intelección contractual que la Sala haya desatendido por aplicar estas herramientas de la interpretación contractual. No explica cuál habría sido una interpretación objetiva del plexo contractual que la Sala soslayó por acudir a la intención común de las partes o a la operación económica. En el mismo sentido, si bien invoca la naturaleza adhesiva del contrato celebrado, y asegura, genéricamente, que tal característica impone analizar con menor rigor las obligaciones del adherente, no expone concretamente cuál sería ese análisis que propone y que la Sala dejó de aplicar. Para que el cuestionamiento fuera atendible en casación, la recurrente debía no solo afirmar que el de autos es un contrato celebrado por medio de la adhesión, sino explicar cuál sería la consecuencia concreta y específica que ello despliega sobre el fallo. Lo expuesto acerca de la interpretación del contrato realizada por la Sala no pasa de ser la manifestación del parecer técnico diverso de la recurrente, sin alcanzar a constituir un verdadero agravio que, en consecuencia, no puede ampararse en casación. VIII) En otro orden, le causa agravio a la recurrente que se haya tenido por configurada la reticencia del Sr. AA. En tal sentido, cuestionó la valoración de la prueba rendida. Afirmó que el Tribunal construyó una mera conjetura en función de la cual concluyó que el BSE, de haber conocido las previas afecciones de próstata del asegurado, no habría celebrado el contrato o lo habría celebrado sin conceder cobertura de tal órgano, conjetura que se funda en un manual de selección de riesgos que no existe en la causa, por cuanto no fue incorporado. Con relación a la valoración de la prueba como causal de casación, los integrantes naturales de esta Corte postulan pareceres gradualmente distintos. A juicio de la mayoría integrada por los Sres. Ministros Dres. Morales, Pérez, Posada y la redactora la valoración de la prueba efectuada por el ad quem solo es revisable en casación cuando ha mediado una ponderación que alcance el grado máximo, aberrante, del error, esto es que, configure un supuesto de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. En esa perspectiva, además, el recurrente está gravado con una particular carga de exposición del agravio, que le impone invocar la existencia del error aberrante y explicar en qué consiste. El Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre, en cambio, participa de un criterio más amplio, conforme el cual la sana crítica, criterio que se impone normativamente al valorador, es susceptible de resultar vulnerada aun en supuestos no extremos de absurdo o arbitrariedad manifiestas. En ambos casos, grava al recurrente la carga de explicar, con suficiente detalle, cuáles son los medios de prueba que fueron indebidamente analizados, qué derivó de ellos el juzgador y, en su lugar, qué debía haber extraído. En su libelo de casación, el recurrente no solo no invoca un supuesto de absurdo evidente, sino que tampoco invoca y justifica los errores de valoración que reprocha a la Sala. En el extenso Considerando IX, la sentencia repasó los medios de prueba valorados por la Sala, a saber, la declaración jurada de salud del coaccionante AA, la pericia realizada por el perito técnico actuario en materia de seguros, Leopoldo Amondarain y su declaración en audiencia, el peritaje y la declaración en audiencia de Guido Berro, el testimonio de LL, funcionario del BSE, encargada del área de suscripción de seguros de vida y salud que participó en el caso de la familia AA y BB, las declaraciones de Andrea Contatore y de Pablo Martínez, médicos que trabajan para la reaseguradora del BSE, Redbride Uruguay SA, la prueba por informes respondida por Redbrige Uruguay SA y los correos electrónicos entre aseguradoras incorporados a la causa. En función de tales elementos, de los que detalla sus aportes más trascedentes, la sentencia expresa: “la Sala considera que del material probatorio recabado en estos obrados, corresponde amparar el agravio articulado por el BSE y revocar la impugnada. Se comparte con el recurrente en cuanto a que son varias las omisiones de la declaración jurada del Sr. AA realizada en agosto de 2009, que determinó la configuración de reticencia del referido actor, que impidió al BSE evaluar en forma correcta el riesgo y en función de ello resolver si aceptaba la suscripción del contrato y, en su caso, si la cobertura del seguro sería total o parcial con exclusión del órgano próstata”. Cita doctrina y jurisprudencia y agrega: “surge del peritaje practicado en autos, de la prueba por informes solicitada a Redbrige y de los testimonios aportados a la causa específicamente por parte de JJ, KK y LL, que si el BSE hubiera conocido la condición previa que afectaba la próstata del Sr. AA, el seguro no se hubiera contratado, o por lo menos se hubiera excluido a dicho órgano de la cobertura. En efecto, dicho extremo no solo surge de los medios probatorios aludidos, sino que surge del propio comportamiento del BSE en el caso, cuando advirtió omisiones en las declaraciones juradas de los restantes co actores que, al igual que el Sr. AA, habían faltado a la verdad al momento de solicitar la suscripción del contrato”. Fluye sin lugar a dudas de esta transcripción el valor marginal que la Sala concedió al manual de selección de riesgos. Aun soslayando su eficacia convictiva, es decisiva la conclusión del perito Amondaraian, no impugnada por el ahora recurrente, y tampoco cuestionada en casación, y que funda suficientemente la interpretación probatoria efectuada por la Sala. No se advierte, en el razonamiento que viene de referirse, vulneración en grado alguno de la sana crítica que posibilite a la Corte ingresar al análisis de la prueba rendida y, en consecuencia, se desestimará el agravio. Además, debe señalarse que tampoco hay error jurídico alguno en el razonamiento conjetural efectuado por el Tribunal. No puede perderse de vista que fue la omisión y la reticencia del asegurado la que determinó la necesidad de tal proceder. Si se discute en estos autos qué podía o debía hacer el demandado, es por la previa omisión ilegítima que se reprochó al actor. La necesidad de conjeturar acerca de lo que razonablemente habría ocurrido viene impuesta por la conducta omisiva del propio actor, por lo que mal puede agraviarse de ello ahora. IX) Constatada por la Sala la existencia de la configuración de la reticencia imputable a AA, procedió a aplicar las consecuencias jurídicas que se derivan de ella, a saber: la nulidad absoluta parcial del contrato de seguro, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 666 del Código de Comercio, que afecta la cobertura del órgano próstata. En tal sentido, la sentencia señala: “conforme lo establecido en los artículos 640, 666 y 667 del C. de Comercio en el caso, existió nulidad absoluta parcial del contrato en lo que refiere a la cobertura del seguro en lo que refiere al órgano próstata, y operó como una exclusión permanente para afecciones en el órgano prostático. Si el asegurado no hubiera faltado a la verdad en su declaración jurada y no hubiese violentado el principio de buena fe pertinente, se hubieran excluido del contrato de seguro oportunamente suscrito, las afecciones al órgano prostático, porque así surge no solo de las declaraciones referidas ut supra en la presente providencia, sino también por la prueba pericial realizada por el perito técnico actuario en materia de seguros, Sr. Leopoldo Amondarain”. Al respecto, la recurrente asegura que la nulidad absoluta parcial no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico y que concluir en su procedencia vulnera lo dispuesto por el art. 1561 del Código Civil. No asiste razón al recurrente. En primer lugar, asegurar que nuestro ordenamiento jurídico no contempla la posibilidad de una nulidad absoluta que afecte únicamente a parte del contrato en contra del claro tenor del art. 666 del Código de Comercio resulta improponible. En efecto, tal disposición establece: “Cuando hay nulidad del seguro en todo o en parte…”. Aunque no aplicable al caso de autos, también en otros ámbitos de nuestro ordenamiento jurídico está legalmente consagrada la nulidad parcial, como sucede en materia de contratos de adhesión con consumidores para el supuesto de cláusulas abusivas (art. 31 inc. final de la Ley Nº 17.250, de 11 de agosto de 2000). Que no exista un régimen general de la nulidad parcial no supone que tal figura jurídica no exista. Como enseña Gamarra, “el concepto de nulidad parcial presupone la división del contrato o negocio en partes, eso es, la aplicación de un criterio cuantitativo; como el contenido de un contrato puede ser complejo e incluir distintas cláusulas, diversas modalidades o pactos accesorios, la categoría puede admitirse sin dificultad alguna (…) nada obsta a que el contrato sea nulo exclusivamente en una de sus partes; cuando así sucede coexisten, en un mismo contrato, dos porciones de distinta naturaleza (una nula y otra válida). En sí misma considerada (vale decir, prescindiendo su relación con la parte válida), la nulidad parcial nada tiene de particular. (…) No hay en nuestro derecho ninguna previsión de carácter general acerca del fenómeno de la nulidad parcial (…) Sin embargo, la ausencia de una disciplina orgánica de la nulidad parcial no significa que falten disposiciones de derecho positivo atingentes a la misma. Por el contrario, numerosos artículos contemplan hipótesis de nulidades parciales (…) La cuestión que aquí se suscita consiste en determinar si el contrato puede igualmente subsistir, a pesar de la nulidad parcial. Para resolver el problema de la nulidad parcial existen dos criterios, que no son antitéticos sino complementarios. El primero de ellos, que llamaremos “subjetivo-voluntario”, se basa en la intención de los contratantes. Si las partes igualmente habrían contratado, a pesar de la nulidad parcial, porque la porción inválida no era esencial para ellos, la parte nula no influye sobre la porción válida; esto es, la nulidad no es total, sino parcial. En cambio, en caso contrario, la nulidad es total, porque el sector del contrato afectado por la nulidad es considerado esencial por los contratantes (no hubieran contratado sin ese elemento, cláusula o pacto). (…) A pesar de que el Código uruguayo no establece ningún criterio general, el que acaba de enunciarse está consagrado por distintos artículos, que pueden sistematizarse en tanto que aplicaciones concretas de una misma regla general. Citaré los arts. 1275 – 1276 (dolo principal e incidente), 1672 (nulidad parcial de la compraventa por perecimiento del objeto), 1710 y 1803 (evicción parcial), 1717 (cargas o servidumbres no aparentes en la compraventa), 1805 (imposibilidad parcial en el arrendamiento de cosas). (…) La doctrina dominante explica que el fenómeno de la nulidad parcial quede limitado a la parte inválida del negocio, sin propagarse a la porción válida, por el principio de la conservación del contrato. Esta regla preconiza una interpretación del negocio que hace prevalecer el mantenimiento del mismo sobre la solución de la invalidez; esto es, entre dos posibles soluciones, una que conduce a negar el efecto jurídico y otra que afirma su utilidad (eficacia), debe preferirse la segunda. El otro criterio aplicable a la nulidad parcial consagra una ‘solución coactiva’ del problema, porque aquí la autonomía privada y la libertad contractual sufren el predominio de exigencias sociales o colectivas, que imponen limitaciones o derogaciones a la competencia de los particulares. Este criterio, llamado ‘objetivo – legal’, se aplica con prescindencia de la voluntad de los contratantes, siempre en el sentido de la validez del contrato, porque la cláusula nula es sustituida automáticamente por una norma imperativa” (Gamarra, J., Tratado de Derecho Civil Uruguayo , s/e, Montevideo, 1974, tomo XVI, págs. 93 a 97). En cuanto a lo sustancial, la recurrente denuncia la errónea aplicación por el Tribunal del art. 640 del Código de Comercio, al haber afirmado que existió reticencia y, por tanto, nulidad absoluta del contrato, justificando la incompatible posterior ejecución del contrato por parte del BSE (al seguir percibiendo las pólizas) en una supuesta nulidad absoluta parcial, figura que no tiene cabida en nuestro ordenamiento jurídico, violentando de ese modo la norma contenida en el art. 1561 del Código Civil. Sostiene la recurrente que, si se tiene por configurada la reticencia, la única consecuencia posible es la nulidad absoluta del contrato. En tal supuesto, el contrato no produce efecto alguno y nada habilitaría al BSE a proceder como lo hizo, esto es, percibiendo las primas. A juicio de la Corte no le asiste razón en el planteo. Está fuera de controversia que la parte demandada no invocó el instituto de la nulidad parcial en su contestación de demanda, sino que recién lo hizo en su recurso de apelación. La Sala no soslayó tal circunstancia, pero señaló que, de todos modos, estaba habilitada para invocar la nulidad parcial, en aplicación del principio iura novit curiae . En tal sentido, sostuvo el ad quem : “ No asiste razón a la actora cuando al evacuar el traslado del recurso de apelación correspondiente, señala que no corresponde interpretar la existencia de nulidad parcial del contrato en base a lo establecido en los artículos 640, 666 y 667 del C. de Comercio porque ello supondría violación al Principio Dispositivo y de Congruencia en razón que dicha defensa no fue propuesta por el accionante al momento de contestar la demanda. En efecto, el Principio Iura Novit Curia permite al Tribunal resolver el litigio aplicando el Derecho que considere pertinente y en forma independiente del Derecho invocado por las partes en sus comparecencias iniciales, por lo que no asiste razón a la actora cuando se agravia de la resolución del caso en aplicación de los artículos 640, 666 y 667 del C. de Comercio ”. A criterio de esta Corte, el enfoque de la Sala resulta compartible. El BSE, en su contestación de demanda, expresó que fueron constatadas omisiones en las declaraciones juradas de AA y de su grupo familiar. En concreto, respecto a la declaración del mencionado coactor, indicó el demandado que surge de la pregunta 24 que AA negó haber sufrido alguna afección de próstata y negó además sufrir otras afecciones que sí padecía y que surgían de la historia clínica correspondiente. Adujo entonces el BSE que todos los actores han incurrido en reticencia al momento de realizar sus declaraciones juradas de salud, por lo que no hay mala fe del BSE por haber cancelado y/o modificado los contratos luego de haber estado 7 años en vigencia, ya que fueron los accionantes quienes incumplieron su deber de realizar una correcta descripción del riesgo objeto del contrato de seguro, incurriendo en clara reticencia. En resumen, uno de los argumentos desarrollados por el demandado en su contestación consistió en señalar la reticencia en que incurrió el coactor AA. Es cierto que el BSE no invocó concretamente, como consecuencia de tal reticencia, la configuración de un supuesto de nulidad parcial derivado de dicha conducta. Sin embargo, ello no inhabilita al Juez a aplicar a los hechos narrados por las partes la consecuencia jurídica que estime correspondiente. O sea, aunque el demandado no haya hecho referencia concreta en su acto de proposición inicial a la nulidad absoluta parcial del contrato de seguro, nada impide al Tribunal aplicar dicho instituto, en aplicación del principio iura novit curiae , siempre que ello no implique modificar los hechos invocados por las partes ni las pretensiones entabladas en el proceso. Tal como afirma De Hedegus: “(...) el tribunal aprecia los hechos, los califica jurídicamente y aplica en consecuencia la norma que estima adecuada, sin quedar vinculado por las alegaciones jurídicas formuladas por las partes. La vigencia del principio dispositivo refiere al material fáctico aportado a la litis en la medida en que son las partes quienes tienen la carga de alegar los hechos que el tribunal ha de considerar en el momento de decidir ” (Cfme. De Hegedus, M., “ El principio de congruencia y el principio ‘iura novit curia’. Su conciliación ”, en “ Estudios de Derecho Procesal en memoria de Adolfo Gelsi Bidart” , FCU, Montevideo, 1999, págs. 517 y ss.). En sentencia Nº 186/2016, la Suprema Corte de Justicia señaló: “(...) debe recordarse que, al aplicar el principio ‘ iura novit curiae’ , el Tribunal puede seleccionar las normas que se adapten al caso aunque no hayan sido invocadas por las partes, pero siempre lo debe hacer respetando los hechos y la requisitoria que conforman el objeto del proceso, de modo que no puede modificarse la ‘causa petendi’. En otras palabras, el principio referido no habilita al juzgador a relevar hechos diferentes a los alegados ni a resolver sobre requisitorias no formuladas por las partes (Cf. Valentín, Gabriel, Principio de congruencia y regla iura novit curiae en el proceso civil uruguayo, Ed. F.C.U./ Mdeo. - agosto 2013, págs. 200 y 201) ”. En el caso, la Sala no invocó hechos que no hubieran sido alegados por las partes, ni resolvió sobre pretensiones no formuladas. En efecto, el Tribunal tomó los hechos propuestos por los litigantes y que fueron probados en autos (en concreto: lo señalado por AA en su declaración jurada de salud al marcar que no tenía afección alguna en la próstata y el contraste con lo que emergía de su historia clínica respecto al diagnóstico y tratamiento de un adenoma de próstata), consideró que tal omisión del asegurado suponía una hipótesis de reticencia (en consonancia con lo que al respecto expresado el demandado) y aplicó a tales hechos probados la solución jurídica que estimó pertinente (la nulidad parcial absoluta del contrato en lo referente a la cobertura del órgano próstata). Lógicamente, la circunstancia de que el mencionado instituto jurídico no hubiera sido invocado por el demandado en su contestación, no impedía al Tribunal aplicarlo, pues a ello lo habilitaba el iura novit curiae. A su vez, lo actuado por la Sala tampoco supuso alterar o modificar las pretensiones entabladas en el proceso. El Tribunal no despachó una decisión que se apartara de lo solicitado en la causa por la parte actora (único litigante que entabló pretensiones en el caso). Lo que hizo el órgano de segunda instancia fue desestimar la pretensión del actor AA por considerar, en función de los hechos propuestos por las partes y acreditados en el proceso, que la porción del contrato de seguro relativa a la cobertura del órgano próstata era nula absolutamente, por lo que resultaba legítima la conducta del demandado al haber rechazado la cobertura de la intervención quirúrgica reclamada por el actor. En resumen, no se ha verificado violación alguna al principio de congruencia. X) En otro orden, le causa agravio que se hubieran desestimado las pretensiones de indemnización del daño moral sufrido por los restantes coaccionantes causado por haberse rehusado el BSE cubrir los gastos de la intervención en el exterior, así como que se hubieran desestimado sus pretensiones de reembolso de las primas que el demandado percibió de cada uno de ellos. Ninguno de los planteos es de recibo. Con relación al daño moral reclamado, quedó zanjado que el BSE no se hizo cargo de los costos de la intervención a que se sometió AA en Miami por haber estado viciado el contrato de seguro, en este punto, por la reticencia del asegurado. No se trata de un supuesto de incumplimiento sino de nulidad parcial del contrato. Si la no cobertura provocó malestar espiritual en los accionantes, tal padecer no es causalmente vinculable con proceder ilegítimo alguno imputable al BSE, lo que determina que no exista razón jurídica alguna que justifique trasladar al patrimonio de éste tal aflicción. Con relación a las pretensiones por incumplimiento de contrato de seguro movilizadas por otros cuatro coactores, cabe recordar que la Sala desestimó el recurso de apelación interpuesto por vía adhesiva en tal sentido, relevando el inadecuado planteo del recurso. En tal sentido, la impugnada expresa: “la recurrente no analizó en grado alguno la sentencia objeto de impugnación en lo que refiere a la desestimatoria del rubro en análisis, no se realizó un crítica razonada del fallo que entendió que al no haberse reclamado la rescisión del contrato no correspondía indemnización por los daños y perjuicios sufridos. Por el contrario, se limitó a reiterar lo anteriormente expuesto en la demanda para el reclamo de la indemnización del mencionado rubro y entender que el reclamo procede al no haberse configurado reticencia de ambos asegurados”. En casación, vuelve a insistir en la procedencia de su pretensión de reintegro de primas y, una vez más, repite cuanto expresó en la demanda. Sin embargo, esta pretensión fue rechazada por el a quo sin que el recurrente esgrimiera cuestionamiento útil (ni en apelación ni tampoco en casación), lo que determina la improcedencia del agravio y con ello, del recurso íntegro. En definitiva, por los fundamentos esgrimidos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA: DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. SIN ESPECIAL CONDENA. HONORARIOS FICTOS: 30 BPC. NOTIFÍQUESE, Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE.