Sentencia Definitiva N° 105/2026

Montevideo, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis VISTOS : Para sentencia definitiva, este expediente caratulado: “GORRIARÁN MAURO, SERGIO Y OTROS C/ ESTADO - PODER EJECUTIVO - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COBRO DE PESOS - CASACIÓN” , IUE: 2-59066/2023 venido a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva de segunda instancia Nº 12/2025, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 42/2024 (fs. 319-333), dictada el 27 de junio de 2024, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de lo Contencioso Administrativo de 4º Turno falló: “ Desestimando la demanda sin especial condena... ”. II) En segunda instancia, por sentencia definitiva Nº 12/2025 (fs. 365-372), dictada el 12 de febrero de 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno confirmó en todos sus términos el fallo del grado anterior. III) Contra la referida sentencia de segunda instancia, en tiempo y forma, la parte actora interpuso recurso de casación (fs. 375-387 vto.), en el que expresó los agravios que a continuación se sintetizan: a) Considera que la sentencia impugnada incurre en una confusión conceptual como consecuencia de la cual reprocha a los actores un inexistente desapego al principio de congruencia. Aseguró que la demanda fue clara en expresar que se reclama la devolución del “ impuesto practicaje ”. Precisó que en la apelación, los actores no cuestionaron la congruencia del fallo de primera instancia, sino que pusieron de relieve el error conceptual en que incurrió el A Quo al confundir la regulación de la “ tarifa de practicaje ” (precio que cobran los prácticos a los armadores) con el “ impuesto de practicaje ” (10% que impone la Prefectura sobre la retribución de los prácticos). En función de dicha confusión, el a quo entendió que el 10% constituye un precio acordado por la Comisión Tripartita del art. 125, cuando esa Comisión simplemente sugiere modificaciones a la “ tarifa de practicaje ” que se cobra a los armadores, pero que nada tiene que ver con el 10% que exige el art. 116 del Reglamento. El 10% que se paga a Prefectura nunca fue “ convenido ” ni sometido a consideración de los prácticos, que están en minoría en la Comisión. Es el Poder Ejecutivo el que resuelve. No se comprende la negativa del Tribunal para atender el agravio invocado. No existió incongruencia y mucho menos “ en los términos expuestos en los actos de proposición ”. La demanda es clara en cuanto al reclamo de restitución de “ impuesto de practicaje ”, que es el 10% de lo recaudado por “ tarifas de practicaje ”. b) Es falso que el argumento de la no concertación del “ impuesto al practicaje ” haya sido extemporáneamente propuesto. Haber señalado que los prácticos son minoría en el seno de la Comisión Tripartita constituyó un simple comentario y no una cuestión argumentativa. Este aspecto fue oportunamente expuesto en la demanda y también en los alegatos. La naturaleza de impuesto que se propugna constituye una cuestión de puro derecho: distinguir el impuesto del art. 116 del Reglamento cuya devolución se reclama, de las “ tarifas ” que la Comisión del art. 125 puede sugerir al Poder Ejecutivo. Basta con leer el art. 125 para advertir que los accionantes nada pueden acordar en ese ámbito, estando en franca minoría (1 solo entre 8 delegados). Con relación al argumento de orden sustancial expuesto por la Sala, afirmó que sorprende la ausencia total de análisis, pues aseverar que el impuesto cuya devolución se reclama “ es concertado y ello se admite ” carece de razón lógica, jurídica y probatoria. La Sala no justifica el motivo por el cual “ el argumento carece de virtualidad jurídica para negar su condición de precio ”. Precisamente, la nota esencial para diferenciar al tributo de un precio es su fuente jurídica: si se impone coactivamente es tributo; si hay acuerdo de voluntades, es precio. La esencia del litigio es determinar la naturaleza jurídica del cobro en cuestión. Se preguntó por qué la sentencia, tras expresar que hay acuerdo de voluntades, agrega que “ ello se admite ”. Tal aserto solo se explica por la confusión conceptual en que incurre el Tribunal, la misma en que incurrió el A Quo , al confundir el impuesto al practicaje, cuya devolución se reclama, con la tarifa de practicaje, que puede ser sugerida por la Comisión Tripartita al Poder Ejecutivo. La demanda es clara en que se reclama la devolución del pago que exigió Prefectura sobre el 10% de sus honorarios, lo que tiene origen en el art. 116 del Reglamento. Se trata de una imposición coactiva por mandato administrativo. Ningún acuerdo hay en la creación de esa imposición ni en la fijación de esa alícuota. c) Le causa agravio la calificación de “ precio ” efectuada por la Sala. Repasó que, de acuerdo con lo expuesto en el Considerando IV de la impugnada, el Tribunal entendió que la extracción cuestionada constituye un “ precio público ” y, por ende, “ no advierte ilegitimidad alguna en su creación y fijación administrativa ”. En su opinión, tales valoraciones desconocen la normativa legal y reglamentaria vigente. En primer lugar, no existe “ opción de recibir el servicio ”, pues de acuerdo con el decreto Nº 35/978, el práctico que no preste el servicio requerido será pasible de severas sanciones, que alcanzan inclusive la expulsión. En segundo lugar, los “ servicios ” que supuestamente presta la Prefectura como contraprestación del 10% que pagan los prácticos (“ impuesto de practicaje ”) son de prestación obligatoria por el Estado y de recepción obligatoria por los prácticos. En tal sentido, el art. único de la Ley 16595 establece que el practicaje “ es un servicio obligatorio, no comercial y de interés nacional ”. En tercer lugar, el art. 116 del Reglamento dispone dos destinos para lo recaudado por el ingreso en cuestión, a saber: el equipamiento para atender el control de tráfico marítimo y el servicio de pilotaje. En lo que respecta al control del tráfico marítimo, la sentencia no advierte la diferencia entre un cometido de la Administración (que atiende a toda la comunidad marítima) y un supuesto “ servicio particular ” a los prácticos. En cuarto lugar, la sentencia omite atender que el monto recaudado no está destinado a cubrir los costos de un eventual “ servicio ” porque el mismo es enviado a Rentas Generales, condición típica de los tributos y de los impuestos, en particular. Así lo reconoció el testigo Guillermo Retamoso, Jefe de la oficina de pilotaje entre 2017 y 2020 y la propia accionada al contestar la demanda. En quinto lugar, aun suponiendo que exista un servicio por parte de la Prefectura, en cualquier caso se trataría de un servicio que no es divisible ni individualizable, en tanto no solo “ beneficia ” a los prácticos, sino también a los armadores, buques, lanchas de tráfico, agentes marítimos, operadores portuarios, amarradores y toda la comunidad marítima en general, a quienes ningún pago se les requiere por dicha “ contraprestación ”. Hay aquí una violación del principio de igualdad ante las cargas públicas. La Prefectura Nacional Naval está obligada a cumplir sus cometidos y lo hace a todo el ámbito marítimo, sin que dicha prestación sea divisible entre los diversos sujetos que se benefician de la misma. Absurdo sería que los prácticos financiaran de forma solitaria y aislada todos los servicios que presta la Prefectura a la comunidad marítima en su conjunto. d) El cobro del 10% sobre el ingreso de los prácticos no guarda relación alguna con el costo del servicio. La imposición fija sobre un ingreso es propio de los impuestos. Según el recurrente, se equivoca la Sala cuando afirma que la extracción que impone Prefectura a los prácticos no toma en cuanto la capacidad contributiva de éstos, sino “ la cantidad y calidad de los servicios que utilizan en el ejercicio de la función ”, ya que “ el costo del servicio varía en función de las veces que lo usan en forma directamente proporcional a las tarifas que cobran ”. Tal aserto contradice la prueba rendida en autos. El testigo Retamoso declaró que lo recaudado va a “ la Cuenta Única Nacional y es el Poder Ejecutivo por medio de un proyecto de ley de presupuesto que le termina dando destin o”. La propia demandada reconoció que la carga en cuestión se impone a los prácticos por ser los ingresos de éstos sensiblemente superiores a los de cualquier titulado del ámbito marítimo. Además, dijo, fijar una imposición en base al ingreso de un sujeto y determinar su alícuota en un porcentaje son caracteres propios de los impuestos y lejos están de ser notas características de los precios públicos, como interpreta la recurrida. e) La impugnada omitió considerar agravios por entenderlos “ reiterativos ”, cuando no lo son. Precisó que, aun si se entendiera que se trata de un “ precio público ”, el Tribunal debió haber analizado la legalidad del mismo por así estar expresamente referido en la demanda e invocado como agravio en la sentencia. En cambio, se limitó a expresar que se trata de un mero “ detalle ” o de una argumentación repetitiva. f) Atento a la solución a la que arriba el Tribunal, la sentencia culmina aseverando que resulta improcedente analizar la alegada caducidad parcial del crédito. Así, en el Considerando VI de la impugnada se afirmó: “ la solución que se propugna inhibe a la Sala de ingresar al análisis de la apelación contra la sentencia interlocutoria No. 3872/2023 ”. Dado que el recurrente solicita a la Corte que case la sentencia, indicó el recurrente, el Alto Cuerpo deberá pronunciarse acerca de la caducidad parcial o, en su defecto, remitir las actuaciones al Tribunal para que así proceda. Por la interlocutoria Nº 2.872/2023, el A Quo acogió en parte la excepción de caducidad opuesta por la demanda y declaró que “ la acción se encuentra parcialmente perjudicada por caducidad respecto del pago efectuado el 16/3/2018, por la suma de $ 9.543.882 y así se declara ”. El cómputo del plazo, expresó, está mal calculado. El plazo de caducidad comenzó con la erogación de cada uno de los pagos realizados. Por imperio del art. 39 de la Ley Nº 11.925, la caducidad de los créditos contra el Estado opera por períodos mensuales. Ello significa que el término de caducidad del crédito erogado el 16 de marzo de 2018 –y sin computar las suspensiones que se verificaron– fuera a partir del 31 de marzo de 2022. Surge del expediente agregado que los actores efectuaron diversas “ gestiones fundadas ” en vía administrativa; la primera de ellas, precisamente, el 31 de marzo de 2022. La suspensión así operada se mantuvo hasta la resolución expresa de la petición, notificada a los accionantes el 11 de agosto de 2023. Y dentro de ese mismo mes, el 19 de agosto de 2023, se interpusieron los correspondientes recursos de revocación y jerárquico. La impugnación fue desestimada expresamente el 15 de mayo de 2023, resolución que fue notificada el 2 de junio de 2023. Fue entonces que culminó la vía administrativa y, en consecuencia, concluyó la suspensión del término de caducidad. Empero, en la medida en que la caducidad en cuestión se computa por meses enteros, el término de esta era al día siguiente del 30 de junio de 2023. Y ese día, el 30 de junio de 2023, se presentó la demanda, impidiendo que caducidad alguna se configurara. Resulta irrelevante computar el período de suspensión en días corridos, pues la norma impone el cómputo en unidad mensual. En definitiva, solicitó a la Corte que ampare el recurso de casación interpuesto, anule la sentencia de alzada y condenara a la demandada a devolver a los actores la suma de $73.680.358 pagada indebidamente por concepto de “ impuesto de practicaje ” regulado en los arts. 116 y 126 del Reglamento general de prácticos, aprobado por decreto Nº 308/986, con reajuste e intereses desde cada pago realizado hasta su efectiva devolución. IV) La demandada evacuó oportunamente el traslado (fs. 390-398) y abogó por el rechazo del recurso. V) El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno franqueó el recurso interpuesto (fs. 399) y, el 11 de abril de 2025, los autos fueron recibidos por esta Corte (fs. 402). VI) Luego del correspondiente estudio de admisibilidad, por decreto Nº 472/2025, se ordenó el pase a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 404). VII) Culminado el correspondiente estudio por parte de la Suprema Corte de Justicia, se acordó emitir el siguiente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : 1) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes naturales, desestimará el recurso de casación interpuesto, por los fundamentos que a continuación se pasan a exponer. 2) En estas actuaciones, la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico y un conjunto de sujetos que revisten la calidad de prácticos promovieron demanda de devolución de pago de lo indebido contra el Poder Ejecutivo – Ministerio de Defensa Nacional – Prefectura Nacional Naval. En lo medular, sostuvieron que el “ impuesto al practicaje ” regulado por el decreto Nº 308/985 constituye un tributo creado sin ley que grava los servicios realizados por los prácticos y respecto de los cuales la Corporación de prácticos actúa en calidad de responsable de retenerles el 10% del total recaudado, que luego vierte al Estado. Expresaron que, de acuerdo con las notas tipificantes de los tributos que repasaron, se trata de una exacción que reviste la naturaleza de un impuesto y, en consecuencia, su única base normativa podría ser una ley y no, como es, un decreto. En la medida en que solo la ley puede crear tributos (arts. 10 inc. 2, 85 num. 4 de la Constitución y art. 2 del Código Tributario: “ principio de legalidad ”), la imposición tributaria cuestionada es ilegítima y las sumas así percibidas por la Administración deberán ser restituidas. Asimismo, expusieron las características de los “ precios públicos ” para concluir que el cuestionado en obrados no las reúne. No obstante, en subsidio, y para el caso de que se entendiera que se trata de un precio público, expresaron que su percepción por la Administración también es indebida. La demandada opuso excepción de caducidad del crédito reclamado y contestó la demanda, explicando en qué consiste y cómo se organiza la actividad de practicaje y controvirtiendo que la tarifa en cuestión constituya un impuesto o sea ilegítimamente percibida. Por sentencias de primera y segunda instancia se desestimó la demanda, por haber entendido los órganos de mérito que la exacción debatida no reviste naturaleza de tributo y, en consecuencia, su percepción por parte de la Administración ha sido legítima. 3) El debate sometido al examen de esta Alta Corte constituye una cuestión de puro derecho: determinar la naturaleza jurídica del porcentaje que se detrae de la tarifa de practicaje regulada por el art. 116 del decreto Nº 308/986 (Reglamento general de prácticos), de 10 de junio de 1986, y si es o no un impuesto como sostienen los recurrentes. La Suprema Corte de Justicia, por reciente sentencia Nº 1.396 del 20 de noviembre de 2025, se pronunció sobre un planteo idéntico al presente, presentado por la Sociedad de Prácticos del Puerto de Montevideo y un conjunto de prácticos marítimos. En esa oportunidad, la Corte estableció las bases interpretativas respecto de la naturaleza jurídica de la tarifa de practicaje. Estas consideraciones dan una respuesta adecuada a cada uno de los agravios formulados en el recurso de casación en examen, por lo que corresponde revalidarlos “ mutatis mutandi ” al presente caso: “ En ese sentido, el único agravio esgrimido por los recurrentes refiere a la calificación jurídica del 10% recaudado de la tarifa de pilotaje, previsto en el art. 116 del Reglamento de prácticos Decreto 308/986. Al respecto, la actora cuestiona la sentencia por considerar un nuevo argumento, la distinción entre tarifa de practicaje y pilotaje, introducida a los efectos de clarificar la discusión sobre los honorarios. Argumentan que la tarifa de pilotaje es un impuesto y que no hubo consentimiento ni acuerdo para su fijación. Señalan que la Prefectura la denominó ‘impuesto de practicaje’ durante años. Además, sostienen que los servicios de la Prefectura son obligatorios y jurídico-administrativos, por lo que su pago es indiscutiblemente un tributo. Afirman que el destino de lo recaudado (control del tráfico marítimo y Rentas Generales) confirma su naturaleza de impuesto, ya que beneficia a la seguridad marítima en general y no solo a los prácticos. Critican la interpretación del monto imponible, pues la sentencia lo basa en los ingresos del práctico, no en el costo del servicio, y no justifica el 10% de los ingresos. Concluyen que la tarifa de pilotaje es un tributo ilegalmente establecido por el Poder Ejecutivo, violando el principio de legalidad tributaria, la proporcionalidad y la razonabilidad, incluso si se considerara un precio público. V) En primer lugar, sobre la confusión o incongruencia que reprocha el Tribunal entre el ‘impuesto de practicaje’ y tarifa de pilotaje que agravia al recurrente, es cierto que en la demanda no se es del todo preciso al explicar la recaudación prevista en el art. 116 del Decreto 308/896, esto es, el destino del 10% que se detrae de la tarifa de practicaje. Sin embargo, tanto el demandado, como los Tribunales de primera y segunda instancia, comprendieron cabalmente en todo momento que la discusión giraba en torno a la naturaleza jurídica y la legitimidad de dicha recaudación del 10% que se detrae de cada tarifa de practicaje. La parte actora le llamó ‘impuesto al practicaje’ en la demanda a dicho porcentaje dado que, efectivamente, así se lo menciona en los recibos de pago que lucen agregados a fs. 119-125 y también estratégicamente, para defender su posición en el juicio. Al apelar, la actora realiza una introducción que pretende distinguir, por un lado, lo que a su criterio son los honorarios que perciben los prácticos por cada actuación o practicaje que realizan (que es abonado por los armadores, propietarios de los buques, o la Armada que requieren de cada servicio) y, por el otro, la tarifa del 10% que se recauda de dichos honorarios (siempre a su entender) por parte de la Prefectura y que reclama como pago indebido. Sin embargo, a juicio de la Corporación, tal distinción es artificialmente construida para justificar el presente reclamo. A saber, la actora le llama tarifa de practicaje al primero y de pilotaje al segundo. Esto en particular en un intento de controvertir el argumento de la contraparte y la sentencia de primera instancia relativa al acuerdo en la fijación de las tarifas. No obstante ello, resulta indispensable aclarar estas confusiones terminológicas antes de continuar el análisis del planteo efectuado por los recurrentes. En lo medular, en el marco del Decreto Nº 308/986, Reglamento de Prácticos, no existe una distinción entre los conceptos de ‘tarifa de pilotaje’ y ‘tarifa de practicaje’. Ambos términos son sinónimos y se refieren a lo mismo: el sistema tarifario por el servicio prestado por parte de los prácticos. A lo largo del decreto, se utiliza la palabra ‘pilotaje’ para describir el servicio o la actividad que realizan los prácticos, en forma predominante. El artículo 116 establece que parte de las ‘recaudaciones obtenidas por concepto de tarifas de pilotajes’ (el 90%) se destina a las ‘Corporaciones de Prácticos’, lo que confirma que las tarifas por el servicio de pilotaje es lo que se paga por cada actuación de los prácticos. El Reglamento utiliza ambos términos de manera indistinta (en general, emplea pilotaje), y del contexto del Reglamento es posible concluir que son conceptos equivalentes que definen a lo que se paga por el servicio prestado por los profesionales prácticos. A lo largo de todo el juicio es muy claro que lo que está en discusión es la naturaleza jurídica del 10% sobre cada tarifa de practicaje/pilotaje que percibe la parte demandada, y así lo entendieron las partes y los tribunales de mérito. Aclarado lo anterior, corresponde valorar el aspecto central de la controversia relativo a la calificación de la recaudación prevista en el art. 116 del Reglamento de Prácticos. VI) Para comenzar con el análisis de la naturaleza jurídica de la recaudación del 10% de la tarifa de practicaje, es dable recordar que sobre tal aspecto la norma en cuestión dispone: ‘Art. 116 Recaudaciones. Del total de las recaudaciones sostenidas por concepto de tarifas de pilotajes, se destinará el 10% (diez por ciento) a la Prefectura Nacional Naval, a ser empleado en equipos, instalaciones o mejoramiento de ayudas a la navegación para atender el Control de Tráfico Marítimo y el Servicio de Pilotaje. El 90% (noventa por ciento) restante constituirá el fondo común de cada una de las Corporaciones de Prácticos del cual se destinará un porcentaje a los gastos de administración de las respectivas Corporaciones y el saldo restante a la distribución de honorarios de sus integrantes. La recaudación de la tarifa de Pilotaje se hará de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 126 del presente Reglamento, debiendo las respectivas Corporaciones verter directamente a la Prefectura Nacional Naval, el 10% (diez por ciento) del total de lo recaudado. La Prefectura Nacional Naval, adoptará las disposiciones necesarias para el contralor de las liquidaciones y vertimientos correspondientes’. La recurrente afirma que tal detracción es un impuesto encubierto, que vulnera el principio de legalidad y, por lo tanto, reclama la devolución de lo pagado por ese concepto. El agravio no es de recibo. El principio de legalidad tributaria tiene raigambre constitucional a partir de lo dispuesto en los artículos 10 y 85 numeral 4º de la Constitución de la República (‘nullum tributum sine lege’). Sobre la importancia de este principio, se ha señalado que ‘la reserva de ley asume una función exclusivamente garantista en relación a los particulares, al tiempo que los tributos se caracterizan como intervenciones del poder público que limitan la propiedad y la libertad de los individuos, según una fórmula clásica que encuentra en el carácter coactivo del tributo una manifestación de la soberanía del Estado; en otras palabras, la soberanía encuentra un cauce de expresión en la ley tributaria, que es ‘fuente’ directa de la relación tributaria’ (Cfme. Fedele, Andrea. ‘La reserva de ley’. En Tratado de Derecho Tributario dir. Amatucci, Andrea. Tomo Primero. TEMIS. Bogotá. 2001. pág. 160). Valdés Costa ha señalado que ‘la obligación de pagar el tributo reconoce, en el Estado constitucional contemporáneo, como única fuente, la ley. La doctrina ha destacado ese aspecto convirtiéndolo en principio fundamental del derecho tributario que se ha sintetizado en el aforismo ‘no hay tributo sin ley que lo establezca’, inspirado en el tan conocido del derecho penal ‘nullum crimen, nulla poena, sine lege’ (...) la existencia de una ley no es suficiente por sí sola; es imprescindible, además, que la ley se ajuste a las normas y principios establecidos expresa o implícitamente en la Constitución. Hay, pues, ‘limitaciones constitucionales al poder de tributar’, como tan bien lo estudió Baleiro, lo que permite decir que las garantías que se persiguen con el tradicional principio de legalidad encuentran una mejor formulación haciendo referencia a la noción más amplia de principio de juridicidad, como lo propuso Neumark (...) Esta extensión del principio -que protege al individuo contra la arbitrariedad legislativa- se halla vinculada, en lo que respecta a su efectividad, al control jurisdiccional de constitucionalidad de las leyes’ (Cfme. VALDÉS COSTA, Ramón. Instituciones de Derecho Tributario. Ed. DEPALMA. Buenos Aires. 1996. pág. 121-124). Los precios públicos, a diferencia de los tributos, se refieren a contraprestaciones por servicios que no son de carácter forzoso, sino que surgen del consentimiento del particular al solicitarlo. Su origen es el acuerdo de voluntades, a diferencia de los tributos, que nacen de la voluntad unilateral del Estado a través de la ley (Cfme. Cassinelli Muñoz, Horacio. Derecho Público II. vol. 2., FCU, Montevideo, 2002, págs. 103 - 104). Conforme explica Valdés Costa, los precios públicos son ingresos del Estado que provienen de actos jurídicos contractuales y no tributarios. La diferencia fundamental con los tributos radica en su origen: mientras que en los tributos la obligación emana de la ley, en los precios públicos surge del acuerdo voluntario de las partes (Artículo 1246 del Código Civil). Estos ingresos corresponden a las contraprestaciones que el Estado recibe por ofrecer bienes y servicios con valor económico. Su característica jurídica principal es que son obligaciones consentidas en contratos onerosos conmutativos, cuya justificación se basa en la ‘ventaja o provecho que la otra parte obtiene’ (Artículo 1287 del Código Civil). (Valdés Costa, Ramón. Curso de derecho tributario. BdeF, Montevideo, 2022. Pág. 25 y ss). La distinción esencial entre tributo y precio radica entonces, en la fuente y la causa de la obligación. (Cfme. SCJ sentencia nº 249/1998 con cita a Giampietro Borrás ‘Las Tasas en la Hacienda Pública’ págs. 409 y ss. y Valdés Costa, citado por Addy Mazz en Curso de Derecho Financiero y Finanzas, FCU, Montevideo, 1991, t. 1, págs. 137 y ss.). Esta postura fue adoptada mayoritariamente por la Corporación en la sentencia Nº 139/1998 del 3 de agosto de 1998, que adhirió a la Conclusión Nº 2 de las Jornadas de Caracas. Dicha conclusión establece que el elemento fundamental para distinguir el precio de la tasa (y otros tributos) es la fuente jurídica de la obligación: en el precio, es el acuerdo de voluntades entre el Estado y el particular; en los tributos, es la voluntad unilateral y coactiva de la ley. En este sentido, el segundo inciso del art. 10 del Código Tributario definió que ‘No constituyen tributos las prestaciones pecuniarias realizadas en carácter de contraprestación por el consumo o uso de bienes y servicios de naturaleza económica o de cualquier otro carácter, proporcionados por el Estado, ya sea en régimen de libre concurrencia o de monopolio, directamente, en sociedades de economía mixta o en concesión’. Expresado lo anterior, no debe perderse de vista que la actividad que realizan los prácticos reviste ciertas particularidades, como se desprende del Estatuto específico que regula su función al detalle. Recordemos que conforme al artículo único de la ley 16.595, el servicio de practicaje es de naturaleza obligatoria, no comercial y de interés nacional. El Estado, que podría legítimamente realizar esta función en forma directa, decidió que esta actividad esencial se realice a través de las Corporaciones que nuclean a los prácticos. No obstante, es fácil advertir un fuerte componente regulatorio de la función de los prácticos, desde la obligatoriedad de inscripción y de título habilitante que es expedido por la Prefectura Nacional Naval, hasta la reglamentación al detalle de la forma de cálculo de la tarifa de practicaje. El objetivo de tal regulación, como establece la citada ley, es garantizar ‘un sistema que asegure la distribución equitativa del trabajo sin menoscabo de la seguridad de la navegación’. En otras palabras, los profesionales prácticos no son libres de pactar con quienes requieren sus servicios sus honorarios; de hecho, lo tienen expresamente prohibido por el artículo 29 literal g del Reglamento (‘Prohibiciones. Está prohibido a los prácticos (...) Hacer acuerdo privado con las Agencias Marítimas, renunciando o conviniendo en alterar las tarifas establecidas’). Las tarifas de practicaje se regularon al detalle, y se actualizan por el mecanismo del artículo 125 del Reglamento. Tampoco pueden, por ejemplo, negarse a prestar el servicio de practicaje requerido sin justa causa. Esta norma prevé la existencia de una Comisión integrada por el Jefe de la Oficina de Pilotaje, el Prefecto del Puerto de Montevideo, un Delegado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, un Representante del Centro de Navegación Transatlántica y un Práctico de cada Zona. Dicha Comisión es la que propone la actualización de las tarifas, que luego se establecen por decreto (por ej. 186/017). VII) A partir de lo anterior, resulta indispensable para resolver la controversia, abordar en primer lugar la naturaleza jurídica de las tarifas de practicaje/pilotaje, para luego determinar la legitimidad del 10% que se detrae de dicha tarifa. En tal sentido, a juicio de la Corporación resulta indiscutible que la tarifa de practicaje que abonan los armadores, agencias marítimas, propietarios de buques, etc. por el servicio que prestan los prácticos es un precio público (contraprestación por un servicio recibido, con valor económico, que generan una ventaja o provecho al contratante), con la particularidad que se trata de un servicio que por ley sólo puede ser contratado en exclusividad a los prácticos debidamente autorizados y nucleados en las distintas Corporaciones (art. 1097 del Código del Comercio y ley 16.595) y que el precio se encuentra parametrizado al detalle por parte del propio Estado en la reglamentación. Como explica Valdés Costa, ‘cuando el derecho impone la obligación de contratar (con un ente público o una persona de derecho privado), es evidente que estamos también frente a una limitación de un derecho individual, en este caso la libertad de contratación, que, por tanto, requiere ley formal; pero esta limitación no afecta el carácter bilateral y oneroso del negocio jurídico, ni altera la naturaleza jurídica de las contraprestaciones a cargo del usuario o consumidor, especialmente su fundamento o causa jurídica, que sigue siendo la ‘ventaja o provecho’ recibido’ (Curso de Derecho Tributario, cit, Pág. 43). El Estado tomó a su cargo la regulación del practicaje por razones de interés nacional y decidió que esta actividad la realicen los prácticos debidamente autorizados y nucleados en las Asociaciones, en régimen de monopolio. La tarifa de practicaje que abonan los usuarios del servicio es un precio público, que es fijado por el Estado en la reglamentación. Como resume Valdés Costa, ‘la circunstancia de que la legislación disponga la obligación de contratar no altera la naturaleza jurídica de la contraprestación, que sigue siendo la remuneración conmutativa del servicio económico recibido. Por tanto, puede ser fijado por la administración, sin perjuicio de las limitaciones constitucionales o legales que se establezcan. En cambio, la ley es imprescindible para establecer el monopolio y la obligación de contratar, en virtud de constituir la privación o limitación de derechos fundamentales consagrados en la Constitución’. VIII) Conforme tal análisis, se llega a la conclusión fundamental de la cual se deriva necesariamente el fracaso de la demanda promovida. En ese sentido, la pretensión de la parte actora, pretende deslindar o independizar el destino del 10% que se recauda por la Prefectura de la tarifa de practicaje en forma totalmente artificial y forzada. Por el contrario, dicho porcentaje se encuentra plenamente integrado al precio que pagan los usuarios del servicio, conforme a la reglamentación respectiva. En la demanda, se omite explicar a cabalidad y en detalle la particular manera en la que se regula la tarifa de practicaje por la Reglamentación, tarifa en la que está incluido el honorario del práctico. Conforme la lectura de la pretensión incoada por la parte actora, parecería desprenderse que el Estado unilateralmente y sin ley habilitante decidió detraer de los honorarios de los prácticos el 10% en forma de un impuesto encubierto, cuando ello no es así. Para empezar, los prácticos no tienen la libertad de fijar el honorario o precio por sus servicios que les plazca (a contrario sensu, lo tienen expresamente prohibido), sino que la tarifa de practicaje se encuentra minuciosa y detalladamente regulada en la Reglamentación respectiva. Dicho esto, está fuera de debate que es totalmente legítimo fijar precios por la vía de decreto. A la tarifa de practicaje que fija el Estado por la reglamentación (precio), se reguló también expresamente el destino de lo recaudado. A tales efectos, se previó que el 90% corresponderá a las Corporaciones de prácticos para solventar sus gastos administrativos y pagar los honorarios de sus integrantes (los prácticos) y el 10% restante se destinará ‘a la Prefectura Nacional Naval, a ser empleado en equipos, instalaciones o mejoramiento de ayudas a la navegación para atender el Control de Tráfico Marítimo y el Servicio de Pilotaje’. En nada cambia la naturaleza de precio el hecho de que las Corporaciones recauden las tarifas de practicaje, de la que deben volcar un 10% a la Prefectura para el destino antedicho. Ergo, no es posible desligar o separar artificialmente el 10% con destino a la Prefectura; dicho porcentaje se encuentra plenamente integrado al precio que se cobra por la tarifa de practicaje (fijada por Reglamentación), que recaudan las Corporaciones de prácticos, y que incluyen los honorarios de sus socios. Como colofón, la demanda desde el inicio estaba destinada al fracaso, por la sencilla razón de que no son los prácticos los que pagan el 10% del total de la tarifa de practicaje, sino que son los usuarios del servicio. Los prácticos, a través de las Corporaciones que los nuclean, son los encargados de percibir la tarifa de practicaje y de volcar el porcentaje previsto con destino a la Prefectura. No hay pues, a juicio de la Corte detracción alguna de los honorarios de los prácticos: ni impuesto, ni precio. IX) Finalmente, debe señalarse que toda la pretensión de los actores se construye a partir de equiparar forzada y artificialmente la ‘tarifa de practicaje’ con ‘honorario del práctico’. Sin embargo, tal equiparación no es tal. A saber, tarifa de practicaje no es igual al honorario del práctico, a pesar de que lo incluye o que con parte de su percepción se financian. Para expresarlo con mayor precisión, los honorarios de los prácticos por su trabajo se satisfacen a partir del ‘fondo común’ (arts. 126 y siguientes) que administran las Corporaciones de Prácticos a través de la percepción de las tarifas de practicajes (de la que les corresponde el 90% de lo percibido) y diferentes servicios, según las normas del propio ‘Reglamento, a sus Estatutos y a las reglamentaciones internas’. (art. 126 del Reglamento). La tarifa de practicaje que se cobra a los usuarios que contratan el servicio de practicaje, es un precio público, regulado por el Estado por tratarse de un servicio esencial, cuyo precio se encuentra detallada y minuciosamente regulado por Decreto, por el servicio que prestan en exclusividad los prácticos debidamente autorizados a tales efectos por la Administración (conforme a la ley), nucleados en los gremios o corporaciones de prácticos. El precio público en cuestión es uno solo y es la tarifa de practicaje, que no es lo mismo que honorario del práctico, y se estableció que el destino de lo recaudado se reparta en un 90% para las Corporaciones de prácticos (porcentaje que incluye los gastos administrativos y detracciones de la propia Corporación y también de allí se solventan los honorarios de los socios, según sus arreglos internos) y un 10% restante para la Prefectura. De más está decir que dicho porcentaje resulta totalmente legítimo en atención al interés nacional y público de la actividad marítima. La Administración realiza múltiples y variadas funciones indispensables para la actividad de practicaje (remolcadores, lanchas de cabos que los asisten, muelles de atraque, autorizaciones), y también para la regulación del trabajo de los prácticos, desde la propia autorización para ejercer la función. A tal punto esto es así, que el Reglamento de prácticos establece que a los viáticos que perciben los prácticos en el ejercicio de sus funciones, no se les detrae el 10% previsto con destino a la Prefectura previsto para la tarifa de practicaje (art. 123 lit. c del Reglamento). Esto resulta coherente, por tratarse de un rubro que apunta a resarcir los costos en que los prácticos incurren en los traslados (no es un precio), a diferencia de la tarifa de practicaje que no es sinónimo de honorario del práctico, aunque lo incluya o de allí se financie ”. 4) En definitiva, por los fundamentos expuestos, corresponde revalidar las conclusiones del antecedente Nº 1.396/2025 y desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte actora. La conducta procesal de las partes no amerita especial sanción procesal en el grado. Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA. HONORARIOS FICTOS 30 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.