Sentencia Definitiva N° 131/2026

//tencia Nº 131 MINISTRO REDACTOR: DOCTOR JOHN PÉREZ BRIGNANI Montevideo, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis VISTOS: Para sentencia definitiva en estos autos caratulados: “LAWLOR, SILVIA C/ ASOCIACIÓN ESPAÑOLA PRIMERA DE SOCORROS MUTUOS - DEMANDA LABORAL - CASACIÓN”, IUE: 75-2/2022. RESULTANDO: I) Por sentencia definitiva Nº 39/2024, de fecha 16 de julio de 2024, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de 6º Turno falló: “Desestímase la excepción de incompetencia de la Sede en razón de turno. Estímase la excepción de prescripción. Estímase parcialmente la demanda y en su mérito condénase a la demandada a abonarle a la actora, los rubros laborales reclamados individualizados, con el alcance establecido en los Considerandos precedentes, intereses, reajustes y multas legales, que se generen hasta su efectivo pago...”. II) En segunda instancia, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno por sentencia Nº 60/2025 del 24 de abril de 2025 falló: “CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO AL ALCANCE DE LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES, DESESTIMÓ LAS PRETENSIONES POR HORAS EXTRAS Y MULTA POR ATRASO EN EL PAGO DE SALARIOS, Y A LA LIQUIDACIÓN DEL RUBRO PACIENTES ASISTIDOS, EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, ESTABLECIENDO LA PRESCRIPCIÓN DE LOS CRÉDITOS LABORALES EN LOS EXIGIBLES CON ANTERIORIDAD AL 08 DE DICIEMBRE DE 2015 Y EN TAL MEDIDA AJUSTANDO EL ALCANCE DE LOS RUBROS AMPARADOS EN AMBAS INSTANCIAS, CONDENANDO A LA DEMANDADA A PAGAR A LA ACTORA LOS RUBROS HORAS EXTRAS (RECARGO LEGAL) Y MULTA POR ATRASO EN EL PAGO DE SALARIOS, CONFORME LIQUIDACIONES DE LOS CONSIDERANDOS RESPECTIVOS, Y ESTABLECIENDO LA LIQUIDACIÓN DE LA CONDENA POR PACIENTES ASISTIDOS EN LA QUE RESULTA DEL CONSIDERANDO X. TÉNGASE PRESENTE ASIMISMO QUE LAS LIQUIDACIONES SON A VALORES NOMINALES. COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO. HF PARTE DEMANDADA 5 BPC”. III) Contra el referido pronunciamiento, la parte demandada Asociación Española Primera de Socorros Mutuos (AEPSM), interpuso recurso de casación (fs. 2236-2299 vto.). Sus agravios, en ineludible síntesis, son los siguientes. a) Agravia a la parte demandada la condena al pago de horario extraordinario por superar el límite mensual de 26 horas de policlínica. Expresó que es errónea la afirmación del Tribunal relativa a que existe un tope mensual de horas de policlínica en el laudo del Grupo 15 de los Consejos de Salarios. De esta manera, considera que se vulneró el numeral 3 del artículo 5 y art. 14 del decreto Nº 550/989, art. 1 de la Ley Nº 15.996 y num. 1 del capítulo II del Laudo del año 1965. No comparte con el Tribunal de Apelaciones que las 26 horas de policlínica se trate de un límite convencional. Al respecto, transcribió el análisis realizado por el Prof. Hugo Barretto en consulta agregada sobre el límite diario y semanal de la jornada de trabajo en el sector médico. En particular, destacó que el propio laudo admite sistemas de trabajo que sobrepasan el límite de las 26 horas, por lo que es absolutamente incompatible jurídica y lógicamente considerarlo un límite convencional. A su vez, se apoyó en la opinión del Prof. Rosenbaum también en consulta agregada, coincidente con la anterior, relativa a que las 26 horas son un valor mínimo de referencia para determinar la remuneración y no un límite convencional. Afirmó que no puede sostenerse que trabajar por encima de una hora diaria de policlínica vulnere el derecho al descanso o la limitación razonable del tiempo de trabajo. Al respecto, comparó el régimen de trabajo de los cargos de alta dedicación (CAD), que se fijó en 40 horas semanales (8 horas diarias) para el cargo CAD de más baja carga horaria. No es razonable considerar, como lo hizo la impugnada, que cada minuto que exceda la hora diaria de trabajo debe reputarse extra. Aseguró que en el laudo de la Salud, las horas extra son absolutamente excepcionales para casos imprevistos y necesidades accidentales (art. 5 num. 3 del laudo de 1965). Destacó que no existe en toda la historia del ordenamiento jurídico uruguayo, normas de la OIT o derecho comparado limitación mensual del tiempo de trabajo. Sobre el punto, transcribió el desarrollo de la consulta formulada al Dr. Barretto, en especial sobre la regulación de la OIT sobre la limitación de la jornada laboral. b) Agravia a la parte demandada la condena al pago de la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572. Al respecto, apuntó que la impugnada confunde omisión de pago con pago tardío. Explicó que omisión de pago es no pagar el salario en absoluto, lo que es diferente a pagar con unos días de dilación. No comparte la opinión doctrinaria del Prof. Goldstein que recoge la sentencia, que equipara el pago tardío a la omisión de pago presupuesto para la condena a la multa. Contrastó sus conclusiones con las del Prof. Barretto en consulta agregada. Resaltó que esta fue la solución del antecedente normativo directo, esto es, el art. 6 lit. a) del decreto Nº 186/004, que sancionaba “no abonar el salario”, lo que es igual a “omisión de pago” en el contexto del art. 29 de la Ley Nº 18.572. Omisión de pago es no pagar el salario, incumplir con los componentes de periodicidad y momento de pago. Explicó que, en el caso concreto, el salario “millonario” y de compleja liquidación de la actora, justifica el breve atraso en la fecha de pago. Explicó en detalle los diferentes rubros que componen el salario de la actora. Consideró que además de un error jurídico, equiparar omisión de pago con pago tardío es un error semántico a partir de la definición de la palabra “omitir” por la Real Academia Española. Apuntó que el tenor literal de la ley es claro; no admite dudas interpretativas. Recordó que la propia actora reconoce que jamás existió omisión de pago que haga aplicable la multa. Resaltó que el MTSS jamás sancionó a la AEPSM por incumplir con el pago de salarios. Argumentó que resulta peligrosa la interpretación de la impugnada y de la contraria, que pretende en forma retroactiva hacerse de un reclamo millonario, contrario a los actos propios. Definió la pretensión como un reclamo por el reclamo en sí mismo. Cuestionó a la contraria por la cita indeterminada a una supuesta comisión parlamentaria, antecedente de la Ley Nº 18.572. También criticó duramente el argumento de la actora, relativo a la analogía con las deudas fiscales o tributarias. Aseguró que la accionante modificó extemporáneamente su reclamo en apelación, ya que en la demanda no hizo mención a la supuesta omisión de pago del salario. Fustigó la interpretación de mala fe de la actora respecto a la consulta del Prof. Barretto, sobre la fecha de exigibilidad del pago de los salarios mensuales. Cuestionó que pretenda “hacerle decir lo que no dice” a la consulta agregada. Citó a su favor jurisprudencia del Tribunal de Trabajo de 1º Turno. En definitiva, solicitó a la Corte que case la sentencia y en su mérito, la absuelva de la condena impuesta al pago de horario extraordinario de policlínica y multa del artículo 29 de la Ley Nº 18.572. IV) Del recurso de casación se otorgó traslado a la parte actora, que lo evacuó en tiempo y forma abogando por su rechazo. A la vez, adhirió a la casación por la liquidación de las diferencias en el pago de atención a pacientes en policlínica. Al respecto, argumentó que la impugnada vulnera el principio de congruencia por extra petita, ya que la Sala corrige la liquidación sobre la base de un argumento no expuesto en la contestación de la demanda, esto es, que deben considerarse el fondo de categoría, complemento Ley Nº 16.713 y la retroactividad. A la vez, ante la ausencia de liquidación alternativa existe falta de contradicción sobre el punto, por lo que la Sala vulneró el artículo 130.2 del CGP. V) De la adhesión a la casación de la actora se concedió traslado a la demandada, que lo evacuó en tiempo y forma argumentando su rechazo por razones formales y sustanciales (fs. 2359-2376). VI) El recurso de casación fue concedido y franqueado y el expediente recibido en la Suprema Corte de Justicia el día 25 de julio de 2025 (fs. 2383). VII) Sorteado el control liminar de admisibilidad (fs. 2384), por decreto Nº 829 del 5 de agosto de 2025 se ordenó el pase a estudio del expediente y se llamaron los autos para sentencia. VIII) Atento a que la Sra. Ministra Dra. Martínez cesó en su cargo el día 2 de septiembre de 2025, se cometió a la Oficina Actuaria la realización de sorteo procediéndose a integrar la Corporación en donde resultó sorteado para integrar la Corte la Sra. Ministra Dra. Sylvia De Camilli (fs. 2397 y 2424). IX) Culminado el estudio por parte de los Sres. Ministros, se acordó emitir el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO: I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, desestimará el recurso de casación interpuesto así como la adhesión al mismo esgrimida por la actora, conforme los siguientes fundamentos. II) Corresponde comenzar señalando los hechos que se analizan en las presentes actuaciones. Al respecto, el caso de autos refiere a una demanda iniciada por la Dra. Silvia Lawlor, cirujana oftalmóloga, que trabajó para la demandada AEPSM desde el 21 de noviembre de 1988 hasta el 31 de diciembre de 2020, reclama diferencias salariales y rubros adeudados: diferencia en el salario base de policlínica, horas extra de policlínica, diferencias en el pago de pacientes vistos, diferencias por antigüedad, rebaja salarial por eliminación de partidas, diferencias en el fondo de categorías, y adeudos de egreso (licencia, salario vacacional y aguinaldo). La sentencia de primera instancia desestimó la excepción de incompetencia y estimó parcialmente la excepción de prescripción. La sentenciante determinó que los créditos laborales exigibles antes del 23 de diciembre de 2016 estaban prescritos, tomando como fecha de interrupción la presentación de la demanda. Respecto al fondo, la sentencia desestimó la pretensión por diferencias en el salario base de policlínica, horas extra de policlínica y la multa por atraso en el pago de salarios. En cuanto a las horas extra, consideró que el excedente de las 26 horas mensuales de policlínica no implica la generación de horas extra, dado que el laudo se refiere a horas imprevistas o accidentales. Por otro lado, la sentencia amparó las pretensiones por diferencias de antigüedad, diferencias en pacientes asistidos, prima por solidaridad (en su forma subsidiaria de rebaja salarial), la rebaja salarial por la eliminación de partidas, el fondo de categorías, y los rubros al egreso. El Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno, en sentencia aquí impugnada, confirmó parcialmente la decisión de primera instancia. Revocó el fallo del grado anterior en cuanto a la prescripción, estableciendo que el acto interruptivo fue la segunda diligencia preparatoria del 8 de febrero de 2021. Al considerar la suspensión de 62 días de los plazos judiciales por la pandemia, determinó que la prescripción abarca los créditos exigibles antes del 8 de diciembre de 2015. El tribunal también revocó la decisión sobre las horas extra de policlínica y condenó a la demandada a su pago. Sostuvo que el laudo de 1965 establece un límite convencional de 26 horas de “trabajo normal” en policlínica y que el trabajo que excede este límite (más un margen de tolerancia del 20%) debe ser remunerado como trabajo extraordinario. Asimismo, revocó el fallo de primera instancia respecto a la multa por atraso en el pago de salarios, condenando a la demandada, ya que la multa se genera automáticamente al momento de la exigibilidad del crédito, independientemente de si este se cumple tardíamente. Finalmente, confirmó las demás condenas de primera instancia, como las diferencias de antigüedad, y la rebaja salarial. Con relación a los pacientes vistos, estableció que las partidas adicionales deben ser consideradas al comparar con los mínimos laudados, y que la condena solo procede si la diferencia excede el 10%. III) Aclarados los hechos de autos, corresponde ingresar al análisis de los recursos interpuestos. En primer lugar, la demandada se agravia en lo sustancial por la condena al pago de horas extra por superar el límite de 26 horas de trabajo en policlínica y por la multa prevista en el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 ante el pago con atraso de los salarios. Respecto al primer punto de agravio (límite de 26 horas de trabajo), la Suprema Corte de Justicia tiene jurisprudencia sobre la interpretación del límite de horas de trabajo en policlínica de acuerdo al convenio de 1965, que se revalida en esta oportunidad. En tal sentido, en sentencia Nº 666/2018 la Corte dijo: “En cuanto al reclamo por horas extras con base en el 20% de margen de tolerancia, tampoco el agravio es de recibo. De acuerdo con lo dispuesto en el laudo del año 1965, Capítulo II numeral 1, los médicos y cirujanos (generales o especializados) que ingresaren a partir de la fecha del laudo cumplirán en consultorio 26 horas mensuales en consultas de dos horas, tres veces por semana o equivalentes. Luego, el numeral 8, bajo el nomen iuris ‘margen de tolerancia’, establece: ‘Se define así un mayor trabajo a consultorio y/o domicilio, que los médicos podrán realizar por encima de su trabajo normal. Este margen será de un 20%, y aplicable solamente a quienes realizan funciones a consultorio y/o domicilio, de acuerdo con los numerales 1, incisos a y b, 2, 3 y 4 del presente capítulo. Esta labor no será considerada trabajo extra y deberá establecerse el tiempo suplementario para su realización’. La ley 15.996, en su art. 1, dispone que se consideran horas extras las que excedan del límite horario aplicable al trabajador, en las actividades y categorías laborales que estén legal o convencionalmente fijadas. El error del recurrente se verifica al considerar que ese margen de tolerancia previsto en el laudo son horas extras que deben ser remuneradas con el recargo correspondiente. No es así. La actividad y categoría laboral del actor son objeto de regulación en el laudo en el que se prevé una fijación de duración de la jornada en funciones de consultorio en 26 horas mensuales, en consultas de 2 horas 3 veces por semana o equivalentes. Quiere decir que, inicialmente, la norma dispone una cantidad de horas como parámetro fijo de duración, el cual, contingentemente, puede verse superado por lo dispuesto en el margen de tolerancia. Y ello, es evidente, con la finalidad de garantizar la continuidad del servicio. Ese margen de tolerancia está previsto y se agrega al parámetro fijo de duración. En el ámbito correspondiente, justamente se previó que la labor durante el margen de tolerancia no sería considerada como ‘trabajo extra’ y, además, que sería remunerada como el trabajo de rutina. La solución convencionalmente estipulada no contraviene, en absoluto, la ley 15.996 ni el régimen general para el sector de limitación de la jornada, por lo cual es posible mediante regulación de inferior jerarquía adoptar soluciones que, en sí mismas, cabe igualmente considerar más beneficiosas que la previsión legislativa”. En este expediente, no se plantea la cuestión del margen de tolerancia, ya que está fuera de controversia que se sobrepasó el límite de trabajo previsto convencionalmente incluido dicho margen, lo que implica la realización de trabajo extraordinario en policlínica. Según el Laudo de 1965, vigente por la ratificación por los decretos Nos. 440/985 y 504/985, se estableció un límite convencional de 26 horas mensuales de trabajo en consultorio. El propio laudo define este tiempo como tiempo de “trabajo normal”. A su vez, se prevé en el propio Convenio un margen de tolerancia del 20%, lo que habilita un mayor trabajo a consultorio que expresamente no se considera trabajo extraordinario. Sin embargo, la labor que supera tanto el límite convencional incluido el “margen de tolerancia” debe ser considerado trabajo extraordinario en policlínica y pagado al doble del valor normal. En ese sentido, resulta compartible lo sostenido por el Tribunal que rechazó el argumento de la demandada de que las horas extra solo se aplican a trabajos “imprevistos o accidentales”. Explicó la Sala que el artículo 5º, numeral 3º, del decreto Nº 440/985, que menciona esta definición, no excluye la regulación del laudo de 1965, cuya vigencia es ratificada por el propio decreto. Por lo tanto, el trabajo de la actora, que cumplía 43.33 horas mensuales, superó el límite de 31.2 horas (26 horas más el 20% de tolerancia). La diferencia de 12.13 horas mensuales debe considerarse trabajo extraordinario en policlínica y, dado que la demandada las pagó de forma simple, la condena a abonarlas con el recargo correspondiente no merece reproches. Las excepciones previstas en el propio Convenio a la regulación general del trabajo en policlínica que viene de repasarse -tales como el margen de tolerancia o la continuidad de regímenes de trabajo anteriores a la entrada en vigencia del Convenio- son justamente eso, excepciones, que no modifican la conclusión relativa a la existencia de un límite convencional previsto para el trabajo en policlínica de regla o principio. Resulta totalmente razonable que el Convenio prevea, por ejemplo, la continuidad de los regímenes de trabajo en policlínica anteriores que superen el límite de 26 horas mensuales, a manera de transición, ya que el Convenio aplica a quienes ingresen a partir de la vigencia del Laudo. En definitiva, la interpretación propuesta por el Tribunal, es correcta y, en consecuencia, corresponde desestimar el primer agravio de la recurrente. Por su parte, con relación a la multa impuesta a la demandada por el pago de salarios con atraso, la Corte ya se pronunció sobre el punto en la sentencia Nº 995/2025 que corresponde revalidar en el presente caso. En dicho fallo respecto al punto, se expresó: “A los efectos de determinar si corresponde o no pagar la multa, cabe acudir al momento en que se generó el recargo. Dado que el artículo 29 de la Ley Nº 18.572 no exige ninguna actividad para hacer caer en mora al deudor y que esta se genera en forma automática, una vez vencido el plazo legal sin haberse pagado el salario, se adeuda la multa. La ‘omisión en el pago’ se configura con el pago fuera de plazo. El pago fuera de plazo no elimina el derecho al cobro de la multa que se generó en forma automática por no haber cumplido en plazo con la obligación. Si el pago del salario vencido el plazo habilitara la exoneración del pago de la multa, no existiría estímulo alguno para el empleador para cumplir con los plazos previstos por el legislador. Por otra parte, también se coincide con el Tribunal en mayoría en cuanto a que, si bien el actor no reclamó al percibir el sueldo la multa, ello no es óbice para su reclamo posterior, por cuanto no hay norma que lo limite y rige el principio de irrenunciabilidad en materia laboral. A lo que se suma, que teniendo en cuenta la naturaleza punitiva de la multa, no resulta relevante si el actor finalmente resultó o no perjudicado al haber percibido el salario, aunque sea fuera de plazo”. En definitiva, por tales argumentos, corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto por la demandada. IV) Por otra parte, la parte actora adhiere a la casación por la forma en que se liquidaron las diferencias de pago por la atención en policlínica. En forma inicial, corresponde destacar que a contrario de lo que afirma el demandado al evacuar el traslado, la adhesión a la casación es formalmente admisible. Si bien existen dos pronunciamientos coincidentes sobre la procedencia del rubro, no hay coincidencia entre la primera y la segunda instancia respecto a los elementos del salario que deben tenerse en cuenta para la liquidación. En tal sentido, el Tribunal de Apelaciones modificó las pautas de la liquidación en forma menos beneficiosa para la actora, lo que habilita el control casatorio sobre el punto. Expresado lo anterior, no le asiste razón a la parte actora en su crítica y el Tribunal no vulneró el principio de congruencia ni existe admisión de la demandada sobre la procedencia o no de las partidas a considerar para la liquidación. En realidad, el agravio de la recurrente es uno solo expresado de maneras distintas, que apunta a la falta de controversia de la contestación sobre la forma de liquidar el rubro atención a pacientes a policlínica. El Tribunal concluyó que para determinar si existen diferencias salariales por la atención a pacientes en policlínica, se deben tener en cuenta las partidas adicionales que la demandada ya abonaba. En particular, se deben incluir el fondo de categoría, el complemento de la Ley Nº 16.713 y la retroactividad salarial del 3%. La resolución del Tribunal establece que estas partidas deben sumarse al valor por paciente asistido ya pagado. En el caso del fondo de categoría, destaca la Sala, incluso la propia actora lo incluyó en el cálculo de su demanda. Por lo tanto, la condena por diferencias en los pacientes atendidos solo se aplica si la diferencia entre lo que se le pagó a la trabajadora y lo establecido en los laudos supera el 10%. Además, sobre estas diferencias no se debe volver a calcular el fondo de categorías. El resto de la liquidación, incluyendo sus accesorios, se mantiene según lo establecido en la sentencia de primera instancia. El Tribunal no vulneró el principio de congruencia ni existe admisión -por falta de controversia efectiva- de la demandada respecto a los elementos a considerar para determinar la liquidación del rubro atención a pacientes en policlínica. Basta con leer la contestación de la demanda, en particular a fs. 1136 y siguientes, para advertir que, efectivamente, existió controversia y cuestionamiento del demandado sobre el punto respecto a cuáles partidas deben incluirse para determinar todos los rubros, incluido desde luego la atención a pacientes en policlínica. Como dijo el Tribunal de Apelaciones en términos enteramente compartibles: “si la parte demandada niega por determinados fundamentos la procedencia de un rubro (en el caso diferencias de salario base con el mínimo laudado), la no realización de liquidación alternativa por ese rubro, no supone en modo alguno admisión o falta de controversia. La ausencia de liquidación se valorará en su caso, si se concluye en la procedencia del rubro, e incluso con el análisis y ajustes que correspondan, porque como ha entendido la Sala en otros pronunciamientos, la liquidación del crédito que se condena, comprende cuestiones de hecho y también de derecho, que el juez debe considerar, no siendo procedente la remisión automática a la liquidación del actor por la sola circunstancia de ausencia de liquidación alternativa de la demandada. Así, si en el proceso también se discutió una base de cálculo de la liquidación de un rubro, y se concluyó que en el punto asiste razón a la demandada, no puede -también por razones de coherencia interna de la sentencia- estarse a la liquidación de la parte actora que utilizó la base de cálculo desestimada. Lo mismo si la liquidación de la actora contiene errores de derecho, que por aplicación de la normativa que regula el rubro el juez tiene el poder-deber de ajustar, es decir, liquidar el rubro conforme a las disposiciones que lo regulan”. La claridad de lo expuesto exime de mayores comentarios, por lo que en definitiva corresponde desestimar la adhesión a la casación de la actora. V) La conducta procesal de las partes no amerita la especial imposición de sanciones. Por los fundamentos expuestos y conforme lo dispuesto por los artículos 268 y siguientes del Código General del Proceso, la Suprema Corte de Justicia, FALLA: DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEMANDADA ASÍ COMO LA ADHESIÓN FORMULADA POR LA ACTORA. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES 20 BPC. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE.