Sentencia Definitiva N° 133/2026

Montevideo, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis VISTOS : Para sentencia definitiva este expediente caratulado: “AA - UN DELITO DE ABUSO SEXUAL ESPECIALMENTE AGRAVADO - CASACIÓN PENAL”, IUE: 2-61/2023 venido a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la defensa del acusado contra la sentencia definitiva Nº 11/2025 dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva Nº 97/2024 de fecha 16 de octubre de 2024, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Durazno de 1º Turno falló: “ Condénase al Sr. AA como autor penalmente responsable de REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL AGRAVADOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ, a la pena de cinco (5) años de penitenciaría, con descuento del tiempo de la preventiva sufrida si lo hubiere, y poniendo a su cargo los gastos previstos en los literales d) y e) del artículo 105 del Código Penal. Asimismo se le impondrán al mismo las condenas accesorias previstas en el artículo 79 de la Ley Nº 19.580 (a saber, pérdida e inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad de niñas, niños y adolescentes así como para el ejercicio de funciones públicas o privadas en el área educativa, de la salud, y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación o en la salud) así como la indicada también en el artículo 80 de la precitada Ley Nº 19.580 (a saber, una sanción pecuniaria de reparación patrimonial para la víctima por un monto equivalente a 12 ingresos mensuales del condenado o en su defecto 12 salarios mínimos), por así corresponder al ser normativa de Orden Público en ambos casos. Asimismo, dispónese la inscripción de la sentencia condenatoria en el Registro de violadores y abusadores sexuales, de conformidad a lo estatuido por el artículo 104 de la Ley Nº 19.889,... ” (fs. 33/46). II) En segunda instancia, por sentencia definitiva Nº 11/2025 de fecha 3 de abril de 2025, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3º Turno, se falló: “CONFÍRMASE LA SENTENCIA Nº 97 DE 16 DE OCTUBRE DE 2024 (FS. 33-45), SALVO EN CUANTO A LA PENA QUE SE LA ESTABLECE EN EL GRADO EN CUATRO (4) AÑOS Y SEIS MESES (6) DE PENITENCIARÍA. (...) ” (fs. 106/118). III) En tiempo y forma, la Defensa del encausado AA interpuso recurso de casación (fs. 123/130), en el que planteó, en necesaria síntesis, los siguientes cuestionamientos: Sostuvo que el Tribunal incurrió en absurdo evidente en la valoración de la prueba. Criticó la referencia de la Sala relativa a que los delitos sexuales suelen ser cometidos en ámbitos de clandestinidad, por cuanto no resulta aplicable al caso. Los hechos denunciados, en concreto, los presuntamente ocurridos el 12 de diciembre de 2022, tuvieron lugar en la casa de AA en una tarde de verano. La casa estaba abierta y se encontraban presentes, de forma permanente o alternada, sus sobrinos, entre ellos el testigo BB, la Sra. CC y el Sr. DD. Por ello, no es posible considerar legítima la utilización del estándar probatorio diseñado para situaciones donde se cometen abusos en clandestinidad. Señaló que se le imputan dos conductas al encausado. Una presuntamente ocurrida el 12 de diciembre de 2022, en la que AA habría empezado a tocar la vagina de la víctima con dos dedos, y otra en una oportunidad anterior, supuestamente en un cumpleaños del imputado, en que AA le habría dado besos en el cuello y la habría tocado con la ropa puesta en la zona de los pechos (tetillas). Respecto al primero de tales hechos, adujo que el primer error de la sentencia es asegurar que ocurrió un tocamiento en la zona genital de EE, lo que solo puede ocurrir mediante la aplicación del estándar probatorio al que se hizo referencia previamente. Dicho estándar implica flexibilizar las reglas de prueba, produciéndose un alejamiento peligroso de la verdad histórica y de la verdad procesal. En el caso, no se probó plenamente que AA haya realizado la conducta descrita. El estándar probatorio utilizado para los delitos de abuso sexual produce estas consecuencias absurdas, por lo que es incorrecto. Además, busca atajos para condenar y, al flexibilizar las reglas probatorias, colisiona con el principio de inocencia y con el de que la duda debe favorecer al imputado. Añadió que el segundo error que comete la Sala supone basarse en el testimonio de la víctima (testigo único). Si bien existieron varios testigos, el fundamento de la condena procede enteramente del testimonio de la víctima, vulnerándose los principios de inocencia e “ in dubio pro reo ”, pues todo lo que saben los demás testigos nace necesariamente de lo que la víctima les dijo. La condena se basa en un testimonio único, lo que es y fue siempre absurdo. No existe suficiencia probatoria para condenar. Apuntó que el tercer error que comete el Tribunal es que la sentencia no establece que haya ocurrido un hecho de abuso sexual con violencia. Si bien la violencia se presume cuando la víctima es menor de 15 años, de los hechos narrados no surge que AA haya actuado: “ por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva ”. De lo declarado por la víctima surge todo lo contrario: en ningún momento el imputado utilizó esos medios para la realización del presunto acto de naturaleza sexual. No existió violencia, según el testimonio claro de EE. Y lo demás (intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza) no fue probado. Respecto a los hechos anteriores al 12 de diciembre de 2022, sostuvo la Defensa que también se equivoca el Tribunal al considerarlos probados, lo que se deriva de la errónea aplicación del referido estándar probatorio. La construcción probatoria emerge de lo relatado por la víctima respecto a que “ me daba besos acá en el cuello o me tocaba acá con la ropa puesta ” y en “ las tetillas ”. Se tienen por plenamente probados los hechos mencionados por la víctima, pese a que no se diagnosticó estrés postraumático, dado que a dicha fecha ella no lo padecía. Es absurdo, por lo tanto, considerar que los hechos denunciados fueron plenamente probados. Existe insuficiencia probatoria total y no pueden ser considerados de forma igual respecto de los otros hechos, en virtud de que estos no produjeron en la víctima el trastorno de estrés postraumático. A su vez, habrían ocurrido en presencia de muchas personas y en un lugar no clandestino, por lo que el uso del referido estándar probatorio es incorrecto. Expresó que, advirtiendo un análisis absurdo de la evidencia presentada en juicio, se sustenta la duda razonable, frente a la cual corresponde la absolución del imputado, lo que así solicitó. IV) Conferido el traslado de precepto (fs. 132), fue evacuado por la Fiscalía actuante (fs. 137/141) y por la Defensa de la víctima (fs. 144/150), abogando ambos litigantes por el rechazo del recurso de casación interpuesto. V) El recurso fue debidamente franqueado (fs. 152) y los autos fueron recibidos por este Cuerpo el 4 de junio de 2025 (fs. 154). VI) Por decreto Nº 680 de fecha 24 de junio de 2025, se dio vista al Fiscal de Corte (fs. 156), quien expidió el dictamen obrante a fs. 158/167 vto., en el que se pronunció por rechazar el recurso de casación interpuesto. VII) Se ordenó que el expediente pase a estudio para sentencia (decreto Nº 812 de fecha 29 de julio de 2025, fs. 169). VIII) Ante el cese de la Sra. Ministra Dra. Elena Martínez como Ministra de la Suprema Corte de Justicia el día 2 de setiembre de 2025, se realizó el correspondiente sorteo de integración, recayendo la suerte en la Sra. Ministra Dra. Graciela Eustachio. IX) Culminado el estudio del expediente por la Suprema Corte de Justicia, se acordó emitir el siguiente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : 1) La Suprema Corte de Justicia debidamente integrada y por unanimidad desestimará el recurso de casación interpuesto, por los fundamentos que a continuación se pasan a exponer. 2) Para comenzar el análisis, conviene repasar en primer lugar los hechos relevados en la sentencia impugnada. En tal sentido, el Tribunal de Apelaciones ratificó –implícitamente- la plataforma de hechos que se había tenido por acreditada en la sentencia de primera instancia, que a continuación se transcribe: “ Que en autos se han producido inicialmente, por lo pronto, más de una situación en contra de la Víctima de autos; a saber varios hechos de abuso sexual perpetrados por el Imputado de autos en contra de la Víctima de marras, episodios éstos que ocurrieron desde que EE tenía 8 años de edad, o incluso con anterioridad a esta edad. Cabe consignar que EE es sobrina política de AA, ya que el Padre de EE es Hermano de CC, quien es la Pareja de AA. EE tenía casi 7 años de edad al momento de los hechos, y es sobrina por afinidad de AA. EE vivía con su Mamá y con DD (la Pareja de su Mamá), y solía ir seguido a la casa de CC donde vivía AA. El 12 / 12 / 2022 EE fue a visitar a CC, y ahí estaba AA, su tío por afinidad, y también estaba su primo FF de 3 años de edad. AA le puso la mano en los genitales a la niña, y le toco su vagina, siendo que la niña le dijo que no le gustaba. En esos momentos apareció un amigo de AA y él se fue a recibir a su amigo. Al volver CC la niña se quiso ir, siendo que AA la llevo a EE a su casa y su madre la vio angustiada. La niña le dijo a su madre que su tío le toco la cola, y su vagina. EE develó a la vez otras situaciones abusivas en oportunidades de ir a lo de su tía y estando AA allí. A la vez EE empezó un proceso traumático, con desórdenes alimenticios, pesadillas, miedo a los hombres, angustia y llantos. La familia paterna no le cree a EE. En otras palabras, AA indujo que la niña se quedara a solas con él, y luego la llevaba a su casa y le decía que lo sucedido ‘era un secreto entre los dos’. EE relató varios hechos, siendo acariciada por la espalda y por la zona del pecho, aprovechándose AA al consumar episodios abusivos en su contra. EE le contó lo sucedido a su Madre, LL, destacándose que la misma siempre efectuó un relato que mantuvo en el tiempo, en el entendido que fue abusada en más de una oportunidad por el Imputado de obrados. Estos hechos denunciados por EE (la Víctima de obrados), ocurrieron en la época de la niñez de ésta, ya que ella hoy por hoy cuenta con casi 11 años de edad ”. Bajo este encuadre fáctico, el decisor de primer grado condenó a AA como autor de reiterados delitos de abuso sexual agravados en régimen de reiteración real a la pena de 5 años de penitenciaría. El Tribunal de alzada ratificó la plataforma fáctica y la calificación jurídica, pero abatió la pena a 4 años y 6 meses de penitenciaría. Sentado lo anterior, corresponde ingresar al análisis de los agravios introducidos en el recurso de casación. 3) Análisis sustancial del recurso de casación interpuesto por la Defensa. La Defensa, en su recurso de casación, expresa agravios respecto a la valoración probatoria ensayada por la Sala, la que califica de evidentemente absurda. Sin perjuicio de ello, la recurrente realiza también un breve planteo sobre una cuestión de calificación delictual, que oportunamente será analizado. 3.1) Agravios por la valoración de la prueba. En lo inicial, es necesario recordar que sobre el alcance de la causal “ error en la valoración de la prueba ” como motivo de casación en el proceso penal vigente, existen dos posiciones gradualmente diferentes en el seno de la Suprema Corte de Justicia, cuyos fundamentos pueden consultarse extensamente en sentencia Nº 576/2023, entre muchas otras. De manera resumida, para la mayoría representada por los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Pérez Brignani y la redactora, a la que adhiere la Sra. Ministra integrante Dra. Graciela Eustachio, sostienen que existen límites normativos a la revisión del material fáctico refrendado por los tribunales de mérito en la etapa de casación, excepto en casos de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta en el razonamiento probatorio. Para esta postura, la causal de error en la valoración de la prueba se reduce a situaciones donde se violan las tasas legales, en el caso de pruebas tasadas, o en aplicación del sistema de la sana crítica, solo cuando se incurre en un error evidente y grosero. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Sosa Aguirre defiende una interpretación menos restrictiva de la causal de error en la apreciación de la prueba como motivo de casación. Así, en esta postura, las reglas de la sana crítica y la experiencia son pautas legales expresamente consagradas en la norma procesal, cuya infracción puede alegarse en el recurso de casación. En otras palabras, la valoración probatoria realizada por el Tribunal de alzada no debería excluirse del control casatorio en principio. De esta manera, la infracción a las reglas legales de la sana crítica previstas en la norma procesal constituye causal de casación, sin que sea necesario tener que llegar al extremo del absurdo evidente o la arbitrariedad manifiesta. Ahora bien, de todas maneras, más allá de las diferentes posiciones que vienen de reseñarse, resulta claro que el agravio, tal como fue planteado, no puede prosperar. 3.2) Para la mayoría conformada por los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Pérez Brignani, Eustachio y la redactora, la Defensa recurrente no ha cumplido con la exigencia de alegar errores en la valoración de la prueba con la entidad exigible para ser considerados en casación, es decir, errores que constituyan absurdo o arbitrariedad en forma evidente. Si bien utiliza en reiteradas ocasiones la expresión “ absurdo evidente ” para referir a la valoración probatoria realizada por la Sala, lo cierto es que en ningún momento cumple con detallar en forma concisa y adecuada dónde estaría el razonamiento notoriamente absurdo en que habría incurrido el Tribunal al valorar las probanzas. Más allá de lo anterior, desde cualquiera de las dos posturas sobre el error en la valoración de la prueba como causal de casación, es claro que no le asiste razón al recurrente en sus críticas conforme al siguiente análisis. 3.3) En primer lugar, la recurrente critica la referencia de la Sala relativa a que los delitos sexuales suelen ser cometidos en ámbitos de clandestinidad. Expresa que tal “ estándar ” no resulta aplicable al caso de autos, donde los hechos denunciados, en concreto, los presuntamente ocurridos el 12 de diciembre de 2022, tuvieron lugar en la casa de AA en una tarde de verano en que la casa estaba abierta y estaban presentes, de forma permanente o alternada, sus sobrinos, entre ellos el testigo BB, la Sra. CC y el Sr. DD. Por ello, concluye, no es posible considerar como legítima la utilización del estándar probatorio diseñado para situaciones donde se cometen abusos en clandestinidad. Sobre el punto, es necesario remarcar, en primer lugar, que el Tribunal no aplicó en el caso un estándar probatorio particular para cimentar su sentencia de condena, ni tampoco dejó de lado las reglas generales sobre valoración de la prueba. La referencia que hizo la Sala a los delitos que suelen cometerse en ambientes de clandestinidad no implica una desconsideración del estándar requerido para condenar (previsto en el art. 142 del CPP), ni de las reglas de valoración probatoria (indicadas en el art. 143 del mismo cuerpo normativo). En este sentido, señaló la Sala: “ Así ya es posición firme del Tribunal que en casos donde se investiga presuntas situaciones de abuso sexual, en cuanto a la valoración de la prueba, el art. 143 CPP preceptúa que deberá hacerse ‘por separado y en conjunto de acuerdo con las reglas de la sana crítica, salvo texto legal que expresamente disponga una regla de apreciación diversa...’ . (...) Así, las ‘reglas’ de valoración de la prueba son las mismas; empero, esa confluencia de ‘lógica y experiencia’ en casos de abuso sexual indica que el agresor buscará realizar sus actos con el mayor sigilo posible en un ambiente de máxima clandestinidad que le asegure su impunidad, tal vez hasta consciente de lo aberrante de su accionar y que plantee la cuestión -en caso de una inesperada denuncia- en una ‘palabra contra palabra’; más aún cuando del otro lado hay un menor de edad ”. En suma, cuando se investigan presuntos delitos de abuso sexual, las reglas generales de valoración de la prueba se siguen aplicando y lo mismo ocurre con el estándar legalmente requerido para el dictado de una sentencia de condena. Despejado el punto, cabe recordar que la normativa legal vigente ordena al juzgador a tener especialmente en consideración que “ los hechos de violencia constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros ” (art. 46 Ley Nº 19.580). Teniendo ello en vista, huelga destacar que la observación del Tribunal según la cual, en este tipo de delitos, el autor generalmente busca estar a cubierto de miradas extrañas para realizar sus actos, además de configurar una regla de experiencia, ha sido recogida por una norma de derecho positivo. Por ello, la Sala no solamente podía, sino que debía tomarla en consideración al realizar su valoración probatoria. La Defensa, además de deslizar críticas sobre la mencionada regla sentada por el legislador, afirma que no resulta aplicable al caso, pues los hechos tuvieron lugar en una casa que estaba abierta y donde estaban presentes otras personas. El agravio no resulta de recibo, en tanto la afirmación de la Defensa no se corresponde con la plataforma fáctica que se tuvo por probada y que, como se dirá, la recurrente no logra derribar en esta etapa. De acuerdo con el relato de la víctima, que ha sido validado por los técnicos intervinientes, el episodio del 12 de diciembre de 2022 tuvo lugar en el dormitorio del imputado, en un momento en que no estaban presentes en el interior de la casa otras personas, a excepción del pequeño hijo del encausado, de apenas 3 años de edad. En efecto, la agresión sexual a la víctima ocurrió en el ínterin entre que se retiró de la casa CC (tía de EE) y llegó a la finca DD (un amigo del imputado). Así surge del correcto análisis realizado sobre el punto en la sentencia impugnada. La recurrente no desarrolla un agravio en forma tendiente a rebatir tales hechos probados, por lo que no resulta de recibo su alegación de que estaban presentes otras personas en la casa mientras tuvo lugar el hecho investigado. En consecuencia, en virtud del lugar, momento y contexto en que ocurrió el hecho denunciado, es acertada la aplicación por el Tribunal de la regla prevista en el art. 46 de la Ley Nº 19.580. 3.4) A continuación, la Defensa divide el análisis relativo a las dos conductas que se imputaron al encausado. Respecto al hecho de fecha 12 de diciembre de 2022, alega que el primer error contenido en la sentencia es asegurar que ocurrió un tocamiento en la zona genital de EE, lo que solo puede ocurrir mediante la aplicación del estándar probatorio al que hizo referencia previamente, el cual implica flexibilizar las reglas de prueba, produciéndose un alejamiento peligroso de la verdad histórica y de la verdad procesal. Afirma que, en el caso, no se probó plenamente que AA haya realizado la conducta descrita. Expresa que el estándar probatorio utilizado para los delitos de abuso sexual produce estas consecuencias absurdas, por lo que es incorrecto, busca atajos para condenar y, al flexibilizar las reglas probatorias, colude con el principio de inocencia y el in dubio pro reo. El agravio resulta de franco rechazo. Respecto a las críticas formuladas al “ estándar probatorio ” que, según la Defensa, se habría utilizado en el caso, cabe remitir a lo que viene de señalarse en el apartado anterior. Por su parte, la afirmación de la recurrente según la cual no se probó plenamente que AA haya realizado la conducta descrita, carece de fundamentos que la sustenten. La Defensa ni siquiera intenta realizar una valoración alternativa de la prueba (lo que sería insuficiente en casación para lograr la revisión de la plataforma fáctica que se tuvo por probada). Simplemente asevera que no hay plena prueba del delito imputado, sin indicar dónde estaría el error en el razonamiento probatorio del Tribunal, ni mucho menos denunciar y fundar la existencia de absurdo evidente. 3.5) Acto seguido, la Defensa expresa que el segundo error que comete la Sala supone basarse en el testimonio de la víctima (testigo único). Apunta que, si bien existieron varios testigos, como todo procede del testimonio de la víctima, se vulneran los principios de inocencia e in dubio pro reo, pues todo lo que saben los testigos nace necesariamente de lo que la víctima les dijo. Afirma que la condena se basa en un testimonio único, lo que es y fue siempre absurdo, y que no existe suficiencia probatoria para condenar. Una vez más, se advierten deficiencias argumentales en el planteo de la recurrente, que obstan a su progreso. De acuerdo con lo dispuesto por el art. 273 del CGP (aplicable al proceso penal por la remisión del art. 369 del CPP), el recurso de casación debe: “ expresar los motivos concretos constitutivos del fundamento de la casación, expuestos de manera clara y concisa ”. Al respecto, ha señalado la Corte en sentencia Nº 845/2023, revalidando anteriores pronunciamientos: “ El escrito recursivo no puede constituir una simple expresión de deseo de que lo resuelto sea revisado; por el contrario, deberá precisar los errores padecidos a la luz de la correcta interpretación de los hechos probados, que sustente el recurrente, poniendo de manifiesto, así, los yerros de la sentencia, sea en la aplicación del Derecho o, en su caso, en el seguimiento de las formas del proceso. El memorial de agravios debe contener referencias concretas a la sentencia, discutiendo el razonamiento efectuado por el Tribunal, es decir, criticando las conclusiones a que arribó, en función de los extremos que de autos surjan y permitan alcanzar una diferente conclusión. No corresponde, entonces, una fundamentación genérica ni la mera afirmación de que los hechos que se señalan se han configurado, sin referir a los extremos probatorios emergentes del expediente y sin rebatir los argumentos que llevaron a una determinada conclusión ” (en igual sentido: sentencia de la Suprema Corte de Justicia Nº 944/2022). Asimismo, en sentencia Nº 92/2020, la Corte puntualizó: “ (...) la ley procesal tiende a asegurar la garantía de la defensa en juicio y la efectividad de los derechos sustanciales, por lo que el proceso debe ser instrumental para su tutela y no un fin en sí mismo. Ello lleva a descartar exigencias adjetivas demasiado rígidas o excluyentes. Sin embargo, no puede obviarse, en orden a la fundamentación del recurso de casación, que la ley impone determinados requisitos para su progreso. Como ha dicho la Corporación, (...) ‘un mínimo de rigor formal, de motivación del recurso y de claridad y precisión en su fundamentación y exposición, son sin duda exigibles en un recurso extraordinario y supremo como lo es la casación’... (sentencia Nº 280/1997)” . De todas maneras, huelga señalar que no es cierto que la sentencia atacada se base únicamente en el testimonio de la víctima. Basta leer el fundado pronunciamiento del Tribunal para descartar la infundada crítica proferida por la recurrente. La Sala partió de la declaración anticipada de la víctima, pero tuvo en cuenta, además, lo declarado por su madre (GG), la pareja de ésta (DD), la perito psicóloga forense HH, la psiquiatra II, la perito médico forense JJ, la psicóloga KK, la tía paterna de la víctima y pareja del imputado (CC) y los testigos ofrecidos por la Defensa (BB y DD). El Órgano de alzada arribó a sus conclusiones probatorias a partir del análisis por separado y en conjunto de los medios de prueba diligenciados en el proceso. No hay fundamentación alguna en el escrito recursivo respecto a la existencia de irracionalidad o absurdo evidente en la valoración probatoria practicada por el Tribunal respecto a los medios que vienen de mencionarse, lo que lleva a desestimar de plano el agravio. 3.6) A continuación, la Defensa refiere a un tercer error que habría cometido la Sala, consistente en que la sentencia no establece que haya ocurrido un hecho de abuso sexual. Afirma la recurrente que: “(...) De considerarse que existen los tocamientos descritos en la sentencia apelada, el tipo penal tiene requisitos. Si bien la violencia se presume cuando existe una víctima menor de 15 años, nada de lo antedicho se esgrime en la sentencia de segunda instancia. De los hechos narrados y probados no surge que AA haya actuado ya sea ‘... por medio de la intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva...’. De lo declarado por la víctima, surge todo lo contrario, en ningún momento el imputado utilizó esos medios para la realización del presunto acto de naturaleza sexual. No existió violencia, la que se desacredita con testimonio claro de EE, y lo demás, intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, no fueron probadas ”. El confuso planteo encierra algunas cuestiones de valoración probatoria (las que se efectúan, nuevamente, sin denunciar ni fundar un supuesto de apreciación irracional o absurda) y una breve alegación que parece apuntar a la ausencia de tipicidad de la conducta. El agravio nuevamente incumple los requisitos formales exigidos en el grado (art. 273 del CGP, aplicable al proceso penal por la remisión del art. 369 del CPP). En efecto, la recurrente no desarrolla de manera clara y concisa su agravio. No describe con precisión cuál sería la norma de derecho erróneamente aplicada y por qué razón entiende que la Sala ha incurrido en error. Sin perjuicio de tal defecto formal, cabe señalar que, si lo que pretende la defensa es convencer respecto a la atipicidad de la conducta del imputado por no haberse acreditado la presencia de algunos de los medios típicos referidos en el art. 272 bis del Código Penal (“ intimidación, presión psicológica, abuso de poder, amenaza, fuerza o cualquier otra circunstancia coercitiva ”), la sinrazón del planteo sería evidente. En el caso, como ha sostenido la mejor doctrina en el estudio de los delitos contra la indemnidad y libertad sexual (MALET, Mariana, “ Apuntes sobre los delitos sexuales y la Ley Nº 16.707”, en Revista de Ciencias Penales Nº 3, Carlos Álvarez Editor, Montevideo, 1997; y “ Para una reforma de los delitos sexuales” , en Revista de Derecho Penal Nº 17, FCU, Montevideo, 2008) y la jurisprudencia, más que una “ presunción ” de la violencia o las amenazas, lo que el Código Penal establece es lisa y llanamente la interdicción de cualquier tipo relacionamiento sexual con menores de trece años de edad -cómo es el caso, en el que la víctima tenía ocho años al momento de los hechos-; con la posibilidad de admitir prueba en contrario cuando la víctima tuviere trece años cumplidos y no exista una diferencia de edad mayor de ocho años con el sujeto activo que, -partiendo del análisis del bien jurídico tutelado, la libertad sexual- refiere a la prueba del consentimiento del relacionamiento sexual. La indemnidad sexual apunta a la incapacidad de consentir el relacionamiento sexual por parte de personas menores de determinada edad, lo que implica la intangibilidad sexual de las personas que se encuentran bajo ese límite etario. Actualmente, de acuerdo al Código Penal, la edad de interdicción de relacionamiento sexual se estableció en forma absoluta en los trece años de edad (artículos 272 y 272 BIS del CP). En otras palabras, no es necesario que se verifique, en estos casos, la efectiva existencia de una situación de intimidación, presión psicológica, etc. Tal circunstancia conduce a desestimar de plano lo expresado por la defensa, sin necesidad de ingresar en otras consideraciones respecto a si se verificaron o no, en el caso, algunos de los medios típicos previstos en la norma. 3.7) Por su parte, respecto a los hechos anteriores al 12 de diciembre de 2022, la recurrente sostiene que erra el Tribunal al considerar que se encuentran probados, lo que se deriva de la errónea aplicación del referido “ estándar probatorio ”. Señala que la construcción probatoria emerge de lo relatado por la víctima respecto a que “ me daba besos acá en el cuello o me tocaba acá con la ropa puesta ” y en “ las tetillas ”. Le agravia que se tengan por plenamente probados los hechos mencionados por ella, pese a que no existió ningún estrés postraumático, puesto que a dicha fecha ella no lo padecía. Afirma que existe insuficiencia probatoria total y que no pueden ser considerados de forma igual respecto de los otros hechos, en virtud de que estos no produjeron en la víctima las consecuencias de estrés postraumático. Finalmente, apunta que tales hechos habrían ocurrido en presencia de muchas personas y en un lugar no clandestino, por lo que el uso del referido estándar probatorio es incorrecto. Los planteos resultan de franco rechazo. En cuanto a las críticas relativas al “ estándar probatorio ”, cabe remitir a lo expresado previamente en el Considerando 4.2) de la presente sentencia. A su vez, la afirmación de que los hechos narrados por la víctima ocurrieron en un lugar no clandestino y que por ello no debería aplicarse el referido estándar, no fue desarrollada en absoluto por la recurrente, lo que impide su consideración. Se incumple, en el punto, con la exigencia del art. 273 del CGP a la que ya se hizo referencia. Respecto a la alegada “ insuficiencia probatoria total ” y la crítica a que se hayan tenido por probados los hechos relatados por la víctima pese a que no existió ningún estrés postraumático, también resulta manifiesta la falta de fundamentación del agravio. No hay, ni por asomo, denuncia y argumentación adecuada respecto a la existencia de absurdo evidente en el razonamiento del Tribunal, lo que conduce a desestimar de plano la crítica formulada. 4) Por último, la Defensa expresa que, advirtiendo un análisis absurdo de la evidencia presentada en juicio, se sustenta la duda razonable, frente a la cual corresponde la absolución del imputado. En tanto se rechazaron previamente los agravios concernientes a la valoración de la prueba, el presente planteo tampoco puede prosperar, pues su progreso dependía del éxito de la recurrencia dirigida a cuestionar el razonamiento probatorio de la Sala. En otros términos, habiéndose ratificado la plataforma fáctica que se tuvo por acreditada en las instancias anteriores, no se advierte duda razonable alguna pasible de poner en jaque las sentencias de condena despachadas en autos. En definitiva, por los fundamentos expuestos, corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto. 5) Surge de las presentes actuaciones que el imputado no se encuentra cumpliendo medida cautelar de prisión preventiva (fs. 65-75). Ahora bien, al quedar firme la sentencia de condena, corresponde que se remita sin más trámite el expediente al Juzgado de Primera Instancia a los efectos de que proceda -previo contralor de la Oficina Actuaria- a la inmediata detención del imputado. 6) La conducta procesal de las partes ha sido correcta, por lo que no existe mérito para la imposición de especial sanción procesal en el grado. Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA DEFENSA DEL ACUSADO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. NOTIFÍQUESE A LA SEÑORA FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN (S). ENVÍESE COPIA DE LA PRESENTE SENTENCIA -A TRAVÉS DE LA CASILLA DE CORREO INSTITUCIONAL- AL TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO PENAL DE TERCER TURNO A LOS EFECTOS DE QUE TENGA CONOCIMIENTO DE LO RESUELTO, DADO QUE EL EXPEDIENTE SE DEVOLVERÁ DIRECTAMENTE AL “ A QUO ”. ATENTO A QUE EL ENCAUSADO AA NO SE ENCUENTRA CUMPLIENDO MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA, REMÍTANSE LOS AUTOS AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA A LOS EFECTOS DE QUE, PREVIO CONTRALOR DE LA DURACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES YA CUMPLIDAS Y PARA EL CASO QUE CORRESPONDA, LIBRE ORDEN DE DETENCIÓN A FIN DE PROCEDER AL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA RECAÍDA. EN FORMA CONCOMITANTE CON LO ANTERIOR, COMÉTESE AL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA LAS NOTIFICACIONES A LA FISCALÍA ACTUANTE, A LA DEFENSA Y AL PROPIO CONDENADO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 116.3 DEL CPP. OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.