Sentencia Definitiva N° 135/2026

Montevideo, veintiséis de febrero de dos mil veintiséis VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “PEREYRA, ELBIO Y OTROS C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRANSMISIONES ELÉCTRICAS - COBRO DE PESOS - CASACIÓN”, IUE: 2-61989/2020 , venidos a conocimiento de esta Corporación en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva de segunda instancia Nº 64/2025, del 21 de marzo de 2025, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4º Turno. RESULTANDO : I) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 48/2024, del 24 de mayo de 2024, la titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 12º Turno, falló: “Desestimando la demanda en todos sus términos. (...)” (fs. 1319 a 1351). II) Por sentencia definitiva de segunda instancia Nº 64/2025, del 21 de marzo de 2025, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4° Turno, falló: “Confírmase la sentencia impugnada. (...)” (fs. 1400 a 1408 vto.). III) En tiempo y forma, la parte actora interpuso recurso de casación contra la referida sentencia de segunda instancia. En su escrito impugnativo, obrante de fs. 1414 a 1431, planteó los siguientes cuestionamientos: a) Errónea aplicación del artículo 219 del CGP. Adujo que la sentencia impugnada incurre en error en la aplicación de las normas de derecho relativas a los efectos de la cosa juzgada (art. 219 del CGP) con respecto a la sentencia Nº 763/2019 dictada por el TCA, pues restringe los efectos de dicha sentencia exclusivamente a su parte resolutiva, omitiendo los fundamentos que la sustentan. Señaló que la Sala, en la sentencia aquí recurrida, reconoce que el TCA declaró la nulidad del acto administrativo por haber afectado la carrera administrativa y la justa remuneración de los funcionarios demandantes. Sin embargo, descarta dichos fundamentos bajo el argumento de que el TCA es Juez de legalidad y no de mérito. Apuntó que delimitar la cosa juzgada prescindiendo de los fundamentos esenciales de la sentencia del TCA genera dos consecuencias inadmisibles: i) deja a la sentencia del TCA desprovista de contenido, lo cual permitió a la Sala reexaminar cuestiones ya decididas con autoridad de cosa juzgada; ii) la emisión de dos sentencias con contenido contradictorio. En cuanto a lo primero, sostuvo que la sentencia recurrida dejó vacía de contenido a la dictada por el TCA, pues los motivos de nulidad allí esgrimidos constituyen la causa de los perjuicios económicos -ante el enriquecimiento injusto de la Administración- reclamados en este proceso. Ambos procesos versan sobre la valoración del cargo Encargado Instalaciones -en el marco de la reestructura denominada Plan Bambú-, la ilegitimidad del obrar de UTE, la correspondencia del grado remuneratorio 8 a los Encargados Instalaciones y la vulneración por UTE del derecho a la justa remuneración. A su vez, en ambos procesos también coinciden las partes o se verificaba una extensión subjetiva de la cosa juzgada por disposición legal (art. 311 de la Constitución) y judicial (en la desestimación de la falta de legitimación pasiva). El Tribunal de Apelaciones estaba obligado a respetar lo resuelto por el TCA, evitando pronunciamientos contradictorios e incompatibles, en consonancia con el principio de seguridad jurídica y con el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. En cuanto a lo segundo, expresó que la errónea delimitación de la cosa juzgada y la afectación al derecho a la tutela jurisdiccional efectiva determinaron el dictado de dos sentencias con contenido irreconciliable sobre los mismos aspectos. Por ejemplo, la convalidación por la Sala del grado 9 como el que le corresponde percibir a los Encargados Técnicos contradice lo establecido por el TCA en la sentencia Nº 763/2019 en cuanto a que les corresponde el grado 8. El Tribunal de Apelaciones pasa por alto que el grado que ostentan los Encargados Instalaciones (9) es ilegítimo, según lo resolvió el TCA, que determinó que el grado que les corresponde es el 8. Respecto a la afirmación de la Sala de que los Encargados Instalaciones y los Encargados Comerciales no cumplen las mismas funciones y tareas, señaló que la parte actora jamás argumentó que ambos cargos realicen las mismas tareas, sino que el motivo por el que a ambos les corresponde el grado 8 es en función de la equivalencia de cargos, de las competencias, responsabilidades, complejidades y la jerarquía, tal como lo sostuvo el TCA en la sentencia citada. Con relación a lo expresado por la Sala sobre que los actores no han sufrido variación en la cuantía del salario, anotó la recurrente que el TCA señaló que los Encargados Instalaciones consideraron lesionado su derecho no porque se verificara una pérdida salarial, sino porque les correspondía percibir el grado 8, que implica ganar más dinero, en función de las responsabilidades, competencias, jerarquía y complejidades asumidas por el cargo equivalente. Sostuvo que la sentencia firme del TCA con fuerza de cosa juzgada constituye el punto de partida que vincula al tribunal de un proceso posterior cuando en éste aparezca como antecedente lógico de lo que sea su objeto. Los fundamentos del fallo del TCA que dieron mérito a la nulidad del acto explican todos y cada uno de los elementos que integran el objeto de la prueba: el daño causado por el acto administrativo (perjuicio en la retribución al asignar al cargo Encargados Instalaciones el grado 9 cuando le corresponde el 8); el alcance del perjuicio sufrido (las diferencias salariales entre el grado 9 y el 8); el nexo causal entre el acto anulado y el daño reclamado (en virtud de la negativa de UTE de cumplir voluntariamente la obligación de hacer que dispuso la sentencia firme del TCA). Agregó que no resultan ajustadas a derecho las observaciones realizadas por la Sala en cuanto a la naturaleza de la presente reclamación, pues cualquiera sea la vía procesal, este aspecto no incide en el alcance de las normas relativas al efecto de la cosa juzgada de la sentencia del TCA, las cuales deben ser respetadas con el alcance establecido por el art. 219 del CGP. En cuanto a lo señalado por la Sala respecto a que la justicia ordinaria no puede invadir la competencia de otros poderes y organismos del Estado ni disponer que la Administración ejecute de tal o cual forma la nulidad del acto resuelta por el TCA, adujo la recurrente que no procura en estos obrados el dictado de un acto administrativo que sustituya la resolución anulada, sino que se condene a la demandada al resarcimiento de los perjuicios ocasionados por remunerar a los Encargados Instalaciones con el grado 9 cuando les corresponde el grado 8 en los términos establecidos por la sentencia del TCA. b) Errónea valoración de la prueba. Apuntó que la Sala, además de no tomar en cuenta las pruebas producidas en la acción de nulidad que fueron incorporadas en estos obrados (sentencia del TCA e informes de la CNSC), no explicitó los motivos que la llevaron a descartarlas. A su vez, agregó, el Tribunal valoró en forma contraria a derecho las declaraciones propuestas por UTE, a las que otorgó una eficacia diversa a la que correspondía conforme a derecho. Respecto al primer punto, indicó que la relevancia de las referidas pruebas está dada por la jerarquía, especialidad e idoneidad de los órganos jurisdiccionales y administrativos de las que provienen. Destacó que la CNSC focalizó su análisis en la reestructura (Plan Bambú) y la valoración de los puestos Encargado Instalaciones y Encargado Comercial, concluyendo que UTE incurrió en ilegalidad, explicando los motivos por los que se vulneró el derecho a la carrera administrativa, la jerarquía y la justa remuneración de los Encargados Instalaciones, determinando la diferencia salarial existente entre lo que percibían (grado 9) y lo que les correspondía percibir (grado 8). Señaló que la Sala no valoró estos medios de prueba y arribó a conclusiones contradictorias con los análisis allí obrantes y con la valoración realizada por el TCA en su sentencia, además de no expresar los motivos por los que no tomó en cuenta tales pruebas. Respecto al segundo punto, aseveró que fue erróneo valorar las declaraciones de los jerarcas de UTE como prueba testimonial cuando poseen la eficacia de actos de alegación del litigante. El saber experto que se debió tomar en cuenta fueron los informes de la ONSC. La opinión de los jerarcas de UTE es muy respetable pero carece de base convictiva para mensurar la legalidad de la valoración del cargo. c) Errónea aplicación de los arts. 53 a 57 de la Constitución. Afirmó que la sentencia impugnada incurre en error al focalizar el análisis de la litis en los arts. 53 a 57 de la Constitución y su legislación reglamentaria, pronunciándose en contra de la aplicación a los funcionarios públicos de la legislación protectora del trabajo. Adujo al respecto, en primer lugar, que el sustento de la presente reclamación lo constituye la sentencia previa del TCA y no la legislación protectora del trabajo. En la demanda se hizo referencia a los rubros laborales solamente para calcular el perjuicio causado a los actores por las diferencias entre el grado 8 y 9 (base de cálculo del perjuicio), pero debe descartarse que la naturaleza de la reclamación sea laboral o se funde en lo previsto en los arts. 53 a 57 de la Carta. En segundo lugar, expresó que la Sala ha aplicado erróneamente dichas disposiciones constitucionales y ha ignorado el pronunciamiento del Dr. Cajarville sobre el punto, quien había sido consultado expresamente por el Directorio de UTE para asesorar al ente estatal en el marco de la reestructura en curso. En suma, solicitó que se case la sentencia impugnada y se haga lugar a la demanda promovida. IV) Conferido el traslado de precepto, fue evacuado por la parte demandada mediante escrito obrante de fs. 1434 a 1445, en el que se pronunció por el rechazo del recurso de casación interpuesto. V) El recurso fue debidamente franqueado por el Tribunal actuante (fs. 1451) y los autos fueron recibidos por este Cuerpo el 13 de junio de 2025 (según constancia de fs. 1455). VI) Por decreto Nº 742 del 17 de julio de 2025 (fs. 1457), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia. VII) Por decreto Nº 1.118, del 23 de setiembre de 2025, se dispuso que atento a que la Sra. Ministra Dra. Elena Martínez cesó en su cargo el día 2 de setiembre de 2025, en virtud de lo cual la Corporación se encontraba desintegrada, se cometió a la Oficina Actuaria la realización del sorteo correspondiente entre los Sres. Ministros integrantes de los Tribunales de Apelaciones en lo Civil (fs. 1462), resultando sorteada la Sra. Ministra Dra. Cecilia Schroeder (fs. 1466). VIII) Culminado el estudio correspondiente, se acordó dictar el presente pronunciamiento en legal y oportuna forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, debidamente integrada, y por unanimidad, desestimará el recurso interpuesto, por los fundamentos que a continuación se expresan. II) El caso de autos . a) Los actores promovieron juicio por cobro de haberes salariales impagos contra UTE. Alegaron que son todos funcionarios presupuestados de la demandada y hasta el 30 de agosto de 2014 pertenecían al cargo presupuestal de Encargado Técnico Comercial, pero a partir del 1º de setiembre de 2014 pasaron a ocupar el cargo Encargado de Instalaciones, cambio que se produjo en el marco de una reestructura llevada adelante por UTE, denominada Plan Bambú, que fuera aprobada por resolución Nº 13-1711 del Directorio de UTE, que fuera anulada por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo en sentencia dictada en el expediente Nº 630/2015 de dicho Tribunal, tramitado por algunos de los comparecientes. Sostuvieron que luego de la sentencia anulatoria UTE no adecuó a derecho la situación de ningún Encargado Instalaciones, pese a que la anulación fue dispuesta en interés de la regla de derecho, por lo que la sentencia tendría efectos erga omnes . Argumentaron que, en tanto el motivo de la anulación de la resolución Nº 13-1711 fue su ilegitimidad en cuanto a la equivalencia de los cargos asignados en la reestructura, corresponde que se les resarzan los haberes que dejaron de percibir, en concreto, las diferencias salariales, aguinaldo, licencia, salario vacacional, compensaciones, remuneración variable entre otros rubros. Destacaron que la única forma de restablecer la legitimidad en el obrar del demandado es mediante el restablecimiento de la equivalencia entre los Encargados Instalaciones y los Encargados Comerciales o Encargados Atención al Cliente, afirmando que les corresponden las diferencias salariales y sus incidencias entre el grado 9 -que perciben actualmente- y el grado 8 -que deberían percibir por ser el que guarda equivalencia con el cargo de Encargado Atención al Cliente-. Alegaron que se trata de un caso de enriquecimiento injusto por parte de la Administración, al beneficiarse por recibir un trabajo que implica un determinado grado de jerarquía y responsabilidad sin abonar la numeración correspondiente, entendiendo aplicable lo dispuesto por el art. 1.308 del Código Civil. En cuanto a la liquidación, reclamaron por los últimos 4 años (realizando ciertas precisiones según las oficinas en que reviste cada actor), además de peticionar condena a futuro. En definitiva, solicitaron que se condene a la demandada al pago de las diferencias de salario, compensaciones, incidencias y demás rubros asociados al sueldo entre el cargo Encargado Instalaciones y el cargo Encargado Comercial, con más reajustes e intereses hasta la fecha de pago, costas y costos si hubiere mérito, solicitando que la liquidación se difiera al incidente previsto en el art. 378 del CGP. b) En primera instancia, se desestimó la demanda promovida. La Sra. Jueza consideró que surge de la prueba recabada que los actores cumplen las tareas correspondientes a su cargo de Encargados de Instalaciones, siendo retribuidos por las mismas. Señaló que, si bien varios de los testigos aludieron a que los Encargados Comerciales y los Encargados Técnicos eran las dos patas en las que se asienta la oficina, nada indica que ambos cargos deban tener igual valoración y consecuentemente igual grado. Sostuvo que la organización que UTE ha adoptado podrá ser cuestionada, pero no se advierte que la misma implique vulneración de derechos de los actores que signifique una indebida discriminación, violente la normativa o los principios generales. Añadió que el hecho de que Encargados Comerciales y Encargados Técnicos dependan directamente del mismo jerarca (grado 7) no determina que por ello ambos deban tener el grado 8 que reclaman los accionantes. Apuntó que, como surge de las declaraciones testimoniales, los Encargados de Instalaciones y los Encargados Comerciales tienen funciones netamente diferentes, con requisitos para el ingreso al cargo también diferentes. Entendió que la decisión de UTE de valorar de manera diferente a estos dos cargos es una decisión de mérito del acto administrativo y que la Sede judicial tiene vedado el ingreso a su valoración, añadiendo que el hecho de que en el pasado ambos cargos tuvieran la misma valoración no implica que eternamente deba existir esa equiparación, sino que cada cargo ha de ser valorado y ubicado en la estructura de la empresa según criterios que son de resorte de la Administración. c) En segunda instancia, se confirmó la decisión de primer grado. La Sala, en lo medular, sostuvo que la sentencia de primera instancia no incurrió en errónea valoración de la cosa juzgada derivada de lo resuelto por el TCA en sentencia definitiva Nº 763/2019, en tanto no se incluyó en el objeto del proceso y de la prueba fijados en autos la determinación de la validez de la resolución Nº 13-1711 dictada por el Directorio de UTE (anulada por el TCA), sino que aquéllos quedaron fijados en determinar si era procedente acoger el reclamo por diferencias salariales promovido por los actores, o sea, si se les adeudan diferencias salariales por corresponderles la retribución de un grado 8 y no la de un grado 9. Señaló, además, que el art. 312 de la Constitución dispone que cuando el TCA declare la nulidad del acto administrativo impugnado (hipótesis de autos) se podrá promover el proceso contencioso reparatorio patrimonial ante la justicia ordinaria a los efectos de la determinación del daño causado, pero en estos autos se promovió por la parte actora un proceso de cobro de pesos por diferencias salariales. Para la Sala no se está en autos ante un proceso de ejecución de la sentencia dictada por el TCA, en tanto no está dentro de las potestades de la justicia ordinaria disponer que la Administración ejecute de tal o cual forma la nulidad del acto resuelta por el TCA. Apuntó que los actores pudieron promover la acción reparatoria patrimonial y acreditar la existencia del daño invocado, su monto y el nexo causal entre el acto anulado y el daño cuya reparación se reclamare, pero, en cambio, demandaron el cobro de diferencias salariales, por lo que debieron acreditar la existencia de dichas diferencias, lo que no hicieron. Expresó que resulta de la prueba recabada en autos que los actores han percibido la remuneración correspondiente al cargo grado 9 que ocupan, Encargado de Instalaciones, manteniendo el grado 9 y el salario correspondiente, que ostentaban antes del acto anulado. Agregó que el hecho de que otro cargo que anteriormente también tenía grado 9 fuera valorado en la resolución Nº 13-1711 como grado 8 (y por tanto con una mejor retribución) no determina que corresponda acoger la presente demanda por diferencias salariales, pues los accionantes continuaron percibiendo el salario correspondiente al grado 9 que ostentan. Por último, sostuvo la Sala que no resulta probado que los actores cumplan las mismas funciones y tareas que los Encargados Comerciales grado 8 y que, por ende, les corresponda percibir el salario e incidencias de un cargo con un grado superior al que ostentan. d) Contra la sentencia de segunda instancia, la parte actora interpuso el recurso de casación objeto de la presente sentencia, ensayando los agravios que a continuación serán examinados. III) Análisis de los diferentes agravios esgrimidos por la recurrente . III.I) Agravio por errónea aplicación del artículo 219 del CGP . A juicio de la recurrente, la sentencia impugnada incurre en error en la aplicación de las normas de derecho relativas a los efectos de la cosa juzgada (art. 219 del CGP) con respecto a la sentencia Nº 763/2019 dictada por el TCA, pues restringe los efectos de dicha sentencia exclusivamente a su parte resolutiva, omitiendo los fundamentos que la sustentan. Señala que la Sala, en la sentencia aquí recurrida, reconoce que el TCA declaró la nulidad del acto administrativo por haber afectado la carrera administrativa y la justa remuneración de los funcionarios demandantes. Sin embargo, descarta dichos fundamentos bajo el argumento de que el TCA es Juez de legalidad y no de mérito. Afirma que, delimitar la cosa juzgada prescindiendo de los fundamentos esenciales de la sentencia del TCA, genera dos consecuencias inadmisibles: i) deja a la sentencia del TCA desprovista de contenido, lo cual permitió a la Sala reexaminar cuestiones ya decididas con autoridad de cosa juzgada; ii) la emisión de dos sentencias con contenido contradictorio. A juicio de este Cuerpo, el agravio no resulta de recibo. De la lectura de la sentencia atacada emerge que el Tribunal de Apelaciones tuvo en cuenta lo fallado por el TCA en la sentencia Nº 763/2019, que anuló la resolución Nº 13-1711 dictada por el Directorio de UTE. Dicho acto administrativo había aprobado la nueva estructura organizativa y de cargos y la valoración de cargos de la nueva estructura del ente (“ Proyecto Bambú ”). En la sentencia impugnada, la Sala tomó en consideración lo dispuesto en el fallo del TCA y también hizo referencia, en varios pasajes, a los fundamentos de dicha sentencia. En tal sentido, la Sala indicó: “(...) Entendió el T.C.A que por la citada resolución se produjo una afectación al derecho a la carrera administrativa de los funcionarios que accionaron. Concluyó asimismo que se lesionó el derecho de los accionantes a la justa remuneración, ‘... quienes argumentaron que esta debe ser igual a la de sus pares en jerarquía, los encargados comerciales...’, pero ‘no porque haya variado en su cuantía el salario, sino -tal como es objeto de agravio- porque no perciben en la nueva estructura, por la diferencia de grado atribuida, la misma retribución que quienes ostentaban la misma jerarquía en la estructura anterior’ (Considerando VII a fs. 324 del acordonado )” (fs. 1405 vto.). “ Corresponde asimismo tener presente que como lo expresó el propio T.C.A en la sentencia Nº 763/2019, no ha variado la cuantía del salario de los accionantes, sino que no perciben el mismo salario que quienes antes ostentaban la misma jerarquía en la estructura anterior. (...)” (fs. 1408). De lo anterior se desprende que no es correcto lo afirmado por la recurrente en cuanto a que la Sala haya omitido los fundamentos que sustentan la sentencia anulatoria dictada por el TCA. Antes bien, la Sala tuvo en consideración lo resuelto por dicho Tribunal, pero consideró que ello no conducía al amparo del reclamo aquí incoado, cuyo objeto es diferente al abordado en el proceso contencioso anulatorio. La Sala no desconoció la eficacia de la cosa juzgada derivada de la sentencia del TCA, sino que, correctamente, limitó sus efectos a lo concretamente fallado en aquel proceso, que no incluye lo que debe decidirse en el presente. La sentencia del TCA Nº 763/2019 ha sido agregada a fs. 71 a 80 vto. de autos. Mediante dicho pronunciamiento, el Tribunal hizo lugar a la acción de nulidad incoada por funcionarios de UTE que revisten en el cargo de Encargado Instalaciones y, en su mérito, anuló la resolución Nº 13-1711 de fecha 24 de octubre de 2013 dictada por el Directorio de UTE. Según resulta de la sentencia del TCA, la reestructura aprobada por la referida resolución de UTE situó a los Encargados Comerciales (“ Encargado Atención al Cliente ”), quienes antes tenían el grado 9, en el grado 8, mientras que mantuvo a los Encargados Técnicos (“ Encargado Instalaciones ”) en el grado 9, el mismo que ostentaban antes de la reestructura. El TCA entendió que la referida diferenciación respecto a los grados de los mencionados cargos supone una afectación al derecho a la carrera administrativa de los funcionarios accionantes. Agregó el Tribunal que la resolución también lesionó el derecho a la justa remuneración de los actores, pues si bien no ha variado la cuantía de su salario, no perciben la misma retribución que quienes antes ostentaban la misma jerarquía en la estructura anterior. Finalmente, el Tribunal sostuvo que se lesionó el derecho adquirido de los actores a que se les garantizara su ubicación, en la nueva estructura, en un cargo equivalente en jerarquía al que ostentaban en la escala anterior. Luego de dictada la sentencia anulatoria, los funcionarios de UTE que accionaron ante el TCA y otros que también ocupan el cargo de Encargado Instalaciones, promovieron demanda de cobro de pesos, tendiente a que se condene a UTE a pagarles las diferencias salariales entre el grado 9 -que perciben actualmente- y el grado 8 -que entienden los accionantes que deberían percibir por ser el que guarda equivalencia con el cargo de Encargado Atención al Cliente-. Sin embargo, lo resuelto por el TCA en la sentencia Nº 763/2019 no tiene como consecuencia directa y necesaria la obligación de UTE de pagar a los actores las diferencias salariales reclamadas. El hecho de que se haya anulado la resolución de UTE que aprobó la mencionada reestructura no implica que deba colocarse a los Encargados Instalaciones en el grado 8 y/o abonarles las remuneraciones correspondientes a ese grado. No es tal el alcance de la sentencia dictada por el TCA, correctamente interpretada. Como correctamente señala la Sala en la sentencia atacada, el art. 312 de la Constitución dispone que cuando el TCA declare la nulidad del acto administrativo impugnado (hipótesis de autos), se podrá promover el proceso contencioso reparatorio patrimonial ante la justicia ordinaria, a los efectos de la determinación del daño causado por el acto anulado. Para obtener la reparación patrimonial ante los tribunales ordinarios, se deberá probar la existencia del daño indemnizable, su cuantía y el nexo causal con el acto administrativo anulado. Sin embargo, en el presente caso, los actores no promovieron proceso reparatorio patrimonial tendiente a la reparación de los daños causados por el acto anulado, sino un juicio de cobro de pesos por diferencias salariales. El objeto del proceso quedó fijado en determinar: “ si procede o no hacer lugar a la demanda por diferencia en el pago de sus haberes salariales, aguinaldo, licencia, salario vacacional, compensaciones, y remuneración variable y en caso afirmativo establecer el monto adeudado así como también la procedencia de la condena a futuro solicitada ”; y el objeto de la prueba en acreditar: “ si se verifican las circunstancias de hecho que hagan procedente el reclamo, en concreto si la reestructura realizada por UTE implicó un perjuicio en la retribución de los actores y si les correspondía la retribución del grado 8 y no del 9 ”. Planteada la litis en los indicados términos, no puede compartirse lo afirmado por la recurrente respecto a que la Sala haya desconocido la cosa juzgada emanada de la sentencia anulatoria, desde que el objeto del presente proceso difiere sustancialmente del que fuera fallado por el TCA. No le asiste razón a la recurrente cuando sostiene que la sentencia recurrida dejó vacía de contenido a la dictada por el TCA. El rechazo de la pretensión entablada en los presentes autos en nada afecta lo decidido por el TCA. En efecto, una cosa es que se haya anulado el acto administrativo de reestructura dictado por UTE, por considerarse que afectaba el derecho a la carrera administrativa de los Encargados Instalaciones, a la justa remuneración y a sus derechos adquiridos con relación a la ubicación en la escala jerárquica, y otra muy distinta es acreditar que a los actores les corresponde percibir las retribuciones correspondientes al grado 8 por todo el período reclamado, que era lo que debían probar en este juicio, en virtud del reclamo que entablaron. Además de que no hay total identidad entre las partes de uno y otro juicio (no todos los actores de este juicio promovieron la referida acción de nulidad), lo determinante para desestimar el planteo de la recurrente es que las cuestiones a resolver en ambos procesos son claramente diferentes. Con relación al alcance de la cosa juzgada en otro proceso, señaló la Corte en sentencia interlocutoria Nº 1.399/2023, en conceptos que pueden trasladarse al presente caso: “ (...) para determinar si se configura o no la cosa juzgada, se debe partir de identificar claramente las pretensiones entabladas en los distintos procesos, para luego determinar, sobre la base de la llamada ‘regla de la triple identidad’, si el objeto de un proceso (el posterior) se encuentra explícita o implícitamente comprendido en el otro (el anterior). Al respecto, la norma procesal que regula la cuestión es el artículo 219 del CGP, el cual dispone: ‘Efecto de la cosa juzgada en otro proceso. - La cosa juzgada, obtenida en proceso contencioso, tendrá efecto en todo proceso entre las mismas partes siempre que versare sobre el mismo objeto y se fundare en la misma causa’. Precisamente, en comentario a esta disposición del CGP, señala la doctrina: ‘(...) la cosa juzgada material, obviamente se podrá hacer valer en cualquier otra estructura, ya sea contenciosa o voluntaria, siempre que se dé la triple identidad’ (Cf. VESCOVI, E. y colaboradores, Código General del Proceso, Tomo VI, págs. 357/358). Sobre estos aspectos, COUTURE advertía que la doctrina ha sido siempre reacia a aceptar a ojos cerrados la regla de las tres identidades. Sin embargo –anotaba-, no puede vaticinarse un abandono total de la regla de las tres identidades (COUTURE, E. J.: ‘Fundamentos del derecho procesal civil’, Depalma, Tercera edición (póstuma), Reimpresión inalterada, Buenos Aires, 1997, pág. 415). Tal como señala ALSINA, la cosa juzgada significa: a) que no puede volver a plantearse la cuestión decidida (efecto negativo); b) que debe respetarse el derecho reconocido por la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, sin que a ningún juez le esté permitido rehusarse a acatar esa decisión (efecto positivo) (Cf. ALSINA, H., Derecho Procesal, T. I, pág. 373 y T. IV, págs. 123/124) ”. En el caso, sea desde la perspectiva que exige la regla de la triple identidad o aun desde las posturas más flexibles, no puede entenderse que exista cosa juzgada sobre la cuestión principal que debe resolverse en el presente proceso (procedencia o no de las diferencias salariales reclamadas por los actores), pues la cuestión decidida en el proceso antecedente no alcanza a la que aquí se discute. Justamente, la controversia planteada en la causa es definir si los accionantes tienen derecho a percibir las diferencias salariales existentes entre los grados 9 (que perciben) y 8 (correspondientes a los Encargados de Atención al Cliente), el período y el monto, aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso antecedente y que, por ende, debían ser demostrados en el presente. No se advierte que el Tribunal de Apelaciones haya soslayado o contradicho lo resuelto por el TCA; simplemente ocurrió que la Sala desestimó la presente demanda por considerar que de lo fallado por el TCA no se derivaba automáticamente el amparo de la pretensión aquí incoada, cuyo éxito dependía de acreditar el derecho a percibir las diferencias salariales reclamadas. De esta manera y a diferencia de lo afirmado por la recurrente, no se han dictado pronunciamientos contradictorios e incompatibles, ni se ha violentado el principio de seguridad jurídica y el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. La recurrente insiste en que el TCA determinó que el grado que les corresponde a los Encargados Instalaciones es el 8 y que deben ser remunerados de acuerdo a ese grado, pero no es ello lo que emerge de la lectura de la sentencia anulatoria. El Tribunal anuló el acto administrativo por haber establecido una diferencia de grado entre los cargos de Encargado Instalaciones y Encargado de Atención al Cliente (que antes revistaban en el mismo grado), pero no sostuvo que a los primeros les correspondiera tal o cual grado, ni tal o cual retribución. Como bien sostiene la Sala en la sentencia impugnada: “(...) no tiene el T.C.A dentro de sus competencias la de dictar un nuevo acto administrativo en lugar del anulado, ya que dentro de su ámbito de competencia se encuentra la potestad de acoger la demanda anulatoria que se dedujere o desestimarla, pero no dictar el acto que entendiere fuera pertinente, lo cual es atribución de la Administración ”. Se reitera que, ante la anulación del acto administrativo, los actores podían haber promovido una acción reparatoria patrimonial para perseguir la indemnización de los daños causados por dicho acto, pero no optaron por ese camino, sino que promovieron una acción de cobro de pesos, que naufragó por no haber podido demostrar el alegado derecho a percibir las diferencias salariales reclamadas, entre el grado 8 y el grado 9. Ahora, en su recurso de casación, la parte actora sostiene que no resultan ajustadas a derecho las observaciones realizadas por la Sala en cuanto a la naturaleza de la presente reclamación, pues cualquiera sea la vía procesal, este aspecto no incide en el alcance de las normas relativas al efecto de la cosa juzgada de la sentencia del TCA. En esa línea, afirma la recurrente que los fundamentos del fallo del TCA explican todos y cada uno de los elementos que integran el objeto de la prueba: el daño causado por el acto administrativo (perjuicio en la retribución al asignar al cargo Encargados Instalaciones el grado 9 cuando le corresponde el 8); el alcance del perjuicio sufrido (las diferencias salariales entre el grado 9 y el 8); el nexo causal entre el acto anulado y el daño reclamado (en virtud de la negativa de UTE de cumplir voluntariamente la obligación de hacer que dispuso la sentencia firme del TCA). Alega que no procura en estos obrados el dictado de un acto administrativo que sustituya la resolución anulada, sino que se condene a la demandada al resarcimiento de los perjuicios ocasionados por remunerar a los Encargados Instalaciones con el grado 9 cuando les corresponde el grado 8 en los términos establecidos por la sentencia del TCA. Pues bien. El intento de la actora de plantear en esta instancia una especie de reformulación de su pretensión, invocando los elementos requeridos para el progreso de una demanda reparatoria patrimonial (daño, nexo causal, etc.), resulta evidentemente improcedente. Como señalara la Corte en sentencia Nº 277/2022, en conceptos que pueden replicarse en el caso: “ La introducción de tales hechos, con su consecuente línea argumental, en esta etapa del proceso, resulta extemporánea y, por ello, improcedente. La recurrente pretende introducir en su libelo recursivo cuestiones que no fueron correctamente alegadas en la demanda y, sobre dicha base, invoca presuntas infracciones a la regla de derecho por parte del Tribunal. Tal conducta resulta inadmisible, por vulnerar los deberes del buen litigante, así como la buena fe y la lealtad procesales. Es un valor entendido en la jurisprudencia de la Corporación que no es válido ingresar en esta etapa nuevas proposiciones sobre los hechos y/o líneas argumentales que no fueron planteadas en la demanda (véase entre otras las Sentencias Nos. 1.990/2017, 1.077/2019, 1.403/2019 y 49/2021). En efecto, no cabe sino reprobar este tipo de conductas procesales, consistentes en variar (o complementar) la versión de los hechos conforme avanza el proceso, lo que contraría los deberes de buena fe y lealtad procesal ”. Por todo ello, el agravio de la actora no puede prosperar. III.II) Agravio por la errónea valoración de la prueba . En segundo lugar, la recurrente sostiene que la Sala no tomó en cuenta las pruebas producidas en la acción de nulidad que fueron incorporadas en estos obrados (sentencia del TCA e informes de la CNSC) y no explicitó los motivos que la llevaron a descartarlas. A su vez, agregó, valoró en forma contraria a derecho las declaraciones de los jerarcas de UTE, a las que otorgó una eficacia diversa a la que correspondía conforme a derecho. Con relación al presente agravio, corresponde consignar, una vez más, que existen dos posturas en el seno de la Corte en relación a la valoración probatoria como causal de casación. Los Sres. Ministros Dres. Pérez Brignani, Morales, y la redactora, a quienes en la ocasión se les suma la Sra. Ministra Dra. Schroeder, participan del criterio que entiende que, para el progreso en etapa de casación de un agravio fundado en un error en la valoración de la prueba, deben satisfacerse dos condiciones: i) primera condición: quien recurre en casación debe, en primer término, denunciar, alegar, un error o vicio en el razonamiento probatorio del órgano de segunda instancia de una entidad tal que amerite su calificación como absurdo o arbitrario en forma evidente; ii) segunda condición: se exige que la alegación del absurdo o arbitrariedad sea demostrada, o sea, una vez que se releva por la Corte que se cumplió con la primera condición referida, debe analizarse si, efectivamente, se verifica el error alegado. A efectos de no incurrir en tediosas reiteraciones, cabe remitirse a lo expuesto al respecto en sentencias Nos. 66/2016, 219/2017, 571/2017, 81/2021 y 43/2023, entre muchas otras. Por su parte, el Sr. Ministro Dr. Tabaré Sosa Aguirre, sustenta una posición diferente a la de la mayoría referida. Considera que el error en la apreciación de la prueba como causal de casación no debe interpretarse restrictivamente, ya que las reglas de la sana crítica y de la experiencia configuran pautas legales consagradas expresamente en la norma procesal y por ende su infracción puede alegarse en el proceso de casación. No puede limitarse a hipótesis de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. No obstante, más allá de las posturas referidas, en el presente caso para la unanimidad de los Sres. Ministros que suscriben esta sentencia, la recurrente no ha denunciado ni mucho menos fundado la existencia de una valoración probatoria por parte del Tribunal de alzada que pueda ser tachada de manifiestamente absurda y arbitraria, o vulneratoria del límite de la razonabilidad. En efecto, de la lectura del recurso emerge que la parte actora no ha señalado ni argumentado en forma adecuada dónde radicaría la valoración absurda y/o arbitraria o irracional de la prueba por parte del Tribunal. Se limita a cuestionar la falta de consideración de la prueba rendida en la acción de nulidad ante el TCA y a proponer la asignación de una eficacia probatoria distinta a la prueba testimonial rendida en autos. Tal proceder supone incumplir con la exigencia de indicar dónde estaría el absurdo evidente o la irracionalidad en el razonamiento del Tribunal de Apelaciones. Con relación a la prueba obrante en el expediente del TCA, señala la recurrente que su relevancia está dada por la jerarquía, especialidad e idoneidad de los órganos jurisdiccionales (TCA) y administrativos (CNSC) de las que provienen. Repasa las conclusiones del informe de la CNSC, Órgano que entendió que UTE incurrió en ilegalidad por haber vulnerado el derecho a la carrera administrativa, la jerarquía y la justa remuneración de los Encargados Instalaciones. Le agravia que la Sala no haya valorado estos medios de prueba y que haya arribado a conclusiones contradictorias con los análisis allí obrantes y con la valoración realizada por el TCA en su sentencia, además de no expresar los motivos por los que no tomó en cuenta tales pruebas. Por su parte, respecto a las declaraciones de los jerarcas de UTE, expresa la recurrente que fue erróneo valorarlas como prueba testimonial cuando poseen la eficacia de actos de alegación del litigante, en tanto se trata de asesores de la parte. Es claro que los precedentes planteos no implican la denuncia de una valoración con las características descriptas por parte del Tribunal. En su escrito, la actora no logra explicar de qué manera ni por qué razones podría llegar a considerarse que la apreciación de la prueba efectuada por el órgano de alzada resulta manifiestamente irracional o arbitraria. En conclusión, la recurrente no ha dado cumplimiento a la primera condición previamente referida, puesto que, además de no denunciar la existencia de absurdo evidente o irracionalidad manifiesta en la valoración del Tribunal (lo que de por sí no sería definitorio, ya que no hay fórmulas sacramentales para denunciar tales extremos), lo cierto es que de ninguna manera ha planteado en su recurso de casación que el razonamiento de la Sala incurra en vicios pasibles de ser calificados de esa manera. III.III) Agravio por errónea aplicación de los arts. 53 a 57 de la Constitución . Por último, la recurrente afirma que la sentencia impugnada incurre en error al focalizar el análisis de la litis en los arts. 53 a 57 de la Constitución y su legislación reglamentaria, pronunciándose en contra de la aplicación a los funcionarios públicos de la legislación protectora del trabajo. Sobre el punto, aduce en primer lugar que el sustento de la presente reclamación lo constituye la sentencia previa del TCA y no la legislación protectora del trabajo. Aclara que en la demanda se hizo referencia a los rubros laborales solamente para calcular el perjuicio causado a los actores por las diferencias entre el grado 8 y 9 (base de cálculo del perjuicio), pero debe descartarse que la naturaleza de la reclamación sea laboral o se funde en lo previsto en los arts. 53 a 57 de la Carta. Asimismo, expresa que la Sala ha aplicado erróneamente dichas disposiciones constitucionales y ha ignorado el pronunciamiento del Dr. Cajarville sobre el punto, quien había sido consultado expresamente por el Directorio de UTE para asesorar al ente estatal en el marco de la reestructura en curso. Ahora bien. El planteo debe ser desestimado de plano, en cuanto no ataca un argumento que sea determinante del fallo. En tal sentido, es cierto que la Sala, en el Considerando VI) de la sentencia impugnada, realiza una serie de consideraciones teóricas acerca de los funcionarios públicos y la relación estatutaria que los une con la Administración, explayándose sobre la legislación protectora del trabajo, reglamentaria de los artículos 53 a 57 de la Carta (fs. 1404 a 1405). No obstante, al resolver las cuestiones planteadas en el recurso de apelación, la Sala no vuelve a referir a lo dispuesto en dichas normas constitucionales, ni a la legislación protectora del trabajo; cuestiones que, en puridad, resultan ajenas a lo que debe resolverse en el presente proceso. En consecuencia, los desarrollos realizados por la Sala con relación a dicha temática no constituyen, en absoluto, argumentos determinantes del fallo. Y ello determina el rechazo del agravio expresado al respecto por la recurrente, en virtud de lo dispuesto en el art. 270 inc. 2 del CGP (Cfme. sentencias de la Suprema Corte de Justicia Nos. 289/2021 y 532/2022, entre otras). Como señaló la Corte en sentencia Nº 1.425/2019: “ Tal como afirmara Fernando DE LA RÚA, no cualquier inteligencia, o interpretación de la norma, abre la vía del recurso, sino que debe tratarse de una aplicación determinada de la norma a un hecho concreto, con efectiva repercusión en el dispositivo de la sentencia. El recurso por inobservancia o errónea aplicación de una norma que no ha sido aplicada en la sentencia, o que no influya en ella, es improcedente. Lo contrario sería abrir paso a declaraciones abstractas, impropias del carácter jurisdiccional del Tribunal. Por esto, las meras declaraciones teóricas contenidas en la sentencia, aunque constituyan interpretaciones erróneas de la ley, mientras no se apliquen a los hechos y traduzcan su influjo sobre el dispositivo, no justifican el recurso (cf. aut. Cit.: ‘El recurso de casación’, Víctor P. DE ZAVALÍA Editor, Buenos Aires, 1968, pág. 112) ”. En conclusión, por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad, FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 40 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, HÁGANSE LAS DEVOLUCIONES QUE CORRESPONDIEREN Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.