Sentencia Interlocutoria N° 86/2026

N.º 86 Montevideo, 26 de febrero de 2026 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “ AA . Reiterados delitos de abuso sexual agravados, en reiteración real con un delito previsto en el artículo 169 del Código Penal en calidad de autor. ” IUE: 450 - 141 /202 5 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor particular del imputado, AA, Dr. Claudio Chaben, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 43/2026 dictada fuera de audiencia el 4 de febrero de 2026 y contra las Sentencias Interlocutorias N.º 74/2026, N.º 81/2026, N.º 83/2026, N.º 88/2026, N.º 95/2026, N.º 98/2026 y N.º 100/2026 dictadas en la audiencia de control de acusación celebrada el 13 de febrero de 2026, por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Dolores de 2º Turno, Dra. Daniela Vienni, con intervención de la Sra. Fiscal Departamental de Dolores, Dra. Carla Murchio. RESULTANDO : I) a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 672/2025 dictada en la audiencia celebrada el día 21 de agosto de 2025, se dispuso la formalización de la investigación seguida respecto de AA por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados, en reiteración real con un delito previsto en el artículo 169 del Código Penal en calidad de autor. b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación contra la decisión adoptada. c- Por Decreto Nº 673/2025 se tuvo presente el anuncio formulado, consignándose que se estaría a las resultancias de la audiencia, a efectos de la tramitación del recurso deducido. II)a- Continuándose con la audiencia, por Sentencia Interlocutoria Nº 674/2025 se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva, por el plazo de 120 días, con vencimiento automático el 19 de diciembre de 2025, la hora 18:38. b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación contra lo resuelto. III) a- Fue entonces que de conformidad a lo previsto en el artículo 365 del CPP en la redacción dada por el art. 42 de la ley 19889, el letrado patrocinante del imputado procedió a expresar agravios respecto a las dos decisiones impugnadas, esto es, la que decidió la formalización de la investigación y la que le impuso la medida cautelar de prisión preventiva. b- Conferido traslado al Ministerio Público lo evacuó abogando por que se mantengan las dos decisiones impugnadas. c- Por Decreto Nº 675/2025 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. d- La Sala por Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia N.º 446/2025 del 4 de setiembre de 2025, confirmó la decisión de Primera Instancia N.º 672/2025 dictada en la audiencia celebrada el 21 de agosto de 2025, por la que se dispuso la formalización de la investigación seguida respecto de AA por la presunta comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravados, en reiteración real con un delito previsto en el artículo 169 del código penal, en calidad de autor. A su vez, se confirmó la Sentencia Interlocutoria N.º 674/2025, dictada en la misma audiencia, por la que se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva efectiva respecto de AA por el plazo de 120 días, con vencimiento automático el día 19 de diciembre de 2025, a la hora 18:38. IV)a- Fiscalía compareció ante la Sede Judicial solicitando la convocatoria a audiencia con la finalidad de elucidar la prórroga de la medida cautelar de prisión preventiva fijada al imputado. b- Se convocó a audiencia para el día 17 de diciembre de 2025. V)a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 899/2025 dictada en la instancia referenciada se resolvió prorrogar la medida cautelar de prisión preventiva por el término de 180 días, a contar del vencimiento actual, esto es el 19 de diciembre de 2025, venciendo el día 17 de junio de 2026 a la hora 18:38. b- La Defensa interpuso los recursos los recursos de reposición y apelación en subsidio contra la decisión adoptada. c- Conferido traslado al Ministerio Público, lo evacuó bregando porque se mantenga lo resuelto. d- La Defensa replicó afirmando que Fiscalía dice que no se solicitó la declaración por el art. 266 del CPP. Si se solicitó, simplemente que la Sede no lo entendió necesario y por eso causa agravios. e- Se mantuvo la recurrida con expresión de fundamentos y se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. f- La Sala por Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia N.º 731/2025 de fecha 23 de diciembre de 2025, confirmó la decisión de Primera Instancia Nº 899/2025 dictada en la audiencia celebrada el 17 de diciembre de 2025, por la que se extendió la medida cautelar de prisión preventiva efectiva respecto de AA, por el plazo de 180 días, con vencimiento automático el día 17 de junio de 2026, a la hora 18:38, sin perjuicio de ulterioridades. VI)a- Fiscalía presentó la demanda acusatoria el día 15 de diciembre de 2025, reclamando la condena de AA como autor penalmente responsable de la comisión de reiterados delitos de abuso sexual agravado, en reiteración real con un delito previsto en el art. 169 del Código Penal, a la pena de 7 años de penitenciaría y de su cargo las accesorias de rigor. A su vez, solicitó se dispusiera la reparación patrimonial a la víctima prevista en el art. 80 de la ley 19580 por el monto equivalente a 12 ingresos mensuales, sin perjuicio del derecho de la víctima a seguir la vía procesal correspondiente para obtener la reparación integral del año. Además, la suspensión o inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en las áreas enunciadas. Efectuó un relato de los hechos, invocó la circunstancias alteratorias y ofreció la prueba que se proponía producir en el juicio oral. b- Se emplazó a la Defensa y al imputado para que en el plazo de 30 días ofreciera la prueba que se proponía producir en el juicio oral, conforme lo previsto en el art. 128 del CPP. c- El día 2 de febrero de 2026, la Defensa compareció ante la Sede Judicial, solicitando como cuestión previa la suspensión del proceso y convocar en forma urgente a audiencia de debate respecto a la pertinencia y necesidad de la prueba cuyo diligenciamiento se solicita en forma anticipada, en virtud de lo dispuesto por art. 260 del CPP. Destacó que ambas peticiones de diligencia versan sobre prueba que está en disposición de la contraria ya que el celular está incautado y para realizar su peritaje, se solicita que se haga con un perito calificado y oficial. Reclamó se desestime en todos sus términos la acusación fiscal y se proceda a dictar sentencia absolutoria declarando la inocencia del imputado, para lo cual solicitó su sobreseimiento. Ofreció prueba. d- Por Sentencia Interlocutoria N.º 43/2026 dictada fuera de audiencia el día 4 de febrero de 2026, se resolvió: “...1) A la solicitud de suspensión del proceso y a la tramitación de la intimación en el marco del art. 260 CPP, no ha lugar. 2) Téngase por ofrecida la prueba de la Defensa. 3) Convócase a las partes para audiencia de control de acusación que se señala el día 13 de Febrero a la hora 9:00, disponiéndose la conducción del imputado, oficiándose a sus efectos…” e- El día 10 de febrero de 2026 la Defensa interpuso los recursos de reposición, apelación y nulidad por vía recursiva contra la decisión adoptada. Sostuvo que no comparte que no se encuentre prevista la suspensión del proceso, ya que la misma es una decisión a la que está facultada la Sede en caso de ser necesario, más cuando se trata de garantizar los Derechos Humanos del imputado para una correcta y ecuánime defensa y trato procesal igualitario. El art. 24 del CGP faculta al Tribunal a llevar a cabo las diligencias necesarias para la búsqueda de la verdad de los hechos controvertidos. Hay una remisión expresa en el CPP, art. 106 a lo dispuesto en el CGP, por lo que las facultades que tiene el Juez penal surgen entre otros de los art. 24 y siguientes de este último cuerpo normativo. Se trata de ingresar a juicio el contenido del celular del imputado, así como una prueba pericial semiológica lo que fue rechazado in límine por la Sede, no obstante lo previsto en el art. 260 del CPP. El término para contestar la acusación no venció, además el acusado cuenta con la representación de otro profesional que es co-defensor. Se coarta a la Defensa de desplegar su estrategia, retaceando los derechos del imputado. En definitiva, reclamó que se haga lugar a la nulidad, se fije audiencia de debate para la pertinencia o no de las diligencias solicitadas, a efectos que ante una posible incorporación al proceso, las mismas se transformen en prueba y se cumpla con lo previsto en el art. 268 del CPP a los efectos de la posterior audiencia de control de acusación. f- Se confirió traslado a Fiscalía. g- El día 12 de febrero de 2026, el Ministerio Público evacuó el traslado conferido abogando fundadamente por la confirmación de la Sentencia Interlocutoria Nº 43/2026 y el rechazo de la acción de nulidad impetrada. Analizó los agravios y los descartó, destacando que la suspensión del proceso no corresponde no solo porque no está prevista legalmente sino porque en lo que respecta al fondo del asunto, la realidad es que la Defensa tuvo un tiempo prudencial para solicitar la prueba que le era importante y no lo hizo. No es una interpretación restrictiva del art. 260 del CPP, sino una interpretación armónica con el resto de la normativa procesal que regula la carga de las partes en etapa de investigación, las posibilidades de descubrimiento, contradicción y control de la prueba en la audiencia intermedia. No corresponde suspender el proceso en esta fase. Por otra parte, la posición de la Defensa que puede pedir el diligenciamiento de prueba hasta que venza el plazo para contestar no es armónica con las disposiciones citadas, menos aún la mención a que existe un co-defensor que no contestó la acusación. No se ha coartado los derechos del imputado pues en la resolución se ha establecido que de la pretensión de la Defensa se infiere una declaración con miras a la concreción de una prueba pericial por semiologo, que es en definitiva lo que se rechaza Respecto a la acción de nulidad, afirmó que no se desprende del tracto procesal seguido ni de la fundamentación de la providencia impugnada ni incluso de las propias alegaciones realizadas por el letrado patrocinante, un desvío que implique la vulneración de derechos del imputado. No se vulneran garantías ni derechos de defensa porque lo que debe ser desestimada. h- Por Providencia N.º 73/2026 dictada en la audiencia de control de acusación celebrada el 13 de febrero de 2025, se mantuvo la recurrida y se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. VII)a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 74/2026 se resolvió: “...Recházase el pedido de sobreseimiento...” b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra lo decidido. Fundó sus agravios siguiendo al artículo 268 lit. C del CPP que dice que en esta etapa la Defensa o Fiscalía en su defecto pueden plantear e instar el sobreseimiento. También concatenado con el art. 130, el que es claro ya que la única instancia que tiene la Defensa para plantear el sobreseimiento es en la audiencia de control de acusación. Si se sigue el razonamiento de la Sede para rechazar el pedido de sobreseimiento, en cuanto a que no están agotadas las posibilidades probatorias, se entiende que sí, porque Fiscalía cuando acusa dice agotar tales posibilidades. Por lo tanto, se entiende que si cuando cierra en su caso Fiscalía. Obviamente que la teoría que tiene el Ministerio Público es que cuando cierra la etapa investigativa, estarían agotadas las posibilidades probatorias y se considera que las mismas habrían sido agotadas por el Ministerio Público a la hora de presentar su demanda acusatoria. En consecuencia, el 268.1 lit. C encastra perfectamente con el art. 130 lit a que es el que se propone en este caso para instar el sobreseimiento. El CPP es armónico en esa parte porque sino el art. 130 sería una especie de letra muerta. Si hay que hacer todo el proceso para agotar las posibilidades probatorias, dicha norma sería inaplicable en todo sentido. Se entiende que no, el CPP es armónico en lo que es el 268.1 lit. C que dice instar el sobreseimiento, en esta etapa, la última etapa procesal que tiene la Defensa y sí hay una armonía, porque el Ministerio Público al presentar la demanda acusatoria da por terminada su investigación preliminar y se entiende que estarían agotadas todas las etapas probatorias para Fiscalía. Por eso es el ofrecimiento de prueba en la demanda acusatoria, es por eso que el CPP es más que armónico, si interpretamos el art. 130 como lo interpreta la Sede, sería inaplicable y no podría jamás la Defensa instar el sobreseimiento hasta la sentencia definitiva porque ahí estarían agotado el término de las posibilidades probatorias, sería hasta la etapa anterior a los alegatos de cierre. Hay que armonizar el 268.1 lit. C con el 130 y entendemos que nuestro Legislador lo armoniza en ese sentido, diciendo que las posibilidades probatorias de Fiscalía se agotan con la presentación de la demanda acusatoria. En eso se basa el agravio porque sino el 130 sería un artículo inaplicable hasta los alegatos de cierre, porque ahí estarían agotadas todas las posibilidades probatorias si vamos al razonamiento que hace la Sede para rechazar el pedido de sobreseimiento. Por ello solicita al Tribunal que revoque por contrario imperio por la aplicación concatenada y armónica del 268.1 lit c y el 130 yendo al razonamiento que el cierre de la etapa probatoria se da con la presentación de la demanda acusatoria. No se ha llegado por el Ministerio Público a una plena prueba y por eso se insta el sobreseimiento en esta etapa oportuna que es la última que tiene la Defensa para poder hacerlo. c- Conferido traslado a Fiscalía, lo evacuó solicitando se mantenga la Sentencia Interlocutoria apelada. Ello pues no se entendió que la Sede dijera que no están agotadas las posibilidades probatorias en este caso, sino que es obvio que las posibilidades probatorias para Fiscalía están agotadas porque la acusación ya fue presentada. La discusión es, si agotadas las posibilidades probatorias existe plena prueba o no en el caso, y esa es una discusión que se entiende no corresponde en esta instancia procesal. Lo que plantea la Defensa en torno a la oportunidad para instar el sobreseimiento creemos que es correcto, es en esta instancia que puede eventualmente hacerlo a razón de si se dan ciertas condiciones previstas en el art 130 del CPP. Lo que está en discusión en esta audiencia, es la primera, la del literal A, en este caso se entiende que la Defensa no ha desarrollado argumentación alguna ni en su escrito de contestación de acusación ni hoy en la audiencia de por qué agotadas las posibilidades probatorias no existe plena prueba del hecho. Además, en determinados casos como en éste, debería ser una circunstancia extremadamente llamativa que posibilitara un sobreseimiento como por ejemplo si Fiscalía hubiera acusado a su defendido que cometió un hecho tal fecha a tal hora y la Defensa tuviera un comprobante infalible que a tal fecha a tal hora estaba en otro lado, eso sería una posibilidad de instar el sobreseimiento. No es esta la situación, no es este el caso, y las resultancias de lo que resulte en juicio hay varias discusiones que se van a dar, no puede la Sede en garantías adelantarse a esas discusiones, a lo que van a decir testigos, a lo que proponen las partes, en este caso como para descartar que la causa se eleve a juicio oral. No ha cumplido la Defensa con la carga de indicarle a la Sede por que debe descartar el caso en esta instancia y es por eso que entendemos que la resolución de primera instancia debe mantenerse. d- Por Decreto N.º 75/2026, se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. VIII)a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 81/2026 se dispuso: “Admítase la testigo BB con datos identificatorios consignados en la acusación y cuyo objeto de declaración es el que surge de fojas 83 vuelto y 84...” b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. Postuló que no compartía con la Sede que deba ser en el momento de ejecución del juicio, lo del levantamiento del secreto, más allá que ya lo ha esbozado. Debe ser previo y debe estar consignado expresamente en la acusación porque la prueba va a ingresar tal cual está en este momento, o sea, se va a diligenciar tal cual está, por lo tanto, debe ser un requisito la acreditación previa de lo que se necesita para ser admitido. Es por ello que causa agravios, no es un requisito posterior porque para el análisis de la procedencia, pertinencia o legalidad de un medio probatorio, debe estar completo previo a ser ingresado, y éste es el momento del ingreso a juicio de los medios probatorios. Obviamente que en las siguientes audiencias de juicio oral se van a diligenciar los medios que ya ingresaron en esta etapa procesal. Está la etapa de apelación donde el Tribunal va a decidir si es procedente o no el agravio. Se entiende que debe ser previo, el medio de prueba debe ingresar de forma global, tiene que analizarse previamente, no requerirse cuando se va a ejecutar. c- Conferido traslado a Fiscalía lo evacuó consignando que la determinación del relevamiento del secreto profesional no es un requisito de admisibilidad como lo señala la Sede, sino que es un aspecto a relevarse en el marco del momento en que vaya a declarar el referido profesional. Sin perjuicio de esto, se deja constancia que se tiene un documento firmado por la madre de la víctima en estas actuaciones, de fecha noviembre de 2025 y se presentó la acusación en diciembre. En esta audiencia, se le ha exhibido ese documento a la Defensa por lo que la discusión carece de sentido porque lo que está exigiendo el letrado patrocinante, aunque no se comparte que sea un requisito está también disponible. En suma reclamó se mantenga la declaración de esta testigo. d- Por Decreto Nº 82/2026 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. IX)a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 83/2026, se dispuso: “...Admítase la declaración del testigo CC con datos identificatorios consignados en la acusación y cuyo objeto de declaración es el que surge de fojas 84.6...”. b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra la providencia precedente. Fundó la impugnación en los mismos argumentos que había impetrado en la otra apelación, con respecto a la otra profesional interviniente, aunque haciendo algunas salvedades. Por más que como dijo Fiscalía, el profesional sea parte, porque está actuando en la doble calidad de parte y defensor, por lo tanto obviamente debe existir igual ese consentimiento; entendemos que por mas que sea la misma persona la parte y defensor, obviamente debe haber un levantamiento aunque sea asimismo debe existir en teoría de la Defensa, y es por ello el agravio. c- La titular de la acción penal evacuó el traslado conferido indicando que se mantenía en la argumentación ya explicitada en ocasión del primer traslado. En función de ello, reclamó se mantenga la hostilizada. d- Por Decreto N.º 84/2026, se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. X) a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 88/2026 se dispuso: “...Admítase la testigo Dra. DD, con datos identificatorios consignados en la acusación y cuyo objeto de declaración es el que consta en la aclaración realizada por la fiscalía en esta audiencia...” b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada. Fundó la impugnación deducida por remisión a los fundamentos esgrimidos para los otros testigos expertos o profesionales. c- Conferido traslado a Fiscalía, lo evacuó solicitando que se mantenga lo resuelto. Aludió a los mismos términos de alegaciones anteriores y que en base a ello se confirme la testigo, por los argumentos que fueron expresados respecto de otros profesionales que están en la misma situación. Dejó constancia que cuenta con un documento en el cual se releva el secreto profesional respecto de todos los profesionales que trataron a la niña. d- Por Decreto N.º 89/2026 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. XI) a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 95/2026 se dispuso: “Admítase el registro de 7/5/24 que obra en Historia Clínica de Alma Pilar Sirio en el Hospital de Dolores, que se incorporara mediante la declaración de la Dra. DD”. b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra lo resuelto. Fundó su apelación en los argumentos expuestos respecto a la declaración testimonial. A su vez incorporó el tema del relevamiento de lo que sería la protección de datos personales, esto es importante también, no es una cuestión menor. Es algo distinto a lo que sería el secreto profesional, por lo tanto se adiciona a los argumentos de la apelación el tema de lo que sería el relevamiento de la protección de datos personales, en este caso porque es un documento. c- Conferido traslado a Fiscalía, solicitó el mantenimiento de la prueba documental incorporada. Hizo suyas las argumentaciones de la Sede que refieren al documento que existe en un registro público y que nada tiene que ver en esta instancia el secreto profesional. Aún así se cuenta con el relevamiento correspondiente para que esta testigo incorpore básicamente lo que obra en ese informe y que ésto se haga en adhesión a su declaración. Concluyó que se debe mantener la prueba documental. d- Por Decreto 96/2026 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. XII) a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 98/2026 se resolvió: “Admítase el testimonio del expediente IUE 385-114/2017 tramitado ante el Juzgado de Paz Departamental de Dolores que será introducido mediante lectura y exhibición por parte de Fiscalía”. b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra la providencia precedente. Se remitió en parte a los argumentos de oposición, señalando que no compartía que por ser un mero documento público, “per se”, pueda ser ingresado por Fiscalía. El testimonio de un expediente se encuentra reservado a lo que sería las partes participantes del proceso; y en este caso estamos hablando de un juicio ejecutivo y por lo tanto el legitimado para el ingreso de ese expediente sería la parte. No es cualquier documento público, no se comparte con la Sede, es un documento público pero está restringido al acceso a las partes. En suma, reclamó se revoque la hostilizada y se disponga el no ingreso del medio de prueba ya que no se cumple con las formalidades que la parte, en este caso sería el Dr. Arias, lo introduzca. c- Conferido traslado al Ministerio Público, indicó que la incorporación de testimonios de expedientes judiciales a juicio, en el marco de su exhibición y lectura cuando el testimonio está debidamente registrado y debidamente controlado por la Defensa, no tiene argumentos para ser una causal de exclusión probatoria. El expediente judicial en cuestión no es un expediente reservado, es un expediente público por eso se nos ha otorgado el testimonio correspondiente y es una prueba que puede ser trascendental para acreditar una de las proposiciones fácticas de Fiscalía. No existiendo causal de exclusión probatoria, se debe ratificar la decisión de primera instancia. d- Por Decreto Nº 99/2026 se franqueó el recurso de apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. XIII)a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 100/2026 se consignó: “...Admítase el comprobante de compromiso de compraventa celebrado entre AA y FF cuyo objeto es el vehículo marca Fiat Strada el que será introducido por la declaración de la Sra. EE...” b- El letrado patrocinante del imputado interpuso recurso de apelación contra lo decidido. En primer lugar se remitió a lo expresado en la oposición, agregando que el tema de la legitimación para el ingreso de los medios probatorios es fundamental. En este caso estamos hablando de un documento privado celebrado entre dos partes, AA y FF. No hay acreditación de cómo tomó conocimiento EE, no hay una explicación para que pueda ingresarlo. La amplitud de los medios probatorios, se entiende la teoría de la Sede y se comparte, pero lo que sí, nadie está discutiendo que sea ilegal, procedente o improcedente, lo que se está discutiendo es la forma de ingreso al proceso, es eso lo que se discute. Los agravios van dirigidos a esa parte, ya que se trata de un documento privado; por lo tanto se solicita se revoque la providencia y no haga lugar al ingreso de ese medio probatorio. c- La representante del Ministerio Público evacuó el traslado conferido abogando por el mantenimiento de la incorporación de esta prueba documental. Afirmó que los agravios de la Defensa respecto a la incorporación al proceso no son de recibo, no hay ninguna causal que excluya esta testigo de manera preliminar y en esta instancia la posibilidad de informar a la sede de juicio oral como obtuvo ese documento, que conocimiento tiene al respecto del negocio que realizó su ex pareja fallecida. Será en el marco del juicio oral que la Defensa podrá realizar el correspondiente control de esa testigo, que además ya fue admitida y de la correspondiente prueba documental. d- Por Decreto 101/2026 se franqueó el recurso de apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. XIV) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Sala con la unánime voluntad de sus miembros naturales, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 43/2026 dictada fuera de audiencia el 4 de febrero de 2026, por la que se decidió no hacer lugar a la suspensión del proceso y a la tramitación de la intimación en el marco del art. 260 del CPP. Los motivos invocados por la Defensa con el pretendido propósito de hacer caer lo decidido en tal sentido, no son de recibo ya que no tienen anclaje en el ordenamiento jurídico vigente. A su vez, se confirmarán las Sentencias Interlocutorias dictadas en la audiencia de control de acusación celebrada el 13 de febrero de 2026 que fueron impugnadas por el letrado patrocinante del imputado esto es: a) N.º 74/2026 por la que se desestimó el pedido de sobreseimiento. b) N.º 81/2026 por la que se admitió la declaración de la testigo BB. c) N.º 83/2026 por la que se admitió la declaración del testigo CC. d) N.º 88/2026 por la que se admitió la declaración de la testigo DD. e) N.º 95/2026 por la que se admitió la incorporación mediante declaración de DD del registro de fecha 7 de mayo de 2024 que obra en la historia clínica de EE en el hospital de Dolores. f) N.º 98/2026 por la que se admitió la introducción mediante lectura y exhibición por parte de Fiscalía del testimonio del expediente IUE 385-114/2017, tramitado ante la Sede de Paz Departamental de Dolores. g) N.º 100/2026 por la que se admitió la incorporación del comprobante del compromiso de compraventa celebrado entre el imputado y FF respecto del vehículo que se especificó, el que será introducido a través de la declaración de EE. El bloque argumental constituído por los agravios formulados por la Defensa respecto a cada una de estas providencias, carece de la eficacia y eficiencia necesaria para hacer naufragar lo que se resolvió en primera instancia en cada una de ellas. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal el trámite ha sido correcto, contando las partes con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de defensa. III) Asistimos a ocho decisiones controvertidas por el letrado patrocinante del imputado, con la particularidad que una de ellas, la primera fue dictada fuera de audiencia aunque la a-quo decidió el recurso de reposición en la instancia intermedia, en la que además franqueó el recurso de apelación. En lo que hace a las otras siete providencias controvertidas, una de ellas refiere al sobreseimiento instado por la Defensa, en tanto que las demás aluden a medios de prueba (testimonial y documental) propuestos por Fiscalía en la demanda acusatoria. IV) Parra Quijano en Manual de Derecho probatorio, pág. 8 y ss. ha señalado “En un proceso no solo se recauda o aporta una prueba, sino que es normal que aparezcan varias, inclusive de la misma especie, en todos esos casos la necesidad de estudiar la prueba como un todo salta a la vista, estudio que se debe hacer buscando las concordancias y divergencias, a fin de lograr el propósito indicado”. En el mismo sentido, Dohring en “La prueba. Su práctica y apreciación, pág. 408” señaló: “Por necesario que sea examinar por separado cada pieza probatoria, no lo es menos a preciar la contextura, osea las probanzas en sus encadenamientos. Algunos hechos singulares no podrían ser nunca plenamente entendidos por cierta certeza mediante una consideración que abrace el todo. Por eso, los Tribunales superiores siempre han vuelto a señalar la importancia de los esfuerzos intensivos por lograr un cuadro conjunto convincente”. V) Debe tenerse en cuenta que para que la prueba solicitada pueda incorporarse al proceso debe cumplir con una serie de estándares tendientes a resguardar el lógico equilibrio del sistema jurídico, pues, si parece imposible pensar en un sistema jurídico donde todos los aspectos del fenómeno probatorio estén completamente regulados por el derecho, tampoco parece fácil pensar en un sistema jurídico que encarne de manera absoluta el sistema de la freedom of proof, un sistema donde la prueba esté completamente desregulada, entregada por entero a las reglas epistemológicas o a los patrones de la racionalidad empírica (Cf. Marina GASCON ABELLÁN “Freedom of Proof” El cuestionable debilitamiento de la Regla de exclusión de la prueba ilícita). En efecto, la libertad probatoria no significa ni puede significar, que se realice prueba de cualquier forma (teniendo en cuenta que existen regulaciones procesales sobre los medios de prueba) ni menos aún a cualquier costo, puesto que las normas determinan la existencia de limitaciones precisas derivadas del respeto a los derechos humanos. Prueba ilícita es aquella que ha sido recolectada o reunida mediante la violación de normas, reglas o principios de orden legal pero, fundamentalmente, constitucional o del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la misma puede ser considerada una especie del género de la inadmisibilidad probatoria pero vinculada, particularmente, a aquella prueba que se obtiene con violación de garantías sustanciales recogidas por la Constitución de la República o los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Sobre el concepto de prueba ilícita KLETT, citando a ADA PELLEGRINI, expresa que debe entenderse: “por prueba ilícita (rectius, prueba obtenida por medios ilícitos) la prueba recogida infringiendo normas de naturaleza material y, principalmente reglas y principios constitucionales”. “La cuestión denominada­ “prueba ilícita” se ubica, jurídicamente, en la investigación con respecto a la relación entre lo ilícito y lo inadmisible en el procedimiento probatorio y, bajo el punto de vista de la política legislativa, en la encrucijada entre la búsqueda de la verdad en defensa de la sociedad y el respeto de derechos fundamentales que pueden verse afectados por esta investigación. La prueba ilícita (u obtenida por medios ilícitos) encuentra en la categoría de la prueba prohibida. La prueba es prohibida siempre que sea contraria a una específica norma legal, o a un principio del derecho positivo”. De todos modos, aclara: “Por prueba ilícita, en sentido estricto, se indica la prueba recolectada infringiendo normas o principios colocados por la Constitución y por las leyes, frecuentemente para la protección de las liberalidades públicas y de los derechos de la personalidad y de su manifestación que es el derecho a la intimidad. La tutela constitucional de la intimidad, la honra y de la imagen parece justificar, más que nunca, la negativa del sospechoso o acusado a someterse a exámenes de partes íntimas, tanto como pruebas degradantes, porque nadie puede ser obligado a hacer prueba contra sí mismo.” Por su parte, MIRANDA ESTAMPES, diferenciando con precisión la prueba ilícita de la prueba irregular, indica: “Por prueba ilícita debe entenderse aquella prueba obtenida y/o practicada con vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, prueba irregular sería aquella obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio pero sin afectación nuclear de derechos fundamentales. La anterior diferenciación conceptual tiene una enorme repercusión, pues la regla de exclusión probatoria y el reconocimiento de su eficacia refleja, que se expone más adelante, se debe predicar con exclusividad de la denominada prueba ilícita, mientras que la prueba irregular quedaría sometida al régimen de nulidad de los actos procesales, admitiéndose, en determinados casos, su subsanación y/o convalidación”. Una vez más, sobre el concepto de prueba ilícita GOMES SANTORO señala: “Como venimos de decir, el concepto de inadmisibilidad es amplio y una de sus subespecies es la prueba ilícita, la cual en el proceso penal cobra una especial relevancia. En el proceso, el camino a la certeza está guiado por las reglas que el ordenamiento jurídico determina, éstas no pueden desatenderse so pretexto de lograr el convencimiento judicial. Las normas que regulan la prueba son una garantía general y su transgresión, sea en la obtención sea la forma en que la prueba se incorpora al proceso, atenta contra un interés general. Como señalan GARDERES y VALENTÍN: “La obtención de la verdad no es actualmente un objetivo absoluto, sino que sólo puede realizarse cumpliendo ciertas reglas (constitucionales y legales) y con respecto a los derechos del imputado y de (terceros) frente a los cuales cede”. MINIVELLE habla de prueba prohibida y diferencia cuatro subespecies: 1) la prueba vedada a texto expreso por la ley; 2) la prueba cuya obtención o utilización no es prohibida expresamente, pero cuya prohibición se deduce del sistema, inclusive aplicando prohibiciones analógicas expresas; 3) la prueba irritual, aquí el medio de prueba es obtenido mediante violación a la ley y 4) la prueba ilícita propiamente dicha, en este caso el medio de prueba es obtenido extraprocesalmente, mediante violación de derechos sustanciales”. Asimismo, MINVIELLE señala: “El autor colombiano H. DEVIS ECHANDÍA define a la prueba ilícita como la “expresa o tácitamente prohibida por la ley o que atente contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan. Y agrega el citado autor, la ilicitud puede resultar de: 1º) el medio mismo que se pretende emplear; 2º) el procedimiento empleado para la obtención de la prueba por sí misma ilícita; 3º) la violación de una norma que prohíba utilizar cierto modo de prueba, autorizado en general para un caso determinado o respecto ciertos hechos; 4º) la prohibición de investigar el hecho sobre el cual versa; 5º) en un sistema de medios taxativos, será lícito todo medio que no pueda quedar incluido entre los legalmente autorizados. Sobre el particular, M. CAPPELETTI, distingue: A) las pruebas en sí y por sí admisibles (relevantes y eficaces) en juicio, las cuales, sin embargo, han sido creadas, o han llegado al sujeto que la introduce en juicio, a través de un acto ilegítimo; B) las pruebas respecto de las cuales la ley prohíbe directamente la admisión en juicio, por tanto, la ilegitimidad es propia del acto mismo de admisión. VI) Sentencia Interlocutoria N.º 43/2026 dictada fuera de audiencia el 4 de febrero de 2026. a- La Defensa cuestionó lo resuelto, lo hizo con los recursos de reposición, apelación, impetrando además acción de nulidad por vía recursiva. Postuló que el art. 24 del CGP, es aplicable por remisión del art. 106 del CPP y faculta al Tribunal a realizar las diligencias necesarias para la búsqueda de la verdad. Postuló que aún está en plazo de diligenciar prueba por lo que no corresponde el rechazo del análisis del contenido del celular así como de la prueba pericial semiológica, conforme el art. 260 del CPP, indicando además que el plazo para contestar no venció porque el acusado tiene otro defensor, el que también ofrecerá prueba. Afirma que se conculcan los derechos del imputado con la decisión adoptada. A su vez, que lo decidido genera un estado de indefensión, coarta la posibilidad de defenderse en juicio y aporta prueba para llegar a la verdad de los hechos por lo que es de aplicación el art. 379 literal C del CPP. b- Fiscalía indicó que debía mantenerse la resolución atacada, no siendo de recibo los argumentos esgrimidos por el letrado patrocinante. Descartó la aplicación del art. 24 del CGP pues la remisión que hace el art. 106 del CPP no la comprende. No puede suspenderse el proceso en esta etapa con miras a la discusión sobre medios probatorios que se solicitan en el marco del 260 del CPP que no fueron diligenciados oportunamente y tampoco se peticionaron con antelación correspondiente. c- En este ámbito de hecho y de derecho, corresponde consignar que los agravios deducidos por el letrado patrocinante del imputado no son de recibo, carecen de la virtualidad jurídica necesaria para afectar lo resuelto en primera instancia. Al respecto debe tenerse en cuenta que el art. 24 del CGP invocado por la Defensa como sustento de su pretensión, no es aplicable al caso ya que la remisión que realiza el CPP en su art. 106, no es abarcativo del mismo. En efecto, conforme esta disposición se aplicarán al proceso penal las previsiones del libro I, Título VI, capítulo I, secciones I, II, III y VI del Código General del Proceso en lo pertinente, con las exclusiones y modificaciones que se consignan expresamente. Importa destacar que el citado art. 24 del CGP no está comprendido en la remisión practicada. A su vez, debe tenerse en cuenta que nuestro régimen adjetivo está caracterizado como un sistema acusatorio adversarial, donde partiendo del estado de inocencia del imputado, es Fiscalía quien debe destruirlo probando su responsabilidad en los hechos que pretende atribuirle. Debe tenerse en cuenta que la Defensa llevó a cabo cuando lo entendió del caso, dentro del plazo legal, su ofertorio probatorio, precluyendo por lo tanto toda posibilidad superviniente en tal sentido. No se cuenta con un “saldo de plazo” para llevar a cabo un nuevo ofrecimiento de prueba, esto implicaría un indebido retroceso a fases previas. La circunstancia que exista una co-defensa que aún no haya comparecido, deviene irrelevante a la luz de lo edictado por el art. 73.2 del CPP en cuanto a que todo acto procesal realizado por un defensor será eficaz respecto del otro integrante de la Defensa conjunta. En forma alguna se ha afectado las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio de los derechos del imputado ya que el tracto seguido es acorde a la normativa vigente, honrándose los derechos fundamentales. Emerge en forma prístina que lo que la Defensa pretende por una vía oblicua no la declaración del imputado, sino dos pericias, una semiologica y otra a llevarse a cabo por Policía Científica pero su reacción en tal sentido fue tardía. Lo hizo cuando ya había precluido las potestades que tenía en tal sentido. A ello cabe agregar que el letrado patrocinante no refirió en ningún momento a las razones por las cuales su propuesta sería pertinente y necesaria. En suma, la decisión de primera instancia adoptada sobre el tema es estrictamente ajustada a la regulación legal, sin que los motivos invocados por la Defensa la menguen en lo más mínimo. Por lo tanto, no se configura nulidad de especie alguna, resultando inaplicable lo previsto en el art. 379 literal C del CPP. VII) Sentencia Interlocutoria N.º 74/2026 a- La Defensa esgrimió que en la audiencia de control de acusación o audiencia intermedia se puede instar el sobreseimiento. Si están agotadas las posibilidades probatorias porque cuando Fiscalía acusa pone fin a las mismas. En consecuencia, el art. 268.1 literal C se ajusta perfectamente a lo previsto en el art. 130 literal A, que es el que se propone en la especie para obtener el sobreseimiento. No se ha llegado por el Ministerio Público a una plena prueba para responsabilizar al imputado. b- Fiscalía puso de manifiesto que a diferencia de lo que decía la Defensa no entendía que la Sede hubiera consignado que no estaban agotadas las posibilidades probatorias. Si lo están porque se presentó la demanda acusatoria. Ahora bien, respecto a si existe plena prueba o no, es un tema que no corresponde debatir en esta fase, es correcto que la Defensa tiene la oportunidad para instar el sobreseimiento pero no ha desarrollado ninguna argumentación respecto a porque no existe plena prueba del hecho. c- Asistimos a un pedido de sobreseimiento formulado por la Defensa en base a que están agotadas las posibilidades probatorias de la titular de la acción penal al haberse presentado la demanda acusatoria. En ese marco, refirió al art. 130 literal A que es el que propuso, postulando que no se ha llegado a obtener la plena prueba para la condena. Ahora bien, no se configuran en la especie, con la provisoriedad que corresponde a este estadio procesal, la causal referida. En efecto, si bien están agotadas las posibilidades probatorias pues Fiscalía presentó la demanda acusatoria, ofreciendo los medios que se proponía producir en el juicio oral, esto no significa que no exista la plena prueba respecto a que el hecho imputado se haya cometido o que el imputado haya participado en su comisión. Para no soslayarlo, tampoco emerge que los hechos atribuidos no se adecúen típicamente a una figura ilícita (literal B). Por otra parte, no resulta de modo indudable, que medió una causa de justificación, de inculpabilidad, de impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal (literal C). Por lo tanto, los planteos de fondo de la Defensa parecen corresponder en lo que hace a su resolución al juicio. En efecto, el juicio oral se caracteriza por la construcción de una relato en el que cada uno de los actores aporta su versión de la historia, enmarcada en la teoría jurídica, respecto de la cual se han de acreditar los hechos mediante la prueba. Así Fiscalía y Defensa deberán sostener y demostrar su teoría del caso, que no es otra cosa que su punto de vista sobre el mismo y todo lo que hagan en la audiencia de juicio oral será funcional a esa teoría, dirigida a un Juez que solo conoce el contenido de la acusación fiscal y los medios de prueba a diligenciar. En suma, es el juicio oral la instancia hábil para que la Defensa desarrolle su teoría del caso, teniéndose en cuenta especialmente que no tiene la carga de probar la inocencia del imputado. Será la Fiscalía a quien corresponde acreditar la plena prueba respecto a la relación de hechos y a la participación de AA en los mismos. Por lo tanto no es el sobreseimiento lo que corresponde en éste estadio procesal. Debe desarrollarse el juicio, el que concluirá con una sentencia definitiva absolutoria o condenatoria según corresponda. Corresponde consignar que la Defensa se circunscribió a argumentar respecto a la preclusión de la fase investigativa, no indicando por que razón causa o motivo se debe poner fin al proceso en este momento, clausurándose las actuaciones. Por lo tanto, cerrar en este momento su desarrollo a través de un sobreseimiento no resulta ajustado pues Fiscalía acusó al imputado, relató los hechos, especificó su participación, indicó cuales son las circunstancias alteratorias de la responsabilidad, reclamó la pena que entendía del caso, todo ello en base al ofertorio probatorio que llevó a cabo. Es cierto que la Defensa controvirtió la acusación y ofreció prueba, en consecuencia será el juicio oral donde las partes intentarán probar su teoría del caso, sin que en esta etapa intermedia pueda darse por concluido el proceso. Será el juicio oral el ámbito adecuado para dirimir la eventual responsabilidad penal del imputado, pues en esa instancia, el juez de juicio analizará la prueba de cargo y descargo producida y podrá arribar a la decisión del tema. VIII) Sentencias Interlocutorias N.º 81/2026 (por la que se admitió el testimonio de BB), N.º 83/2026 (por la que se admitió el testimonio de CC) y N.º 88/2026 (por la que se admitió el testimonio de DD) a- La Defensa cuestionó la admisión de los tres medios probatorios haciendo foco en que el levantamiento del secreto profesional debe ser previo y no al momento de llevarse a cabo el juicio oral. Sostuvo que la prueba va a ingresar como está en este momento, así se va a diligenciar, por lo tanto se debe acreditar en forma previa lo que se necesita para su admisión. b- Fiscalía aludió a que la determinación del relevamiento del secreto profesional no es un requisito de admisibilidad, es un aspecto a relevarse en el marco del momento en que vayan a declarar los profesionales. Ello no obstante, dejó constancia que contaba con un documento firmado por la madre de la víctima, el que fue exhibido en la audiencia a la Defensa, lo que determina que la discusión carezca de sentido. c- En dicho ámbito conceptual, esto es el de la prueba testimonial, la cuestión debe resolverse, como no podría ser de otra manera, conforme lo previsto en el ordenamiento procesal vigente. Debe tenerse en cuenta que podrá declarar como testigo “toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados. Nadie podrá negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley”. Puede declarar toda persona, no hay tachas ni testigos inhábiles “sin perjuicio de la facultad del Tribunal de apreciar el valor de su testimonio” (art. 149). A su vez las excepciones al deber de testimoniar están consignadas en el art. 150. Se trata de una facultad “podrán abstenerse de testificar en contra del imputado...”. Por otra parte el art. 151 alude a la abstención de rendir testimonio “deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial”. Sin embargo en el punto Nº 1 de este artículo se prevé que estas personas “no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya confiado”. A ello cabe agregar que la parte podrá contra examinar a los testigos e incluso proponer nuevos interrogatorios. Al respecto deberán tenerse en cuenta el objeto de la prueba previsto en el art. 141 del CPP. En efecto, es objeto de la prueba en materia penal: a) la comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la ley como configurativos del delito imputado, b) la averiguación de la participación del imputado en los hechos, c) la concurrencia de causas de justificación, d) Las alteratorias que puedan existir, e) Los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena. Corresponde agregar que conforme a lo previsto en el art. 144 del CPP “podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso, por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentre expresamente prohibido por la Constitución de la República o la Ley. Asimismo, el art. 271.1 en su segundo parágrafo consagra que la prueba debe producirse en audiencia, no siendo válida la incorporación como prueba de actuaciones realizadas durante la investigación, con dos excepciones que son por un lado las que se hayan cumplido con las reglas de la prueba anticipada y por otro cuando media o medie un acuerdo de partes. Así las cosas, el argumento invocado por la Defensa para postular el rechazo de la admisión de la declaración de los tres testigos expertos, resuelta más efectista que efectivo. Ello pues el levantamiento del secreto profesional bien se podría llevar a cabo en forma previa a recibir su declaración en el juicio oral. Sin embargo, en el caso Fiscalía argumentó en base a la oralidad argumentativa que ya cuenta con la autorización de la madre de la niña, incluso que se la exhibió al letrado patrocinante. En consecuencia, los agravios esgrimidos no tienen anclaje en la ley, no son óbice para recibir los testimonios propuestos. Debe tenerse en cuenta que la prueba testimonial es una declaración representativa, emanada de una persona que no es parte en el proceso y que depone sobre hechos que no habían adquirido naturaleza procesal en el momento de ser percibidos. En cambio la prueba pericial es el resultado de la actividad de terceros técnicos, ajenos al proceso, dirigida a ilustrar al Juez sobre determinados hechos relevantes en el proceso y respecto de los cuales es menester poseer conocimientos especializados. En la especie, los testigos expertos propuestos van a declarar sobre hechos, sobre el resultado del proceso asistencial. No se trata de un tema de credibilidad, de valoración, sino de aporte de elementos que permitan al Juez de juicio un conocimiento cabal de la situación y así poder dictar una sentencia definitiva en base a información de calidad. Debe tenerse presente que la audiencia de control de acusación o audiencia intermedia tiene como uno de sus propósitos asegurar que lo que llegue al juicio sea eficaz y eficiente a la hora de resolver. Los medios probatorios propuestos, esto es el testimonio de los expertos con el objeto reseñado deben pasar al juicio en su integralidad pues no ingresan en ninguna de las categorías que permiten al Juez su rechazo. No se trata de medios inadmisibles, impertinentes, sobreabundantes, dilatorios o ilegales, conforme lo previsto al art. 268.2 del CPP que son los supuestos en que se puede decir que no a los mismos. La valoración, la credibilidad es algo muy distinto a lo que se debe debatir en esta fase pues es una cuestión que no es propia de la audiencia desarrollada sino materia del juicio. Por supuesto que será el Juez quien decida sobre el objeto del proceso, si se reúne o no la plena prueba exigida para el dictado de una sentencia de condena, actividad que solo le corresponde a él y no puede ser reemplazada por ningún otro sujeto del proceso. En suma, la prueba testimonial ha superado la fase del control de acusación, será en todo caso el juicio oral el ámbito adecuado para que la Defensa lleve a cabo su contraexamen y en definitiva se la valore por parte del juez de juicio. IX) Sentencias Interlocutorias N.º 95/2026 (por la que se admitió el registro de fecha 7 de mayo de 2024 que obra en la historia clínica de EE), N.º 98/2026 (por la que se admitió testimonio del expediente IUE 385-114/2017 tramitado ante la Sede Departamental de Dolores) y N.º 100/2026 (se hizo lo propio en cuanto al comprobante de compromiso de compraventa de un vehículo) a- En lo que hace a la primera de las decisiones referidas, el letrado patrocinante además de remitirse a las razones expuestas respecto a la declaración testimonial, esto es al secreto profesional, aludió a la protección de los datos personales. Respecto a la segunda providencia, invocó que el expediente está reservado a las partes del proceso, en el caso es un juicio ejecutivo, por lo que quien debería ingresarlo sería la parte. Finalmente en lo atinente a la última de las resoluciones referenciadas, aludió a la legitimación para el ingreso del documento y a que no hay acreditación de como EE tomó conocimiento del mismo. b- La titular de la acción penal reclamó la confirmación de las tres decisiones adoptadas. Lo hizo señalando que en el primer caso se cuenta con el relevamiento correspondiente para que la testigo incorpore lo que obra en el informe. Respecto a la segunda providencia hostilizada, indicó que no es un expediente reservado, es un expediente público, por eso se le otorgó el testimonio, no existiendo causal de exclusión probatoria. En lo que hace a la tercera resolución, consignó que no hay ninguna causal que excluya a la testigo de manera preliminar y podrá informar a la Sede de Juicio Oral como obtuvo el documento y que conocimiento tiene respecto al negocio que realizó su ex pareja fallecida. c- Así las cosas, la prueba documental se encuentra regulada en la Sección V del Capítulo I del Título VI del CPP, art. 173 a 176. Se puede incorporar todo documento que pueda servir como medio de prueba. El que lo tiene en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo excepciones debido a la prohibición legal o necesidad de previa autorización judicial. El reconocimiento cuando es necesario puede ser realizado por su autor o por quien resulte identificado según la voz, imagen, huella, señal u otro medio así como aquel que efectuó el registro. También puede ser llamado a reconocerlo una persona distinta en calidad de testigo. Cuando el documento consiste en una grabación, se debe disponer su transcripción en un acta con intervención de las partes (art. 175.2). Respecto al registro de fecha 7 de mayo de 2024 que obra en la historia clínica de EE, en el Hospital de Dolores importa destacar que se cuenta con el relevamiento correspondiente. En tal sentido, el art. 18 de la Ley 18335 prevé que la misma es de propiedad del paciente, será reservada y solo pueden acceder los responsables de la atención médica, el personal administrativo vinculado, el paciente o en su caso la familia y el MSP cuando lo considere pertinente. También lo puede solicitar el Ministerio Público cuando se trate de la historia clínica de una víctima de un delito cuya investigación tenga bajo su dirección, siempre que recabe previamente el consentimiento de aquella o en su caso de la familia y a los solos efectos de la acción penal. En el caso, se recabó consentimiento, por lo que la incorporación es válida. Podría trazarse un símil con el secreto profesional, donde este solo cede cuando quien confió el secreto lo levanta, sin que sea válido una decisión judicial en tal sentido. Por lo tanto, no se aplica en el caso la inutilizabilidad del medio probatorio. Al respecto debe tenerse en cuenta que la ilicitud de la prueba y la nulidad de los actos procesales operan en ámbitos diferentes. La ilicitud hace referencia a un fenómeno que no reúne las notas conceptuales de la nulidad de los actos o negocios jurídicos sino a si una prueba puede ser valorada en el proceso por la forma de su obtención u otras circunstancias respecto de ellas como la prohibición de valoración. El concepto de inutilizabilidad es un tipo de invalidez que actúa directamente no sobre el acto sino específicamente sobre su valor probatorio. A través de dicho instituto la ilicitud probatoria se separa de la nulidad, circunscribiéndose a la admisión de los medios de prueba. De modo que el acto o actos aunque válido desde el punto de vista sustancial no podría producir su efecto principal que resulta probablemente para la decisión judicial. Prueba ilícita es aquella que contraría a una norma de derecho, esto es, aquella solicitada o practicada con infracción a las normas del ordenamiento jurídico. Es decir, el origen de la ilicitud de la prueba reside en que la misma ha sido obtenida con violación de normas jurídicas, más allá de las categorías de estas, constitucionales o legales, procesales o no, incluso disposiciones o principios generales. Es el control de acusación donde se debe decidir que prueba se va a reproducir en el juicio oral y cual será el objeto de la inadmisibilidad, convirtiéndose en una infranqueable barrera de control sobre la legalidad de los medios probatorios. La evolución de la doctrina sobre la invalidez probatoria de los actos obtenidos en violación a derechos y garantías constitucionales, conocidas como reglas de exclusión probatoria, parten de la premisa que aun si no existiera reglamentación expresa en derecho interno, la tutela de las garantías individuales reconocidas por el sistema constitucional, exigiría que cualquier dato probatorio que se obtenga en violación de las mismas sea considerado ilegal y por ende carezca de valor para fundar la convicción del Juez. En la especie, la historia clínica, más concretamente el registro referenciado, es inutilizable pues se recabó el relevamiento correspondiente. Respecto a la incorporación del testimonio del expediente de IUE 385-114/2017, el tema se ubica en el ámbito de la prueba trasladada, instituto que se encuentra regulado en el ordenamiento procesal penal en dos artículos, el 105 y el 145 del CPP. En el primero de ellos se consigna que las pruebas practicadas válidamente en un proceso se pueden trasladar al otro y tienen una eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en éste último, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. En el segundo se establece que las pruebas producidas en otro proceso, sean nacional o extranjero, aún cuando no hubiera mediado contralor de las partes, serán apreciadas por el Tribunal de acuerdo a su naturaleza y circunstancia. A su vez, se le confiere a las partes la posibilidad de solicitar las medidas complementarias o ampliatorias que estimen del caso. Por lo tanto, bajo el paraguas de las normas referenciadas, la prueba trasladada admitida en la providencia hostilizada por la Defensa, es de recibo. Para no soslayarlo, podría en su caso haber solicitado medidas complementarias o ampliatorias para desarrollar su estrategia. A ello cabe agregar, que hace a la posición de Fiscalía, la que en el caso puede aportar información de calidad al juicio. No ingresa en ninguna de las categorías que admiten su rechazo, por lo que no existe un argumento válido, para que la misma no supere esta etapa intermedia y se deposite en el juicio oral. Todo ello en el marco de un concepto amplio de admisibilidad y relevancia probatoria. En lo atinente a la incorporación del comprobante del compromiso de compraventa del vehículo marca Fial Strada, a través de la declaración de EE, los argumentos invocados por la Defensa no hacen caer lo resuelto en primera instancia. Debe tenerse en cuenta que más allá que se trate de un documento privado, conforme la normativa legal el que lo tiene en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir el conocimiento, salvo las excepciones que se consignan. A su vez, puede ser llamado a reconocerlo una persona distinta a la del autor, ello en calidad de testigo. En consecuencia, no median razones formales para que el documento en cuestión no pase al juicio oral. Será precisamente dicha fase el ámbito adecuado donde la Defensa podrá contraexaminar a quien ha de incorporarlo, con el propósito que explique lo que en la audiencia de control de acusación y a su entender, señaló que no existe, esto es que no está acreditado como tomó conocimiento del mismo. Debe tenerse en cuenta que la Defensa no cuestionó la conducencia del medio probatorio, más aún manifestó expresamente que no discutía que fuera ilegal o improcedente, sino que en sede de agravios lo que controvirtió es la forma de su ingreso al proceso. Ahora bien, su incorporación por parte de una testigo, ex pareja de la persona fallecida que celebró el contrato, no óbice para su admisibilidad, siendo en definitiva una cuestión de valoración que exorbita esta etapa ya que debe ser analizada en el juicio oral. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍRMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 43/2026 DICTADA FUERA DE AUDIENCIA EL 4 DE FEBRERO DE 2026, POR LA QUE SE DECIDIÓ NO HACER LUGAR A LA SUSPENSIÓN DEL PROCESO Y A LA TRAMITACIÓN DE LA INTIMACIÓN EN EL MARCO DEL ART. 260 DEL CPP. CONFÍRMANSE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS DICTADAS EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN CELEBRADA EL 13 DE FEBRERO DE 2026 QUE FUERON IMPUGNADAS POR EL LETRADO PATROCINANTE DEL IMPUTADO, E STO ES: A) N.º 74/2026 POR LA QUE SE DESESTIMÓ EL PEDIDO DE SOBRESEIMIENTO. B) N.º 81/2026 POR LA QUE SE ADMITIÓ LA DECLARACIÓN DE LA TESTIGO BB. C) N.º 83/2026 POR LA QUE SE ADMITIÓ LA DECLARACIÓN DEL TESTIGO CC. D) N.º 88/2026 POR LA QUE SE ADMITIÓ LA DECLARACIÓN DE LA TESTIGO DD. E) N.º 95/2026 POR LA QUE SE ADMITIÓ LA INCORPORACIÓN MEDIANTE DECLARACIÓN DE DD DEL REGISTRO DE FECHA 7 DE MAYO DE 2024 QUE OBRA EN LA HISTORIA CLÍNICA DE EE EN EL HOSPITAL DE DOLORES. F) N.º 98/2026 POR LA QUE SE ADMITIÓ LA INTRODUCCIÓN MEDIANTE LECTURA Y EXHIBICIÓN POR PARTE DE FISCALÍA DEL TESTIMONIO DEL EXPEDIENTE IUE 385-114/2017, TRAMITADO ANTE LA SEDE DE PAZ DEPARTAMENTAL DE DOLORES. G) N.º 100/2026 POR LA QUE SE ADMITIÓ LA INCORPORACIÓN DEL COMPROBANTE DEL COMPROMISO DE COMPRAVENTA CELEBRADO ENTRE EL IMPUTADO Y FF RESPECTO DEL VEHÍCULO QUE SE ESPECIFICÓ, EL QUE SERÁ INTRODUCIDO A TRAVÉS DE LA DECLARACIÓN DE EE. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Gabriela Merialdo Cobelli – Ministra Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado.