Sentencia Interlocutoria N° 85/2026

N.º 85 Montevideo, 26 de febrero de 2026 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “AA . Tres delitos de desacato en reiteración real ” IUE: 591 - 73 /202 6 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor público del imputado AA, Dr. Javier Miguez, contra las Sentencias Interlocutorias Nº 141/2026, N.º 142/2026 y N.º 143/2026 dictadas en la audiencia celebrada el día 16 de febrero de 2026, por la Sra. Juez Letrada de primera Instancia de Durazno de 4º Turno, Dra. Patricia Hornes, con intervención de la Sra. Fiscal Departamental de Durazno de 2º turno, Dra. Fernanda Fuentes. RESULTANDO : I) a- Fiscalía compareció ante la Sede Judicial solicitando la ampliación de la formalización de la investigación seguida respecto de AA por la presunta comisión en calidad de autor de un nuevo delito de desacato. En lo que hace a la relación de hechos y a la participación del imputado en los mismos, expresó que en el marco de la investigación llevada a cabo respecto al imputado AA donde en la audiencia celebrada el 12 de febrero de 2026 fue formalizado por la presunta comisión de dos delitos de desacato en calidad de autor, ahora el día 15 de febrero de 2026 a la hora 10:00, el cabo BB de CCU informó que el móvil de URP a cargo del cabo CC y con el cabo DD habían localizado al mismo a 100 metros del domicilio de la víctima. En efecto, alterados se dirigieron al lugar y lo observaron descender de un taxímetro, encontrándose dentro de la zona de exclusión. El imputado manifestó que se dirigía al domicilio de su ex pareja a entregarle un cuadro y calzado. b- Se convocó a la audiencia de precepto para el día 16 de febrero de 2026. II)a- Por Sentencia Interlocutoria N.º 141/2026 dictada en la instancia referenciada, se dispuso: “...Por los motivos expresados en AUDIRE (Pista No 8 y 9) y a lo dispuesto por los art. 15 y 16 de la Constitución, 219 y 220 del CPP, téngase por legalmente efectuada la detención respecto del Sr. AA iniciada en el día 15 de febrero de 2026 a la hora 10.00...” b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación contra la decisión adoptada. c- La a-quo por Decreto sin numerar consignó: “Téngase por interpuesto el recurso de apelación quedando sujeto al transcurso de la audiencia”. III)a- Prosiguiéndose con la audiencia, por Sentencia Interlocutoria N.º 142/2026 se resolvió: “...Por los motivos expresados AUDIRE (Pista No 14 y 15) y a lo dispuesto por los arts. 266.7 CPP y arts. 1 a 3, 18, 60.1, 173.2 del CP, se tiene por ampliada la formalización de la investigación seguida por Fiscalía de Durazno de 2o Turno con sujeción al proceso del Sr. AA por la presunta comisión de un delito de desacato, en calidad de autor. Comuníquese a efectos del prontuario correspondiente y ofíciese a ITF. Téngase por iniciado el sumario...” b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación. c- La a-quo por Decreto sin numerar consignó: “Téngase por interpuesto el recurso de apelación quedando sujeto al transcurso de la audiencia”. IV)a- Continuándose con la instancia, por Sentencia Interlocutoria N.º 143/2026, se resolvió: “...La prisión preventiva por un término de 60 días. Se deja constancia que la medida vencerá el día 15 de abril de 2026 a las 23.59 horas...” b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación. c- Fue entonces que el letrado patrocinante procedió a fundar las vías recursivas anunciadas contra cada una de las resoluciones pronunciadas, lo que se sustanció con un traslado a Fiscalía en forma perlada. V)a- En lo que hace a la legalidad de la detención, señaló que la misma se fundamentó por la Sede en que eran distintos hechos. Sin embargo, en todo momento la Defensa dejó en claro que no discute que los hechos eran distintos, lo que se discute es si existió flagrancia ante el incumplimiento de una obligación establecida en la libertad a prueba. Esto ocurre frecuentemente con los delitos de desacato, lo que existió fue el incumplimiento de una obligación establecida en el numeral 4 de la sentencia 11/2026 de la Sede Letrada de Durazno de 1º turno, en la IUE 2-6556/2026. En ella el imputado como fruto de un proceso abreviado fue condenado, no por un delito de violencia doméstica, sino por un delito de desacato a la pena de 5 meses de prisión. Entre las obligaciones impuestas se estableció la prohibición de comunicación y acercamiento con la víctima EE por el plazo de la condena, con la colocación de dispositivo electrónico. Por lo tanto, se estima que lo que debió hacerse no es detenerlo porque no había flagrancia por ningún delito, en virtud de los principios in dubio pro reo y non bis in idem, lo que había era una violación de la libertad a prueba. El art. 295 del CPP establece como se debe proceder en estos casos, se debe convocar a audiencia y valorar si existió o no una violación al régimen. La conducta debe ser evaluada en virtud de dicho artículo, es la interpretación que más beneficia al reo, se interpreta que es un incumplimiento de las obligaciones de la libertad a prueba. Entonces el imputado podría como sanción máxima trasformar el régimen en cumplimiento de pena efectiva de 5 meses. En el otro escenario, caería la libertad a prueba por ser un incumplimiento grave, cumpliría la pena y otra por el delito de desacato, tres delitos de desacato. Debe interpretarse que fue el incumplimiento de una obligación de la libertad a prueba, esto implica que no existió flagrancia, por lo que la detención no debió realizarse. En definitiva, solicitó que se declare que la detención no fue legal pues lo que se configuró fue el incumplimiento de una obligación y no otro delito de desacato. b- Conferido traslado al Ministerio Público lo evacuó solicitando se mantenga la recurrida. Respecto a las medidas a las que hace referencia la Defensa, fueron impuestas en una sentencia por el régimen de libertad a prueba. Sin embargo, él ya contaba con medidas cautelares dispuestas por la Sede con competencia en materia de Familia Especializada en su momento, esas medidas fueron incumplidas. Se comunicó a través de redes sociales y se presentó en el trabajo de la víctima. Ahora la ampliación de la formalización se pide por haber concurrido a la casa y es por eso que fue detenido. Hay flagrancia, son hechos diferentes, autónomos. Incumplió una misma medida que fue dispuesta el 7 de febrero de 2026 y sigue vigente. Por ende no se está quebrando el principio de non bis in idem, se configuran nuevos hechos. En suma, reclamó se mantenga la hostilizada. VI)a- En lo atinente a la ampliación de la formalización de la investigación, la Defensa argumentó que la Sede consideró que el imputado desobedeció mandatos judiciales, por lo tanto que se estaría ante una conducta atípica. Ahora bien, se considera al igual que se manifestó al recurrir la ilegalidad de la detención que no existe flagrancia porque no hay conducta típica. Lo que existió es un incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el régimen de libertad a prueba. En la IUE 2-6556/2026 donde el imputado fue condenado también por el delito de desacato, se estableció la prohibición de acercamiento y comunicación a la víctima EE por el plazo de la condena, con la colocación de dispositivo electrónico. Por lo tanto, se trata de una conducta atípica. La conducta existió, la Defensa no lo niega, el imputado lo admitió, existen incumplimientos a la libertad a prueba. Se incumplió el numeral 4 que establecía dicha obligación, pero lo que se debe valorar es si lo que hizo el imputado implicó un nuevo delito de desacato o una violación del régimen que había firmado el 10 de febrero de 2026. El tratamiento de dicho incumplimiento si se realiza por el art. 295 del CPP o si se realiza a través de una nueva formalización, implica dos resultados completamente distintos. Uno es perjudicial para el imputado y el otro más beneficioso. Si se decide que hubo un incumplimiento, la sanción máxima sería 5 meses de prisión, pues sería una violación grave a la libertad a prueba y se revocaría la misma, debiendo cumplir los 5 meses en prisión efectiva. Incluso pueden haber sanciones menores como el incremento del régimen. En cambio, si se lo formaliza nuevamente, lo que establece el art. 295 del CPP, dado que es una violación grave, cae el régimen debe pasar a cumplir el saldo en prisión efectiva y además tendría que cumplir las consecuencias de la nueva formalización. Elegir una vía u otra implica una interpretación que va a afectar al imputado. Por ello se considera que la conducta es atípica, no desobedeció un mandato judicial o lo que implica la desobediencia es la violación de la libertad a prueba. b- Fiscalía evacuó el traslado conferido impetrando se mantenga la decisión. Sostuvo que si bien es un tema que es controvertido, entendía que son hechos nuevos. No se trata de la iniciación de un sumario penal por el mismo hecho sino por nuevas conductas del imputado que significan la vulneración de la norma legal. No se configura la solución pretendida por la Defensa pues asistimos a un accionar diferente de naturaleza similar a los anteriores, pero responde a distintas resoluciones criminales llevadas a cabo en momentos objetiva y subjetivamente diferentes. Son hechos diferentes, autónomos y por eso en su momento se solicitó la formalización y actualmente la ampliación de la formalización. VII)a- Respecto a la medida cautelar de prisión preventiva, la Defensa señaló que el riesgo procesal establecido para incrementar la cautela es el peligro para la seguridad de la víctima, pero no son suficientes los fundamentos establecidos. Se considera que al estar controvertida la flagrancia así como la existencia del delito, hablar de semiplena prueba no es posible. Se podría decir que existe dicho grado de certeza cuando no se cuestiona la legalidad de la detención por falta de flagrancia y cuando no hay oposición a la formalización. Sin embargo, al existir oposición a lo antedicho se cierra la llave de la semiplena prueba, lo que implica que no se adopte una medida como la prisión preventiva. Más aún considerando los riesgos procesales, no hay peligro para la sociedad, existe un riesgo para la víctima que debe ser analizado en virtud de los hechos que ocurrieron, no porque el imputado haya incumplido. Lo hizo yendo a caminar por la avenida, con destino a la mutualista, con la intención aparente de ir al carnaval, es decir con diversas intenciones que no denotan ninguna afectación especial para la víctima. Al ser detenido tampoco pues lo que quería hacer era llevar regalos, un cuadro y calzado. Por lo tanto, si lo que se está cautelando es tratar de evitar un riesgo que de alguna manera afecte a alguien, el ir a llevar un regalo, si bien está vulnerando la medida, no hubo una planificación o intención de ir a causar un mal, iba a llevar un regalo a la persona que aún considera su pareja. La Sra. Juez hizo referencia a la existencia de una condena por violencia basada en género, eso no es así, ni en estas actuaciones ni en las anteriores donde fue condenado por desacato. Si bien la Sra. Juez quizás tenga conocimiento de lo que se trata en el expediente de Familia Especializada, la Defensa no, en ningún momento existió condena por esos delitos. Es desacertada la intensificación de la medida cautelar pues es una persona que tiene su primer contacto con el sistema penal, no tiene antecedentes anteriores a este mes. Se lo halló a metros del lugar, ni siquiera en la puerta de la casa, 150 metros aproximadamente, bajándose de un taxi y yendo a llevar los regalos. Solicitó se revoque la impugnada y se establezca una prisión domiciliaria con control total de la Policía por el plazo de 60 días. Agregó que se va a presentar en un plazo corto con modificación del domicilio del imputado, sería factiblemente en “Aigua, departamento de Minas”, aunque luego de un intercambio con la Sra. Juez y con el propio imputado indicó que le parecía que era Maldonado. b- Conferido traslado a Fiscalía, solicitó se mantenga la recurrida. El 12 de febrero de este año, hace apenas cuatro días, el imputado fue formalizado por delitos de desacato, lo que conllevó a que se durante esos cuatro días incumplió sistemáticamente el arresto domiciliario total, los días 13, 14 y 15. En dos oportunidades el día 15, a la hora 04:00 y a la hora 06:00 cuando se lo ubica. Esto determinó que ayer a la hora 10:00 fue detenido por incumplir la medida, fue ubicado en flagrancia delictual, a 100 metros de la casa de la víctima. El riesgo específico que se considera es el peligro para la seguridad de la misma. Se ha tratado por todos los medios desde el 7 de febrero que se le impusieron medidas por la Sede con competencia de Familia Especializada hasta el día de ayer que el imputado cumpla con las medidas dispuestas, pero no lo hizo. Por eso, valorando toda la situación es que se solicitó la prisión preventiva que es la única que puede conculcar el riesgo fundamental invocado. A su vez, está presente el riesgo para la seguridad de la sociedad por su condición de reincidente. c- Por Decretos N.º 145/2026, N.º 146/2026 y N.º 147/2026 se franquearon respectivamente los recursos de apelación deducidos por la Defensa, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. d- A su vez, por Decreto N.º 148/2026 se dispuso: “...En atención a que en el día de la fecha se formalizó al Sr AA, por un delitos de desacato y se adoptó la intensificación de la medida cautelar por prisión preventiva conforme a lo dispuesto por el art 295 bis del CPP, comuníquese mediante oficio a la Sede Letrada de 1o Turno (con testimonio de las actas) que en el día de la fecha esta Sede lo ha formalizado por el delito antes mencionado, en forma urgente...” VIII) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Sala con la unánime voluntad de sus miembros naturales, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 141/2026 dictada en la audiencia celebrada el 16 de febrero de 2026, por la que se tuvo por legalmente efectuada la detención del imputado AA. Los motivos de sucumbencia articulados por la Defensa no tienen la virtualidad jurídica necesaria para afectar la pervivencia de lo decidido. A su vez, se confirmará la Sentencia Interlocutoria N.º 142/2026 dictada en la misma audiencia por la que se amplió la formalización de la investigación seguida respecto al imputado, adicionándole ahora un delito de desacato en calidad de autor. El bloque argumental constituido por los agravios esgrimidos por el letrado patrocinante carece eficiencia necesaria para hacer caer lo resuelto en primera instancia. Asimismo, se confirmará la Sentencia Interlocutoria N.º 143/2026 dictada en la misma audiencia por la que se sustituyó la medida cautelar que venía cumplimiento el imputado por la de prisión preventiva por el término de 60 días, con vencimiento automático el 15 de abril de 2026 a la hora 23:59. Las razones articuladas por la Defensa con el propósito de revertir la hostilizada no alcanzan el fin perseguido pues no tienen eficacia para ello. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que en la tramitación las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, se observa el desajustado tracto procesal seguido en lo que hace a la impugnación de la legalidad de la detención. En un sistema donde se negocian los hechos (hice lo que no hice, no hice lo que hice) y también la calificación jurídica (lo que hice aunque no lo haya hecho, no es lo que la norma sustancial dice, si no lo que negocié), el proceso es el último reservorio de lo que es. Esto no es casual o fortuito, si no consecuencia de lo previsto en el artículo 18 de la Constitución de la República. No puede invocarse conveniencia, oportunidad, celeridad, economía procesal, ni ningún otra razón como podría ser el principio de oralidad, para eludir el trámite procesal. El proceso no es disponible para el Juez ni para las partes, en un régimen que no es oral, sino por audiencias y que tiene varias instancias necesariamente escritas. Así la solicitud de formalización de la investigación cuando no existen personas privadas de la libertad, la demanda acusatoria, el ofrecimiento de prueba que pretenda producir en juicio oral el acusado y su defensor, el auto de apertura a juicio oral, las resoluciones dictadas en audiencia y la sentencia definitiva. Con el criterio sustentado en el caso podría llegarse al extremo que la acusación fiscal fuera verbal, se negociaría lo negociable y lo no negociable, acordaríamos lo acordable y lo no acordable. Todo. Sin embargo, eso no es posible y no por un exceso de formalidad sino por un orden que tiene su génesis en el Constituyente, transita por el Legislador y llega al Juez. Su apartamiento es vulneratorio del orden y la formalidad de los juicios. La a-quo debió limitarse a tener por anunciado el recurso de apelación contra la decisión adoptada en la materia correspondiendo diferir la expresión de agravios, para que se hicieran por escrito en el plazo de seis días. En efecto, la providencia pronunciada no integra el elenco de las que enumeradas taxativamente en el artículo 365 del CPP, el recurso de apelación se interpone y sustancia en la misma audiencia en la que se pronunció la resolución. Por el contrario, debe seguirse el régimen general previsto en los artículos 361 y siguientes del CPP, con su remisión al Código General del Proceso. Ello no obstante, la desaplicación de la normativa vigente, no apareja nulidad absoluta ya que no ingresa en las causales enunciadas en el artículo 379 del CPP. III) Como cuestión previa, debe tenerse presente que el artículo 24 del CPP ubicado en el Título II “De los Sujetos Procesales”, Capítulo I “El Tribunal”, Sección II “De Competencia por razón de la materia y el grado”, prevé que los Tribunales de Apelaciones en lo Penal “conocen en segunda instancia de las apelaciones deducidas contra las sentencias dictadas por los Jueces Letrados del Primera Instancia en lo Penal”. A su vez, el artículo 25.1 consagra que los Jueces Letrados de Primera Instancia conocen “en primera instancia en todas las cuestiones formales y sustanciales que se planteen en el proceso por crímenes y delitos desde la indagatoria preliminar hasta que la sentencia definitiva o interlocutoria con fuerza de definitiva quede ejecutoriada…”. Por lo tanto, el recurso de apelación es la llave para pasar de la competencia del Juez Letrado a la del Tribunal de Apelaciones, de la primera a la segunda instancia. Pero esa llave abre la puerta pero no a todos los efectos, no es universal sino acotada a lo que es objeto de los agravios. Así como en primera instancia el proceso está regido por el sistema acusatorio adversarial, lo que determina que el Juez deba pronunciarse dentro de esos límites, ya que de otra forma se vulneraría el principio de congruencia, lo mismo ocurre en segunda instancia. Ello debido a que el recurso de apelación no es una nueva pretensión que de mérito a un proceso nuevo, sino que su objeto es reveer en base a los agravios lo decidido. El objeto no muta con el cambio de instancia y el Tribunal debe actuar dentro de la esfera de los agravios formulados. Importa destacar al respecto que el artículo 257 del Código General del Proceso, aplicable por remisión al enumerar las “Facultades del Tribunal de Alzada” en el punto 2 consagra que “El Tribunal no podrá decidir sobre puntos no propuestos al tribunal de primera instancia…”. Ello es salvo excepciones entre las que se encuentran “…cuestiones derivadas de hechos posteriores a la sentencia de primera instancia”. En consecuencia, quedan por fuera de toda consideración y/o análisis por parte de la Sala cuestiones ajenas a lo que es estrictamente objeto de las impugnaciones deducidas. Ubicados en el terreno de las garantías, a lo expuesto anteriormente cabe agregar que el derecho a la doble instancia en materia penal se encuentra consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Naciones Unidas y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ambos ratificados por nuestro país. Para algunos, un derecho humano, para otros una garantía, pero siempre la oportunidad que debe tener toda persona sujeta a un proceso penal de acudir a un tribunal de alzada para impugnar lo decidido en una primera instancia, con la finalidad de revisar lo resuelto. Derecho humano y/o garantía estrictamente relacionado con el debido proceso, la defensa adecuada pero circunscrito a su objeto. Por lo tanto, previos anuncios de impugnaciones contra resoluciones anteriores adoptadas en el devenir de estas actuaciones y que se encontrarían en trámite de sustanciación, no integran aquí y ahora el nicho de lo que debe analizarse en segunda instancia. IV) Sentencia Interlocutoria N.º 141/2026 a- La Defensa impugnó la legalidad de la detención destacando que no cuestiona que los hechos hayan ocurrido, lo que se discute es si existió flagrancia pues se trató del incumplimiento de una obligación establecida en el régimen de libertad a prueba fijado a AA. Postuló que no debió ser detenido porque no había flagrancia por ningún delito y la conducta que desarrolló debe ser analizada conforme lo previsto en el art. 295 del CPP en cuanto a la revocación del referido beneficio. Afirmó que esa es la interpretación más favorable al imputado pues de otra manera se vulneran los principios de in dubio pro reo y non bis in idem. b- Fiscalía hizo foco en que si bien había medidas impuestas como condiciones para la libertad a prueba, también contaba con cautelas fijadas por la Sede con competencia en materia de Familia Especializada. Tenía la prohibición de acercarse y comunicarse con la víctima, sin embargo lo hizo e incumplió la medida. Hay flagrancia porque son hechos diferentes, autónomos. c- Para contextualizar la situación corresponde llevar a cabo un racconto de las distintas conductas perpetradas por el imputado y las reacciones que tuvo el sistema de justicia frente a ellas. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que el día 7 de febrero de 2026, la Sede con competencia en materia de Familia Especializada del departamento de Durazno, ante una denuncia practicada por la víctima EE le impuso al imputado la prohibición de contacto, acercamiento y comunicación por el plazo de 180 días y en un perímetro de 200 metros respecto al domicilio y lugares que frecuenta la víctima. Esto fue ratificado por dicha Sede en audiencia que se llevó a cabo el 10 del mismo mes. Por su parte, tras su formalización en la audiencia llevada a cabo el día 10 de febrero de 2026, en la Sede con competencia Penal y tras arribar a un acuerdo con Fiscalía para seguir la vía del proceso abreviado, por Sentencia Definitiva de Primera Instancia N.º 11/2026 se resolvió: “...Condénase al Sr. AA como autor penalmente responsable de la comisión de un delito de Desacato agravado, a la pena de 5 meses de prisión a cumplirse bajo régimen de Libertad a Prueba según art. 295 bis del CPP con las siguientes condiciones : 1- Que resida en un lugar específico donde sea posible la supervisión de oficina de seguimiento de la Libertad Asistida (DINAMA) . 2- Sujeción a la orientación y vigilancia permanente de la referida oficina. 3- Se presente una vez por semana a la Seccional correspondiente a su domicilio sin obligación de permanencia. 4- Prohibición de contacto, acercamiento y comunicación con la víctima EE por el plazo de la condena, con colocación de dispositivo electrónico; para el caso de no existir tobillera se dispone custodia policial hasta tanto se coloque la misma. La misma consintió la colocación de la misma 5- Prestación de servicios comunitarios que realizará 4 horas semanales por un período de un mes. Ejecutoriada, liquídese la pena impuesta, aprobada que sea, comuníquese en la forma de estilo, oficiándose…” En tal estado de cosas, el 11 de febrero de 2026 DIMOE detectó a través del sistema de monitoreo que el imputado se encontraba en el lugar de trabajo de la víctima, a unos 30 metros de ella. A su vez, en la noche anterior el imputado se comunicó con la misma por Messenger para que desconectara el dispositivo porque quería ver a su hija. Ello determinó que tras su detención por parte de la autoridad administrativa, ésta fuera declarada legal por Sentencia Interlocutoria N.º 111/2026 dictada en la audiencia celebrada el 12 de febrero de 2026. A su vez, se lo formalizó por la presunta comisión en calidad de autor de dos delitos de desacato en reiteración real (Sentencia Interlocutoria N.º 112/2026 pronunciada en la misma instancia) Asimismo, se le impuso como medida cautelar el arresto domiciliario por el plazo de 30 días, con vencimiento el día 11 de marzo de 2026, a la hora 23:59 (Providencia N.º 113/2026) Importa destacar que respecto a estas tres resoluciones enunciadas, la Defensa anunció la interposición de recurso de apelación. Luego de ello, específicamente el día 15 de febrero de 2026 el imputado volvió a ser detenido por la autoridad policial pues se encontraba dentro de la zona de exclusión, a unos 100 metros de la casa de la víctima, según sus manifestaciones con el propósito de llevarle dos regalos. Ante ello, en la audiencia celebrada el 16 de febrero de 2026 se tuvo por legalmente efectuada la detención, se amplió la formalización de la investigación adicionándole un nuevo delito de desacato y se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva. Definido lo anterior, corresponde consignar que conforme el artículo 15 de la Constitución de la República “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente”. En consecuencia se prevén dos supuestos para la detención de una persona, los que está definidos por la existencia o no de flagrancia. En tal sentido, la expresión flagrancia se refiere a la llama , que denota con certeza la combustión. Cuando se ve la llama, es indudable que alguna cosa arde. La palabra “flagrante” viene del latín “flagrans-flagrantis” que proviene del verbo flagrar, que significa arder o resplandecer como fuego o llama (conforme Cisterna Pino, Adolfo, en su obra “La Detención por Flagrancia en el Nuevo Proceso Penal” página 22). La flagrancia refiere a las circunstancias fácticas que permiten una detención. Está vinculada al preciso momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un delito, que proporciona en términos procesales una mayor convicción tanto respecto al delito mismo cuanto a la responsabilidad del presunto autor. La Flagrancia es un Instituto procesal que justifica privar a una persona de su libertad ambulatoria por parte de la autoridad policial, dentro del contexto de una situación de urgencia. Está regulado en el art. 219 del CPP. Así en el “literal a” la flagrancia propia, esto es, la persona sorprendida en el acto de cometer un delito. Es un acción que se está cometiendo actualmente, se está ejecutando o cometiendo ahora. En otras palabras se lo sorprende “con las manos en la masa”. En los literales B y C la flagrancia impropia. En el primero de estos cuando “inmediatamente después de la comisión del delito una persona fuera sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo”. En el segundo de los referidos literales “en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuera hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito”. Cuando no existe flagrancia, para la detención de una persona se requiere una orden judicial. Al respecto cabe consignar que el instrumento de la orden de detención, mereció en el CPP una mínima, limitada y subsidiaria regulación. En efecto, el artículo 218 alude a que nadie puede ser privado o limitado en su libertad física, sino de acuerdo a las normas constitucionales y legales. A su vez el artículo 220 refiere a que en caso de flagrancia delictual la persona “deberá ser detenida aún sin orden judicial”. Fiscalía para solicitar al Juez competente una orden de detención, debe esgrimir argumentos que la justifiquen, debe explicar fundadamente que cuenta con semiplena prueba, pero no se exige una prueba de calidad plena. Además el estándar requerido es al momento en que se hace la solicitud de detención del imputado. Entonces Fiscalía le debe justificar al Juez que dispone de las evidencias necesarias para cumplir con el mandato constitucional y ello es lo que ocurrió en la especie. Por lo tanto, la detención de AA con estricto apego a la normativa vigente en la materia, en otras palabras con un inmaculado anclaje a la ley. Esto sin perjuicio de consignarse lo difícil que puede ser para la autoridad policial en el terreno, definir como pretende la Defensa si el imputado estaba cometiendo un nuevo delito o si se trataba de una vulneración al régimen de libertad a prueba. Se trata indudablemente de un hecho distinto, un nuevo acercamiento a la víctima, específicamente a la casa, vulnerando el perímetro de exclusión fijado por la Sede con competencia en materia de Familia, el que estaba plenamente vigente. Para no soslayarlo, Familia y Penal tramitan procesos autónomos, diferentes en lo que hace a su alcance, naturaleza y objetivos. La autoridad policial lo detuvo en plena vulneración del radio instalado en protección a la víctima, lo que ni siquiera es negado por el imputado, más allá que su pretensión sea la de postular que no es un nuevo delito sino una vulneración a una de las obligaciones del régimen de libertad a prueba, en una suerte de disyuntiva no admisible, como se desarrollará al analizar lo atinente a la ampliación de la formalización de la investigación. En suma, asistimos a un caso de flagrancia propia la que habilitó a que la autoridad policial detuBB a AA, sin necesidad de orden judicial. V) Sentencia Interlocutoria N.º 142/2026 a- La Defensa postuló que no correspondía la ampliación del objeto de la investigación pues la conducta atribuida al imputado no es típica. Ello porque lo que existió es el incumplimiento de una de las obligaciones establecidas en el régimen de libertad a prueba, específicamente la del numeral 4 de la Sentencia Definitiva de Primera Instancia N.º 11/2026, esto es la prohibición de contacto, acercamiento y comunicación con la víctima por el plazo de la condena, esto es 5 meses. No controvirtió que la conducta existiera, lo que negó que ello configure un nuevo delito de desacato pues se trata del incumplimiento del beneficio otorgado. Analizó lo que implica para el mismo una u otra solución del tema, consignando que le era más beneficioso entender que no hay un nuevo ilícito sino la vulneración de una de las obligaciones de la libertad a prueba. b- Fiscalía consignó que asistimos a acciones diferentes, similares a las anteriores pero que responden a distintas resoluciones criminales. Son hechos diferentes, autónomos respecto a los que en su momento se formalizó la investigación, por lo que corresponde ampliar la misma. c- Ahora bien, debe tenerse en cuenta que en lo atinente a la ampliación de la formalización de la investigación respecto de AA, conforme el ordenamiento procesal vigente, la solicitud por parte del Ministerio Público debe hacer foco en la existencia de elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un hecho ilícito y de la identificación del presunto responsable, lo que debe acreditarse en forma sumaria. A su vez, la Defensa a través de las alegaciones tiene la posibilidad de oponerse a la petición. Finalmente, después del debate el Tribunal es llamado a resolver. Para ello, deberán considerarse las pautas de solidez, racionalidad, coherencia y verosimilitud. En efecto, el análisis a realizarse es provisorio, tiene como basamento las argumentaciones y se hace de acuerdo a la información recogida durante la investigación preliminar por Fiscalía y Defensa. Debe adoptarse una decisión en atención a las argumentaciones vertidas por las mismas, en el marco de un contradictorio caracterizado por la supuesta igualdad. En el caso se estima que se ha configurado el estándar propio de este estadio procesal con la pautas de verosimilitud y probabilidad razonable respecto a que la conducta del imputado se adecúa típicamente a la nueva figura ilícita atribuida, esto es un nuevo delito de desacato. En consecuencia existe un grado de convicción provisoria respecto de la comisión de tal delito y a la participación del imputado en el mismo. Ello determina que la ampliación de la formalización de la investigación, fue decidida, en forma ajustada a derecho, de acuerdo a los argumentos de las partes. Debe tenerse presente que en este estadio procesal no corresponde hablar de pruebas, sino de evidencias (salvo la que se produce como prueba anticipada) y que la decisión se adopta en el marco de la oralidad argumentativa, donde las partes efectúan alusiones, invocando argumentos a su favor pero sin que se presente prueba física. A ello cabe agregar que al respecto no se exige semiplena prueba, el estándar exigido es menor pues de lo que se habla es de elementos objetivos suficientes. En el caso, emergen también tales elementos que es lo que exige el art. 266.1 del CPP. El pedido es razonable, teniendo en consideración que al Juez de Garantías lo que compete es la verificación que la evidencia es consistente, de acuerdo al debate de las partes y esto ocurre en la especie. La falta de coincidencia entre las mismas, no conlleva a que el Juez no amplíe la formalización, salvo que primariamente se pueda establecer que no se configura la adecuación típica o que concurre otra circunstancia de tal importancia que prive de legalidad a la iniciación del sumario. Los pormenores del caso estarán reservados para el juicio oral. Se entiende que las alegaciones realizadas por la Fiscalía constituyen los elementos objetivos suficientes exigidos por la norma legal para la solicitud primero y la ampliación de la formalización después, tal como lo hizo la a-quo en la audiencia prevista legalmente al efecto. En un régimen acusatorio y adversarial, donde el Juez no accede a la carpeta de investigación, solución que se mantiene en lo que hace a la ampliación de la formalización de la investigación con la entrada en vigencia de la Ley 19889, sino que debe estar a las alegaciones de las partes, se entiende que las evidencias referenciadas por la representante del Ministerio Público, configuran los elementos objetivos suficientes exigidos en el art. 266.1 respecto a la comisión del delito y a la identificación del imputado como presunto responsable, por lo que la decisión es ajustada a derecho. Se cumplieron con los presupuestos exigidos por la normativa vigente, correspondiendo a los subsiguientes estadios procesales la elucidación de las eventuales responsabilidades penales del imputado. Asistimos a indicios, los que son concordantes, concurrentes, contemporáneos, lógicos, contundentes e inequívocos. Manzini ha destacado en su Tratado que:”…Si se tienen varios indicios con relación al hecho que se trata de probar, debe tener cuidado el Juez de valorarlos en su conjunto y no aisladamente, recordando que las cosas que singularmente consideradas no prueban, reunidas si prueban y que es uno de los más usados artificios de la Defensa, precisamente, el de aislar los indicios para quitarles la fuerza probatoria que proviene del conjunto" (Tomo II, pág. 486 y ss). A su vez, Gorphe ha señalado respecto a la prueba indiciaria que “allí donde uno solo no alcanza a ser probatorio, una pluralidad concordante es concluyente” (“La Apreciación Judicial de las Pruebas” pág. 268 y ss.). Por su parte, Devis Echandía expresó “una vez hecho el estudio comparativo de los indicios y contraindicios, si se concluye que los segundos no desvirtúan el mérito de los primeros, se debe proceder a examinar la coordinación que en el conjunto de aquellos tengan las varias unidades que lo componen, para adquirir un concepto claro y seguro acerca de que si efectivamente son concurrentes y armónicos, es decir, si ensamblan como piezas de un rompecabezas o como los hilos trenzados de un cable, de tal manera que demuestren unívocamente la conclusión que debe adoptarse, sin que subsistan dudas razonables” (“Teoría General de la Prueba Judicial”, pág. 689 y ss.). Se hace necesario consignar que no se debe confundir las previsiones del artículo 266.7 del CPP con el parágrafo final del articulo 127 del mismo cuerpo normativo. En efecto, la primera norma refiere a la ampliación del objeto de la investigación, consagrándose que si se atribuyen nuevos hechos el imputado cuya investigación preparatoria ya fue formalizada o se amplia a nuevos imputados, debe convocarse a una nueva audiencia. A su vez, el articulo 127 en su parágrafo final preceptúa que la acusación solo podrá referirse a los hechos y personas sobre los que se formalizó la investigación, aunque se efectúe una distinta calificación jurídica. Se trata aquí de una pretensión de ampliación de la investigación ya formalizada pues los hechos supuestamente fueron acrecentados. Entonces se procura sanear en forma precautoria la eventual acusación fiscal, teniéndose presente que esta por mandato legal solo puede referir a personas y hechos sobre las que se formalizó la investigación. Ahora bien, Fiscalía esta facultada a requerir la ampliación de la formalización siempre que se cumpla con el estándar de certeza previsto en el artículo 266 del CPP. Lo que se exige es la existencia de elementos objetivos suficientes respecto a los nuevos hechos y a la identificación del imputado como presunto responsable. En dicho ámbito conceptual, corresponde consignar que la figura ilícita del desacato, presenta dos formas, conforme el Dr. Langón en el “Código Penal Uruguayo y Leyes Complementarias Comentados”. La primera de esas formas refiere a las ofensas reales llevadas a cabo o en presencia del funcionario o en el lugar en que este ejerce su función. Esta hipótesis no guarda relación con el caso. La segunda forma alude a la desobediencia abierta a un mandato legítimo. Esto es lo que ocurre en la especie. No puede perderse de vista que el bien jurídico tutelado en el delito de desacato es la Administración Pública. La Defensa bajo la bandera de lo que sería más beneficioso para el imputado, así lo consigna expresamente, argumentó que la reconocida conducta de vulnerar el perímetro de protección otra vez, acercándose a unos 100 metros aproximadamente de la casa de la víctima, no tiene adecuación típica con la figura del desacato. De lo que se trataría es del incumplimiento de una de las obligaciones estipuladas en la sentencia de condena N.º 11/2026, donde se estableció como modalidad de cumplimiento de la pena privativa de libertad de 5 meses de prisión, el régimen de libertad a prueba. Ello bajo una serie de condiciones, entre las que figura la prohibición de acercamiento y comunicación con la víctima. Por lo tanto, la estrategia de la Defensa se circunscribe a considerar la atribución de un nuevo delito de desacato y la violación al régimen de libertad a prueba como dos alternativas, una u otra, dos caras de la misma moneda, aunque optando por la que consideró menos gravosa para el imputado. Para ver lo erróneo del razonamiento, sería suficiente tener presente que si el imputado en lugar del régimen de libertad a prueba estuBB cumpliendo una condena en prisión efectiva en un establecimiento de reclusión y desde ahí se comunicara por algún medio con la víctima, este comportamiento no sería inocuo, irrelevante desde el punto de vista penal. Que lo haya realizado cumpliendo una pena, bajo la modalidad de libertad a prueba, la que conlleva condiciones u obligaciones, con el propósito de obtener su reinserción social en el plano personal, comunitario y laboral, no implica de manera alguna que si desarrolla un nuevo hecho como lo es el acercamiento a la víctima, esta conducta devenga en no punible, por falta de adecuación típica. Se trata de una disyuntiva mal definida pues emerge que en principio, sin perjuicio de lo que resulte en el juicio y del estado de inocencia que acompaña al imputado mientras no recaiga una sentencia condenatoria firme, habría perpetrado un nuevo desacato. Esto no implica que no haya vulnerado el régimen de libertad a prueba, no solo por la ampliación de la formalización sino también por el incumplimiento de una de las obligaciones, lo que deberá ser analizado oportunamente por la Sede competente en tal sentido. Más aún, no puede perderse de vista que el régimen de libertad a prueba consagrado en la Sentencia Definitiva N.º 11/2026 dictada en la audiencia celebrada el 10 de febrero de 2026, al ser formalizado en la audiencia del 12 de febrero de 2026 por dos delitos de desacato, ya implica una violación grave al mismo. VI) Sentencia Interlocutoria N.º 143/2026 a- La Defensa indicó que el riesgo procesal establecido por la a-quo no es suficiente para fijar la medida cautelar de prisión preventiva, lo mismo ocurre con los fundamentos establecidos. Sostuvo dado que está cuestionada la flagrancia y hay oposición a la ampliación de la formalización, no puede decirse que existe semiplena prueba para imponer la referida cautela. Afirmó que los delitos atribuidos no son por violencia basada en género sino delitos de desacato, destacando que es una persona que hasta el mes de febrero de 2026 no había tenido contacto con el sistema penal. Solicitó que se le fijara la prisión domiciliaria con control total por la Policía, agregando que iba a presentar un nuevo domicilio, el que seguramente sería en Aiguá, Departamento de Minas aunque rápidamente aclaró que era Maldonado. b- Fiscalía puso de manifiesto que cuatro días después de la formalización de la investigación por dos delitos de desacato donde se le fijó el arresto domiciliario total, incumplió el mismo, lo hizo los días 13, 14 y 15 de febrero. Fue detenido cuando estaba a unos 100 metros de la casa de la víctima, por lo que se dan los riesgos de peligro para la seguridad de ésta y también el peligro para la seguridad de la sociedad por su condición de reincidente. c- Debe tenerse en cuenta, en lo que hace al supuesto material, que el art. 224.1 del CPP lo que exige es la existencia de semiplena prueba sobre la existencia del hecho y de la participación del imputado, siempre que haya tenido inicio el proceso y exista petición del Ministerio Público. A su vez, elementos de convicción suficientes que hagan presumir los riesgos procesales. Acá si se necesita semiplena prueba, lo que implica un estándar de exigencia mayor al requerido para la formalización o ampliación de la formalización, donde lo que se consigna es la existencia de elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación del presunto responsable (art. 266.1). Más allá de la mayor intensidad consagrada por la normativa legal, el elemento material está configurado, teniéndose en cuenta las evidencias alegadas por Fiscalía al solicitar la ampliación de la formalización de la investigación del imputado. Es posible postular en esta fase la existencia de semiplena prueba sobre la existencia de los hechos y la participación del imputado en los mismos, teniendo en cuenta especialmente la declaración de la víctima y lo informado por DIMOE, así como la actuación de los funcionarios policiales. Al respecto debe tenerse en cuenta que el imputado primigeniamente estuvo sometido a una medida limitativa a la libertad ambulatoria como lo es el arresto domiciliario por el plazo de 30 días. Ahora la sustitución de dicha medida por la prisión preventiva tiene su eje en lo que hace al elemento material, a la atribución de una nueva figura ilícita, un nuevo desacato. En lo que hace a los riesgos procesales, se encuentra presente el peligro para la seguridad de la víctima el que no se circunscribe a lo atinente a sus declaraciones. Su protección debe ser integral, comprende el aspecto físico, psicológico y emocional, lo contrario implicaría sostener que la victima no es un sujeto de derechos sino un objeto de prueba y que cuando se obtiene lo que se pretende, esto es su testimonio, ya no interesaría su suerte. Se debe proteger a la víctima en su universalidad, no por el temor a perder su declaración y ello configura una preocupación central del sistema de justicia. En el caso, este peligro procesal tiene una fuerte potencialidad si se analiza desde la óptica de su posible concreción pues el imputado no a cesado de acercarse y/o comunicarse con la misma. Incluso en la última oportunidad la Defensa refirió a que de acuerdo a las manifestaciones del imputado lo habría hecho porque quería llevarle regalos “a quien aún consideraba su pareja”. Esto significa que el mismo ni siquiera ha tomado conciencia de la situación, no ha comprendido el fin de la relación, no lo ha asumido, lo que conlleva a que el riesgo referenciado esta vivo, alcanza su máxima expresión. Por lo tanto, la víctima debe ser protegida y el riesgo invocado a su respecto dista mucho de ser genérico, es muy concreto y específico. También está presente el peligro para la seguridad de la sociedad, dado su condición de reincidente. La circunstancia que hasta el mes de febrero de 2026, no tuBB contactos con el sistema penal no es óbice para consignar que hoy cuenta con una sentencia de condena firme por un delito de desacato a 5 meses de prisión. A su vez, luego de ello se lo formalizó por dos delitos de la misma etiología y cuatro días después se amplió el objeto de la investigación, atribuyéndole un nuevo delito de desacato. La Defensa postuló el arresto domiciliario, pero debe tenerse en cuenta que esta era la cautela vigente cuando el imputado nuevamente se acercó a la casa de la víctima, lo que revela su ineficacia. El aporte de un nuevo domicilio, según se dijo en Aiguá, ciudad que pertenece al departamento de Maldonado, sin perjuicio de consignarse que el Departamento de Lavalleja dejó de denominarse Minas el 26 de diciembre de 1927, no sería suficiente para conculcar los riesgos invocados. Definido lo precedente, la mejor forma de conculcar los riesgos procesales configurados, es en el caso la prisión preventiva. La misma en lo que hace a su naturaleza, no resulta excesiva o desproporcionada ni apartada de la legalidad o de los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad exigibles en la situación concreta. No se trata que el Estado sea ineficaz para proteger la investigación y a la víctima, por otra vía y ante ello deposite el peso en el imputado a través de la fijación de la prisión preventiva. Lo que se pretende es conculcar riesgos que tienen una alta probabilidad de concreción. Por lo tanto, la medida alternativa propuesta por la Defensa no es suficiente para neutralizar los mismos. En lo que hace a la extensión de la cautela, se entiende que el plazo fijado de 60 días, hasta el día 15 de abril de 2026 a la hora 23:59, es un término prudente si se considera las figuras ilícitas atribuidas al imputado y a las diligencias pendientes a las que aludió Fiscalía en su argumentación. Lo expuesto es sin perjuicio que de acuerdo a lo previsto en el art. 233 del CPP, la prisión preventiva es revisable mientras no haya recaído sentencia ejecutoriada, a solicitud de parte, si desaparecen los presupuestos en que se funda Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍRMA SE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 141 /202 6 DICTADA EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 16 DE FEBRERO DE 202 6 , POR LA QUE SE TUVO POR LEGALMENTE EFECTUADA LA DETENCIÓN DEL IMPUTADO AA. C ONFÍRMA SE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N.º 142/2026 DICTADA EN LA MISMA AUDIENCIA POR LA QUE SE AMPLIÓ LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA RESPECTO AL IMPUTADO, ADICIONÁNDOLE AHORA UN DELITO DE DESACATO EN CALIDAD DE AUTOR. C ONFÍRMA SE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N.º 143/2026 DICTADA EN LA MISMA AUDIENCIA POR LA QUE SE SUSTITUYÓ LA MEDIDA CAUTELAR QUE VENÍA CUMPLIMIENTO EL IMPUTADO POR LA DE PRISIÓN PREVENTIVA POR EL TÉRMINO DE 60 DÍAS, CON VENCIMIENTO AUTOMÁTICO EL 15 DE ABRIL DE 2026 A LA HORA 23:59 , SIN PERJUICIO DE ULTERIORIDADES. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Gabriela Merialdo Cobelli – Ministra Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado.