Sentencia Definitiva N° 26/2026

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes : Dra. María Gabriela Rodriguez Fagián, Dr. José Pedro Rodriguez, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para Sentencia Definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SOSA OLIVERA, AIRTON c/ GONÇALES, FABIO y otro – Despido común”, IUE 2-21827/2025 , venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 27/2025, dictada el 10 de octubre de 2025 por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2º turno, Dr. Gerardo Gabriel Pini García. RESULTANDO : 1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 222 a 230, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se acogió la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado Fabio Gonçalves, desestimando la demanda a su respecto. Y se amparó parcialmente la demanda, condenando a Nuevo Catalán Minerales SAS a abonar al actor Airton Faby Sosa Olivera la suma total de $ 177.030,37 por concepto de los rubros: diferencia de salarios, salario vacacional, licencia no gozada, aguinaldo, horas extras, trabajo en días de descanso, daños y perjuicios preceptivos y multa, más los reajustes e intereses que correspondan hasta su efectivo pago. Sin especial condenación en costas y costos. La parte demandada introdujo recurso de aclaración y ampliación (fs. 233-234), y por Interlocutoria No. 432/2025 se amparó la ampliación deducida, indicando que las sumas de la condena fueron calculadas sobre la base del salario nominal del actor. 2.- A fojas 245 a 247 consta recurso de apelación introducido por la parte actora, agraviándose por la desestimatoria de la demanda contra Fabio Goncales, acogiendo la excepción de falta de legitimación pasiva, por el quantum de la condena, no habiéndose amparado el de la demanda, y además fundó agravios contra el decreto 292/2025. 3.- Conferido traslado del recurso, fue evacuado por la contraparte a fojas 252 a 255, abogando por el mantenimiento de la impugnada. 4.- Por auto 462/2025 se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 28/11/2025. Se solicitó previamente aclaración respecto del apellido del demandado, por surgir con variantes en el expediente. Cumplida la aclaración, se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley. 5.- Con fecha 1 de diciembre de 2025 se produjo la desintegración del tribunal por el ascenso del Ministro integrante Dr. Julio Posada a la Suprema Corte de Justicia. Lo que hizo necesario integrar la Sala mediante el sorteo de rigor, recayendo la designación en el Ministro Dr. José Pedro Rodriguez, integrante del Tribunal homólogo de 2o turno. 6.- Luego de girar los autos para su estudio y de emitir su voto, fue acordada sentencia, procediéndose en este acto a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- Por la voluntad unánime de sus integrantes, la Sala legalmente integrada confirmará parcialmente la sentencia recurrida, revocándola en los aspectos que se dirán, por los fundamentos que se expondrán a continuación. 2.- En autos tramita el reclamo del Sr. Airton Faby Sosa, contra la persona física Fabio Gonçales y contra Nuevo Catalán Minerales SAS en formación. Relató el accionante que se desempeñó como dependiente de los demandados en su empresa que se dedica a la extracción y trabajo con piedras semipreciosas. La relación laboral se inició el 11 de julio de 2023 y se extendió en forma continua hasta el 1 de marzo de 2024, caracterizándose por no efectuarse aportes ante el Banco de Previsión Social y por la ausencia de recibos de pago. Señaló que fue contratado por el codemandado Gonçales a título personal, pero que en el predio se ejecutaban trabajos en nombre de la sociedad codemandada. Sus tareas fueron las de “Operario/cortador”, dentro del Grupo 8, subgrupo 6.2., que consistían en cortar las piedras semipreciosas recién extraídas. Describió un régimen de trabajo compuesto por un horario permanente en jornada de 9 horas de lunes a viernes, de 7.30 a 12 y de 13.30 a 18 horas, y horas extras que se realizaban, entre semana ingresando más temprano, a las 5.30 horas, y extendiendo la jornada hasta las 19.30, a veces más, y en días de descanso en días sábados, en una jornada de 9 horas, 3 fines de semana al mes en promedio. Percibía un salario mensual de $ 23.000, y la liquidación de las horas extras se efectuaba en forma semanal. Reclamó el pago de diferencias de salario, aguinaldo, licencia y salario vacacional que nunca le fueron abonados, y horas extras comunes y en días de descanso, además de indemnización por despido. La parte demandada contestó en términos de controversia, oponiendo el SR. Goncales excepción de falta de legitimación pasiva, negando ser empleador del actor. Ambos demandados controvirtieron el número de jornales trabajados al mes por el actor, indicando que los hacía en promedio de 20 al mes. Controvirtieron también la calidad de mensual del trabajador, los días de trabajo, y la existencia de diferencias de salario, indicando que se le abonó el valor hora de acuerdo al laudo, pues en promedio se le pagó $ 23.000 por 20 jornales laborados al mes. Asimismo, negaron la existencia de horas extras y trabajo en días de descanso, e indicaron que la licencia, salario vacacional y aguinaldo fueron abonados oportunamente, al igual que se le abonó la indemnización por despido al actor. Como se refirió, la sentencia de primera instancia resolvió la controversia amparando la falta de legitimación del codemandado Gonçales y condenando a la SAS al pago de todos los rubros reclamados, conforme a la liquidación practicada en la propia sentencia. 3.- En primer término, se considerará el agravio del actor contra la providencia interlocutoria No. 292/2025, la que fuera dictada en la audiencia celebrada el 6/8/2025 (fojas 77 a 78). En el transcurso de dicha audiencia, la parte accionante, en lugar de recurrir la decisión que dispuso la agregación de los expedientes que obran acordonados, manifestó oposición a su agregación. En función de ello se dictó decisión que desestimó la referida oposición, y contra ella es que recurrió el actor, a lo que se otorgó efecto diferido. Procediendo ahora a fundar sus agravios. Entiende el recurrente que el magistrado a-quo erró al acceder a la agregación de los expedientes acordonados, porque con ella se pretende acreditar el pago de las retenciones al trabajador, lo que a su juicio debía ser probado mediante los recibos cancelatorios de pago a la cuenta de las pensiones alimenticias, abierta bajo el rubro de aquéllos autos. Entiende que el medio probatorio resulta inidóneo. A juicio de la Sala, no asiste razón al recurrente en su planteo. En primer lugar, por una razón de índole formal, cual es que el recurso debió interponerse contra la resolución (sin numerar) que se pronunció en forma definitiva sobre los medios de prueba a diligenciar, entre los cuales incluyó los relativos a los expedientes de marras. Dicha providencia no fue impugnada mediante recurso de reposición y apelación en subsidio, o en su caso recurso de apelación, sino que se gestó una especie de incidente en audiencia. Se dio traslado a la contraparte de la oposición manifestada y por medio de la interlocutoria atacada se resolvió la incidencia. No siendo procedente el recurso contra esta disposición, pues la causa de agravio se encuentra en la anteriormente referida. En segundo lugar, aun obviando esta cuestión formal, el agravio no puede ser amparado porque el apelante carece de interés para recurrir. La prueba cuyo diligenciamiento cuestiona no tuvo ninguna incidencia en la decisión adoptada, es decir, en el resultado del juicio. Ni, concretamente, en los aspectos de la sentencia que pretende se modifiquen mediante su recurrencia. El artículo 242 del CGP (aplicable al proceso laboral por remisión del art. 30, 31 y 1 de la ley 18.572), establece que se encuentran legitimados para impugnar las resoluciones judiciales las partes, los terceros intervinientes, los sucesores y demás sujetos alcanzados por la sentencia “a los que la resolución cause un perjuicio, aunque este sea parcial”. Asimismo, el artículo 248 del CGP, al referir a la apelación establece que es el recurso concedido en favor de todo litigante “ que haya sufrido agravio por una resolución judicial”. Como señaló esta Sala en reciente sentencia No. 288/2025, “ El perjuicio o agravio, en cuya virtud se tiene interés en la impugnación, ha sido definido por COUTURE como el perjuicio o gravamen material o moral, que una resolución judicial causa a un litigante. Dicho perjuicio debe ser actual, y no meramente eventual, hipotético o conjetural. El Código General del Proceso al exigir la existencia de perjuicio, aunque éste sea sólo parcial, está desarrollando y reglamentando el requisito del interés previsto en el art. 11.2 para proponer o controvertir útilmente las pretensiones y para ejercer todos los actos procesales concernientes a la defensa de una u otra posición ” (Sentencia del TAF 1º en RUDP 2-2014, caso 1006). En el caso, el actor no señaló cuál es el concreto perjuicio que le produce la agregación de los expedientes acordonados, ni refirió a la incidencia de su agregación en el resultado del juicio, por lo que su agravio no puede prosperar. 4.- Corresponde ingresar al agravio porque la sentencia definitiva amparó la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado Fabio Gonçales. En este caso el agravio será amparado, por cuanto existe expresa confesión del codemandado Gonçales de que el actor fue su empleado, lo que resulta de vital trascendencia. Según surge del acta de audiencia de fecha 6/8/2025 la persona que compareció por la parte demandada fue el Sr. Fabio Gonçales, como se desprende de la constancia dejada a fojas 77, pues su ingreso se produjo cuando ya estaba iniciada la audiencia. De fojas 85 surge que se recibió la declaración de la parte demandada, y aunque no se hizo constar expresamente, es claro que quien declaró fue el Sr. Gonçales, en su doble condición de demandado a título personal y representante de la sociedad también demandada. Ante la pregunta de si el Sr. Sosa fue su empleado, respondió: “Si”, por lo que admitió que fue empleador del actor. De lo contrario debió contestar que no, y que fue empleado de la SAS. Lo corrobora su siguiente afirmación : “ yo tenía en el turno de él a casi 50 empleados …” (resaltado nuestro). El uso de la primera persona, sin ninguna aclaración ni referencia a la sociedad demandada, indica que habla a título personal. Por tanto, se revocará la recurrida, desestimando la excepción de falta de legitimación pasiva del codemandado Fabio Gonçales. 5.- También se agravió el recurrente por el quantum de la condena, señalando que debió ampararse la demanda en todos sus términos. Señaló que el monto de la condena debió coincidir con lo reclamado en la demanda, pues era carga del empleador acreditar la extinción de los rubros, y además la demandada no solicitó en su contestación ninguna condena subsidiaria, por lo que entiende que la sentencia incurrió en incongruencia. Finalmente, afirmó que el magistrado a-quo invirtió la carga de la prueba al exigir que su parte debía acreditar los jornales o días laborados y el carácter de mensual del actor. A pesar de ser escasa y bastante genérica la fundamentación del agravio, la Sala integrada considera que el recurrente expresó el agravio fundamental, el que estima de recibo, cual es que la sentencia invirtió la carga de la prueba y consideró que el actor debía probar los días trabajados y su calidad de mensual. Como refiere reiteradamente la jurisprudencia, una vez probada la existencia de relación laboral, quien cuenta con mejores condiciones para acreditar el régimen de trabajo, salario, y demás circunstancias del vínculo laboral es el empleador. Porque su calidad de tal le impone obligaciones relativas a la documentación de los aspectos fundamentales de la relación laboral, particularmente a través del decreto 278/2017. Por tanto, lo grava la carga de aportar dicha prueba al proceso, y no desembarazándose de la misma, ha de estarse a lo invocado por el trabajador. En la especie, ello implica lo relativo a los días trabajados por el actor, como así también a la forma de remuneración. Los únicos documentos que aportó la parte demandada son dos recibos que obran a fojas 18 y 19, que no fueron desconocidos por el actor (aunque pretendió hacerlo, tardíamente, con el primero, fs. 86). Allí se consigna “ sueldo de diciembre $ 25.000” (fs. 18), y “ sueldo : $ 20.932” (fs. 19). Lo que indica que se trató de un trabajador mensual y no un jornalero como pretendió la demandada. Por lo que debe estarse al salario mensual percibido, lo que incide en la liquidación de diferencias salariales, licencia, salario vacacional, aguinaldo, así como la IPD, en cuyos cálculos la sentencia consideró 20 jornales mensuales trabajados, de los que no existe prueba alguna, siendo carga de la empleadora acreditarlo. Incluso confesó el demandado que existían varios mecanismos de control de asistencia, pero ninguno se aportó en autos. Por otra parte, de la misma declaración del demandado surge que se trabajaba de lunes a sábado, con redistribución del sábado, y adicionalmente se trabajaba los sábados y se hacían horas extras (fs. 85). Todo lo cual inclina a acoger el agravio y condenar al pago de los rubros según liquidación efectuada en la demanda, con descuento de lo abonado por cada rubro según resulta de los recibos agregados a fojas 18 y 19 que, como se dijo, no fueron desconocidos por el actor. 6.- Las costas del grado serán de cargo de la parte demandada, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA : CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SALVO EN CUANTO ACOGIÓ LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACION PASIVA INTERPUESTA POR EL CODEMANDADO FABIO GONÇALES, Y EN CUANTO A LA LIQUIDACION DE LOS RUBROS AMPARADOS, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR DESESTIMASE LA EXCEPCION INTERPUESTA Y CONDENASE AL CODEMANDADO FABIO GONÇALES A ABONAR AL ACTOR, CONJUNTAMENTE CON LA SAS CODEMANDADA, LOS RUBROS AMPARADOS, Y ESTESE A LA LIQUIDACION DE LOS MISMOS REALIZADA EN LA DEMANDA, CON LA ADECUACION REFERIDA EN LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DRA. MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DR. JOSÉ PEDRO RODRÍGUEZ MINISTRO INTEGRANTE ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA