Sentencia Definitiva N° 27/2026

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa, Dra. Mónica Ivanovich Oujo. VISTOS: Para Sentencia Definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ INTENDENCIA MONTEVIDEO y otro – Despido común”, IUE 2-17482/2025, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia No. 59/2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Trabajo de la Capital de 20º Turno, Dra. Natalia Sereda Mayobre. RESULTANDO: 1.-Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 518 a 548, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se desestimó la excepción de incompetencia interpuesta por la Intendencia de Montevideo, y se amparó parcialmente la demanda, condenando a la Cooperativa Social BB, y en forma solidaria a la Intendencia de Montevideo, a abonar al SR. AA la suma de $ 153.875 por los rubros licencia, salario vacacional, aguinaldo, indemnización por despido, daños y perjuicios y multa, más sus reajustes e intereses hasta su efectivo pago, menos descuentos legales. Desestimando en lo demás, sin especial condenación. 2.- A fojas 555 a 556 consta recurso de apelación introducido por la codemandada Cooperativa BB, donde se agravia por la condena a abonar indemnización por despido. 3.- Por su parte, la Intendencia de Montevideo interpuso recurso de apelación en escrito de fojas 559 a 562, agraviándose también por la condena al pago de indemnización por despido, y además por su condena con carácter solidario. 4.- Conferido traslado de los recursos a la contraparte, lo evacuó en escrito de fojas 568-570, abogando por la confirmatoria de la recurrida. 5.- Por auto 2819/2025 se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 4/12/2025. Se realizaron observaciones, que fueron levantadas con fecha 10 de diciembre de 2025. Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley. 6.- En virtud de que el 1 de diciembre de 2025 se produjo la desintegración del tribunal por el ascenso del Ministro integrante Dr. Julio Posada Xavier a la Suprema Corte de Justicia, se practicó sorteo a efectos de integrar la Sala, recayendo la designación en la Dra. Mónica Ivanovich, integrante de la homóloga de 4º turno. 7.- Pasaron los autos a su estudio, y emitido el voto se acordó sentencia, procediéndose a su dictado en este acto. CONSIDERANDO: 1.- Por la voluntad conforme de sus integrantes, la Sala legalmente integrada confirmará la sentencia recurrida, salvo en cuanto condenó a ambas demandadas al pago de indemnización por despido al accionante, de la que las absolverá. Ello por los fundamentos que a continuación se expondrán. 2.- EL CASO DE AUTOS: El Sr. AA promovió demanda señalando que trabajó para la codemandada Cooperativa Social BB, en régimen de subordinación, desde el 1 de setiembre de 2022 hasta su egreso por despido el 30 de setiembre de 2024. Dijo haberse desempeñado como barrendero, brindando servicios tercerizados para el Municipio D, dependiente de la Intendencia de Montevideo, por lo que éste tiene legitimación por la ley de tercerización laboral. Señaló que, a los ocho meses de su ingreso, los representantes de la entidad habrían modificado unilateralmente su calidad o vínculo con la institución, pasando a ser socio cooperativista, lo que nunca pudo verificar porque no se le proporcionaban recibos. La única modificación fue en su remuneración, pues se le pasó a descontar 5 UR de su salario, mediante retención mensual de 0.5 UR durante 10 meses. En ningún momento se le solicitó la firma de algún documento que respaldara esa modificación, siendo lo habitual que el trabajador presente una carta solicitando el cambio de calidad, la que en este caso no existió. Relató la existencia de condiciones laborales deplorables, que comenzaron a afectar su salud y que el 30 de setiembre de 2024 se le impidió incorporarse a sus labores, alegando que había incurrido en faltas injustificadas, aunque se encontró certificado. Luego constató que se le había dado la baja por despido, pero se le informó que no le correspondía indemnización debido a notoria mala conducta. Reclamó el sueldo de setiembre, licencia, aguinaldo, salario vacacional, suspensiones e indemnización por despido común. La parte demandada contestó la demanda contradiciendo. La Cooperativa Social BB manifestó que el actor pasó a ser socio de la cooperativa el 1 de mayo de 2023, a partir de lo cual realizó varios actos como socio, por ejemplo cobrar excedentes, participar en asambleas, etc. A pesar de lo cual reclama indemnización por despido, a sabiendas de que su calidad de socio se lo impide. Refirió que fue expulsado por motivos disciplinarios, resolución que no apeló. Reconoció el adeudo de los demás rubros, por los montos que detalló. La Intendencia demandada, por su parte, opuso excepción de incompetencia por razón de materia, y contestó la demanda señalando que su relación es contractual, con la Cooperativa Social BB. Afirmó que si algún rubro de los pretendidos se adeudase al actor, sólo respondería por los de naturaleza salarial y en forma subsidiaria. Por otra parte, en tanto surge de la documentación agregada que al momento de ser desvinculado el actor era socio cooperativista, no le asiste derecho a indemnización por despido. Y siendo desvinculado por notoria mala conducta, tampoco le corresponde la misma ni el aguinaldo. Dictada sentencia que, en lo que aquí interesa, condenó a ambas demandadas en forma solidaria al pago de indemnización por despido al actor, se ingresará al análisis de los agravios contra ella invocados. 3.- Como marco conceptual del punto objeto de discrepancia, se dirá que la codemandada Cooperativa Social BB se encuentra regida por las leyes Nos. 17.978 y 18.407, según surge del certificado notarial agregado a fojas 44, manifestando ser una Cooperativa de trabajo (fs. 64). La ley 18.407, al decir del Prof. Raso Delgue (en Derecho del Trabajo, Tomo I, FCU, 2ª edición ampliada, 2015, pág. 250), estableció un verdadero estatuto del cooperativismo, al definir una regulación general de su funcionamiento, con el objetivo de disciplinar “la constitución, organización y funcionamiento de las cooperativas y del sector cooperativo” (art. 1). Entre los tipos de cooperativas, la ley define a las de trabajo como aquellas que “tienen por objeto proporcionar a sus socios puestos de trabajo mediante su esfuerzo personal y directo, a través de una organización conjunta destinada a producir bienes o servicios, en cualquier sector de la actividad económica. No obstante lo cual, aclara que “La relación de los socios con la cooperativa es societaria.” Porque a los trabajadores socios se les reconocen los beneficios de la normativa laboral, disponiendo los artículos 100 y 101 de la misma ley que “Las remuneraciones mensuales de los socios de la cooperativa, a cuenta de los excedentes, no podrán ser inferiores al laudo y demás beneficios sociales que correspondan según la ley o el convenio colectivo aplicable a la actividad económica donde gire la cooperativa, con todos los beneficios sociales que legalmente correspondan”. Y asimismo que “Serán aplicables a todos los trabajadores, tengan o no la calidad de socios, las normas de protección de la legislación laboral y la previsión social, excepto la indemnización por despido a los socios excluidos” (destacado nuestro). Pues bien, la sentencia de primera instancia condenó al pago del rubro indemnización por despido, por entender que la cooperativa fue omisa en agregar el contrato celebrado en setiembre de 2022 con el actor, los estatutos de la cooperativa y los recibos de sueldo. Pero, fundamentalmente, porque no se incorporó al proceso ningún documento que demuestre que se siguió el mecanismo de incorporación previsto en los estatutos de la codemandada, que implica la solicitud por escrito de ingresar como socio. Como descartó su calidad de socio, la recurrida entendió que le correspondía el pago de la IPD (fundamentos a fojas 538 a 540). Ambas accionadas se agraviaron por tal resolución, y a juicio de la Sala integrada les asiste razón en su planteo. Se estima que la sentencia incurrió en un exceso de formalismo al considerar que el no haber acreditado la solicitud por escrito del actor para ingresar a la cooperativa, torna “inválida” tal incorporación. Si bien es cierto que el estatuto de la cooperativa demandada establece textualmente en su artículo 7 que el ingreso como socio se solicitará por escrito (fs. 287), y asimismo es cierto que no se agregó en autos ninguna carta ni solicitud del actor de ser integrado como socio, ello no resulta definitorio para resolver si el actor tenía o no la condición de socio. Porque el principio de primacía de la realidad, al que apela el propio actor en su demanda, rige para las dos partes. Y la realidad del caso indica que ambas partes actuaron en función de considerar al actor como socio de la Cooperativa desde cierta fecha. Es de señalar que el propio AA admite en la demanda su ingreso como socio de la Cooperativa, aunque lo atribuye a una decisión unilateral de ésta. No probó, sin embargo, que fuera forzado o se le haya impuesto, a riesgo de perder su fuente de sustento, por ejemplo, tolerar dicha situación. No alegó siquiera haber manifestado a las autoridades de la cooperativa que deseaba continuar como dependiente, o que se quejara por el descuento del aporte cooperativo, al que refirió en la demanda como “una alteración significativa en su remuneración” (fs. 21). En sentido contrario, la testigo CC, administrativa de la cooperativa, declaró que “el actor nunca se presentó a administración a manifestar algo con respecto a retenciones en su salario” (fs. 484). DD, cooperativista, declaró refiriéndose a AA: “No es que estuviera desconforme con ser socio de la cooperativa, estaba desconforme con el trabajo que tenía que hacer” (fs 494 vto.). EE, ex directiva de la cooperativa, refirió a reuniones explicativas para futuros socios, sobre funcionamiento de la cooperativa, entrega de estatutos y reglamento interno, de las que AA participó (art. 495 vto.). Incluso refirió una consulta del actor a la directiva sobre la posibilidad de ser fiscal (fs. 495 vto-496). Tambien dijo que AA no presentó ningún tipo de reclamo ante la cooperativa por el hecho de ser socio (496). FF dijo no haber escuchado ningún comentario acerca de que no quería ser socio de la cooperativa (fs. 497). La Cooperativa BB agregó constancia de la modificación de la situación funcional del actor de trabajador a socio cooperativista, como se desprende del documento de fojas 63. El que va en consonancia con lo que resulta de las nóminas de BPS agregadas por la IM (fs 90 a 151), de la cuales surge que a partir de mayo de 2023 el actor figura en el casillero “VF” (vínculo funcional) con el código 4, que según recaudo de fs. 63 corresponde, precisamente, a socio cooperativista. Una vez producida su incorporación como socio, el Sr. AA actuó como tal: asistió a asambleas, participó en actos eleccionarios, percibió excedentes. Si fuera cierto que no solicitó ser aceptado como socio, lo cierto es que fue incorporado, tácitamente lo aceptó y actuó como tal. Surge de obrados que AA participó en varias asambleas de la cooperativa, como resulta de los documentos de fs 46, 48 y 50, que muestran que concurrió como socio cooperativista a las asambleas de fecha 22/9/2023, 7/7/2023 y 10/5/2024. Del mismo modo, de los recaudos de fojas 51 y 52 emerge que suscribió documentos por los que se notifica, en su calidad de socio, de la convocatoria a asambleas a realizarse dentro de la Cooperativa BB, como también se notificó de observaciones realizadas por el MIDES como órgano de contralor de la cooperativa (fs. 53). El accionante no desconoció las firmas que lucen las actas de asamblea y las notificaciones, lo que implica tener por probado que asistió a las asambleas y se notificó de cuestiones inherentes a su condición de socio, no de empleado subordinado. También resulta probado que se le depositaron excedentes correspondientes al año 2023 en su cuenta, por la suma de $ 5.288 (fs. 54), no habiendo negado el actor que percibió ingresos por tal concepto, ni impugnado lo consignado en dicho documento. Se reitera, si fuera cierto que no solicitó ser aceptado como socio, su actuación como tal le otorgó beneficios, como participar en las decisiones a través de asambleas, elegir autoridades, percibir excedentes. Por lo que no puede ahora pretender desligarse de tal condición porque le “perjudica” en su pretensión de percibir indemnización por despido. Contrario a lo que sostiene la sentencia, la participación del actor en elecciones y asambleas no fue “irregular” como se manifiesta a fojas 538, sino que, eventualmente, pudo ser “irregular” su ingreso (únicamente en el sentido de haberse obviado el requisito de la solicitud por escrito). Pero una vez aceptado e incorporado como socio, el ejercicio como tal sólo puede confirmar y ratificar su condición, porque dichos actos, e instancias como la comunicación del cambio de calidad ante el BPS, también cumplen formalidades, y todas ellas van en sentido unívoco a reconocer una realidad, cual es que AA era socio cooperativo. Ello incluye la decisión de su expulsión por parte del órgano directivo de la cooperativa, en lugar de su despido como dependiente (acta de fojas 61 vto. y 62, del 30 de setiembre de 2024). Este Colegiado tiene por acreditada la calidad de socio de la Cooperativa Social BB del actor, a partir de mayo de 2023. Como consecuencia, le resulta de aplicación el artículo 102 de la ley 18.407, que expresamente excluye del derecho a percibir indemnización por despido a los socios cooperativos. Lo que amerita revocar la condena impuesta a las demandadas por dicho rubro. 4.- Por otra parte, la Intendencia Departamental de Montevideo se agravió por la condena que se le impuso como solidaria. Agravio que, a juicio de la Sala no resulta de recibo, por cuanto no surge de autos que la Intendencia haya ejercido en forma el control de cumplimiento de obligaciones laborales por parte de su tercerizada. Si bien la sentencia refiere a la falta de control de pago del aguinaldo en el mes de diciembre (fs. 546), en realidad alude al que debía abonarse en junio de 2024, el que a la fecha de egreso del actor, en setiembre, no consta que estuviera pago. Es por eso que la condena abarca el generado de diciembre 2023 a setiembre 2024. Siendo el aguinaldo un rubro de pago ineludible, que tiene fecha fija, y representa un beneficio importante para el trabajador, sin duda debió ser objeto de contralor que se hubiera abonado. Por otra parte, el ejercicio del derecho a ser informada no se demostró haber sido ejercido a cabalidad, por cuanto los certificados de BPS y BSE, así como la Planilla de Trabajo Unificada de la Cooperativa, no comprenden todo el período laborado por el actor. Ello justifica la solidaridad en la condena, que será confirmada. 5.- Las costas del grado serán de cargo de la demandada, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SALVO EN CUANTO CONDENÓ A AMBAS DEMANDADAS AL PAGO DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR, DESESTIMASE DICHO RUBRO, ABSOLVIENDO A AMBAS DEMANDADAS DE LA CONDENA POR EL MISMO. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DRA. MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. MONICA IVANOVICH OUJO MINISTRA INTEGRANTE ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA