Sentencia Definitiva N° 29/2026

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora : Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes : Dra. Ana Karina Martínez Larrosa, Dra. María Verónica Scavone Bernadet y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para Sentencia Definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ GROUPLAND S.A, PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-20078/2025 , venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por ambas partes contra la sentencia definitiva de primera instancia Nro. 95/2025 de fecha 9 de octubre de 2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Maldonado de 9º Turno, Dr. Mario Gabin Sasson. RESULTANDO : 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 95/2025 (fs. 99 a 102) se falló: “Condénase a Groupland S.A a abonarle a la parte actora la suma de $ 84.389,4 más reajustes e intereses de acuerdo al LD 14.500. Notifíquese en los domicilios electrónicos” 3) Con fecha 22 de octubre de 2025 la parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 105 a 109), agraviándose de la solución de primera instancia por la desestimatoria de las horas extras y por desestimarse el despido abusivo. Con fecha 23 de octubre de 2025 también compareció la parte demandada interponiendo recurso de apelación agraviándose porque la recurrida desestimó la eximente de notoria mala conducta invocada por su parte (fs. 110 a 111). 4) Por decreto Nro. 1885/2025 de fecha 27 de octubre de 2025 (fs. 112), se ordenó conferir traslado de ambos recursos a cada parte por el término de 10 días; traslados que fueron evacuados por las partes en los términos que surgen de los escritos de fs. 115 y fs. 116 a 117; abogando cada una de ellas por el mantenimiento de la recurrida en los aspectos en los que les resultó favorable. 5) Sustanciados los recursos de apelación, por providencia Nro. 2046/2025 de fecha 18 de noviembre de 2025 (fs. 119), se dispuso el franqueo de los mismos con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda. 6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 9 de diciembre de 2025 (fs. 127), se dispuso el pasaje a estudio de los Sres. Ministros y se fijó fecha para el acuerdo (fs. 128). 7) Estando el Tribunal desintegrado en virtud del ascenso del Dr. Julio Posada Xavier a la Suprema Corte de Justicia, y luego de votado el expediente por las integrantes naturales del Tribunal, se procedió a integrar la Sala mediante sorteo, recayendo la designación en la Dra. María Verónica Scavone Bernadet, Ministra integrante del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno, por lo que acordada sentencia, en el día de la fecha se procede a su dictado. CONSIDERANDO : I) La S ala debidamente integrada procederá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto no condenó a la parte demandada al pago de las horas extras e incidencias y en cuanto no condenó al pago de la indemnización por despido abusivo, en lo que se revocará la misma y en su lugar, se condenará a la parte demandada a abonar al actor las horas extras e incidencias en licencia, salario vacacional y aguinaldo a liquidarse conforme a los parámetros que se fijan en la presente sentencia, más el valor equivalente a una indemnización por despido adicional por concepto de despido abusivo. II) El caso de autos . El Sr. AA inició demanda laboral contra la empresa Groupland S.A reclamando el pago de salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, horas extras e incidencias, indemnización por despido común y despido abusivo. Señaló en muy breve síntesis, que la demandada es una empresa que se dedica a la venta y distribución de frutas y verduras al por mayor en la ciudad de Maldonado e inmediaciones. Afirmó que trabajó para la demandada desde mayo de 2022 como chófer cobrador, en un camión que repartía frutas y verduras en comercios locales. Le pagaban una remuneración por recibo, de acuerdo a lo que le aportaban al BPS, y una diferencia en efectivo, hasta llegar a los $ 43.000 mensuales. Hacía un promedio de dos horas extras diarias que no eran abonadas, señalando que la empresa no tiene sistema de control de horario porque de este modo se asegura que todos trabajen más de 8 horas. Refirió que reclamó el pago de horas extras a la propia empresa, luego citó a conciliación y a consecuencia de ello se le dijo que se tomara libre los días previos a la audiencia. Ya en la audiencia ante el MTSS, la parte demandada solicitó prórroga y en la continuación de la misma no hubo posibilidades de conciliación. El mismo día de celebrada la audiencia en el MTSS le dieron de baja en el BPS por notoria mala conducta, de lo que tomó conocimiento días después al consultar su historia laboral. Señaló que dicha causal es un abuso y que en realidad fue despedido como represalia por su reclamo. A su turno, la parte demandada contestó la demanda en términos de controversia, negando que la empresa le complementara el salario en negro al actor. Negó, asimismo, que éste trabajara dos horas extra en promedio en forma lineal y constante. En otro orden, señaló que el actor liquidaba cobranzas por menos, o no lo hacía en tiempo y forma, o bien se quedaba con el producido de las cobranzas sin autorización, generando un crédito que se descontaba de sus haberes bajo el código 600 “descuento de adelantos”. Enumeró una serie de cobranzas con sus importes, en la que según su versión el actor se quedó con el producido de las mismas a pesar de haberle hecho advertencias sobre que su conducta no se iba a tolerar más. Refirió, asimismo, que tal conducta del actor ha sido grave, incompatible e incapaz de enmendarse con la continuación del vínculo, lo que ameritó su despido por notoria mala conducta. Conforme a ello, entendió que resulta improcedente el reclamo de la indemnización por despido común y el aguinaldo. Cuestionó también la procedencia del despido abusivo, indicando que la desvinculación se produjo por la conducta del actor, existiendo una causa objetiva para despedirlo, no existiendo, por tanto, ninguna intención de perjudicarlo. Abogó, en definitiva, por el rechazo de la demanda en todos sus términos. III) La sentencia de primera instancia amparó parcialmente la demanda y en su mérito condenó a la parte demandada a abonarle al actor la suma de $ 84.389,44 por concepto de indemnización por despido común más multa legal, más reajustes e intereses legales. Contra tal decisión se alzó en primer lugar la parte actora (fs. 105 a 109), agraviándose tal como fuera relacionado en los resultandos de la presente sentencia, porque la recurrida desestimó el reclamo de horas extras, así como porque la sentencia también desestimó la abusividad del despido dispuesto por la parte demandada. Por su parte, la empleadora también articuló agravios por desestimarse la eximente de notoria mala conducta invocada por su parte. IV) Acorde a lo expuesto, corresponde analizar en primer lugar el agravio articulado por la demandada porque la sentencia desestimó la notoria mala conducta invocada por su parte. Y conforme surge del escrito de apelación, el agravio de la demandada por desestimarse la notoria mala conducta finca en atribuirle a la sentencia una errónea valoración de la prueba y en particular, por endilgarle que no tomó en cuenta ni consideró las declaraciones de la testigo BB, la que según explicó, confirmó las irregularidades en el accionar del actor relativas al cobro de facturas, invocando que tal prueba fue diligenciada con el debido contralor de las partes y que no se realizó ninguna pregunta que pusiera en duda la credibilidad de dicha declaración. Argumentó asimismo la apelante, que no existen cámaras de seguridad que documenten la irregularidad tal como lo exige la sentencia, porque la apropiación de dinero por parte del actor no ocurría en la empresa, sino en ocasión que le cobraba a los clientes. Afirmó, además, que la conducta del trabajador era “normal y corriente” y que ello se verificaba cuando no volcaba el dinero de lo que cobraba como debía hacerlo, reiterando que se quedaba con el dinero proveniente de la cobranza en infinidad de ocasiones. D e acuerdo a lo que viene de referirse y en tanto la empleadora despidió al trabajador accionante por notoria mala conducta, tiene la carga de probar la eximente invocada y ello porque como es sabido, el artículo 10 de ley 12.597 establece que todo trabajador que fuera despedido por notoria mala conducta no tendrá derecho a indemnización por despido, estableciendo seguidamente la norma, que “El empleador deberá probar los hechos constitutivos de la notoria mala conducta” . Esto necesariamente determina, que quien invoca la notoria mala conducta tiene la carga de su acreditación. Pero además y dado que se trata de un instituto excepcional, se requiere que quien la alegue, demuestre su entidad y trascendencia que ha de ser tal, que no quede otra alternativa que el cese o finalización del vínculo, debiendo acreditar, además, que se trata de hechos que revisten gravedad, que como se dijo, hagan imposible la continuación del vínculo laboral. Se ha expresado en forma reiterada por nuestra jurisprudencia, que la notoria mala conducta, es la justa causa que libera al empleador de la obligación de indemnizar al trabajador cesado, siendo consabido además, que ante la falta de una definición legal del instituto, nuestra doctrina y jurisprudencia se han encargado de ir delineando el concepto, existiendo consenso en que la notoria mala conducta supone una conducta verdaderamente grave del trabajador que sea capaz de poner en crisis el contrato de trabajo y que por tanto, torne insoportable la continuación de la relación laboral. De este modo se ha afirmado que “ Puede tratarse de un solo hecho lo suficientemente grave a tal efecto, o de varios hechos reiterados en el tiempo, que demuestren indubitablemente la voluntad del trabajador de no cumplir con sus obligaciones laborales; mas existe acuerdo en cuanto a que no se trata de una mala conducta cualquiera, sino de una conducta especialmente calificada que haga imposible la continuación normal del vínculo” (AJL 2007 c 399, Cfme. Plá Rodríguez, Curso de Derecho Laboral, tomo II, volumen I, página 271). De Ferrari afirmaba, que la notoria mala conducta se configura frente a hechos graves o simplemente reiterados de inconducta, porque la gravedad da notoriedad al igual que la reiteración de faltas de escaso monto, terminan por hacer notoria la inconducta del trabajador (“Lecciones de Derecho del Trabajo”, tomo II, página 551). En igual sentido Barbagelata sostuvo, que la crisis de la relación laboral entre empleador y trabajador puede ser provocada por pequeñas faltas frecuentemente reiteradas o bien puede ocurrir por la incursión de una falta de excepcional gravedad (citado en sentencia publicada en AJL año 2007 c 399). Cabe precisar, por último, que los hechos justificantes de notoria mala conducta, deben ser hechos relacionados con la actividad laboral, ya sea que se hayan cumplido en el desempeño de las funciones, en el lugar de trabajo o en ocasión del mismo, o bien que se hayan producido fuera del ámbito laboral, pero con aptitud suficiente para repercutir en el trabajo. Delineado entonces el marco conceptual dentro del cual deben calificarse y valorarse los hechos y conductas denunciadas por la empleadora, corresponde examinar si los hechos atribuidos al trabajador accionante efectivamente sucedieron tal como lo relata la parte demandada, para luego de ello eventualmente determinar, si revisten o no las características propias de una conducta que pueda ser calificada como notoriamente mala, que haya puesto en crisis el contrato de trabajo, al punto de determinar el despido del mismo sin abonarle ninguna clase de indemnización. O si, por el contrario, los hechos no sucedieron tal como los relató la empleadora o bien no tienen la aptitud para merecer el calificativo de notoria mala conducta. V) Y conforme a estos parámetros o directriz interpretativa la Sala integrada entiende, que ninguno de los embates críticos y cuestionamientos de la parte recurrente resultan suficientes para desestabilizar la correcta decisión adoptada en el grado anterior. En primer lugar, cabe observar, que la prueba consistente en la declaración de la testigo BB es absolutamente insuficiente para acreditar con certeza que efectivamente el actor se apropiaba o quedaba con el dinero o parte del dinero proveniente de las cobranzas que realizaba a los clientes. Si bien la testigo relató a fs. 87 in fine, que el actor “algunas veces” se quedaba con plata de la cobranza, también indicó, que en esas ocasiones le hacían un vale “y si nos daba la plata rompíamos el vale”, lo que da la idea de que existía cierto consenso o cierta tolerancia de la demandada en el accionar del actor, al punto tal que ya existía una modalidad o herramienta para documentar ese dinero “a cuenta” que el actor se quedaba fruto de las cobranzas que realizaba. Por lo que es claro que no era una conducta o un accionar clandestino, ni que se pretendía ocultar, sino que la empresa estaba al tanto, consentía y además dispuso de un mecanismo para documentar ese pago a cuenta o adelanto. Y esto que relata la testigo BB a fs. 87 in fine, si bien no es exactamente lo mismo que relató la empleadora, en cierta manera va en sintonía con lo expresado por la empresa en la contestación de demanda, instancia en la cual señaló, que la pretendida apropiación por parte del actor compelía a que la empresa generara un crédito en su persona a descontarse de sus haberes que se plasmaba en el recibo de sueldo bajo el código 600 y como “descuento de Adelantos”. Entonces, lo expresado por la propia empleadora pone en evidencia, que la conducta que se le atribuye al actor y por la cual se lo despidió por notoria mala conducta era una conducta de la cual estaba al tanto la empresa desde el inicio mismo de la relación laboral, al punto que la propia demandada a fs. 55 indicó, que ese descuento por adelantos que figura en los recibos de sueldos se verificó “durante todos los meses que duró la relación laboral ” (fs. 55). Entonces, a partir del propio escenario planteado por la empleadora, cabe entender, que no se trata de que el actor se apropiaba del dinero de las cobranzas, no devolviendo el dinero a su empleadora, sino que, tanto lo relatado por la testigo Rivero como lo indicado por la propia parte demandada, da la pauta de que la empleadora estaba al tanto de la situación y de que a su vez existía una especie de consenso o de acuerdo, o si se quiere de “tolerancia” de la demandada en permitir que el actor se cobrara o se quedara con parte de la recaudación o cobranza de los clientes a cuenta de su sueldo y al final del mes arreglaban cuentas procediendo al descuento de su salario de los adelantos verificados en el día a día. Es más, la propia demandada admitió, que en ocasiones no le descontaban “en forma abrupta para no dejarlo totalmente al descubierto” (fs. 55 vto.) A lo anterior cabe agregar, que no hay ni una sola prueba en todo el expediente de que con anterioridad a su despido por notoria mala conducta se haya apercibido, observado o bien sancionado al actor por su proceder a lo largo de la relación laboral en relación al tema de las cobranzas, lo que pone en evidencia, que para la demandada tal accionar del actor no importaba una conducta observable o sancionable, por lo que luce absolutamente contradictorio que luego de tolerar dicho accionar durante años, de un día para otro pretenda que tal proceder se tornó intolerable al punto de despedir al trabajador por notoria mala conducta. Es de observar, además, que lo declarado por la testigo BB en punto a que “algunas veces” se quedaba con dinero de la recaudación, es una declaración absolutamente genérica, al punto de que la misma no puede inferirse cuántas veces ello habría ocurrido a lo largo del vínculo. Y ello sin perjuicio de considerar, que la deponente le atribuyó al actor conductas (falsificación de firmas) presentando boletas suscritas por él y no por los clientes, exorbitando los hechos articulados por la empleadora en su demanda; lo que resta cierta credibilidad al relato de la deponente, al menos en este aspecto, además de que lo dicho por la testigo en ese punto no puede ser tomado en cuenta ni considerado por la Sala, en la medida en que se trata de un hecho introducido al proceso por la propia deponente y no por la parte demandada como hubiera correspondido. Estima el Tribunal, que la fundamentación de la sentencia es correcta, por cuanto no existe prueba contundente que avale que efectivamente el actor se apropió y no devolvió a su empleadora dinero proveniente de las cobranzas realizadas. No se acompañó ningún respaldo documental, ni ningún registro de nada. Es más, a fs. 55 in fine la demandada relacionó un listado de clientes y cobranzas con las cuales se habría quedado el actor, detallando incluso fechas precisas de esas presuntas irregularidades por parte del actor, pero concomitantemente no acompañó ninguna prueba en respaldo de sus afirmaciones, pues la declaración de la testigo Rivero en cuanto indicó que “algunas veces” el actor se quedó con parte del dinero obtenido de las cobranzas es un relato sumamente vago e impreciso y por demás inconsistente. Máxime, además, cuando la testigo manifestó, que no es que el actor en tales ocasiones se quedó finalmente con dinero y no se lo devolvió a la empresa, sino que se hacía un vale y luego ello obviamente se descontaba del salario, tal como indicó la empleadora como un pago a cuenta o un adelanto. A esto que viene de señalarse se suma, que hay cierta imprecisión en el relato inicial de la demandada y que ésta nunca llegó a describir cómo operaba la cobranza que realizaba el actor, cómo se rendía cuentas de la cobranza que hacía en cada día, cómo se documentaba la misma, y dónde en todo caso se asentaba lo percibido a cuenta del sueldo por parte del actor, de forma tal que en cada mes la demandada estuviera en condiciones de poder documentar esos retiros como adelantos en sus recibos de sueldo. En definitiva, no hay prueba de que el actor se haya quedado con dinero de su empleadora. Adviértase en este sentido, que la demandada ni siquiera manejó una cifra o un estimativo de cuánto pudo ser el dinero apropiado y cuántas las ocasiones en que ello se verificó, además de que no invocó ningún perjuicio. Lo que verdaderamente aconteció y fue tolerado por la empleadora durante todo el transcurso de la relación laboral, fue que el actor se quedaba con parte de la recaudación diaria, pero con conocimiento de su empleadora, pero ese dinero al final del mes volvía a la empresa mediante el descuento que se le efectuaba de sus haberes. Por tanto, no hay prueba de ninguna apropiación de dinero por parte del actor. Y la simple mención en sus recibos de sueldos de la existencia de adelantos, no es un indicador sin más de las presuntas maniobras de apropiación de cobranzas, ni de los montos que presuntamente se apropiaba, y esto porque tal como se dijo, la propia testigo BB señaló que la empresa daba adelantos de sueldos a los trabajadores a mitad de mes (fs. 87) y en particular al actor. Y si esa conducta en todo caso se verificó durante todos los meses a lo largo del vínculo laboral, no puede más que concluirse, que se trata de una conducta permitida y consensuada con su empleadora, que no tiene la aptitud para encartar en la noción de notoria mala conducta. Es decir, en definitiva, no estamos hablando de que el actor se quedó con dinero de la demandada, sino que en la dinámica de trabajo, se quedaba con parte de lo recaudado por las cobranzas a cuenta de su sueldo, lo que al final del mes era descontado por la empleadora y documentado por ella misma en los recibos; lo que da la pauta de que la parte demandada estaba en conocimiento de la situación y que encima la toleraba y permitía, no existiendo tal como se mencionó, algún indicio de llamado de atención que permita inferir que tal accionar del actor era considerado irregular o una falta grave. Debe sopesarse finalmente, que, el estándar probatorio en el caso de la notoria mala conducta debe ser riguroso y exigente y que en el caso la prueba no es consistente, ni da certeza de un accionar grave ameritante de la notoria mala conducta atribuida. Cuando lo que está en juego y se alega es la notoria mala conducta de un trabajador, se requiere “certeza”, del acaecimiento de la conducta atribuida, lo que en el caso no se probó. Desde esta perspectiva, no puede entenderse probada la conducta atribuida al trabajador, máxime cuando el término “notoria” debe ser entendido como algo “ostensible”, “palmario”, “claro”, “concluyente”. En términos de Plá Rodríguez, notoria mala conducta no tiene el sentido procesal y adjetivo de cosa pública, que hace innecesaria su prueba, sino el sentido sustantivo de “evidente”, “indiscutible” (Curso de Derecho Laboral, volumen I, tomo II, página 271), es decir, que no deje lugar a dudas, lo que no se verifica en el caso. Corresponde tener presente, además, que las inconductas, no se miden solamente por la cantidad, sino por la “gravedad” de cada hecho en sí mismo apreciado en su contexto y apreciado, además, por la reacción del empleador frente a su ocurrencia. Lo que pretende significarse es en definitiva, que si el empleador ante la presunta inconducta del trabajador aplicó una sanción leve o directamente no aplicó ninguna sanción como acontece en el caso, mal puede pretender después calificar la conducta del trabajador como grave. Si el actor durante toda la relación laboral se fue apropiando de dinero que no le pertenecía, correlativamente la parte demandada debió demostrar que fue imponiendo progresivamente sanciones graduales y ascendentes con miras a encauzar la conducta del trabajador, lo que no hizo. Se reitera, los propios dichos de la empleadora dan la pauta de que lo que pudo comenzar quizás como un retiro o cobro sin autorización de un adelanto de su sueldo con el dinero de las cobranzas, a lo largo del tiempo fue permitido y avalado por la empleadora, al punto que a fin de mes procedía a documentar el retiro de esas sumas como adelantos de sueldos, sin que surja ni observación ni amonestación alguna al actor, resultando realmente incoherente el cambio de postura de la demandada al afirmar que esa conducta sostenida en el tiempo durante años se tornó “intolerable” de un momento para otro, al punto de determinar su despido por notoria mala conducta el mismo día en que se realizó la audiencia en el MTSS reclamando el cobro de rubros salariales. En conclusión y por todo cuanto viene de exponerse el Tribunal integrado entiende, que la valoración y calificación jurídica de los hechos realizada por el sentenciante a-quo fue correcta, no logrando los agravios articulados por la apelante conmover los fundamentos de la recurrida que la condujeron a tener por no acreditada la notoria mala conducta atribuida al actor. VI) Por otro lado, el actor se agravió de que se hubieran desestimado las horas extras reclamadas (dos horas extras diarias). Y lo primero que se impone puntualizar, es que pese a que el actor en su escrito recursivo afirmó que le causa agravio el amparo parcial del reclamo y el hecho de que se desestimaran rubros tales como horas extras, descanso semanal trabajado, diferencia de aguinaldo, diferencia en licencia y en salario vacacional, salarios impagos, despido abusivo, etc., al momento de deducir y fundar su agravio, sólo cuestionó la decisión de primera instancia en cuanto desestimó el reclamo de horas extras y el despido abusivo, no surgiendo del escrito de apelación ninguna crítica ni cuestionamiento encaminado en demostrar el desacierto de la sentencia en no disponer condena alguna respecto del resto de los rubros salariales que no fueron amparados. Y concretamente respecto de las horas extras el actor se dedicó a refutar los argumentos de la sentencia para rechazar el rubro, y que básicamente pasaron por indicar que el actor al realizar su liquidación debió haber descontado lo abonado por horas extras que surgen de los recibos de salarios, lo que no hizo. Es decir, la sentencia luego de reconocer que se realizaban horas extras y que las mismas surgían documentadas en los recibos de salarios de todos los meses del actor y luego de indicar que en todo caso el demandado debió haber aportado y haber tenido un registro o control horario, desestimó el reclamo porque el actor no descontó las horas extras percibidas y porque tampoco es posible admitir un reclamo planteado en términos globales sin apreciar las variaciones diarias y sin dimensionar que el reclamo del actor no fue lineal ni global como postuló. Sin embargo, le asiste razón al recurrente en cuanto afirmó, que el reclamo de las horas extras a diferencia de lo indicado por la sentencia, se fundó en un cálculo promedio estimado y fijado de manera prudencial en dos horas extras diarias, dando cuenta el actor de las circunstancias en que se verificaban dichas horas extraordinarias, sobre todo en los días de feria en los que el trabajo comenzaba más temprano que lo habitual. Esgrimió el actor a fin de refutar lo afirmado por la sentencia, que él no llevaba una planilla de control de días y horas trabajadas, lo que en opinión del Cuerpo resulta un argumento razonable, de ahí que procediera a realizar una estimación de las horas extras trabajadas, máxime cuando es el empleador el que debe llevar el control de los tiempos de trabajo para contradecir y en definitiva probar los días y horarios trabajados. Ahora bien. No surge como un hecho controvertido además de resultar probado, que efectivamente el actor realizaba horas extras, pues así se desprende de los recibos de salarios agregados por la parte empleadora (fs. 23 a 51), donde se consigna en forma expresa el pago de horas extras. Y de los recibos de sueldos surge de manera contundente, que el actor realizó horas extras en absolutamente todos los meses en que laboró para la empresa demandada, con un promedio entre 20 a 22 horas extras en cada mes, salvo el mes de agosto de 2023 en que sólo figuran 9 horas extras laboradas (fs. 39). Entonces, probada la realización de horas extras, acorde al principio de disponibilidad del medio probatorio y cargas probatorias dinámicas, la carga de probar el quantum de las realizadas gravita sobre la parte demandada y no sobre el trabajador que cumple y se libera de su carga probatoria acreditando que efectivamente trabajó en horario extraordinario. Sin embargo, la demandada no agregó el medio de prueba naturalmente conducente e idóneo para acreditar que las horas extras abonadas fueron todas las realizadas por el actor, sino que simplemente se limitó a decir en su contestación de demanda que el actor no habría trabajado horas extras en forma habitual y que no indicó los motivos por los cuales realizaba horas extras en el número de las pretendidas y luego de ello afirmó que las realizadas se le abonaron de acuerdo a lo que surge de las liquidaciones que surgen de los recibos de sueldos, detallando que en todo el tiempo de la relación laboral el actor realizó un total de 546 horas extras y no las 1250 reclamadas (fs. 54 vto.). Pero cabe observar, que en dicha instancia aportó un dato de interés y es que el control de horarios estaba a cargo de los encargados; invocando que no es cierto que no existiera control horario como indicó el actor, quien a fs. 10 vto. había alegado que la maniobra de la demandada era no controlar la hora de ingreso del personal para asegurarse de que salieran después de las 8 horas. Entonces admitido que existía un sistema de contralor horario o que dicho contralor era ejercido por los encargados, lo mínimo que debió hacer la empleadora era aportar al proceso el sistema de contralor horario instrumentado o bien ofrecer la declaración de los encargados para que ilustraran cómo hacían para controlar los horarios de trabajo de manera de poder luego la demandada liquidar a mes a mes las horas extras al actor en el número variable que surge de los recibos de sueldos. Sin embargo, la demandada permaneció omisa y no incorporó ningún medio de prueba tendiente a demostrar que las horas extras abonadas al actor fueron todas las realizadas por éste, máxime cuando en consonancia con lo afirmado por la empleadora, los testigos indicaron que los encargados CC y DD (hermano del actor) controlaban los horarios de trabajo (EE fs. 85) y sobre todo además, cuando la propia testigo de la parte demandada BB, también corroboró que el encargado era quien controlaba los horarios de trabajo, dando cuenta que a tales efectos llevaba “una planilla” (fs. 87); documento que estando en su poder la demandada no incorporó, no dando ninguna razón que justificara su omisión. Huelga señalar, que si la empleadora liquidó y abonó horas extras en un número variable en cada uno de los meses en que el actor laboró, es porque debió tener instrumentado algún sistema de registro o de contralor horario, aunque sea “precario”, que le permitió poder controlar el número de horas extras realizadas por sus trabajadores. Y tal registro no fue incorporado a estos obrados, siendo su carga aportarlo. En reciente sentencia Nro. 314/2025 con la integración del Dr. José Pedro Rodríguez, este Tribunal afirmó en una situación muy similar a la de autos y cuyas consideraciones son trasladables al presente caso, que “ Es valor entendido y así lo considera la Sala integrada, que el empleador tiene la obligación de registrar el horario de su personal dependiente a través de un medio que sea controlable para el trabajador. Ello dimana de los Convenios Internacionales de Trabajo Nro. 1, 30 y 14 ratificados por nuestro país, fundamentalmente CIT Nº 1, artículo 8, literal c, CIT Nº 30 artículo 11 en especial literal c y CIT 14 artículo 7 literal b y claramente también se desprende de las disposiciones del decreto 278/2017 y en especial del artículo 7 del decreto que determina que el empleador debe llevar la planilla unificada de trabajo que contenga entre otras cosas el horario del trabajador y horarios de descanso; y también de lo establecido en el artículo 13 y 16 literal b del decreto en cuestión en cuanto establece el deber de llevar el Libro de Registro Laboral y que en dicho libro deben anotarse entre otras cosas, las “horas que excedan el horario normal de trabajo”, lo que no fue cumplido por la parte empleadora o al menos no fue agregado en autos” (…) Y en tal escenario, la pregunta que corresponde hacerse es si podemos entender que realmente la demandada puede verse liberada de acreditar el número de las horas extras trabajadas por el actor (una vez admitida y probada la realización de horas extras), con el mero aporte de lo que surge de los recibos de sueldos y con la planilla de fs. 226 a 232, y en opinión del Tribunal integrado, ello no es posible, porque parece de Perogrullo que la mera agregación de las planillas incorporadas a la causa no garantiza la autenticidad de lo allí consignado, por la sencilla razón de que su confección quedó librada a la voluntad exclusiva de la parte empleadora, sin posibilidad alguna para el trabajador de controlar las mismas y sin que se hubiera allegado al proceso la “fuente original” de los cuales la empleadora extrajo los datos o insumos para liquidar al actor las horas extras que surgen de los recibos de sueldos, no pudiendo realmente controlarse si las abonadas fueron todas las efectivamente realizadas. Se reitera, un sistema eficaz y garantista de contralor horario, debe permitir que el trabajador tenga posibilidades reales de cotejar o controlar su horario de trabajo, lo que en el caso no se verificó o al menos no fue aportado al proceso. Sobre tales premisas y admitida la realización de horas extras y surgiendo de obrados que el capataz era el que se encargaba de registrar o contabilizar los horarios de trabajo y en todo caso el número de horas extras laboradas por el personal, tal como declaró el representante de la demandada, no puede pretender la empleadora que su omisión en la aportación del registro de contralor horario no genere ninguna consecuencia desfavorable para su parte. En su posición de poder en la relación de trabajo la empleadora debe garantizar a sus trabajadores el goce efectivo de su derecho a la limitación de la jornada; por lo que mal puede venir a defenderse al proceso, pretendiendo que se considere las resultancias de la prueba testimonial, cuando parece claro que tenía instrumentado algún tipo de sistema de contralor horario que le permitía liquidar con precisión un número de horas extras determinado en las oportunidades en las que el actor trabajó más allá de las 8 horas legales”. Con la misma directriz interpretativa cabe colegir también en este caso, que la omisión de la empleadora no puede resultar inocua, dado que, probada la realización de horas extras por parte del actor, era la parte demandada la que debía acreditar el número de las realizadas y que, en todo caso, las que surgen abonadas en los recibos de sueldos fueron todas las trabajadas por el actor, lo que no hizo. En mérito a ello considera la Sala que corresponde estar a las horas extras reclamadas por el trabajador en su demanda, máxime cuando la prueba testimonial diligenciada describe un régimen de trabajo compatible con la realización de un mayor número de horas extras que las escasamente liquidadas en los recibos de salarios del actor. Así, el testigo FF dijo haber trabajado para la demandada casi tres meses a fines del año 2022 (finales de invierno a principio de verano, fs. 83). Relató que trabajaba haciendo ferias los miércoles, sábados y domingos de 4 a 16:30 o 17 horas, lo que es coincidente con el relato del actor. Afirmó, además, que los viernes trabajó en el depósito de 7 a 14 y de 16 hasta que terminaba, y que eso podía ocurrir a las 17, 20, 21 o 22 horas. Respecto del actor indicó que era chofer del camión y los días de feria llegaba hasta la feria, descargaba, armaba, pero no se quedaba trabajando, agregando que cuando se desarmaba cargaba hasta que terminaba (fs. 82); todo lo que implica 12 horas de trabajo los días de feria. Por su parte EE afirmó haber trabajador a fines de 2010 uno o dos años y después alguna que otra temporada, sobre todo en zafra de verano. Lo hizo como chofer y señaló como horario cumplido de 7 a 18 o 19 horas, con un corte de dos horas al mediodía, al igual que Machín, aunque aclaró que la hora de finalización, siendo chofer, depende el reparto, y a veces se llega un poco después que los demás (fs. 85). GG trabajó 10 meses en 2024, como peón, limpiando el mercado y haciendo reparto con los choferes, trabajando en feria, etc. Y respecto de los días de feria indicó, que ingresaba a las 4 de la mañana y salía a las 19 horas. Informó, asimismo, que la feria es de 8 a 14 o 15 horas y que el resto de las horas se desarmaba, cargaba, se iba al depósito y se descargaba, y a las 4 se comenzaba a armar. Afirmó haber trabajado con el actor porque éste era chofer que los llevaba en el camión a la feria a las 4 am, informando a su vez, que el actor se quedaba armando con ellos hasta las 9 y luego de ello se iba a repartir a Punta del Este, luego de lo cual volvía a desarmar con ellos al galpón (fs. 89 vto.). Indicó también, que fuera de la feria el actor repartía a José Ignacio, Punta del Este, Artico y otros restaurantes, y esos días entraban a las 8 am y no tenía hora de salida, informando que cuando reclamó le indicaron que no pagaban horas extras (fs. 89 vto. y fs. 90). Finalmente, HH, empleada de la empresa, aunque actualmente “en negro” según informó, habló de horario de feria de 7 a 14 horas y que al terminar entre 4 o 5 desarmaban en una hora o un poco más. Y sobre el horario de los restantes días trabajando en el depósito señaló que se trabajaba 8 horas cortado, de 8 o 9 a 13 horas y de 15 a 19 horas en su caso, aunque dijo que al actor lo veía en su horario. Se trata esta última sin lugar a dudas de una testigo sospechosa, cuyo dichos no coinciden con la versión de los hechos relatada por los testigos anteriores. En síntesis, y a la luz de la prueba producida y cargas incumplidas por la parte empleadora, es posible concluir que el actor realizaba usualmente, sobre todo los días de ferias, más horas extras que la única hora extra diaria que en promedio le abonó la parte demandada. Tal como se mencionó, la parte empleadora no aportó ningún sistema de contralor horario que arroje efectivamente el horario cumplido por el actor, de modo de corroborar que las horas extras que pagó fueron las únicas realizadas. En ese marco, la Sala estima razonable la realización de dos horas extras, tal como lo reclamó el actor en su demanda. Por lo que, en mérito a ello, se acogerá el agravio y se revocará la recurrida, condenando a la empleadora a abonar al actor las horas extras reclamadas y sus incidencias en licencia, salario vacacional y aguinaldo, las que deberán liquidarse al valor del jornal que la sentencia tuvo por válido y probado, descontando lo abonado según resulta de los recibos de sueldos agregados a la causa; todo lo que resulta fácilmente liquidable. VII) Por último, el actor se agravió por la desestimatoria del despido abusivo reclamado, esgrimiendo en lo sustancial, que la sentencia no valoró la totalidad de los elementos probatorios, es decir, que no valoró que efectuó el reclamo de horas extras; que tampoco valoró que su desvinculación y baja del BPS se dio el mismo día de la audiencia de conciliación ante el MTSS, denotando una clara conexión temporal entre su reclamo y su desvinculación; que tampoco tomó en consideración que la demandada no logró acreditar la notoria mala conducta atribuida a su parte, todo lo que naturalmente lleva a la conclusión de que su desvinculación operó como un despido represalia que califica como abusivo. En este punto, el Tribunal entiende que resultan por demás atendibles los cuestionamientos del recurrente, puesto que la sentencia no justipreció adecuadamente los elementos a considerar para calificar la conducta de la empresa al despedir al trabajador. Es decir, la recurrida escuetamente refirió a que era cierto que el actor poco antes del despido había hecho una citación al MTSS, pero sin dimensionar adecuadamente el contexto en el que se produjo la desvinculación del actor y tampoco sin ponderar que tampoco surgió probada la notoria mala conducta atribuida al trabajador. En opinión de la Sala integrada, la desvinculación del actor debe juzgarse en el contexto en el que sucedieron los hechos y atendiendo a dicho contexto y a la forma en que se sucedieron y concatenaron los hechos cabe entender, que el despido del actor fue abusivo y como represalia por las denuncias y reclamo efectuado por el trabajador y ello en función de que: a) que el despido se verificó el mismo día en que se celebró la audiencia de conciliación ante el MTSS (ver a fs. 5 acta de audiencia de fecha 25/7/2024 y consulta de actividades por persona de fs. 9 con fecha de egreso por notoria mala conducta el mismo día 25/7/2024); b) la conducta y actuación del actor (presuntas irregularidades por quedarse con dinero de las cobranzas) nunca había sido objeto de cuestionamiento o reproche alguno por parte de la empleadora; c) no surge que se le haya impuesto al trabajador con anterioridad ninguna clase de sanción, observación o apercibimiento haciéndole saber lo desarreglado de su proceder; d) por el contrario, la demandada en definitiva toleró el pretendido desempeño o actuación irregular del trabajador, siendo su conducta en cierta forma displicente, laxa y tolerante; todo lo que en conjunto habilita tener por acreditado que su despido se produjo como consecuencia directa de su citación o audiencia ante el MTSS reclamando el pago de rubros tales como horas extras y otros rubro salariales, operando el despido dispuesto como un típico despido represalia. Importa señalar, además, que si la demandada estuvo dispuesta a disponer el despido del actor el mismo día en que se celebró la audiencia ante el MTSS, debió ser mucho más cuidadosa y rigurosa en el planteo de su defensa, es decir, debió redoblar su esfuerzo argumental y probatorio, y ello, por la absoluta inmediatez que medió entre la celebración de la audiencia ante el MTSS y su despido por notoria mala conducta, máxime cuando la pretendida inconducta se trata de un hecho o sucesión de hechos que toleró al cabo de los años. En un caso con aristas muy similares al presente, afirmó este Tribunal con diversa integración que: “ en definitiva, el panorama de hechos que se puede deducir de la actividad probatoria de autos, la proximidad de la visita de los Inspectores y el despido así como la inexistencia de otros hechos ocurridos en el interín y la ausencia de prueba de siquiera reproches a la trabajadora con anterioridad, habilita inferir que, asiste razón a la accionante en punto a que se trató de un despido-respuesta a la indisposición de la empleadora poque la actora había franqueado el acceso de los Inspectores” (Sentencia de la Sala 0012-000109/2013 en AJL 2013, caso 247). Trasladando tales conceptos al caso de autos, no cabe sino concluir, que todos los elementos analizados en su contexto llevan a la inevitable conclusión de que el despido del actor se produjo en respuesta por su reclamo ante el MTSS; todo lo que necesariamente conlleva que se acoja el agravio, se revoque la recurrida y se condene a la parte demandada a abonarle al actor una indemnización por despido adicional por concepto de despido abusivo. VIII) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de cargo de la parte demandada y los costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno integrado, FALLA : CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO NO CONDENÓ A LA PARTE DEMANDADA AL PAGO DE LAS HORAS EXTRAS E INCIDENCIAS Y EN CUANTO NO CONDENO AL PAGO DEL DESPIDO ABUSIVO, EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, CONDENASE A LA EMPRESA DEMANDADA GROUPLAND S.A A ABONAR AL ACTOR LAS HORAS EXTRAS E INCIDENCIAS EN LICENCIA, SALARIO VACACIONAL Y AGUINALDO A LIQUIDARSE CONFORME A LOS PARAMETROS QUE SE FIJAN EN LA PRESENTE SENTENCIA. ASIMISMO, CONDENASE A LA DEMANDADA A ABONAR AL ACTOR POR CONCEPTO DE DESPIDO ABUSIVO, EL EQUIVALENTE A UNA UNIDAD DE INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ADICIONAL. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA Y SIN ESPECIAL CONDENACION EN COSTOS. NOTIFIQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. DRA. MARÍA GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. VERONICA SCAVONE BERNADET MINISTRA INTEGRANTE ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA