Sentencia Interlocutoria N° 71/2026

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal. VISTA: Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – UN DELITO DE HURTO ESPECIALMENTE AGRAVADO. IUE 594-2/2026 – (TEST. IUE: 2-96801/2025); venida del Juzgado Letrado de Lavalleja de 4º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la Defensa Dr. Daniel Lezcano, contra la interlocutoria N.º 103/2026 dictada el 30 de enero de 2026, por la Dra. Sylvia Recarey (Jueza de Feria), con intervención de la Fiscalía Letrada Departamental de Lavalleja de 2º Turno, representada por la Dra. Jessica Tonkovic. RESULTANDO : I) La hostilizada resolvió: ...Por los fundamentos expuestos se dispone la sustitución de las medidas dispuestas en autos por la prisión preventiva de AA por el plazo de 60 días a partir del vencimiento de las medidas, esto es el día 11/02/2026 a vencer el día 11/04/2026… II) El Dr. Daniel Lezcano interpone reposición y apelación en subsidio (20.30) y expresa agravios por la medida impuesta que considera excesivamente gravosa y carente de fundamento en riesgos procesales reales. El apelante afirma que no existe peligro de entorpecimiento de la investigación, ya que el imputado no ha interferido en el proceso, más allá de incumplimientos que reconoce pero que no generaron perjuicio alguno ni para la sociedad ni para terceros. No hay riesgo de fuga, pues si hubiera tenido intención de sustraerse de la acción de la justicia ya lo habría hecho, y además carece de medios, posibilidades o lugar para ello. Destaca que los hechos imputados son de escasa entidad – su anterior formalización fue por la sustracción de una botella de un supermercado en 2024 – y ahora el hurto de una bicicleta que el dueño avalúa en $2.000, hechos que podrían haber sido objeto de criterios de oportunidad. La prisión preventiva es una medida de última ratio conforme a los principios del CPP, y que en el caso no se configuran los presupuestos habilitantes, tales como el riesgo de fuga, de intimidación de testigos o de alteración de prueba, máxime cuando ya existen filmaciones y otros elementos que vinculan al imputado con el hecho principal, por lo cual llevó a que no se opusiera a la formalización. III) La Dra. Jessica Tonkovic por fiscalía abogó por la confirmatoria (24.05). Fiscalía afirma que las salidas del imputado no pueden justificarse por el hecho de que no haya cometido nuevos delitos, ya que lo relevante son los riesgos procesales, los cuales se configuran por la posibilidad de que dichos riesgos existan y se concreten, no por la producción efectiva de un daño. La jurisprudencia ha sido clara en este sentido y que el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación se encuentran presentes en el caso. Destaca que el imputado posee antecedentes penales, fue condenado anteriormente por hurto, se benefició de una libertad a prueba y, pese a conocer el alcance y las consecuencias de ese régimen, volvió a delinquir en un corto lapso, lo que acredita de forma suficiente el riesgo para la sociedad. En cuanto al entorpecimiento de la investigación, fiscalía recuerda que el imputado incumplió deliberadamente el arresto domiciliario total, pese a haber sido debidamente intimado a respetarlo, lo que demuestra que dicho riesgo existe. Si bien coincide en que la prisión preventiva es una medida de última ratio, entiende que en este caso el arresto domiciliario resultó insuficiente para neutralizar los riesgos procesales, lo que justifica la imposición de la medida más gravosa. IV) Por interlocutoria N.º 105/2026 se desestimó la reposición y se franqueó la apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza pasó a estudio simultáneo y se acordó fuera de audiencia (art. 365 CPP). CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar parcialmente la decisión impugnada, por los fundamentos que pasa a exponer. II) Por auto de formalización N.º 2801 del 16 de octubre de 2025, se inició proceso a AA por la presunta comisión de un delito de hurto especialmente agravado. Los hechos que fundan la formalización consisten en que el 3 de mayo de 2025, en horas de la mañana, BB y CC , concurrieron cada uno en bicicleta al local comercial Supermercado “ YY ”. En esas circunstancias arribaron al lugar, los imputados DD y AA llevando consigo un perro color AA. Una vez allí, se acercaron a las bicicletas y se apoderaron mediante sustracción de ellas, retirándose del lugar, uno en cada vehículo. Como medida cautelar, el titular del tribunal dispuso – entre otras – el arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico, con autorización para concurrir a su trabajo, y hasta el 11 de febrero de 2026. III) Iniciada la audiencia, la fiscalía toma la palabra (2.20) y solicita la sustitución de la medida cautelar por prisión preventiva por noventa días, señalando que DINAMA informó que el día 8 de enero de 2026, el imputado se alejó del rastreador, concretamente a la hora 00:12 minutos, y posteriormente retornó a su domicilio a la hora 02:40. El equipo de monitoreo intentó entablar comunicación con el imputado sin éxito. Posteriormente, también se informó que un móvil policial lo ubicó en la vía pública, e incluso, también informaron que al momento de proceder a su detención, intentó fugarse. En ese marco, se enteró a la Dra. Beatriz Protessoni de lo que había sucedido, y se solicitó que se reintegrara a su domicilio. También se destaca que se le tomó declaración en la seccional policial, sobre las circunstancias de los hechos y relató: Preguntado , relate los hechos sucedidos en circunstancias que resultara detenido el día de hoy por personal policial. Contestó: en el día de hoy resulté detenido ya que cumplo medidas, poseo tobillera, motivo por el cual no puedo abandonar el domicilio en la noche, y me paró un móvil policial (…) ya que había ido a la casa de mi novia , la cual vive por calle Carvajal y España, por lo cual me dejé estar… me detuvo un móvil y me llevaron a asistir al hospital, y posteriormente me trajeron a esta seccional… DINAMA también informó otro incumplimiento el 16 de enero, a la hora 20:19, generó un evento donde el ofensor se alejó del rastreador, se intentó entablar comunicación con él, siendo resultado negativo. A la mañana siguiente, hora 05:56, el personal policial concurre al domicilio, se entrevista con el hermano EE, quien manifiesta que el imputado no se encontraba en el domicilio y desconocía su paradero; desconociéndose hasta el momento cuando retornó a su casa. En consecuencia, considerando que el imputado fue intimado ya una vez al estricto cumplimiento de la medida cautelar, teniendo presente que existen riesgos procesales que oportunamente fueron argumentados, y que evidentemente la medida cautelar impuesta no ha sido suficiente para enervar los riesgos procesales que se argumentaron en aquella oportunidad, corresponde la revocación y sustitución de la cautela. La Fiscalía reitera los riesgos procesales: entorpecimiento de la investigación, habida cuenta de que el imputado sale de su casa continuamente con total impunidad y podría entablar comunicación con la víctima, para que no declare o lo haga falsamente. También existe peligro de fuga, ya que es evidente que la tobillera no es efectiva para enervar ese riesgo procesal y el riesgo procesal para la sociedad, habida cuenta de que tiene antecedentes por hurto y bien puede volver a cometerlo. Asimismo, las veces que se lo ha interceptado, que se ha alejado del rastreador incumpliendo la medida impuesta, AA no ha podido justificar las razones de por qué se encuentra fuera de su domicilio. Estamos hablando de horas de la madrugada, por lo que evidentemente no era por una cuestión laboral. Cedida la palabra a la defensa (11.18), admite los incumplimientos y que fueron extensos en tiempo. Pero el imputado no es peligroso para la sociedad. Si bien está formalizado por un delito de hurto, durante esta salida o estas violaciones al arresto domiciliario, no ha sido peligroso porque no se vio involucrado en ningún hecho delictivo. No existe riesgo procesal porque no intentó comunicarse con la víctima, siempre ha sido ubicable y no tiene condiciones ni facilidades para huir. IV) Decisión del Tribunal : La Sala reconoce con la defensa, que el delito por el cual está formalizado el imputado, por sus circunstancias y naturaleza, no puede calificarse de grave; así como el que le sirve de antecedente – punto no controvertido por la fiscalía – que simplemente consistió en la sustracción de una botella de vino. También toma debida cuenta de lo argumentado por el titular – Dr. Juan Almeida – en el sentido de que el hecho imputado ocurrió en mayo de 2025, y recién fue formalizado en octubre, sin que conste que hubiera cometido delito en el ínterin; de donde se infiere que el riesgo para la sociedad es como menos mínimo. Sin embargo, como reconoce lealmente la defensa, el imputado vulneró el arresto domiciliario en dos oportunidades y por tiempo prolongado. Se discrepa no obstante en cuanto al hecho de que siempre estuvo ubicable, ya que, en el último incumplimiento, la autoridad concurrió a su domicilio y no lo encontró, ni sus familiares pudieron dar cuenta de su paradero. El artículo 234.1 CPP señala que po drá imponerse prisión preventiva al imputado cuando haya incumplido alguna de las medidas limitativas de la libertad ambulatoria previstas en el artículo 221 de este Código . Tal es la situación del caso, y en este sentido, los riesgos que se reconocieron para disponer el arresto domiciliario adquieren otro cariz, ya que el incumplimiento contumaz no permite descartar ni el peligro de fuga – de hecho, intentó fugarse cuando la policía lo halló en su primer incumplimiento – ni la eventual interacción con la víctima, e incluso el riesgo para la sociedad. Como el Tribunal ha señalado en interlocutoria reciente: la prisión preventiva debe cumplir con una serie de requisitos: excepcionalidad, subsidiariedad, provisionalidad y proporcionalidad. Este último es tal vez el que más se debe tener presente de forma tal que como ya ha señalado la Sala: …lo que corresponde determinar es si para conjurar esos riesgos es indispensable la prisión preventiva o existe alguna medida igual de efectiva y menos gravosa. Esto no es más que aplicar el criterio de subsidiariedad y proporcionalidad de la prisión preventiva, como señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos: Dado lo anterior, corresponde a la autoridad judicial imponer medidas de esta naturaleza únicamente cuando acredite que: a) la finalidad de las medidas que priven o restrinjan la libertad sea compatible con la Convención; b) que las medidas adoptadas sean las idóneas para cumplir con el fin perseguido; c) que sean necesarias, en el sentido de que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin deseado y que no exista una medida menos gravosa respecto al derecho intervenido entre todas aquellas que cuentan con la misma idoneidad para alcanzar el objetivo propuesto, y d) que resulten estrictamente proporcionales, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulte exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción y el cumplimiento de la finalidad perseguida (Corte IDH. Caso Tzompaxtle Tecpile y otros Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de noviembre de 2022. Serie C No. 470. Parágrafo 105) (Interlocutoria 490/2025. TAP 1º. BJN). En consecuencia, para evitar el riesgo para la víctima hay medidas menos gravosas que la prisión – órdenes de restricción, portación de dispositivos e incluso el arresto domiciliario, como propone la defensa – pero así como no se puede dejar de lado el principio de proporcionalidad, tampoco se puede desconocer el de idoneidad, porque la alternativa a la prisión será suficiente siempre y cuando sea útil, hábil, apta, eficaz para conjurar el riesgo (Cfme. CIDH. Caso Yvon Neptune vs. Haití. Sentencia 6 de mayo de 2008). (Interlocutoria 50/2026. TAP 1º. Dictada el 11 de febrero de 2026) . Pues bien, en este caso la medida si bien razonable y proporcional, no ha resultado idónea por la propia voluntad del imputado, lo que justifica la decisión de la A quo de revocar la vigente y sustituirla por la prisión preventiva. V) Sin perjuicio de lo anterior, en atención a los argumentos manejados por la defensa y la provisoriedad que caracteriza a este tipo de cautela, el Tribunal considera oportuna la revisión regular de ella, para determinar si se mantienen o no los fundamentos de su imposición. En tal sentido, considera excesivo el plazo fijado, por lo que ordenará su abatimiento hasta el 11 de marzo de 2026, a la hora 20.00. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: I) CONFÍRMASE LA RECURRIDA, SALVO EN CUANTO AL PLAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA, LA QUE VENCERÁ EL 11 DE MARZO DE 2026, A LA HORA 20.00, SIN PERJUICIO. II) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE .