Sentencia Interlocutoria N° 19/2026

Sentencia Nro. 19/2026 - IUE: 29-60/2025 Montevideo, 18 de febrero de 2026 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno Ministro redactor: Dr. Fernando Tovagliare Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare VISTOS Y RESULTANDO: El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada (fs. 840/879) contra la sentencia interlocutoria No 869/2025 (fs. 594/596), aclarada y ampliada por decreto No 1007/2025 (fs. 606/607) y contra el decreto No 1260/2025 (fs. 612). Y la alegación de hecho nuevo formulada por la demandada, a fs. 1119/1123, en estos autos caratulados: “PEERS BUSINESS INC. C/ NAVIOS SOUTZ AMERICAN LOGISTITCS INCS Y OTRO. VEEDURÍA JUDICIAL - IUE 29 – 24/2025" IUE 29 -60/2025. CONSIDERANDO: 1) Por la sentencia interlocutoria impugnada No 869/2025 y sus ampliatorias y aclaratorias: i) se dispuso la designación de un interventor como mero veedor, con capacidad para tener acceso a la información que requiera la tarea, sin potestades para intervenir en la actividad de administración ni representación de NSAL (matriz o sucursal) pudiendo acceder a información contable relativa a ingresos y egresos, así como información financiera con el alcance expresado en la referida sentencia, por un plazo de 6 meses. Habiéndose establecido que la documentación que podría consultarse sería la correspondiente al año 2022 en adelante. ii) se designó como veedor a Ernst & Young Uruguay. Y con posterioridad por providencia No 1260/2025 se designó en los mismos términos a BDO Uruguay, atento a lo informado por la Sra. Alguacil. iii) la providencia No 1007/2025 dispuso únicamente la medida de veeduría respecto de la sociedad NSAL (matriz y sucursal Uruguay) y no respecto de la sociedad Corporación Navíos S.A. Asimismo, se dispuso que PEERS fue el único que acreditó su legitimación en cuanto accionista de NSAL. 2) Los AGRAVIOS EXPUESTOS EN LA APELACIÓN POR LA PARTE DEMANDADA (fs. 840/879), se encuentran encaminados en lo medular a cuestionar la sentencia impugnada en la medida que: a) no habría considerado que los tribunales nacionales carecen de competencia y jurisdicción al estar pactado el arbitraje; b) no habría tenido en cuenta que no resulta aplicable la ley uruguaya, sino del Derecho de las Islas Marshall; c) aún en caso de entender que tienen jurisdicción los tribunales nacionales y que es aplicable la normativa nacional, tratándose de una medida probatoria provisional debió tramitarse de forma bilateral; d) no se consideró que en el caso no se cumplieron los requisitos previstos para la medidas cautelares, no correspondiendo además la exoneración de contra cautela. 3) Asimismo, a fs. 1119/1123 la demandada alegó, luego de iniciada la segunda instancia, la existencia de un hecho nuevo consistente en que la actora ha promovido demanda principal en IUE 2 – 94518/2024, lo que a su entender tiene incidencia en el presente proceso pues, lo desnaturaliza. 4) Como cuestión liminar, la Sala entiende que corresponde admitir el hecho nuevo invocado, en la medida que se trata de una circunstancia acontecida luego de las comparecencias iniciales, y en la línea argumental de la demandada, dicha circunstancias tiene relevancia en el proceso, en razón de lo cual, de conformidad con el criterio amplio que la más recibida doctrina especializada sugiere aplicar para resolver sobre la admisibilidad de los hechos que se aleguen como nuevos (v. Alsina, citado por Vescovi y otros, ‘C.G.P. Comentado, anotado y concordado’, t. 3, p. 245 p. 234). 5) En lo que refiere al mérito del recurso de apelación formulado, el Tribunal, en este estado de los procedimientos, y sin perjuicio de ulterioridades, irá a confirmar la sentencia interlocutoria impugnada y sus ampliatorias, por entender que los agravios ejercitados por la recurrente, no logran conmover las razones expuestas en la sentencia impugnada y sus ampliatorias, ni la argumentación desarrollada en la Consultas jurídicas (elaboradas por los destacados juristas: Gabriel Valentín; Eduardo Vescovi –fs. 457/473-, Gonzalo Lorenzo fs. 474- 489- y Cecilia Fresnedo fs. 442-456-) relacionadas en la sentencia referida. 6) En efecto, en lo que refiere la cuestión de la jurisdicción y la ley aplicable, surge de las actuaciones que se tienen a la vista que si bien la sociedad NSAL se constituyó en las Islas Marshal, como explica Vescovi en la consulta obrante en autos –con cita de Talice- el lugar de constitución de la Sociedad como punto de conexión- deja entreabiertas las puertas para actuar en fraude a la ley, pues este factor de conexión pone en manos de los promotores o fundadores de una sociedad la posibilidad de constituirla en un Estado distinto a aquel donde ha de cumplir sus actividades, aprovechando así una ley más favorable en determinados aspectos. Y como anotan los destacados privatistas cuyas consultas se encuentran agregadas, las sociedades accionistas no se constituyeron en las Islas Marshal, y tampoco se domicilia allí ninguno de los integrantes del Directorio de la Sociedad, ni se realizan allí las asambleas de accionistas, ni las reuniones, ni actos de comercio, sino que las principales operaciones de la Sociedad se desarrollan fuera del lugar de su constitución, principalmente en Uruguay, donde la Sociedad NSAL tiene constituido su domicilio oficial (además de tener una sucursal registrada) existiendo por ende un vínculo jurídico y económico real y permanente que impone la aplicación de la ley uruguaya, y justifica la jurisdicción de los tribunales nacionales y la competencia correspondiente, tal como se concluye en forma coincidente en las Consultas de los Profesores Vescovi; Fresnedo y Lorenzo, obrantes en autos, cuyos fundamentos resultan compartibles por el Tribunal. 7) En lo que respecta a la naturaleza de la medida, sin dejar de reconocer la opinabilidad del punto, y aun teniendo presente las fundadas consideraciones desarrolladas por el destacado Profesor Santiago Pereira Campos en la Consulta obrante a fs. 764/799; este Colegiado comparte las razones sustentadas en la sentencia interlocutoria impugnada, así como la argumentación desarrollada por el Prof. Gabriel Valentín en la Consulta obrante a fs. 888/911 (a cuyos fundamentos se remite), en cuanto a que la medida de veeduría ordenada y dispuesta en el caso, constituye una medida asegurativa de prueba, que resultó adecuadamente tramitada de conformidad con lo dispuesto por el art. 307.3 del C.G.P. que habilita la tramitación unilateral de la medida cuando la misma puede frustrarse antes de su ejecución si se permitiera deducir oposición. 8) La conducta procesal de las partes ha sido correcta (arts. 688 del Código Civil), en razón de lo cual no se impondrá especial condenación en costas y costos. - Por las razones expuestas y normativa citada, el Tribunal RESUELVE: 1o – Admítase la integración al proceso del hecho nuevo denunciado por la demandada a fs. 1119/1123. 2o - Confírmase la sentencia interlocutoria impugnada en todos sus términos, sin especial condenación en costas y costos. 3o – Notifíquese y oportunamente devuélvanse con las formalidades de estilo. Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada