Sentencia Definitiva N° 29/2026

Sentencia Nro. 29/2026 - IUE: 2-75765/2025 Montevideo, 18 de febrero de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO Ministro redactor: Dr. Álvaro França Ministros firmantes: Dra. Mónica Besio Dr. Guzmán López AUTOS: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y OTRO – AMPARO” – IUE 2-75765/2025.- VISTOS Y RESULTANDO: I.- Se apela en autos la sentencia No. 88 de fecha 28 de agosto de 2025 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5o Turno a cargo del Dr. Juan J. Benítez Caorsi, por la cual se amparó la demanda promovida contra el Estado - Ministerio de Salud Pública (MSP) y el Fondo Nacional de Recursos (F.N.R.) a suministrar a la parte actora el medicamento ATEZOLIZUMAB conforme las indicaciones del médico tratante en plazo no mayor a las 48 horas sin especial condenación en la instancia (fs. 243). II.- El representante del FNR interpuso el correspondiente recurso de apelación porque no se hizo lugar a la falta de legitimación pasiva, discrepó con el considerando 4 por entender que el hecho ilegítimo es no querer financiar el fármaco, con el 5 porque no considera que su parte lesione derecho alguno y porque no entiende que su cometido sea la protección de esos derechos. Se agravió por la incorrecta interpretación del derecho y la valoración de la prueba. Sostuvo la recurrente que el medicamento pedido se encuentra fuera de la cobertura, tal como se lo comunicara en la negativa a la petición, su índice PDL 1 es negativo y su normativa no lo contempla. No actuó con ilegitimidad manifiesta, citó jurisprudencia, su interpretación del artículo 44 de la Constitución. Citó jurisprudencia, sostuvo que no corresponde ampliar la legitimación pasiva por lo dispuesto por el artículo 409 de la ley 19.889 y en definitiva solicitó se revocara la recurrida contra su parte (fs.253). No consta en autos que el MSP haya recurrida la apelada. III.- La recurrencia fue sustanciada con la parte actora quién interpuso la incostitucionalidad de los artículos 7 de la ley 18.335. El proceso fue suspendido por lo mencionado y la SCJ por mayoría declaró la inconstitucionalidad del artículo 7 inciso 2 de la ley 18.335 (fs. 278/279). IV.- Con fecha 10 de febrero del corriente se concedió la alzada en la forma de estilo. Los autos fueron recibidos en el Tribunal y realizado el estudio en la forma de estilo se celebró el acuerdo correspondiente, procediéndose al dictado de la presente designándose redactor. CONSIDERANDO: I.- Que se confirmará la recurrida en el punto objeto de agravio por lo que se dirá. II.- Sobre los derechos tutelados en casos como el presente y la existencia de derecho subjetivo de quien acciona, debe señalarse que conforme lo ha señalado la jurisprudencia, se debe partir del reconocimiento de la existencia del derecho fundamental a la protección de la salud de las personas; que éste debe ser puesto en práctica por el Estado a través de todos los medios disponibles y en beneficio de todas las personas; que se debe garantir el igual acceso de cada persona a los cuidados necesarios de acuerdo con su estado de salud, a la continuación de los cuidados y a la mayor seguridad sanitaria posible. Tales derechos conforman la legalidad en sentido amplio del Estado constitucional de derecho como normas sustanciales y al igual que el principio de igualdad y otros derechos fundamentales, de modo diverso limitan y vinculan al poder administrador, excluyendo o imponiéndole determinados contenidos en su accionar reglamentario(LJU c. 138060). Y cabe recordar con LARENZ (Der. Civil, Parte General, p. 254 y ss, Jaen, 1978) que a los derechos subjetivos les corresponden necesariamente deberes, limitaciones o vinculaciones jurídicas de otras personas o de todas las demás; el derecho subjetivo es equiparado con la posibilidad de su imposición mediante la acción, concluyendo que si la persona tiene un derecho subjetivo a ese bien, ello significa que éste le corresponde conforme a derecho. La ilegítima insatisfacción de un derecho subjetivo no es lesión de interés legítimo, sino violación de un derecho subjetivo para cuya protección procede acudir al Poder Judicial mediante acciones declarativas o de condena (Cf. CASSINELLI, El interés legítimo como situación jurídica garantida en la Constitución Uruguaya, Estudios en Homenaje al Prof. Sayagués Laso, p. 283 y ss.). III.- Observa el Tribunal que en las contestaciones de la demanda no se advierte controversia específica en cuanto a la corrección de la prescripción médica, que da cuenta que el paciente tiene 67 años y que padece de un CÁNCER DE PULMÓN NO A CÉLULAS PEQUEÑAS según fuera diagnosticado en diciembre de 2024 en el SMI. En el transcurso del año 2025 fue estudiado, valorado y tratado dos veces con ciclos de quimioterapia sin que se pudiera impedir el avance de la enfermedad. Fue así que se llegó a la conclusión de la necesidad de iniciar tratamiento con ATEZOLIZUMAB 1200 mg. cada 21 días. El medicamento se encuentra incluido en el FTM en la actualización realizada por el MSP el 28 de diciembre de 2021 para el tratamiento de carcinoma broncopulmonar a células no pequeñas avanzado de cargo del FNR (fs. 215 vto.). Los agravios de la recurrente no son de recibo , el Tribunal cuenta con jurisprudencia al respecto que puede ser convocada (sentencias 124 y 224/2025 en BJN) a las cuales cabe remitirse y en las que fueron rebatidos similares agravios. Debe señalarse que la protocolización del FNR con criterio restrictivo que no surge de lo aconsejado, ni la de la ordenanza y no puede sin fundamento científico alguno limitar la financiación de un procedimiento puesto de su cargo. Es claro, que la referencia en la resolución a los protocolos que dicte el FNR no supone autorizar libremente a la persona pública estatal a restringir la financiación en forma arbitraria (sin fundamento científico) lo que, en los hechos, configura una negación del derecho de la parte actora en forma ilegítimamente manifiesta. Finalmente, debe recordarse, una vez más, que la resolución administrativa frente a la petición del medicamento debió adecuarse a las normas de jerarquía superior, priorizando el derecho a la salud y respetando la prescripción médica (salvo error o absurdo evidente de la misma, lo que no es del caso como antes se relacionó) ya que sabido es que todo acto administrativo debe desenvolverse de acuerdo la Constitución y la Ley donde toda violación de las mismas o de los principios que las informan, invalida el reglamento y el juez debe desaplicarlo. De seguirse el criterio de la recurrente FNR la cobertura que el MSP en cumplimiento de sus altos cometidos puso de su cargo, quedaría librada al criterio de la Persona Pública No Estatal lo cual, a juicio del Tribunal, no resulta de recibo. Se recuerda que Ley 18.335 establece: “El Estado garantizará en todos los casos el acceso a los medicamentos incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos”. Este artículo de por si revela la ilegitimidad manifiesta de la omisión de la parte accionada. La Constitución es norma de normas y su artículo 44 no puede desconocerse en base a criterios utilitaristas que desatienden que toda persona es un fin en sí mismo, dejándola sin la necesaria cobertura farmacológica indicada, lesionándose su derecho a la salud. El FNR, por mandato legal es quién , en el área de su cobertura dispuesta por el MSP, el encargado de la efectiva aplicación del mandato constitucional. En definitiva la negativa del FNR a financiar el medicamento incluido en el FTM de su cargo para la patología que tiene el actor, resulta ilegítima en forma manifiesta por lo que se confirmará la recurrida a su respecto. IV.- Costas y costos de la presente instancia por su orden (arts. 56 y 261 [red. L. 16699] CGP y 688 C. Civil). Por los expresados fundamentos y normas citadas, el Tribunal, FALLA: Confirmase la recurrida sin especial condena en la instancia. Notifíquese personalmente y oportunamente, devuélvase con copia en la forma de estilo para el Señor Juez Letrado A Quo (Honorarios Fictos 7 BPC). Dra. Mónica Besio Ministra Dr. Guzmán López Ministro Dr. Álvaro França Ministro Esc. Adriana León Secretaria