Sentencia Definitiva N° 24/2026

Sentencia No. 24/2026 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 18 de febrero de 2026.- V I S T O S: Para Sentencia definitiva en segunda instancia en estos autos caratulados: “ROMERO, Reinaldo y OTROS C/ TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO y OTRO. Cobro de pesos” IUE: 2-16198/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la codemandada Tribunal de lo Contencioso Administrativo contra la sentencia No. 32/25 de 21 de abril de 2025, dictada por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 14º Turno, Dr. Darwin Rampoldi R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 301-321), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión y en lo medular a esta alzada, declara la falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo - Ministerio de Economía y Finanzas, desestima igual excepción opuesta por el TCA y condena a este último a abonar a la parte actora, el incremento porcentual del 26,03% correspondiente al enganche impetrado y su incidencia en el aguinaldo. II.- Contra la misma se alza la codemandada perdidosa y expresa agravios a fs. 323-336 v.; en síntesis, manifiesta que su persona carece de legitimación pasiva, la que sí ostenta su coparte y en ese sentido, solicita se declare que el Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas, es el órgano estatal que ostenta de legitimación pasiva en estos autos y que se haga lugar a la excepción de falta de esta interpuesta por su persona, debido a la ausencia de interés en la causa. III.- Se contestaron los agravios (fs. 347-350 v. y 354-358) y se franqueó la alzada (No. 1531/25 de fecha 11/VI/25). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por confirmar la sentencia en recurso en el punto objeto de agravio conforme la fundamentación que subsigue. II.- En autos comparecen los funcionarios del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; Reinaldo Romero, Artigas Aidinovich, Rosa Segade y María Colman, y en su calidad de funcionarios de dicho órgano, promueven un juicio ordinario reclamando el pago de diferencias salariales contra. “…el Tribunal de lo contencioso Administrativo… y Poder Ejecutivo – MEF …” (fs. 13). Así, la demanda fue dirigida contra el Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas y contra el propio Tribunal de lo Contencioso Administrativo, oponiéndose por ambos codemandados excepción de falta de legitimación pasiva. Asimismo, al evacuar el traslado de la demanda, se controvirtió el fondo de la pretensión deducida. Por la recurrida, sentencia de primera instancia se hizo lugar a la pretensión de condena en cuanto al fondo, aunque únicamente respecto del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, al acoger la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas. Contra dicho pronunciamiento apeló exclusivamente el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (fs. 323 a 336). El agravio se circunscribió a cuestionar la admisión de la excepción de falta de legitimación pasiva del Poder Ejecutivo – Ministerio de Economía y Finanzas, habiendo quedado firme la decisión respecto a lo demás. III. En ese sentido, conforme posición de la Sala en caso análogo y en otrora integración (No. 108/22 en BJN y citada por la recurrida) que la actual comparte, mantiene y ratifica para el presente, no existe nexo alguno entre la parte actora y el Ministerio de Economía y Finanzas, ya que se encuentra fuera de discusión que algunos de los reclamantes eran y otros son funcionarios del TCA, nunca dependientes ni subordinados al MEF, ni mantenían ninguna relación contractual con el mismo; en consecuencia, el codemandado MEF carece de legitimación pasiva como bien fuese relevado en la impugnada con fundamento en el aludido fallo de esta Sala. Tampoco existe relación alguna entre los demandados TCA y MEF, ni se configura un supuesto de solidaridad pasiva, conforme a lo establecido en el art. 400 del CGP (tanto en su redacción anterior como en la actual), no convirtiendo al Poder Ejecutivo - MEF en garante del TCA, por el hecho de ordenar los rubros para abonar las sentencias de condena contra el Estado. En dicho sentido corresponde tener presente lo dispuesto por el art. 384 de la Ley N° 16.320: “Toda vez que se demande al Estado -persona pública mayor ante la jurisdicción ordinaria, y cualquiera sea la naturaleza de la pretensión deducida, la citación y el emplazamiento deberán entenderse con el órgano máximo de cada Poder (Ejecutivo, Legislativo o Judicial) del cual emane el acto, hecho u omisión, o que hubiere intervenido en el negocio jurídico que de mérito al litigio. Quedan comprendidos en este régimen el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral. Cuando se trate de demandas referidas al Poder Ejecutivo, en asuntos correspondientes a algún Ministerio, la citación, el emplazamiento y, en general, cualquier notificación que deba hacerse a domicilio, se practicará en la sede de la Dirección General de Secretaría del Ministerio respectivo.” (Texto del segundo inciso dado por el art. 615 de la Ley N° 17.296). Los reclamantes ostentan la calidad de funcionarios del Tribunal demandado, y en tal calidad dirigen su acción contra “…el Tribunal de lo contencioso Administrativo… y Poder Ejecutivo – MEF …” (fs. 13). Tratándose el presente caso de una cuestión relativa a reclamo por diferencias en la remuneración de los promotores resulta claro que el emplazamiento del Estado por medio del órgano Tribunal de lo Contencioso Administrativo resulta adecuada a Derecho, máxime si se tienen presentes las potestades presupuestales conferidas al mismo por la norma del art. 321 de la Constitución Nacional, conforme al cual: “El Tribunal de lo Contencioso Administrativo proyectará sus presupuestos y los remitirá, en su oportunidad, al Poder Ejecutivo para que éste los incorpore a los respectivos proyectos de presupuestos, acompañándolos de las modificaciones que estime pertinentes” De lo que viene de expresarse surge que la demanda ha sido promovida contra el Estado, persona pública mayor, emplazándose a éste por medio de la persona del empleador directo de las accionadas, conforme lo habilita y dispone la norma legal antes transcripta. Estando a lo que viene de señalarse, corresponde desestimar el recurso de apelación, así como la pretensión de nulidad ensayada por el recurrente. IV.- Pese a la solución acordada, la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado impone que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 CGP y 688 C. Civil). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, F A L L A: Confírmase la impugnada sin especiales sanciones procesales en el grado. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Mónica Beatriz Falotico Capó Secretaria Letrada