Sentencia Interlocutoria N° 25/2026

SEF 25/2026 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno Ministra redactora: Dra. Marta Gómez Haedo Alonso Ministras firmantes: Dras. Marta Gómez Haedo Alonso, Mónica Bórtoli Porro, Gloria Seguessa Mora Montevideo, 18 de febrero de 2025 VISTOS: Para resolución estos autos caratulados “ANSALAS, Eufracio C/ MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÜBLICAS Y Otros. Daños y Perjuicios” I.U.E 33-77/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y la adhesión a la apelación deducida por la parte actora contra la sentencia interlocutoria de primera instancia N° 2470/2025 de fecha 29/7/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16º Turno, Dr. Hugo Fabián Rundie Mintegui RESULTANDO: I) Por el referido pronunciamiento, a cuya relación de antecedentes se remite la Sala, se resolvió: DESESTÍMASE EN TODOS SUS TÉRMINOS LAS CITACIONES DE TERCEROS PLANTEADAS POR LA CO DEMANDADA MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE EN LOS DOMICILIOS PROCESALES CONSTITUIDOS EN AUTOS. CONSENTIDA O EJECUTORIADA, VUELVAN AL DESPACHO PARA LA PROSECUCIÓN DEL TRÁMITE, CONFORME A SU ESTADO…” (fs. 911/917). II) Contra el referido dispositivo la codemandada M.T.O.P. interpuso recurso de apelación (a fs. 921 y ss.), invocando como agravios: a) Por una redacción que resultó confusa de la recurrente al contestar la demanda, no se fue claro en la pretensión. Se pretendió traer a PILEMBURG bajo dos institutos y modalidades, de forma conjunta y complementaria, ambos fundamentados en el art. 51 del C.G.P., estos fueron el numeral a) y b). Pese a que en el petitorio se incluyó exclusivamente una citación en calidad de litis denuntiatio, se pretendió que PILEMBURG fuera emplazado en este proceso bajo dos modalidades distintas. Por un lado, por tener directa controversia con el caso de marras, por ser quien ejecutó la obra, pasando a ser demandado del actor (litis denuntiatio). Por el otro, en forma conjunta y complementaria, en calidad de garante, en virtud de la relación sustancial que lo vincula con el M.T.O.P., conforme luce de la cláusula 11 del contrato de obras públicas adicionales suscripto el 12/4/2019. Asimismo, se pretendió citar en calidad de terceros (litis denuntiato) a “NGE CONTRACTING S.A., SACEEM S.A., SACYR CONSTRUCCIÓN S.A., MONTAJES S.A., SUELO FIRME S.R.L. y SARLUX S.A.”. Por un involuntario error se omitió nombrar de forma correcta a BERKES, siendo su nombre “Berkes Construcción y Montajes S.A.”. En obrados se pretendió se situara a los terceros como eventuales codemandados de los actores, al ser las empresas contratadas por PILEMBURG para llevar a cabo la obra que suscitó el reclamo. Esto, sin perjuicio que en el petitorio -por error- se solicitó emplazarlos como garantes. La accionante, al evacuar el correspondiente traslado, aceptó el emplazamiento de todos los terceros, cuestionando la inclusión de SUELO FIRME S.R.L. y SARLUX S.A. por no haberse aclarado su inclusión. En amparo del principio dispositivo y de economía procesal, al haberse admitido por el actor la ampliación del espectro subjetivo pasivo, así como del objeto del proceso (al incorporarse una nueva pretensión contra PILEMBURG a efectos de que respondiera en nombre del M.T.O.P. por la cláusula 11ª que luce a fs. 596), debería admitirse la citación en garantía y de terceros pese a los involuntarios yerros ya indicados. Todas estas solicitudes tienen relevancia en la litis, dado que en el caso de comprobarse que el M.T.O.P. no ejecutó la obra y no es responsable de ninguno de los daños que se le pretendiera atribuir, correspondería desestimar la demanda sin ulterioridades, pues el punto en debate se circunscribiría al de la demanda. Con la inclusión del recurrente, se amplía tanto la litis como la pretensión. No es aislado que los actores hayan admitido expresamente su inclusión. b) Los actores consintieron la ampliación subjetiva de la litis y de la pretensión. Respecto de la citación en garantía a PILEMBURG S.A. se indicó por su contrario: “sin perjuicio de las observaciones ya formuladas respecto de la falta de claridad en el planteo de la parte demandada esta parte manifiesta que no se opondrá a la incorporación al proceso de la empresa mencionada por el M.T.O.P, ya sea bajo la figura de la citación en garantía, como terceros con controversia común, o como codemandadas, conforme lo determine el tribunal, sino más bien todo lo contrario…”. Respecto de la citación a los terceros, el actor manifestó que “en relación con esta petición, nos remitimos a lo ya manifestado respecto de PILEMBURG S.A. En efecto, y atento a lo afirmado por la contraria respecto a la intervención de dichas empresas en las obras y en la medida en que su actuación haya contribuido a generar los daños reclamados, lejos de oponernos a la citación de estas empresas, nuestra parte hace extensiva la pretensión respecto de ellas, en cuanto se afirma que participaron en la realización de estas obras…”. En estos términos y por la aceptación expresa de los actores, encontrándose la Sede habilitada para dirigir la acción también contra aquellos, resulta procedente el emplazamiento de PILEMBURG S.A., NGE CONTRACTING S.A., SACEEM S.A., SACYR CONSTRUCCION S.A. y BERKES CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES S.A., al amparo de la hipótesis prevista en el art. 51 para el caso de que se considere que la controversia es común con un tercero. A su vez, al haberse admitido expresamente su inclusión, y atento a los principios de economía procesal y celeridad, corresponde la incorporación de la pretensión de garantía promovida por el M.T.O.P. respecto de PILEMBURG, debiendo ésta responder en nombre del apelante ante cualquier eventual condena en amparo a la ya referida cláusula entre las partes y que luce agregada a fs. 596. III) A fs. 928 y ss. compareció la representante legal del accionante, adhiriendo al recurso impetrado en mérito a los siguientes agravios: a) En el petitorio del escrito de fs. 890, su parte manifestó expresamente: “Que se tenga por evacuada la citación de terceros y en garantía planteada por el MTOP, teniéndose presente que esta parte no se opone a dicha convocatoria y a la ampliación subjetiva de la parte demandada correspondiente, de conformidad al artículo 51 del CGP.”. De la transcripción precedente surge con nitidez que, al solicitar la ampliación subjetiva de la parte demandada, se estaba, de manera implícita pero inequívoca, extendiendo también la pretensión de condena. En efecto, si la demanda original se dirigió contra el M.T.O.P. y los Sres. Mauricio y Virginia Ayzaguer, de quienes se reclamó condena, al plantearse la ampliación subjetiva del elemento pasivo, resulta evidente que dicha condena se hacía extensiva a los nuevos sujetos incorporados. Se hizo por la Sede de primer grado una interpretación excesivamente literal, desatendiendo la finalidad evidente de la petición: la extensión de la condena a los terceros cuya citación fue solicitada. Tal finalidad no puede entenderse de otra manera, pues la ampliación subjetiva de la parte demandada necesariamente implica que el reclamo de condena se proyecta sobre quienes pasen a integrar dicha calidad procesal. La ampliación subjetiva de la litis pretendida ahora por su parte radica en el interés de que todas las personas físicas o jurídicas que eventualmente hayan intervenido, participado o contribuido a los hechos que generaron los daños reclamados se encuentren sometidas a jurisdicción en este mismo proceso, a efectos de facilitar una resolución integral del litigio y garantizar una adecuada satisfacción del derecho resarcitorio. Se sostuvo por la sede a quo que “la actora, incluso en la etapa de diligencia preparatoria (escrito de fs. 1 y 2), bien pudo incluir a todas las demás empresas cuya citación solicita la Secretaría de Estado…”, sin embargo y pese a la medida preparatoria referida no se aportó la totalidad de la información requerida, lo que imposibilitó a la accionante promover en su momento la acción directa contra las empresas que ahora, por las manifestaciones vertidas por el M.T.O.P., se pretende incorporar a la litis. En efecto, que una obra de tal envergadura no pueda ser ejecutada exclusivamente por el Estado no significa que el actor deba conocer en forma acabada la forma en que se llevó a cabo su ejecución, ni la participación concreta de cada empresa interviniente. Justamente, por tratarse de una obra de tal grado, al momento de interponer la demanda la accionante desconocía cuáles fueron las implicancias específicas de cada una de esas empresas en las obras que ocasionaron el daño directo al actor. No obstante, sí se tenía conocimiento de la dirección y participación del M.T.O.P. en la ejecución de las mismas, y, asimismo, del deber de éste de velar por la tutela de los derechos que le asisten al accionante. IV) Por providencia Nº 3155/2025 de fecha 16/9/2025 se ordenó formar pieza separada y franquear la alzada, sin efecto suspensivo (fs. 939). Recibidos los autos por el Tribunal (fs. 944 vto.), se pasaron a estudio de las Sras. Ministras por su orden. Completado el estudio, se acordó decisión anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 200.1 del C.G.P. CONSIDERANDO: I) La Sala, con el número de voluntades requerido por la Ley (art. 61 de la L.O.T.), habrá de revocar la sentencia interlocutoria impugnada y en su lugar, hará lugar a la petición de citación de terceros impetrada, por los fundamentos que seguidamente se expresarán. II) El “thema decidendum” en el grado queda delimitado por los agravios articulados por el impugnante, por lo que el contenido de éstos delimitará el presente pronunciamiento. III) El caso de autos: A) En estas actuaciones compareció Eufracio Ansalass promoviedno demanda de daños y perjuicios contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Mauricio Ayzaguer y Virginia Ayzaguer (fs. 226 y ss.). Indicó que fue integrante de la empresa unipersonal que llevaba su nombre y poseía domicilio fiscal en la calle Juan Zorrilla de San Martín Nº 264 de la ciudad de Durazno. Dicha empresa comenzó su actividad el 8/1/2008, como taller de gomería, en el establecimiento que llevaba el nombre “Gomería Rodó”. En el marco del Ferrocarril Central, se realizó la construcción de un túnel sobre la calle Zorrilla de San Martín de Durazno (donde se ubica el establecimiento), construcción que modificó desde setiembre /2021 significativamente el acceso desde la vía pública al establecimiento, generando graves inconvenientes para el acceso de los vehículos, quedando desde abril/2023 imposibilitado de cualquier tipo de acceso. Asimismo, como consecuencia del proyecto ferroviario, el M.T.O.P. realizó la expropiación únicamente de una parte del inmueble donde se ubicaba la gomería, no habiendo recibido la justa compensación correspondiente a la expropiación cursada. Se reclama la responsabilidad del demandado (M.T.O.P.) por la realización de una serie de obras que le ocasionaron un evidente daño, lesionando sus derechos de comercio y propiedad, sin haber sido compensado en forma alguna. Asimismo, se acciona contra los Sres. Mauricio y Virginia Aysaguer en su calidad de propietarios del inmueble expropiado ya que como propietario del inmueble donde se desarrollaba la empresa, nunca se indemnizó al actor por la expropiación cursada. El propietario del padrón a expropiar tiene la obligación de comunicar el nombre y domicilio de quienes tengan derechos reales o personales sobre el inmueble y si no lo hace responde personalmente de los perjuicios que su omisión ocasione a terceros (art. 15 inc. 5º Ley Nº 3.958). Reclama daño emergente, lucro cesante y daño moral contra el M.T.O.P., difiriendo su liquidación a la vía del art. 378 del C.G.P. y se condene a Mauricio y Virginia Ayzaguer y al M.T.O.P. al pago al actor de la indemnización correspondiente a la expropiación cursada de parte del padrón Nº 3.528, que legalmente le asiste en su calidad de arrendatario, cuya liquidación también se difiere a la vía incidental del art. 378 del C.G.P. B) Al contestar la demanda la Secretaría de Estado, sostiene que se ha relacionado con PILEMBURG S.A., empresa contratista que se ha dedicado a la dirección, gestión y administración de las obras en donde ocurrieron los hechos narrados en la demanda, lo que trae como consecuencia su responsabilidad por los hechos denunciados en dicho escrito. En tal sentido, se invoca como fundamento de derecho el art. 51 C.G.P., en sus dos modalidades, tanto la “citación en garantía” propiamente dicha, como mediante la citación de tercero en los casos en que la controversia es común o la sentencia pudiere afectarle. Por su parte, respecto a las demás empresas mencionadas al inicio, sostiene que su función fue la de ejecutar las obras en el lugar, siendo contratadas para ello por PILEMBURG S.A., por lo que se considera que también la comunidad en la controversia o sentencia que afecte, sería el instituto aplicable. C) Sustanciada la petición, la parte actora realiza un circunstanciado análisis sobre los institutos invocados por el M.T.O.P. tildándolos de confusos, pero admitiendo la ampliación subjetiva de la litis (fs. 888 y ss.). IV) Como se anunciara, se irá a la revocatoria de la impugnada y se hará lugar al emplazamiento de terceros solicitado por el M.T.O.P. La intervención necesaria por citación está prevista en el art. 51 del C.G.P. Dicho artículo dispone: “El demandado, en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo, podrá solicitar el emplazamiento de un tercero en garantía o de aquél respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El emplazado no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y tendrá los mismos derechos, deberes y cargas del demandado. En los casos en que la intervención del tercero suponga la inserción de una nueva pretensión, se requerirá el cumplimiento de los requisitos de los numerales 1) y 3) del artículo 120.1.” Conforme ha sostenido Véscovi y colaboradores, la intervención necesaria por citación constituye, conjuntamente con otras figuras, una forma de intervención forzosa, que determina la existencia de un proceso acumulativo, en el cual, a la pretensión inicialmente deducida por el actor, se adiciona la deducida por el demandado contra el citado o llamado al proceso. Se trata de un proceso acumulativo caracterizado por la unidad de competencia, tramitación y sentencia.” (Enrique Véscovi y colaboradores, Código General del Proceso, T. 2, pág. 167 y ss.). El citado artículo regula diferentes hipótesis: por un lado la citación del tercero en garantía y por otro, el supuesto de comunidad en la controversia y el caso en que la sentencia puede afectar al citado. Como ha sostenido el Dr. Torello “la citación en garantía es el instrumento procesal que facilita, económicamente, ventilar en un mismo proceso la pretensión originaria (y que es la propuesta por el actor frente al demandado) y otra que se le sobreagrega, planteada por el demandado contra un tercero (el citado en garantía), cuya causa radica en la promoción de la primera y que se funda en la existencia de una relación sustantiva entre el demandado y el citado, conforme con la cual, este último estaría obligado a garantir al primero, por las consecuencias perjudiciales que eventualmente le sobrevengan en razón del litigio inicial…”(Litisconsorcio e intervención de terceros” en Curso sobre el Código General del Proceso, t. 1, p. 83). La citación en garantía opera una extensión del contenido del proceso. “En efecto, al litigio inicial trabado entre actor y demandado, se suma otro, entre el demandado-citante y el tercero-citado; en tal caso la sentencia habrá de pronunciarse sobre ambas pretensiones, esto es, en primer lugar, si corresponde imponer al demandado la condena pretendida por el actor; luego, si además procede la condena al citado en favor del citante en base a la relación sustantiva invocada; en tal sentido deberá establecerse la existencia de la relación de garantía aducida y la extensión de la obligación de reintegro, que puede ser total o parcial, según las circunstancias.”(Véscovi y colaboradores-ob. cit., pág. 172). Al determinar la citación en garantía una extensión del contenido del proceso, implica la introducción de una nueva demanda del demandado original contra el tercero-citado y debe cumplirse entonces con todos los requisitos exigidos en el art. 117 del C.G.P. Existen dos pretensiones con presupuestos diferentes, que la sentencia debe contemplar. Se debe resolver en primer término si se hace lugar a la pretensión del actor. Si condena al demandado, se analizará si se da la el supuesto de garantía invocado por el demandado-citante y en dicho supuesto, determinará si corresponde el reintegro total o parcial de la condena impuesta al demandado. “Se requiere como dice Teitelbaum, específica relación sustantiva de garantía que posibilite una acción de reembolso, pues no basta una simple conexión de orden procesal (objeto, sujeto o causa)…” (Véscovi y colaboradore, ob. cit., pág. 174). “En cuanto a los casos de comunidad en la controversia y de extensión de los efectos de la sentencia -dice Torello- se diferencian de la citación en garantía en que en estas hipótesis se llama a los terceros para que contesten la demanda del actor, con lo que se produce en consecuencia una ampliación de la parte demandada…” “…la finalidad de la intervención no es de ejercer una acción de regreso, sino la de integrar el contradictorio para llamar a la causa a aquelllos que desde el principio pudieron haber sido litisconsortes o únicos demandados.” “…el contenido objetivo de la litis no se ve ampliado; sí el aspecto subjetivo del lado pasivo y subsiste la misma pretensión que planteara originalmente el actor; el llamamiento del tercero en estos casos tiene el efecto de extender al citado, la autoridad de cosa Juzgada.” (Véscovi y colaboradores, ob. cit., pág. 175). Para hacer lugar a estos institutos se invocan razones de economía procesal, la necesidad de que no se produzcan sentencias contradictorias. A juicio de la Sala, si bien es cierto que la petición de citación de terceros no fue del todo clara, el M.T.O.P. cumplió con la carga de alegación de los hechos y la parte actora la admitió. No se comparte lo que sostiene el a quo que como ya se contestó no se puede modificar la demanda ampliando el aspecto subjetivo ya que el instituto de la citación de terceros habilita dicha posibilidad (Cf. Véscovi y colaboradores, ob. cit., pág. 174 ). A criterio del Tribunal, interpretando los actos procesales de acuerdo al principio de tutela de los derechos sustanciales, corresponde concluir que el M.T.O.P. solicitó la citación de Pilemburg S.A. bajo el supuesto de tercero respecto al cual la controversia es común y como citado en garantía. Si bien pudo resultar confuso, en el petitorio 8 del escrito de contestación de fs. 837 y ss. en forma expresa se peticiona que en caso de eventual condena se haga lugar a la pretensión de regreso (fs. 857 vto.); considerándose que existe entre el M.T.O.P. y la referida empresa, una relación sustancial que posibilita el emplazamiento. En la contestación numerales 100, 103 y 105 se hace referencia a la citación en garantía. Con relación a los restantes terceros, se solicita su citación como terceros respecto a los cuales se considera que la controversia es común. La actora admitió en forma expresa la ampliación subjetiva de la litis (hay que interpretar el petitorio de fs. 878 del libelo del accionante en el contexto de lo que expresa en su escrito de contestación del emplazamiento de terceros), compartiéndose lo sostenido por ésta a fs. 929 en cuanto a que la ampliación subjetiva de la litis necesariamente implica que el reclamo de condena se proyecta sobre quienes pasen a integrar dicha calidad procesal. V) Atento a la solución a la que se arriba, no se impondrán especiales sanciones causídicas en la instancia. Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: Revócase la sentencia interlocutoria impugnada -Nº 2470/2025 del 29/7/2025-fs. 922 y ss.-) y en su mérito, se hace lugar al emplazamiento de terceros solicitado. Sin especiales sanciones procesales en el grado. Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase a la Sede a quo. Dra. Marta Gómez Haedo Alonso Ministra Dra. Mónica Bórtoli Porro Ministra Dra. Gloria Seguessa Mora Ministra Esc. Jacqueline Chico Salgado. Secretaria Letrada