Sentencia Interlocutoria N° 82/2026

Sentencia Nº 82 Montevideo, 18 de febrero de 2026. Ministro Redactor Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “AA- UN DELITO DE VIOLENCIA DOMESTICA AGRAVADA EN CONCURSO FORMAL CON UN DELITO DE LESIONES AGRAVADAS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL CON RÉGIMEN DE RESISTENCIA AL ARRESTO TEST. IUE.2-1145/2026”. IUE: 688-22/2026, venidos a conocimiento del Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2º Turno en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía Letrada Departamental de Rivera especializada en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de 1º Turno a cargo de la Dra. Soledad González y la adhesión de la Defensa del imputado AA a cargo de la Dra. M.ª Fernanda Díaz contra la sentencia interlocutoria N° 2/2026 dictada por el Sr. Juez Letrado Especializada de Violencia Doméstica y Sexual de 2º Turno, Dr. José Ignacio Silvestri. RESULTANDO: 1).- En audiencia celebrada el día 17 de Enero de 2026 la Fiscalía solicitó la formalización de la investigación por los siguientes hechos: Siendo el día 17 de enero de 2026 próximo a la hora 01:25 equipo de CONTROL P.A.D.O por orden de D.D.C.U se concurre a la calle, Dr. Guadalupe N.º. 0000 a verificar un problema familiar, constituidos en el lugar se entrevistan con la víctima BB, la que manifestó que su pareja se encontraba agresivo en la finca, el cual le habría solicitado dinero para consumir estupefacientes, ante la negativa el mismo la habría agredido físicamente, y posteriormente tomó un cuchillo y la amenazó con textuales palabras “TE MATO A VOS, Y LLAMO A LA POLICÍA Y LOS ESPERO SENTADO”, que el mismo tenía el cuchillo oculto en la cintura. A posterior, el imputado ingresa al dormitorio y empieza a proporcionar cortes en el colchón, toma 2 pares de tenis, 1 palanca de juego y al retirarse provoca daños en la ventana de la casa, regresando a los minutos, momentos en que la misma sale a la vía pública a solicitar auxilio, toma su celular para notificar al servicio 911 momento en que este le retira el celular a la fuerza y lo rompe sobre el piso, la cual alerta a los vecinos gritando a viva voz por pedido de auxilio. Momentos que los actuantes proceden a entrevistarse con la parte denunciada, el mismo empieza a los gritos, por lo que se intenta dialogar en reiteradas oportunidades, el imputado se altera y entra en desacato con los actuantes, una vez que se logra reducirlo a la fuerza, ya que se resiste al arresto, se le realiza un registro de práctica, y sé le extrae de su cintura un cuchillo tipo carnicero con mango de madera de aproximadamente 16 cm de hoja, posteriormente se lo traslada al móvil policial el mismo intenta darse a la fuga esposado por lo que es reducido nuevamente con el uso de la fuerza. Del certificado médico primario surge que la víctima tiene EQUIMOSIS DIADEMA EN REGIÓN MANDIBULAR DERECHA, EQUIMOSIS EN AMBOS BRAZOS A PREDOMINIO DE CARA INTERNA, EQUIMOSIS EN REGIÓN DE PANTORRILLA DERECHA. Las evidencias son las siguientes: Novedades del SGSP; Declaración de la víctima; Declaración de testigos; Antecedentes judiciales del imputado; Certificado Medico primario de la víctima; Relevamiento fotográfico de la víctima; Acta de incautación y lectura de derechos. Solicita la formalización bajo la imputación de un delito de violencia domestica agravada en concurso formal con un delito de lesiones agravadas en régimen de reiteración real con régimen de resistencia al arresto. 2).- TRASLADO A LA DEFENSA: La defensa no se opone a la formalización. 3).- AUTO DE FORMALIZACIÓN Nro 12/2026: “ Téngase por admitida la formalización del Sr. AA bajo la imputación de un delito de violencia domestica agravada en concurso formal con un delito de lesiones agravadas en régimen de reiteración real con régimen de resistencia al arresto de conformidad con lo establecido por los Art 1,3,18,54,56,173 bis,316 nal1 y 321 bis del CP. Comuníquese la presente para ante la Corte Electoral, ITF y autoridad policial debiendo estos dos últimos remitir planilla de antecedentes judiciales actualizada del encausado y prontuario policial, oficiándose en las formalidades de estilo”. 4).- LA FISCALÍA: solicita la medida cautelar de prisión preventiva. En primer lugar, en cuanto al elemento material: existió un hecho con apariencia delictiva donde el imputado es presuntamente su autor, se trató de una flagrancia de una violencia doméstica en concurrencia con unas lesiones y en concurrencia con una resistencia al arresto lo que obra de la carpeta investigativa. La policía llegó al lugar y la víctima estaba visiblemente agredida, se le hizo un registro fotográfico donde se constata que tiene moretones por todo el cuerpo, está el certificado médico que corrobora las lesiones y además se cuenta con la declaración de los policías que concurrieron a la finca. Surge la declaración de la víctima que cuenta con detalles de lo sucedido y fotografía del celular de la víctima visiblemente dañado. En cuanto al elemento procesal, el riesgo para la seguridad de la víctima, la víctima está inmersa en ese hecho de violencia doméstica y es una persona visiblemente agredida, el insiste que no fue pero no coincide con la agresión de la víctima y, además, la misma manifestó que el imputado tenía un cuchillo, estaba roto el colchón producto de los cortes y cuando se lo detiene se le incauta el cuchillo mencionado por la víctima. Es un hecho grave y corre riesgo su integridad física, ese riesgo está acreditado. Además se configura el riesgo de entorpecimiento de la investigación, debe declarar la víctima en modalidad de prueba anticipada por el tipo de violencia y la misma debe declarar sin que el imputado pueda hacer que altere su declaración o que no lo haga. La misma manifestó estar con mucho temor, además el imputado es consumidor y justamente le pedía dinero para consumir. Solicita la medida cautelar por el plazo de 90 días. 5).- TRASLADO A LA DEFENSA: La defensa se opone a la medida solicitada por el Ministerio Público en el entendido que es excesiva teniendo en cuenta que la prisión preventiva es de ultima ratio. Respecto a los riesgos procesales no son riesgos concretos, el imputado se desempeña en la construcción en el departamento de Colonia, se encuentra trabajando junto a su padre en un complejo de cabañas desde junio de 2025 habiendo arribado a la ciudad de Rivera para las fiestas. En este momento se encuentra residiendo en el domicilio de su madre el cual queda lejos del domicilio de la víctima. No cuenta con antecedentes penales y además la Fiscalía hace futurología por lo que se entiende que hacer lugar a la prisión preventiva es hacer lugar a un adelantamiento de la pena. Hay medidas menos gravosas que pueden asegurar el alejamiento de la víctima. Solicita se desestime el petitorio de la Fiscalía y en su mérito para el caso de entender que es necesario reforzar las medidas dispuestas pueda ser controlado mediante un dispositivo electrónico. 6).- SENTENCIA Nro 2/2026: Vistos y Considerando: “Se desestimará el pedido de imposición de medida cautelar de prisión preventiva habida cuenta que, pese a la debida diligencia reforzada que incumbe a la autoridad policial y el ministerio público siquiera se ha procurado a las diligencias mínimas en casos como los que se ventilan en autos. En efecto, a humilde criterio de éste Proveyente el ministerio público no dispuso que se constituyera personal policial de policía técnica para verificar lo que ahora menciona como es la ruptura de bienes muebles del domicilio de la damnificada, tampoco se verificó un relevamiento fotográfico del celular de propiedad de la víctima y mucho menos se procuró el examen médico forense de la víctima para determinar nada menos que la etiología y naturaleza de las lesiones inferidas. Que éste Juzgado exija tales diligencias no significa que se omita la protección de la víctima sino, antes bien, el examen riguroso del trabajo del fiscal y de la autoridad policial para habilitar poder punitivo en los límites que las garantías normativamente edictadas lo ordena; el Poder Judicial no habrá de rebajar el estándar de nada menos que semiplena prueba de la comisión de delitos para asumir una responsabilidad, como lo es investigar, que no lo compete; a un Poder Judicial en un Estado Democrático de Derecho le incumbe controlar el accionar de la fiscalía para que cuando aluda a hechos los demuestre puntualmente no aguardando una displicencia probatoria absolutamente inadmisible.- Y en autos, los hechos fundantes de la formalización como ser la rotura de celular, rotura de bienes muebles y naturaleza y origen de las lesiones padecidas siquiera viene respaldado con diligencias medianamente exigibles, máximo cuando se reclama nada menos que la privación de libertad de un ciudadano inscripto en el estado de inocencia. Tampoco se advierte que incidencia puede tener que la víctima este inmersa en un ciclo de violencia de genero el que siquiera se ha acreditado sumariamente y solo mencionado; más cuando la propia víctima fue quien ha denunciado al agresor, por lo que si subsistiera un desacato el ministerio público habrá de indagarlo y perseguirlo, mas no puede esperar que esta Sede supla la inercia evidencial y la instrucción que no se verificó, más cuando eran diligencias exigibles y que debían ordenarse liminarmente cuando se tomó conocimiento de los hechos. El riesgo para la víctima viene subsanado con las medidas de protección dictadas por ésta Sede Especializada las que fueron oportunamente notificadas al encartado y se respetó la autonomía de la voluntad de la víctima no ingresar al SME; más la fiscalía no ha justificado siquiera sumariamente como es que la prisión preventiva puede neutralizar dicho riesgo cuando el propio legislador de la Ley n.º 19580 previó medidas de protección que corren de principio; que riesgo puede precaver la prisión preventiva que no lo pueda precaver las medidas ya dictadas por esta Sede Especializada permanece en la completa oscuridad y ello debió justificarse por el fiscal. Por ende, a juicio de ésta Sede corresponde disponer la prisión domiciliaria del encausado en el domicilio denunciado en obrados por el término solicitado por el ministerio público de forma de asegurar la comparecencia del encartado a las actuaciones así como también los eventuales acercamientos hacia la víctima, puesto que con el control de monitoreo electrónico a tales efectos que se dispondrá se procurará la neutralización de un riesgo de fuga, concretado en que tiene su trabajo en otro departamento y en el consumo de drogas que puede llevarle a sustraerse al accionar de la justicia, como del riesgo para la seguridad de la víctima en forma elíptica y todo ello sin perjuicio de que ante la desobediencia al mandato judicial se agravará la cautela resuelta: Por los fundamentos expuestos; RESUELVO: 1. DESESTÍMASE EL PETITORIO DE PRISIÓN PREVENTIVA SOLICITADA POR LA FISCALÍA Y, EN SU MÉRITO, DECRÉTASE LA PRISIÓN DOMICILIARIA DEL ENCARTADO DE AUTOS Y CON CONTROL DE DISPOSITIVO DE MONITOREO ELECTRÓNICO Y PROHÍBASELE LA COMUNICACIÓN Y EL ACERCAMIENTO EN UN RADIO DE EXCLUSIÓN DE 500 METROS RESPECTO DE LA SRA. BB TODO ELLO POR EL TÉRMINO DE 90 DÍAS CORRIDOS CON VENCIMIENTO AUTOMÁTICO CON FECHA 17 ABRIL 2026 A LA HORA 19.50. 2. COMUNÍQUESE LA PRESENTE PARA ANTE LA AUTORIDAD POLICIAL, OFICIÁNDOSE”. 7).- La Fiscalía interpone recurso de apelación en atención a que no se comparte lo manifestado por la sede. Se acreditó la ocurrencia de un hecho con apariencia delictiva y que el imputado es presuntamente su autor. En efecto, de la carpeta investigativa dan cuenta de que el imputado se encontraba en la finca, se trató de una flagrancia delictual a la cual no se opusieron, se lo formalizo y quedo firme. Surgen las lesiones ocasionadas por la víctima que fueron constatadas por el personal médico, las lesiones son visibles por todo el cuerpo, el certificado forense fue solicitado pero por una cuestión de tiempo no se hizo pero tampoco se requiere para esta instancia. La defensa no cuestiono los hechos, no se opuso, en atención de que obra la declaración de la víctima y además coincide con el certificado primario, con las fotografías del cuerpo de la víctima, coincide también con el teléfono celular visiblemente dañado por el imputado cuando intento pedir auxilio del 911, el imputado rompió el teléfono al piso. Además coincide con el acta de incautación del cuchillo y los daños ocasionados en el colchón. Hay dos funcionarios policiales que corroboran lo sucedido, el imputado intento en dos oportunidades resistirse al arresto. Los riesgos procesales están más que justificados, riesgo de entorpecimiento de la investigación y riesgo para la víctima. Las personas que sufren violencia domestica es muy fácil para el agresor lograr que la misma no declare o lo haga de manera desleal. Además la víctima manifestó tener temor. 8).- TRASLADO A LA DEFENSA: No surge de la carpeta investigativa que la víctima tenga lesiones graves, la víctima tiene hematomas y no esta visiblemente golpeada. Además la Fiscalía habla de que el imputado padece de un consumo problemático de estupefacientes, no surge que así sea solo fue manifestado por la víctima. Por otra parte, no se acreditaron la existencia de los riesgos procesales, existen medidas que fueron dispuestas en urgencia. Tampoco surge probado que la víctima este inmersa en el ciclo de la violencia en tanto no existen antecedentes de denuncias previas, tampoco se solicitó al uso del dispositivo electrónico ni la custodia policial. Los supuestos en los que se basa la Fiscalía no están acreditados. La defensa se adhirió a la apelación entendiendo que la prisión domiciliaria es además excesiva en el entendido de que le coarta a su defendido poder trabajar. Estamos en el comienzo de una investigación donde se deben diligenciar algunos medios probatorios, se podría mitigar la condena dispuesta por el decisor con un dispositivo de geolocalización a efectos de que pueda desempeñar su trabajo. En el entendido de que se comparte en parte la sentencia y además los agravios que esgrime el Ministerio Público no se encuentran configurado en la carpeta investigativa, esta defensa va a solicitar que se disponga una medida menos gravosa la cual no menoscabe su derecho al trabajo. 9).- DECRETO Nro. 13/2026: “ Téngase presente el recurso de apelación interpuesto y por evacuado el traslado conferido. Franquease la alzada sin efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones de Feria debiendo remitirse la pieza incidental recursiva respectiva con plazo de 48 horas de conformidad con lo establecido por los Art. 362.2 y 365 inciso 3 del CPP”. CONSIDERANDO: I).- El Tribunal, por la integridad natural de sus integrantes, procederá a revocar la sentencia interlocutoria apelada por los siguientes fundamentos. II).- La Fiscalía, interpuso la presente vía recursiva contra la resolución Nro. 2/2026, en tiempo y forma y expresó los agravios ya expuestos en el resultando 7) de la presente sentencia, a la cual “brevitatis causae”, la Sala se remite. La Sra. Jueza por Interlocutoria N°13/2026 elevó la recurrida dentro del plazo de 48 horas. Asimismo, la defensa del imputado se adhirió al recurso de apelación interpuesto, sosteniendo en lo medular, que la medida cautelar de prisión domiciliaria resulta excesiva y vulnera el derecho de su defendido a trabajar. Se advierte que la adhesión a la apelación no fue sustanciada con el correspondiente traslado a la Fiscalía, es más, ni siquiera fue admitida la adhesión en el decreto Nro. 13/2026 que franqueó la apelación. En tanto la Defensa no reclamó oportunamente por la omisión padecida y consintió el decreto referido sin impugnación, corresponde tenerla por desistida de su adhesión. III).- EL DEBATE EN AUTOS: El “themma decidendum” en la presente circunstancia consiste en determinar si corresponde revocar la resolución dictada por la Sra. Jueza Letrado de Primera Instancia, esto es la sentencia interlocutoria, Nro.2/2026, de fecha diecisiete de enero de 2026 , que dispuso la medida cautelar de prisión domiciliaria total con control de dispositivo de monitoreo electrónico por el plazo de 90 días para el imputado, conforme a las argumentaciones esgrimidas por la Fiscalía, o si por el contrario corresponde proceder a confirmar lo oportunamente dispuesto por la Sra. Jueza de Primera Instancia, conforme a los fundamentos expuestos en la misma. IV).- El art. 224 del CPP exige para la imposición de la prisión preventiva, la existencia de semiplena prueba de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado así como elementos de convicción suficientes de la existencia de riesgos procesales, esto es, riesgo de fuga, de entorpecimiento de la investigación o peligro para la víctima. Es decir que en cada caso el juez deberá valorar dos elementos: elemento material (evidencias de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado en el mismo) y elemento procesal (evidencias de la existencia de los riesgos procesales señalados). En el caso en cuestión, en cuanto al elemento material, quedo debidamente acreditada mediante el relato de los hechos y las evidencias manejada por Fiscalía de la que resulta la semiplena exigida por el artículo 224. 1 del CPP, a saber: siendo el día 17 de enero de 2026 equipo de control P.A.D.O concurre al domicilio de la víctima a constatar un problema familiar. La víctima, BB manifestó que su pareja se encontraba agresivo en la finca, el cual le habría solicitado dinero para consumir estupefacientes, ante la negativa el mismo la habría agredido físicamente, y posteriormente tomó un cuchillo y la amenazó con textuales palabras “TE MATO A VOS, Y LLAMO A LA POLICÍA Y LOS ESPERO SENTADO”. Posteriormente, el imputado ingresa al dormitorio y empezó a proporcionar cortes en el colchón, toma 2 pares de tenis, 1 palanca de juego y al retirarse provoca daños en la ventana de la casa, retirándose del lugar, regresando a los minutos, momentos que la misma sale a la vía pública a solicitar auxilio, toma su celular y este le se lo retira a la fuerza y lo rompe sobre el piso, la cual alerta a los vecinos gritando a viva voz por pedido de auxilio. Cuando llegan los funcionarios policiales, el imputado empieza a los gritos, por lo que se intenta dialogar en reiteradas oportunidades, momento en que el mismo se altera y entra en desacato con los actuantes, una vez que se logra reducirlo a la fuerza, ya que se resiste al arresto, se le realiza un registro de práctica, y sé le extrae de su cintura un cuchillo tipo carnicero con mango de madera de aproximadamente 16 cm de hoja, posteriormente se lo traslada al móvil policial el mismo intenta darse a la fuga esposado. Entiende la Sala que -contrariamente a lo afirmado por el juez de primera instancia- las evidencias reunidas por la Fiscalía son suficientes en esta etapa procesal para justificar el elemento material exigido por el art. 224 del CPP. En efecto, se cuenta con el testimonio de la víctima y los testimonios de los funcionarios policiales que dan cuenta de la rotura del celular, la incautación del cuchillo empleado por el imputado en el hecho, el certificado médico que justifica las lesiones sufridas por la víctima. Debe recordarse al respecto que para la imposición de la prisión preventiva se exige la existencia de la plena prueba de los hechos, sino que el estándar requerido de semiplena prueba es menor y se ha justificado en el caso. Nótese además que la Defensa no cuestionó la justificación de la materialidad del hecho al oponerse a la prisión preventiva, sino que únicamente se opuso invocando la ausencia de riesgos procesales. V).- En relación al elemento procesal, el estado de inocencia que detenta el imputado implica que tiene el derecho de transitar el juicio en libertad. Pero esa libertad puede restringirse por razones estrictamente cautelares, a saber: riesgo de entorpecimiento de la investigación, peligro de fuga y peligro para la seguridad de la víctima y/o la sociedad (arts. 217, 218 y 221 del C.P.P). En el caso de autos, la Fiscalía fundó acertadamente la necesidad de la prisión preventiva en el riesgo para la seguridad de la víctima y el riesgo de entorpecimiento de la investigación. En relación al entorpecimiento de la investigación (art. 225 del CPP) corresponde señalar que, la víctima deberá declarar en modalidad de prueba anticipada, debiendo garantizarse que la misma se produzca sin alteración. La misma manifestó sentir temor y surge de las actuaciones que, el día de los hechos, la discusión se originó porque la víctima se negó a proporcionarle dinero para el consumo de sustancias estupefacientes. Surge además que el imputado intentó darse la fuga mientras era trasladado el cual se encontraba esposado, circunstancia que refuerza el riesgo procesal invocado. Ha dicho el Tribunal de Apelaciones de 4to. Turno sobre las medidas cautelares, en sentencia 167/2023, que la Sala comparte:“(...) no es necesario que el imputado haya realizado actos de amedrentamiento, destrucción u ocultación de pruebas o cualquier accionar perjudicial. Lo que la norma exige (art. 224.2 NCPP) es que los riesgos “se presuman”. Señala el TAP que: “... se trata entonces de una posible opción, de una eventualidad, siendo la medida cautelar de prisión preventiva un anticipo a la misma, una forma de precaver. No es una reacción ante un suceso acaecido, sino una acción ante la posibilidad de su acaecimiento. No es una respuesta sino una previsión.”. El peligro para la seguridad de la víctima se vincula directamente con el riesgo de entorpecimiento de la investigación en tanto está pendiente la declaración anticipada de la víctima en sede judicial. De las actuaciones se desprende que, el día de los hechos, la víctima fue agredida físicamente por el imputado, quien además la amenazó de muerte, portando un cuchillo de aproximadamente 16 cm de hoja, el cual fue posteriormente incautado y con el que se constataron daños en el colchón de la víctima. La gravedad objetiva de lo relatado permite tener por acreditado, un riesgo concreto y actual para la integridad física y psíquica de la víctima. En ese sentido el art. 7 de la Convención de Belém do Pará impone a los Estados la obligación de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer” y “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos’” (destacado de la Sala). Tales obligaciones alcanzan a los órganos jurisdiccionales en tanto integrantes del Estado uruguayo. VI).- Por las razones antedichas, se entiende que en esta oportunidad la prisión preventiva es la medida cautelar idónea para preservar el desarrollo de la investigación aún pendiente. Se cumplen los principios de proporcionalidad y racionalidad teniendo presente los actos que se imputan a AA. VII).- El plazo de la medida cautelar no fue motivo de agravio, por lo cual queda fuera del objeto de esta apelación. VIII).- Por los fundamentos expuestos, las normas citadas y lo previsto en el art. 365 del C.P.P., el Tribunal RESUELVE: REVOCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 2/2026 EN CUANTO DISPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO CON DISPOSITIVO ELECTRÓNICO Y EN SU LUGAR SE DISPONE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL IMPUTADO AA MANTENIÉNDOSE EL PLAZO FIJADO. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE A LA SEDE DE PROCEDENCIA QUE DEBERÁ PROCEDER AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO. Dr. Daniel Tapie Santarelli Ministro Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo Ministro Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras Ministra Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada