Sentencia Definitiva N° 28/2026

Sentencia Nro. 28/2026 - IUE: 2-79940/2025 Montevideo, 18 de febrero de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO Ministro redactor: Dr. Álvaro França Ministros firmantes: Dra. Mónica Besio Dr. Guzmán López AUTOS: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA y otro” – AMPARO – IUE: 2-79940/2025.- VISTOS Y RESULTANDO: I.- Se apela en autos la sentencia No. 95 de fecha 8 de setiembre de 2025 dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16o Turno a cargo del Dr. Hugo Rundie, por la cual se amparó la falta de legitimación pasiva del Fondo Nacional de Recursos (FNR) y se condenó al Ministerio de Salud Pública (MSP) a suministrar a la parte actora el medicamento SOTORASIB de acuerdo a las indicaciones del equipo médico tratante y durante todo el tiempo que este lo indique en el plazo de 24 horas, menos el monto de copago del que se hará cargo el actor de la suma de $10.000 mensuales sin especial condenación en la instancia (fs. 84). II.- El representante del MSP interpuso el correspondiente recurso de apelación por entender que no actuó con ilegitimidad manifiesta, el amparo constituye una solución excepcional, su parte cumplió con su cometido y discrepa con la interpretación del artículo 44 de la Constitución. El medicamento pedido no está en el FTM para la patología que tiene la actora y su parte no cuenta con atribuciones para suministrar directamente medicamentos. Relevó la incidencia de las sentencias de condena en el presupuesto de la cartera y en definitiva solicitó se revocara la recurrida a su respecto (fs. 95). III.- La recurrencia fue sustanciada en debida forma y la actora interpuso la excepción de inconstitucionalidad respecto del artículo 7 inciso 2 de la ley 18.355, artículo 45 de la ley 18.211 la que fue amparada parcialmente por mayoría legal de la Suprema Corte de Justicia (fs. 129/130). IV.- Con fecha 13 de febrero del corriente se concedió la alzada en la forma de estilo. V.- Los autos fueron recibidos en el Tribunal y realizado el estudio en la forma de estilo se celebró el acuerdo correspondiente procediéndose al dictado de la presente designándose redactor. CONSIDERANDO: I.- Que se confirmará la recurrida por compartir en términos generales sus fundamentos (salvo en cuanto impuso un copago que no puede revisarse en ausencia de agravio) a los cuales cabe remitirse a fin de evitar inútiles repeticiones y por lo que se dirá. II.- Sobre los derechos tutelados en casos como el presente y la existencia de derecho subjetivo de quien acciona, debe señalarse que conforme lo ha señalado la jurisprudencia se debe partir del reconocimiento de la existencia del derecho fundamental a la protección de la salud de las personas; que éste debe ser puesto en práctica por el Estado a través de todos los medios disponibles y en beneficio de todas las personas; que se debe garantir el igual acceso de cada persona a los cuidados necesarios de acuerdo con su estado de salud, a la continuación de los cuidados y a la mayor seguridad sanitaria posible. Tales derechos conforman la legalidad en sentido amplio del Estado constitucional de derecho como normas sustanciales y al igual que el principio de igualdad y otros derechos fundamentales, de modo diverso limitan y vinculan al poder administrador, excluyendo o imponiéndole determinados contenidos en su accionar reglamentario (LJU c. 138060). Y cabe recordar con LARENZ (Der. Civil, Parte General, p. 254 y ss, Jaen, 1978) que a los derechos subjetivos les corresponden necesariamente deberes, limitaciones o vinculaciones jurídicas de otras personas o de todas las demás; el derecho subjetivo es equiparado con la posibilidad de su imposición mediante la acción, concluyendo que si la persona tiene un derecho subjetivo a ese bien, ello significa que éste le corresponde conforme a derecho. La ilegítima insatisfacción de un derecho subjetivo no es lesión de interés legítimo, sino violación de un derecho subjetivo para cuya protección procede acudir al Poder Judicial mediante acciones declarativas o de condena (Cf. CASSINELLI, El interés legítimo como situación jurídica garantida en la Constitución Uruguaya, Estudios en Homenaje al Prof. Sayagués Laso, p. 283 y ss.). III.- Observa el Tribunal que en las contestaciones de la demanda no se advierte controversia específica en cuanto a la corrección de la prescripción médica que realizara la médica tratante de la parte actora, que a la fecha tiene 63 años y que se atiende en EL CíRCULO CATÓLICO. Debe señalarse que se encuentra fuera de la discusión que el actor padece ADENOCARCINOMA DE PULMÓN desde el año 2022. Fue operado en el año 2023, sufrió recaída en el año 2024, recibió PEMBROLIZUMAB y nueva recaída, en el mes de marzo de 2025 se cambió el aborde terapéutico sin éxito y en función de ello llevó a que se le indicara para tratar su patología el medicamento SOTORASIB. En puridad, no se controvirtió la prescripción ordenada por la facultativo que lo trata, sin perjuicio de lo dicho, la prueba que avala la necesidad de lo reclamado, resulta de la prueba documental agregada debidamente, relacionada en el primer grado, pericia (no impugnada) realizada a cargo del Profesor Saldombide Maua (fs.48), que da cuenta de la enfermedad padecida que concuerda con la indicación, declaraciones del médico tratante Dra. María Guerrina (fs. 69 en AUDIRE). De la apreciación de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica (artículo 140 y concordantes CGP) se puede concluir más allá de toda duda razonable de la necesidad del abordaje terapéutico pedido así como que no está incluido en el FTM para la patología de la parte actora. El medicamento pedido se encuentra registrado y no se encuentra incluido en el FTM para la patología de la actora. Tiene un costo de U$S 12.000 por presentación y el actor carece de medios para solventarlo, sin perjuicio de lo cual por los ingresos del grupo familiar y dinero en cuentas la Sede impuso un copago de $ 10.000 mensuales sin que ello fuera objeto de agravio. IV.- Establecido lo anterior, corresponde abordar los agravios del MSP. En cuanto a la procedencia o mérito, se comparte la jurisprudencia (que es la propia), que entiende que cuando el medicamento solicitado está autorizado por el MSP y no incluido en el FTM corresponde amparar la pretensión de suministro del medicamento cuando ello es pedido por el médico tratante y no resulte probado lo contrario. Entiende el Tribunal, como se ha referido tantas veces, que al estar acreditada la necesidad de la indicación realizada, el MSP no puede negarle el fármaco requerido por el accionante porque de ese modo incurre en ilegitimidad manifiesta vulnerando de este modo los derechos constitucionales a la vida y a la salud, los cuales son protegidos por la Carta Magna en sus artículos 7,44 y 72 que consagra los derechos inherentes a la personalidad humana. Finalmente, no resulta menor señalar que la SCJ en el caso de autos declaró inconstitucional e inaplicable al actor lo establecido en el artículo 7 inciso 2o de la ley 18.335 que por tanto no puede invocarse para negar la prestación. El Tribunal no cuenta con jurisprudencia relacionada con el medicamento que nos ocupa, sin embargo como parte la del TAC 2 (sentencia 113/2025 en BJN) y del TAC 1 (sentencia 22/2022 también en BJN), en la cual se ha condenado al MINISTERIO DE SALUD PUBLICA a suministrarlo, en las cuales se han rebatido agravios similares a los de autos en términos a los cuales cabe remitirse y tener por reproducidos formando parte de la presente. En el marco conceptual citado en forma previa se comparte con el primer grado la interpretación del artículo 44 de la Constitución, es claro que no se lo condena por ser dispensador de medicamentos, sino por ser quién es responsable del cumplimiento de la norma citada. Finalmente, no cabe invocar, sin prueba alguna que lo respalde, la incidencia de las sentencias de condena en materia de amparos para negar la tutela del derecho subjetivo de la parte actora. V.- Costas y costos de la presente instancia por su orden (arts. 56 y 261 [red. L. 16699] CGP y 688 C. Civil). Por los expresados fundamentos y normas citadas, el Tribunal, FALLA: Confirmase la recurrida sin especial condena en la instancia. Notifíquese personalmente y oportunamente, devuélvase con copia en la forma de estilo para el Señor Juez Letrado A Quo (Honorarios Fictos 3 B.P.C.). Dra. Mónica Besio - Ministra Dr. Guzmán López - Ministro Dr. Álvaro França - Ministro Esc. Adriana León - Secretaria