Sentencia Definitiva N° 34/2026

::: DECRETO: 34/2026. Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ MSP y otro – AMPARO- ” , IUE: 2-1459/2026, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 7/2026 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 5º Turno, Dr. Juan Benítez Caorsi. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento dictado el 3 de febrero de 2026, se resolvió desestimar la pretensión en todos sus términos, sin especiales condenas procesales. II. Contra dicha decisión se alzó el accionante, Sr. AA, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 108 a 110, agraviándose, en lo medular, por considerar que, contrariamente a lo sostenido, en el caso se acreditó la existencia de ilegitimidad manifiesta; conforme surge de la documentación agregada, la indicación del medicamento se realizó el 21 de diciembre de 2025, siendo evidentemente falsa la declaración del testigo médico cuando afirmó que no ve al paciente desde julio de 2025, lo que no fue debidamente valorado; enfatiza en la molestia del testigo por tener que concurrir a declarar a una Sede judicial; solo se puede accionar cuando se cuenta con un informe escrito del médico tratante; la urgencia no es un requisito legalmente exigido para el éxito de la acción de amparo; no obstante ello, los derechos a la vida digna y a la salud, contienen en forma implícita la nota de urgencia, revistiendo actualidad la lesión de tales derechos; resulta evidente que el transcurso del tiempo implica sufrimiento, dada la enfermedad que padece; la acción promovida es el único medio idóneo para salvaguardar sus derechos vulnerados. Pide que se revoque la impugnada y se ampare la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la recurrencia referida, fue evacuada en tiempo y forma por el Ministerio de Salud Pública en escrito de fojas 115 a 122 y el Fondo Nacional de Recursos en escrito obrante de fojas 124 a 127, abogando ambos por la confirmatoria. IV. Franqueada la alzada, se elevaron los autos, que fueron recibidos en la Sala el 19 de febrero de 2026, pasando los mismos a estudio simultáneo, acordándose el dictado de la presente sentencia y designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad de sus miembros naturales, confirmará la impugnada, sin especial condenación en costas y costos, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. Como reiteradamente lo ha sostenido la Sala, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones y pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. III. Según se expresa en la demanda, el Sr. AA, de 64 años de edad, es portador de dislipemia (enfermedad coronaria) y recibió tratamiento de primera línea con estatinas, presentando efectos adversos clínicamente relevantes, lo que ha impedido la tolerancia y continuidad terapéutica, por lo que en este contexto se indicó tratamiento con Inclisiran (Sybrava). Presentó sin éxito ante los demandados la correspondiente petición administrativa. El medicamento requerido se encuentra registrado ante el Ministerio de Salud Pública, pero no ha sido incluido en el FTM, fundándose en esta última circunstancia la defensa de los demandados. IV. La sentencia definitiva impugnada desestimó la demanda, por considerar que el accionante no cumplió con la carga de acreditar los extremos que fundaron su pretensión, en especial, la conducta manifiestamente ilegítima que imputa a los demandados, dada “la inexistencia de urgencia y desconocimiento acerca de la situación médica actual del accionante”. Argumenta el a quo que: “la declaración realizada por el Dr. BB no ha acreditado razonablemente las bondades del medicamento para la situación actual de AA. Concretamente afirmó el médico actuante Dr. BB que en mayo de 2025 recibió el medicamento (Pista 2 minuto 2:25 audiencia del 2 de febrero de 2026). Afirmando que se lo había indicado el cardiólogo tratante anteriormente (Pista 2 minuto 2:30 audiencia del 2 de febrero de 2026), para continuar declarando que “Puede ser” (Pista 2 minuto 3:15 audiencia del 2 de febrero de 2026) el último control fue en julio de 2025). Además de que “No tengo presente el valor actual de él” (Pista 2 minuto 3:35 audiencia del 2 de febrero de 2026), aclarando que “En ese momento cuando él me solicitó que fue ya hace varios meses, en ese momento sí el tratamiento era el indicado, hoy si tiene razón pasaron 6 meses existe la posibilidad de que revalúe (Pista 2 minuto 4:30 audiencia del 2 de febrero de 2026). 13- A raíz de ello y pese a la indicación del 20 de diciembre de 2025 (fojas 3) que es bastante llamativa cuando el último control habría sido en julio del año pasado y al día de hoy habría que reevaluar la indicación, no parece estar presente la urgencia del tratamiento y mucho menos la presentación del proceso durante la feria judicial mayo.” Y continúa expresando el sentenciante: “el último control es de hace más de 6 meses, el médico tratante anterior ya realizó la indicación formal de INCLISIRAN que estuvo recibiendo, se desconoce su evolución ante ese escenario, así como el hecho que actualmente habría que revaluarse la situación clínica, todo lo que conduce a la inexistencia de urgencia en la materia.”, concluyendo: “De acuerdo a lo referenciado, ha de tenerse en cuenta que en relación a la indicación formal y urgencia del tratamiento no se ha alcanzado el estándar probatorio mínimo necesario (vid ampliamente RODRÍGUEZ FACAL Boris Los estándares de prueba y la decisión sobre quaestio facti, Fcu, Montevideo, 2023) para tener por cierto el supuesto alegado en la causa agendi.” V. La Sala confirmará la recurrida, no siendo de recibo los agravios articulados como sustento de la apelación para resolver en sentido diverso, compartiéndose la conclusión arribada en el grado anterior en cuanto a que no se demostró la existencia de la conducta manifiestamente ilegítima que se atribuye a los demandados, ni la actualidad e inminencia legalmente requeridas para que pueda prosperar la acción de amparo. En este sentido, se releva que la indicación en base a la cual se promovió la demanda no reviste actualidad, atento a lo manifestado por el médico deponente en autos, quien concretamente señaló que el último control “puede ser” que haya sido en julio de 2025 y que“en ese momento cuando él me solicitó que fue ya hace varios meses, en ese momento sí el tratamiento era el indicado, hoy si tiene razón pasaron 6 meses existe la posibilidad de que revalúe” (registro de audire de fecha 2 de febrero de 2026). El apelante señala que la indicación del medicamento se realizó el 21 de diciembre de 2025 y que es falsa la declaración del testigo cuando afirma que no ve al paciente desde julio de 2025, enfatizando en la molestia del médico por tener que concurrir a declarar a una Sede judicial. Sin embargo, no aportó prueba que sustente su extemporánea afirmación, la que devino en mera alegación carente de respaldo y fue formulada cuando ya se encontraba precluida la oportunidad procesal para invocar y demostrar cualquier circunstancia de sospecha que pudiera afectar la credibilidad o imparcialidad del testigo, lo que debió hacer en la etapa de producción de prueba (artículo 158 del Código General del Proceso, aplicable por remisión del artículo 13 de la Ley No. 16.011). Surge de autos que el motivo por el que se prorrogó la audiencia celebrada el 26 de enero del año en curso, no fue la alegada resistencia del testigo para concurrir a la instancia procesal, sino que, conforme lo manifestó el letrado patrocinante del actor, la razón de la incomparecencia fue que el médico “recién está disponible la semana que viene”, por lo que se dispuso nueva convocatoria para el día 2 de febrero siguiente (registro de audire de fecha 26 de enero de 2026), oportunidad en la que se recibió la declaración pendiente, sin que la parte actora realizara cuestionamiento alguno con relación al testimonio vertido por el Dr. BB. Por otra parte, tampoco probó el accionante que concurrió a consultas con el médico con posterioridad a la fecha señalada por el testigo, en julio de 2025, surgiendo de la documentación que aportó con la demanda que el informe del 20 de diciembre de 2025 no le fue entregado personalmente sino que fue remitido vía mail, lo que resulta concordante con lo expresado por el Dr. BB relativo a que no ve al paciente desde hace varios meses. Adicionalmente, el galeno declaró que el Sr. AA ya recibió el fármaco Inclisiran en el mes de mayo de 2025, cuando fue indicado por el cardiólogo tratante anterior, desconociendo por cuanto tiempo lo tomó (registro de audire del 2 de febrero de 2026), no habiéndose acreditado qué efectos sobre el estado de salud tuvo la ingesta referida ni tampoco cuál fue la razón por la que el tratamiento se habría interrumpido. De modo que, como se relevara en el grado anterior, la indicación no reviste actualidad, resultando indicativo el tiempo transcurrido desde la prescripción originaria, que data del mes de mayo de 2025, que el tratamiento con el fármaco Inclisirian no reviste la urgencia requerida para la procedencia de la acción de amparo y que en consecuencia existen otras vías idóneas para sustanciar la pretensión deducida. La urgencia propia del instituto del amparo exige la inminencia del daño que en el caso estaría dada por la urgencia en recibir el medicamento a partir de su indicación y no a partir del momento en que la parte decide acudir a solicitarlo ante los demandados y a la vía judicial, puesto que ello implicaría dejar librado al criterio del reclamante un elemento intrínseco de accionamientos de este tipo, como ocurre en el presente. En el caso concreto la demora determina la preclusión de la posibilidad de accionar por la vía del amparo. Se reitera que la urgencia propia del instituto del amparo exige la inminencia del daño que en el caso estaría dada por la urgencia en iniciar el tratamiento indicado por el médico, seguida de una actitud del paciente acorde con esa situación, realizando activamente las gestiones tendientes a obtenerlo. Este Tribunal no comparte la afirmación del apelante sobre que la urgencia no es un requisito para la procedencia de la acción de amparo. Muy por el contrario a dicha tesitura, nuestra doctrina procesalista concluye, categóricamente, lo contrario. Así, como enseña Viera, en el amparo, hay siempre una razón de tiempo, de inmediatez, que requiere un actuar sin tardanza, un proceder con urgencia, por lo cual el amparo corresponde cuando la tramitación de los instrumentos normales de protección supondrá, por el mero transcurso del tiempo, un daño grave para el derecho o la libertad constitucional en juego (Viera, Luis Alberto, Ley de amparo, Ediciones Idea, Montevideo, año 1993, página 21). Más contemporáneamente, el Dr. Simón sostuvo: “El objeto del amparo se caracteriza por la urgencia. En función de esa particularidad es que se diseña un procedimiento harto célere y sumario. La nota deviene altamente relevante, lo cual se evidencia por la alusión legal a la actualidad o la inminencia de la afectación de los derechos protegidos, contempladas por el texto del acápite del artículo 1° de la Ley N° 16.011…”, (en “El amparo desde óptica procesal”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Procesos Constitucionales, 1a. edición, F.C.U., Montevideo, junio de 2018, página 221, con destacado original). En el mismo sentido, Baluga pone de relieve, citando jurisprudencia nacional, que “(...) no toda violación a un derecho de raigamble constitucional de por sí implica que es pertinente la vía del amparo, sino que debe tratarse siempre de una cuestión urgentísima, cuya resolución no admita dilaciones” (Baluga, Cecilia, “Los presupuestos de la acción de amparo”, en Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Procesos Constitucionales, 1a. edición, F.C.U., Montevideo, junio de 2018, página 168, con destacado original). El amparo, se ha dicho, presupone el desamparo. De ahí que, inveteradamente, se ha requerido un manejo equilibrado y ponderado del instituto, debiendo los jueces extremar la prudencia a fin de no decidir por el sumario procedimiento del amparo cuestiones susceptibles de mayor debate y que corresponda resolver por las vías ordinarias. De esta forma, se jerarquiza y se ubica al amparo como el último instituto al que deberá recurrir la persona en defensa de sus derechos, ya que su aplicación indiscriminada, con las especiales notas que lo caracterizan, desvirtuaría el alcance que el legislador quiso darle (cf. sentencias Nos. 122/2021 y 217/2021 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er. Turno, en Base de Jurisprudencia Nacional). Como ha sostenido este Tribunal con anterioridad: “(...) en tanto la urgencia propia del instituto del amparo exige la inminencia del daño; y el tiempo transcurrido entre la indicación del tratamiento y el inicio del presente proceso, resulta indicativo de que el procedimiento solicitado para el tratamiento de la patología de la accionante, no reviste la urgencia requerida para la procedencia de la acción de amparo, existiendo otras vías idóneas para sustanciar la pretensión deducida. La acción de amparo constituye un mecanismo legal excepcional, para hacer valer derechos constitucionalmente protegidos que se ven amenazados en forma actual o inminente por un accionar manifiestamente ilegítimo de cualquier persona, sea pública o privada. (...) A ello se adiciona, como señala Sayagués, que el instituto del amparo sólo actúa ante la falta de otros mecanismos procesales que resuelvan eficazmente la situación. Si el afectado deja transcurrir un tiempo prolongado, cabe conjeturar que podrá acudir a los demás trámites y que no necesita utilizar esta vía excepcional y urgentísima, como es el amparo. (...) Lo expuesto no significa que la indicación médica no sea la correspondiente a esta paciente o que no deba recibirla, sino que la demanda no puede prosperar porque no se ha acreditado la inminencia requerida por la norma para que proceda una condena en el exiguo plazo que establece la ley de 24 horas, no siendo la vía del amparo la única prevista para la protección de los derechos fundamentales...” (sentencia No. 190/2024 en la Base de Jurisprudencia Nacional). Resulta inconcuso que la tramitación de la acción de amparo es ágil, sumaria y está determinada por la necesidad de prontitud en la actuación judicial, pero no puede soslayarse que, para que sea atendible la pretensión, el accionante debe haber demostrado que también actuó sin demora para proteger el derecho que invoca como vulnerado, transgredido o amenazado. En otros términos, si el propio promotor no acciona con prontitud reclamando la tutela de ese derecho y deja pasar un tiempo que no puede considerarse razonable si es que estima que su situación necesita una tutela inmediata, la urgencia para tramitar su pretensión por la vía excepcional del amparo se torna al menos dudosa. Si no se requiriera urgencia en la protección del derecho invocado como lesionado, amenazado, conculcado o transgredido, toda afectación a estos derechos podría tramitarse por la vía sumarísima del amparo y ese no es el fundamento que inspiró la Ley No. 16.011 ni sería una aplicación racional de este instituto extraordinario (sentencia No. 271/2025 de la Sala, en Base de Jurisprudencia Nacional). En este mismo sentido, los Dres. Victoria Couto y Edgardo Ettlin del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno, en discordia a sentencia No. 8-260/2015, expresaron: “II) La situación del actor no es procesable por la vía sumarísima y residual de la acción de Amparo… Por lo que no se trata de una situación de urgencia ni de inminencia que amerite la reclamación o la intervención judicial a través de Amparo, no configurándose para el caso la correspondiente hipótesis del art. 1º de la Ley No. 16.011... III) Ha sostenido esta Sala en varias ocasiones que como medio urgente pero residual, el espíritu de la Ley No. 16.011 no fue establecer un 'proceso comodín' que sustituya al normal, sino que procede como una vía excepcionalísima para los raros casos en que no exista una natural o ésta se revelare como clara o manifiestamente infructuosa (TORELLO Luis, en Varios Autores, 'El Poder y su Control', p. 178). Pero al respecto debe establecerse una precisión: el Amparo como instituto en defecto se reserva solamente para las delicadas y extremas situaciones en que, por falta o insuficiencia clara de otros medios legales, podrían peligrar los derechos fundamentales, pero no involucra a la menor eficacia o a la natural dilación del medio jurídico originalmente existente (SAGÜÉS Néstor Pedro, 'Acción de Amparo', págs. 166 y ss.; GELSI BIDART Adolfo, 'Proceso de Amparo en la Ley del Uruguay', en 'La Acción de Amparo', p. 46). La acción de Amparo no es un proceso para suplir a los ya disponibles y diseñados mal que bien para la articulación de las pretensiones, no siendo excusa para olvidarlo ni para justificar una excepción la mayor o menor duración que pudieren tener esos procedimientos originales. El principio 'caveat judex' permite recordar que a través del Amparo el Juez no puede erigirse en árbitro del sistema ni subvertir el aparato ya existente para la protección de los derechos ('La Justicia Uruguaya' c. 12992). La supuesta mecánica o tardanza del tracto natural de procesos ya disponibles para el ejercicio de los derechos no puede llevar a ignorar el principio de legalidad de las formas procesales (arts. 18 de la Constitución y 16 del Código General del Proceso) que caracteriza a nuestro sistema; lo contrario implicaría tramitar todas las cuestiones por el procedimiento sumarísimo del Amparo con abandono de los mecanismos establecidos constitucional y legalmente”. VI. Cabe precisar finalmente que corresponde al Tribunal la verificación de los requisitos legales necesarios para el éxito de una acción de amparo. Los mismos consisten en la presencia de uno o más actos, omisiones o hechos de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, lesionen, restrinjan, alteren o amenacen, con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución (artículo 72), de conformidad a lo establecido en el artículo 1 de la Ley No. 16.011. Son presupuestos legales, materiales, que deben encontrarse presentes y otorgar al Tribunal la certeza necesaria sin mayor indagatoria (razón por la que se instauró un proceso especial sumarísimo) con respecto a la pertinencia de amparar a la persona vulnerada. La parte actora se encuentra gravada con la carga de alegar y acreditar los mismos presupuestos legales cuyo acaecimiento debe controlar el Tribunal para que prospere una acción como la impetrada, en un caso donde se encuentra en juego el derecho a la salud, debiendo surgir con clara evidencia la necesidad del amparo. Al no haber cumplido el accionante con la carga de demostrar el hecho fundante de su pretensión (que los demandados incurrieron en ilegitimidad manifiesta al negar la cobertura pretendida), deberá soportar las consecuencias desfavorables de tal omisión, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico vigente. VII. Por las razones expuestas, quienes conforman esta decisión entienden que corresponde confirmar el pronunciamiento de primer grado pues no se ha demostrado, mediante medio de prueba idóneo, la existencia de la conducta manifiestamente ilegítima imputable a los demandados. VIII. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2º del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley 16.011, los artículos 197 y 198 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA, SIN ESPECIALES SANCIONES PROCESALES. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA EL SR. JUEZ ACTUANTE. Dra. Cecilia Schroeder Rius - Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Rosario Fernández Rubilar Secretaria Subrogante