Sentencia Definitiva N° 4/2026

Sentencia Nro. 4/2026 - IUE: 2-115880/2025 Montevideo, 02 de febrero de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministros firmantes: Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Claudia Kelland. Ministra redactora: Dra. Claudia Kelland. VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia en autos caratulados “AA c/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS y otro – AMPARO-". IUE 2- 115880/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el codemandado M.S.P., contra la sentencia definitiva No 134/2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 7o Turno, Dra. Virginia Ginares. RESULTANDO: 1.- Por la sentencia definitiva impugnada, la Magistrada actuante acogió la excepción de falta de legitimación pasiva del Fondo Nacional de Recursos (F.N.R.); y acogió la demanda, condenando al Ministerio de Salud Pública (M.S.P.) a proporcionar a la amparista el medicamento ABEMACICLIB, de acuerdo a las indicaciones de su equipo médico tratante, en un plazo de 24 horas (fs. 118- 122). 2.-En tiempo y forma comparece el condenado interponiendo recurso de apelación (fs. 127-132). Sustanciada la impugnación, el traslado no fue evacuado, recayendo providencia No 4768/2025 que franqueó la alzada ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda. Resultando asignada esta Sala, los autos fueron recibidos por el Tribunal y previo estudio simultáneo de los Sres. Ministros se acordó el dictado de la presente decisión,designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 10 de la ley N°16.011). CONSIDERANDO: I- El Tribunal integrado en legal forma y por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la L.O.T.), en la ocasión por unanimidad, habrá de confirmar la sentencia impugnada, sin especial condena procesal en la instancia. II- En los Resultandos de la recurrida, la Magistrada actuante efectuó un correcto relato del caso y de las actuaciones procesales a los que la Sala se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. Tratan las presentes actuaciones de un proceso de amparo iniciado por AA (57 años de edad), dirigida contra el M.S.P. y el F.N.R. para que sean condenados al suministro del medicamento ABEMACICLIB, ante la imposibilidad de asumir el costo de su tratamiento. En la demanda relata en forma pormenorizada el periplo de su enfermedad (carcinoma lobulillar invasivo clásico de mama izquierda, con metástasis axilar), diagnosticada en 2024 y por la cual se ha sometido a diversas tratamientos (quimioterapia, cirugía, radioterapia y hormonoterapia). No puede asumir el costo del tratamiento indicado por carecer de recursos suficientes (art. 44 de la Constitución). En definitiva, afirma que no tuvo otra alternativa que promover la presente acción, y que su caso debe ser tutelado, pues cumple con todos los requisitos legales (arts. 1 y 2 de la ley 16.011), siendo el tratamiento indicado el necesario para una sobrevida y mejorar su calidad de vida. III- Como se consignó en el Resultando I), la Magistrada actuante amparó la demanda condenando al M.S.P. a su suministro. IV- Frente a la condena impuesta en su contra, el M.S.P. introdujo los siguientes agravios: 1) Señala que no existe ilegitimidad de su parte, y que la recurrida realiza una incorrecta interpretación del art. 44 de la Constitución. 2) Afirma que cumple con la obligación legal garantizando a toda la población el acceso a medicamentos incluidos en el F.T.M., no teniendo el M.S.P. la competencia ni obligación de suministrar directamente medicamentos a la población. 3) Entiende que su conducta no puede ser calificada como ilegítima y menos como manifiestamente ilegítima, que no ha sido omiso, sino que por el contrario ejerce sus competencias reguladoras, y destaca que en este caso estamos ante un medicamento que no ha sido incluido en el F.T.M. 4) Asimismo señala que el impacto presupuestal de las condenas judiciales en procesos de amparo evidencia una posible violación al principio de separación de poderes. V- Los agravios no son de recibo. En primer lugar, este Colegiado con la voluntad coincidente de sus integrantes señala que, el apelante no introdujo agravios respecto del diagnóstico de la enfermedad de la amparista, las consecuencias de la misma para la salud de la actora, y que el tratamiento indicado es el correcto, así como tampoco controvirtió que es carente de recursos suficientes para asumir el costo del tratamiento que le fue indicado por el médico tratante. Sin perjuicio de lo manifestado, las alegaciones de la accionante fueron acreditadas con la prueba documental agregada al proceso y declaración realizadas en audiencia por el Dr. Pablo Millán, quien ratifica la pertinencia de la indicación médica, todo lo que fue valorado en forma correcta por el tribunal a quo (Considerando 5o fs. 121). Así las cosas, corresponde analizar los agravios atendiendo a los fundamentos generales de derecho ensayados por el apelante que hacen a su rol y cometidos. El Tribunal con anterior integración que la actual ha tenido oportunidad de pronunciarse sobre la procedencia de la condena al M.S.P. a suministrar fármacos que no se encuentren registrados en el país o que no estén incluidos en el F.T.M. bajo cobertura del F.N.R. (como es el caso). Por economía procesal se transcribe en forma parcial la Sentencia No 43/2019 de fecha 28 de marzo de 2019, pues los fundamentos dados en dicha oportunidad aplican al caso para la decisión confirmatoria mutatis mutandis. “...No por obvio ha de omitirse referir que: “El derecho a la salud, expresamente reconocido en el art. 44 de la Constitución, constituye un derecho humano esencial, inherente a la persona, y de cuyo pleno goce dependen todos los demás. En este sentido, el derecho a la salud podría considerarse, conjuntamente con la vida, uno de los derechos absolutos, ya que su instrumentalidad respecto del segundo nombrado es indiscutible.” (cf. SCJ, Sentencia 396/2016)”.- “Promovida la presente acción de Amparo, el MSP invoca leyes (Ley orgánica N° 9.202, Ley 15.181, Ley 17.930, Ley 18.211 y Ley 18.355 y sus Decretos Reglamentarios), así como el Decreto324/999 en su art.5 respecto al registro de medicamentos que deberán realizar las empresas, normativa que en su criterio impide dar solución al pedido del amparista.- “A criterio de la Sala, por encima de tal normativa están los art.7 y 44 de la Constitución, que permiten en el caso puntual acceder a lo solicitado. Los Derechos Fundamentales a la vida y a la salud del solicitante, de acuerdo a las emergencias de obrados, deben ser protegidos y es inminente que de tal modo se proceda (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3. 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ratificado por la Ley No. 16.519-; arts. 1o, 2o y 4o de la Ley No. 18.211; arts. 2o, 6o, 7o, 10 y 11 de la Ley No. 18.335).- “Máxime cuando, el MSP no controvirtió al contestar la demanda la eficacia del medicamento, ni el hecho de que fuera el único adecuado para la enfermedad que padece, con la progresión en que se encuentra” (...).- “La ausencia de una explicación razonable para dar respuesta negativa a lo solicitud del actor, en contraste con las demás pruebas de autos que aconsejan el medicamento para la patología excepcional y poco frecuente en nuestro país que padece el actor, es razón suficiente para evidenciar una conducta antijurídica patente, en tanto es deber primordial del Estado la racionalidad de sus decisiones, que han de estar debidamente motivadas.- Ello constituye omisión relevante para el derecho, verificándose así, el presupuesto objetivo de manifiesta ilegitimidad”.- En suma, en el presente proceso el Ministerio de Salud Pública, como representante del Estado (Ley N° 16.320 art.384), será condenado a cumplir con el mandato constitucional establecido en el art.44 inc.2, en tanto se encuentra obligado a “proporcionar gratuitamente los medios de prevención y asistencia” a “los carentes de recursos suficientes” como el actor...". La sentencia parcialmente transcripta refiere a otra situación (cada caso es único), pero los fundamentos que ameritan la condena al apelante son enteramente trasladables al caso en examen. En el caso a resolver no se pide que se incluya el medicamento en el F.T.M., lo que obviamente no es competencia del Poder Judicial disponer; se pide que se suministre el medicamento indicado a la amparista, y a través de la presente decisión se resuelve un caso concreto. En autos ha quedado evidenciada la ausencia total de argumentos de índole científico que legitime la decisión denegatoria del demandado M.S.P., deviniendo la misma en arbitraria, actuando el Estado con ilegitimidad que la Sala califica de manifiesta, en tanto además tipifica incumplimiento de su deber prestacional de medios de asistencia en salud a la población carente de recursos suficientes (art. 44 inc. 2o de la Constitución); y lesionando los derechos constitucionales de la actora en cuanto a su deber de cuidar su salud, derecho a la vida y a una vida digna. No amparar su reclamo es generar una desigualdad basada en la imposibilidad económica de las personas para costearse por sí mismas tratamientos de alto precio; situación que justamente está llamado a resolver el Estado, en cumplimiento de su deber prestacional establecido por el art. 44, inc. 2o de la Constitución. Dicha norma constitucional establece efectivamente un deber del Estado de proporcionar a las personas carentes de recursos suficientes los medios de asistencia en salud; de tal manera, el Tribunal mantiene su consolidada postura respecto a la existencia de dicho deber prestacional, rechazando el planteo del apelante respecto a que su actuación se limita a la dirección de las políticas públicas de salud. Tampoco es de recibo el agravio vinculado a aspectos presupuestales, ni que se ponga en riesgo la sustentabilidad del sistema. Sostiene el Dr. Van Rompaey, que la subordinación, denominada condicionante económica, relativizaría la universalidad de los derechos económicos, sociales y culturales, condenándolos a ser considerados derechos de segunda categoría. La escasez de los recursos económicos no se esgrime con argumentación persuasiva, que convenza de la inevitabilidad de la crisis que se desencadenaría en caso de accederse a las prestaciones positivas reclamadas por las personas a quienes se les niega un servicio médico o la entrega de un fármaco del que depende su vida o salud en el significado integral de dicho derecho (Van Rompaey. Judicatura No 52, pags. 147 y 149). Entonces, debería haberse probado cómo el interés general -única causal de restricción de un derecho fundamental- se vería cercenado, lo que no surge acreditado en autos. VI- La conducta de las partes no amerita sanción procesal en la instancia (art. 688 del C.C., art. 261 del C.G.P.). Por los fundamentos dados, normas citadas, art. 197, 198 del C.G.P., el Tribunal, FALLA: Confírmase la sentencia definitiva impugnada, sin especial condena en la instancia. H.P.F. 10 B.P.C.. Notifíquese a domicilio a las partes, cumplido devuélvase al tribunal a quo. Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dra. Claudia Kelland - Ministra Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada.