Sentencia Definitiva N° 263/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “LÓPEZ, CARLOS C/ RECAYTE RODRÍGUEZ, RICHARD Y OTROS- PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-9246/2025, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 6º Turno a cargo de la Dra. Julia Isabel Rodríguez Mederos. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 32/2025 de fecha 18 de junio de 2025 (fs. 123-126): - Se estima la demanda y en su mérito, se condena a PRODOMUS S.R.L., solidariamente a Richard Recayte Rodríguez y Cynthia Lage Markarian (art. 12 Decreto Ley Nº14.188) y a ANTEL, al pago de los rubros laborales reclamados individualizados, con el alcance establecido en los considerandos precedentes, intereses, reajustes y multas legales, que se generen hasta su efectivo pago. - Sin especial condenación en costos, costas de precepto para la demandada. 3) La representante de la parte codemandada ANTEL, interpone recurso de apelación (fs. 133-135 vto.), contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Atribuyó responsabilidad solidaria a ANTEL configurando una errónea valoración probatoria de los documentos aportados al proceso, ya que ANTEL no fue empleadora del actor, sino un tercero ajeno a la relación laboral de autos, no participando de forma alguna en el acuerdo entre el trabajador y su empleadora, no abonando sueldos, ni impartiendo directivas. La vinculación entre esta parte y la codemandada, finca en la contratación por parte de ANTEL de la empresa PRODOMUS S.R.L. para la prestación por parte de esta última de servicios de guardia sin porte de armas en locales ubicados en el Departamento de Montevideo, a través de una licitación. También existió una errónea aplicación de las normas de tercerizaciones, por concluir que ANTEL no cumplió a cabalidad con el ejercicio del derecho a la información que habilita a mutar el carácter solidario de precepto de la responsabilidad del garante. Sin perjuicio de esto, se acreditó en autos que esta parte ejerció el control de cumplimiento de las obligaciones laborales previsto en el art. 4° de la Ley 18.251. B) Asimismo, resulta agraviante también la condena en relación a la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios; ya que resultan rubros que por su naturaleza punitiva, reparatoria, resarcitoria, son absolutamente ajenos al concepto de “obligaciones laborales” señalado en las Leyes 18.099 y 18.251. En consecuencia, la condena se aparta de lo previsto en la normativa. 4) Por decreto Nº 1294/2025 de fecha 21 de julio de 2025 (fs. 137), se dispuso el traslado de la impugnación deducida por el término legal, resultando evacuado a fs. 144-146 vto. por la parte actora abogando por que se mantenga la recurrida en todos sus términos. 5) Por auto Nº 1440/2025 de fecha 4 de agosto de 2025 (fs. 148), se tuvo por evacuado el traslado conferido. 6) Por providencia Nº 1831/2025 de fecha 11 de setiembre de 2025, se tuvo por no evacuado el traslado conferido a PRODOMUS S.R.L., Cynthia Lage y Richard Recayte y se dispuso conceder el recurso de apelación opuesto con efecto suspensivo franqueándose la alzada para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 152). 7) Recibidos los autos en el Tribunal el 29 de setiembre de 2025, los mismos fueron devueltos por mandato verbal Nº 334/2025 de esa misma fecha (fs. 155-157). 8) Levantadas las observaciones y recibidos nuevamente el 6 de octubre de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 159-160). CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia definitiva apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) En primer lugar, la codemandada ANTEL no comparte la conclusión de la recurrida sobre su responsabilidad solidaria. Sostiene que no fue empleadora del actor, sino un tercero ajeno a la relación laboral, no participó en forma alguna en el acuerdo entre el actor y su empleadora, no le abonaba sueldos, ni impartía directivas al actor. Así surge que la vinculación que unía a ANTEL con la codemandada en autos, finca en que esta fue contratada para la prestación de servicios de guardia sin porte de armas para locales ubicados dentro del Departamento de Montevideo, enmarcada en los términos de las Licitaciones Abreviadas N° J101847 y J102810 y sus respectivas ampliaciones. Por ende, concluye que no fue empleadora del actor, ni existió ningún elemento requerido para la conformación del contrato de trabajo, no existió subordinación, no pagaba salarios, no impartía órdenes, no controlaba asistencia, etc., todos elementos que correspondían a la codemandada PRODOMUS S.R.L. Tales agravios no resultan de recibo, por cuanto no cabe dudas que fue PRODOMUS S.R.L. quien contrató al actor, resultando incuestionable su calidad de empleadora. En tanto, ANTEL no fue demandada y condenada como empleadora directa del accionante, sino en función de las Leyes de Tercerización. Así, el hecho de que el actor recibiera ordenes de la PRODOMUS S.R.L. y esta ejerciera el poder de dirección y disciplinario del mismo, no resulta un elemento relevante, pues no descarta la subcontratación que da mérito a la condena de autos. En efecto, la sentencia de primera instancia, según surge de lo argumentado a fs. 125 vto., no basó la condena contra ANTEL en la calidad de empleadora del accionante, como erróneamente parece fundamentar la agraviada, sino en su calidad de empresa principal o usuaria y en el marco normativo de la Ley 18.251, atribuyéndole responsabilidad en tal sentido ANTEL, siendo totalmente irrelevante que su parte no haya participado en la contratación del trabajador accionante con su empleadora directa, como alega en la contestación de la demanda e insiste en su apelación, cuando el rechazo de la falta de legitimación pasiva opuesta por el ente de las telecomunicaciones, en relación al fondo del asunto, fue acertadamente resuelto en el grado anterior. Así las cosas, en tanto la accionada admitió la vinculación comercial con la empresa de seguridad y vigilancia que empleaba al actor y alegó haber cumplido con el derecho de información, estando expresamente prevista en el art. 1 de la Ley 18.251, la actividad de vigilancia, objeto de la contratación mediante licitación admitida por ANTEL con la codemandada PRODOMUS S.R.L., es indudable que, a la recurrente le cabe la responsabilidad atribuida por las leyes de tercerizaciones, por lo que la confirmatoria de la recurrida se impone. III) Asimismo, ANTEL se agravia por cuanto la sentenciante concluye que su responsabilidad es solidaria, señalando que la a quo efectuó una errónea valoración probatoria al respecto. Indica que controló mensualmente el cumplimiento de las obligaciones previsionales por parte de la empresa contratada, solicitando recibos de sueldos del actor, nómina validada y presentada ante B.P.S., comprobante de pago a B.S.E. y planilla de trabajo, exigiendo la recurrida un nivel de control que excede la razonabilidad y la naturaleza de la relación de tercerización. Tales agravios, a nuestro juicio tampoco resultan de recibo. A partir de la entrada en vigencia de la Ley 18.251 y a efectos de determinar la responsabilidad de la empresa principal, es preciso distinguir si ha hecho un control de determinada documentación con la debida diligencia. Así el art. 6° dispuso: Cuando el patrono o la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informado establecido en el Artículo 4° de la presente ley, responderá subsidiariamente de las obligaciones referidas en el Artículo 1° de la Ley No. 18.099, de 24 de enero de 2007, con la limitación temporal allí establecida y el alcance definido en el Artículo 7° de la presente ley. C Cuando no ejerza dicha facultad será solidariamente responsable del cumplimiento de estas obligaciones.” Por lo tanto, si la empresa principal exige la exhibición y control de los siguientes documentos: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251); responde subsidiariamente de las obligaciones laborales, pero en caso contrario la responsabilidad será solidaria. Rosenbaum y Castello al estudiar el punto en “Subcontratación e intermediación laboral - Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, pág. 155-159, sostienen -sin dejar de reconocer lo opinable-, que para que sea procedente la aplicación de la responsabilidad laboral subsidiaria, la empresa principal o usuaria, deberá no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación referida en el art. 4º de la Ley 18.251, sino demostrar que ha realizado un examen razonable, un control de la misma. Afirman los destacados autores, que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria, radica en que la empresa principal demuestre haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios o mano de obra. “...En tal sentido no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma…”. Será carga de la empresa principal, demostrar que ejerció su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual implica además de aportar los documentos mencionados en la ley, haber realizado de ser necesario para el ejercicio de ese control, determinadas gestiones, tales como intimaciones de presentación de documentación, de regularizar su situación, o que haya rescindido el contrato civil o comercial a causa del incumplimiento. El derecho de información debe de ser ejercido con la periodicidad y frecuencia adecuada al principio de razonabilidad, a fin de que se repute cumplido el requisito, ya que la finalidad de la ley es mejorar la posición de la empresa que demuestre haber actuado diligentemente en el ejercicio de su derecho de información de forma regular y permanente, conforme al principio antes mencionado. En el caso concreto, se comparte el análisis probatorio y las conclusiones a que arriba la recurrida. Así, la documentación agregada en autos resulta deficiente, pues no comprende todo el período en que se extendió la relación laboral del actor, no demostrándose una efectiva exhibición de la documentación que se debería controlar. A manera de ejemplo, no se agregó ni se demostró haber exigido el certificado que acredite el pago de las contribuciones a la seguridad social, expedido por el B.P.S, ni la constancia del seguro obligatorio expedido por el B.S.E. Pero fundamentalmente, ANTEL no ha acreditado que haya realizado un examen razonable y control de la documentación. Por lo tanto, cabe afirmar que, el derecho de información no fue debidamente ejercido por el recurrente, conforme a la diligencia media que le correspondía. Por ende la solución de la recurrida no es desproporcionada ni tampoco excede la razonabilidad, cuando ni siquiera se demostró el alegado control mensual. De allí, que resulta compartible la conclusión de la apelada, lo que los agravios no logran conmover, por lo que se habrá de confirmar el carácter solidario de la responsabilidad atribuida. IV) La codemandada ANTEL se agravia por la condena por los rubros indemnización por despido, multa y daños y perjuicios. Al respecto, sostiene que ANTEL es ajena a los hechos que son considerados por la a quo como determinantes de la condena, por su naturaleza punitiva, reparatoria, resarcitoria es absolutamente ajeno al concepto de “obligaciones laborales” señalado por las Leyes 18.099 y 18.251. En cuanto a la multa y los daños y perjuicios, también considera que la sentencia debe ser revocada. La multa posee naturaleza punitiva que se impone al empleador directo por la omisión de pago de créditos laborales y extenderla a ANTEL, como empresa principal, desvirtúa su naturaleza y el principio de personalidad de la pena. Mientras los daños y perjuicios, buscan resarcir al trabajador por el perjuicio derivado de la falta de pago de salario, en el caso no se acreditó la existencia de cargas familiares que justifiquen la aplicación de este rubro a ANTEL, sin perjuicio que al igual que la multa posee carácter punitivo y personalísimo, por lo que su imposición a la empresa principal sin una responsabilidad directa y probada en la generación del daño, excede el marco de la responsabilidad por tercerización. Contrariamente a la posición sostenida por la recurrente, se entiende que la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios preceptivos encartan en el concepto de “obligaciones laborales” previsto en las leyes de descentralización empresarial Nos. 18.099 y 18.251. Las referidas leyes, implantaron un sistema de responsabilidad que abarca a todas las obligaciones laborales sin distinción, por lo que, comprende tanto las obligaciones salariales como indemnizatorias. En particular, cabe tener presente que el art. 7 de la Ley 18.251, define a las obligaciones laborales alcanzadas por la responsabilidad como aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen, entre otras, de las normas internacionales ratificadas y leyes, por lo que, por lo que, siendo la multa una obligación laboral consagrada legalmente (art. 29 de la Ley 18.572) y siendo consecuencia natural de los incumplimientos constatados, se encuentra comprendida en el presupuesto de hecho de la norma. En efecto, el art. 7 de la Ley 18.251 establece: “(Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).- Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.” “Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.” Como lo expresan los Dres. Mario Garmendia Arigón y Gustavo Gauthier en “Tercerizaciones – Análisis de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251 y su aplicación jurisprudencial”, la responsabilidad de las empresas principales o comitentes: “abarca a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente las obligaciones de dar, sino también las obligaciones de hacer (como por ejemplo la obligación de seguridad de la que es deudor el empleador frente a sus dependientes).” (pág. 107). Es más, la ley no distingue entre conceptos salariales o indemnizatorios, por lo que, tal distinción está vedada al intérprete. Así, el alcance objetivo de la responsabilidad no ha sido restringido, como lo sostiene el recurrente, por lo que, ninguna obligación laboral se encuentra excluida. Así, se comparte el criterio de la Sala Laboral de 1er. Turno, cuando para descartar la posición citada por la recurrente señala lo siguiente: “Surge de la exposición de motivos que el objetivo de la reforma – que finalmente se plasmó en la ley 18.251 – siguió siendo la protección del trabajador por lo que corresponde deducir que también en este caso, la disposición deber ser interpretada en sentido protector (Racciatti, Octavio. “La ley 18.251: el retorno a la responsabilidad subsidiaria en las relaciones de trabajo triangulares” en revista Derecho Laboral n. 229 pág. 165).- En consecuencia y por cuanto viene de decirse, el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria.- También aporta una perspectiva interpretativa, la Recomendación n. 198 de OIT por cuanto obedece a la solución normativa de la comunidad internacional como alternativa a la aprobación de un convenio internacional de trabajo sobre descentralización empresarial. Este instrumento recomienda a los estados a “…adoptar medidas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que tienen derecho”. Y agrega que “la interpretación de la legislación debería ser compatible con los objetivos del trabajo decente y la protección de los trabajadores en su condición de ser la esencia del mandato de la OIT, de conformidad con los principios de la Declaración de principio y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.- Por lo que no puede caber duda de que aún en el caso de la ley 18.251, la interpretación debe hacerse desde la perspectiva de protección del trabajador. … En definitiva, el principio protector que informa el sistema legal de la tercerización en Uruguay, no admite la interpretación restrictiva de la tutela del trabajador y sus créditos laborales.” (cfr. DFA-0012-000036/2019 SEF-0012-000022/2019). Consecuentemente, dado que la indemnización por despido, multa y los daños y perjuicios preceptivos constituyen obligaciones laborales derivadas de la relación laboral y establecidas por ley (art. 4 de la Ley 10.489, art. 4 de la Ley 10.449, y art. 29 Ley 18.572), el recurrente debe responder por el pago de los mismos. De allí que, también en el punto, se proceda a confirmar la recurrida. V) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA