Sentencia Definitiva N° 275/2026

Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y OTRO. AMPARO-MEDICAMENTOS” IUE N.º 2-1561/2026 , venidos a conocimiento de la Sala en virtud de los recursos de apelación deducidos por el codemandado Ministerio de Salud Pública y por la parte actora -ad eventum-, contra la sentencia definitiva No. 2 1/2026 , dictada por el Sr. Juez de Feria encargado del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er. Turno, Dr. Pablo Nieves Alallón. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 28 de enero de 26 (fs. 73/94) en lo que interesa a la instancia, se dispuso: “ACÓGESE LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE LEGITIMACIÓN PASIVA OPUESTA POR EL FONDO NACIONAL DE RECURSOS, DESESTIMÁNDOSE LA PRETENSIÓN EN SU CONTRA. CONDÉNASE AL MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA A SUMINISTRAR A LA PARTE ACTORA EN UN PLAZO MÁXIMO DE 24 HORAS LOS FÁRMACOS TAS-102 Y BEVACIZUMAB EN LA FORMA Y POR EL PERÍODO DE TIEMPO QUE SEA INDICADO POR EL MÉDICO TRATANTE. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL EN EL GRADO.” II. Contra dicha decisión se alzó el Ministerio de Salud Pública interponiendo recurso de apelación en escrito de fojas 98 a 103, agraviándose, en síntesis, por entender que no incurrió en ilegitimidad manifiesta, habiendo cumplido con los cometidos que le ha impuesto la Constitución y la Ley, citando las normas jurídicas que regulan su actuación y el acceso de los usuarios a las prestaciones de salud, destacando que dictó el marco normativo que asegura el acceso a los prestadores de salud y al elenco de prestaciones médicas determinadas por el Poder Ejecutivo, inició diversos procesos de actualización del PIAS y el FTM, estableció un régimen de financiación solidario, garantizando a toda persona la posibilidad de acceder a un prestador privado y creó un prestador de salud público (ASSE) encargado de proporcionar asistencia a quienes carecen de recursos suficientes para acceder a uno privado; la prestación reclamada no se encuentra incluida en el FTM para la patología del actor, citando lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y en los artículos 6, 45 y 46 de la Ley No. 18.211; carece de atribuciones como órgano dispensador de medicamentos, no pudiendo suministrarlos directamente a la población; se desconoce que, por sí, carece de facultades para definir la inclusión de fármacos en el FTM; la condena impuesta omitió considerar la escasez de recursos económicos y su necesidad de priorizar y racionalizar, garantizando la sustentabilidad del sistema. Solicitó que, en definitiva, se revoque la recurrida y se desestime en todos sus términos la demanda impetrada. III. Por su parte, la actora dedujo recurso de apelación ad eventum en escrito de fojas 107 a 111, para el caso de que se revoque la condena impuesta con relación al fármaco Bevacizumab, por considerar que el Fondo Nacional de Recursos posee legitimación sustancial pasiva y ha incurrido en ilegitimidad manifiesta, reiterando los argumentos expuestos en su libelo inicial y pidiendo su condena con el Ministerio de Salud Pública. IV. Sustanciadas las impugnaciones deducidas, compareció el Fondo Nacional de Recursos de fojas 116 a 118 abogando por la confirmatoria en lo referente a su absolución y la parte actora de fojas 124 a 133 , abogando por el rechazo de la apelación del Ministerio de Salud Pública e interponiendo la excepción de inconstitucionalidad. V. Por sentencia No. 506/2026 de fecha 21 de mayo de 2026, la Suprema Corte de Justicia falló declarando inconstitucionales el inciso segundo del artículo 7° de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y por tanto inaplicables a la parte actora (fojas 146 y 147). VI. Franqueada la alzada, se elevaron los autos, que fueron recibidos en la Sala el 10 de agosto de 2026 , pasando los mismos a estudio simultáneo, acordándose el dictado de la presente sentencia y designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por unanimidad de sus miembros naturales , confirmará la impugnada, sin especial condenación en costas y costos, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. Como reiteradamente lo ha sostenido este Tribunal, a la hora de resolver un accionamiento de la naturaleza del que se ventila infolios, deben valorarse principalmente las alegaciones y pruebas concretas de cada caso en particular, no la genérica consideración de medicamentos o tratamientos, ni la fundamentación abstracta en las normas y principios constitucionales generales sobre el derecho a la salud e igualdad, circunstancia que explica que no todas las decisiones deban ser monolíticas ni a favor ni en contra de una u otra de las partes en litigio, sino, adecuándose a las concretas circunstancias del caso a resolución. III. Se presentó el Sr. AA, de 66 años de edad, portador de CÁNCER DE COLON METASTÁSICO. En fibrocolonoscopía de abril de 2019 se constató ESTENOSIS NEOPLÁSICA DE UNIÓN RECTO SIGMOIDEA. En ese escenario se le realizó resección anterior video asistida, que requirió conversión por importante peritonitis plástica adherencial. En el postoperatorio sufrió cuadro suboclusivo de resolución espontánea y luego celulitis en sitio de drenaje. Surge de la Anatomía Patológica que se trata de un Adenocarcinoma moderadamente diferenciado de recto, infiltrante y ulcerado. En este contexto se le administra xelox capecitabine 3500 mg D1-14 y oxaliplatino 240mg D1 por 4 ciclos. Se realizó punción de biopsia hepática y se constató Metástasis hepática de adenocarcinoma moderadamente diferenciado consistente con origen colónico. Se rotó a Poliquimioterapia (PQT) con xelox más bevacizumab. En Resonancia RNM abdomen y pelvis se observó respuesta parcial y se decidió realizar metastasectomía el 1 de noviembre de 2023 quedando en mantenimiento con bevacizumab 790 mg con capecitabine 4000 mg D1-14 cada 21 días. PETCT evidenció aumento de tamaño del nódulo pulmonar. Se efectúa cirugía del Tx 3/6 AP: Consistente con metástasis pulmonar de adenocarcinoma. La morfología es compatible con primitivo colorectal acorde a su antecedente. En resonancia surgió aumento de la lesión hepática conocida y aparición de nueva lesión en el lóbulo izquierdo de 2,7 cm que se resolvió con metastasectomía hepática cuya anatomía patológica corresponde a metástasis hepática de Adenocarcinoma moderadamente diferenciado, con morfología acorde al dato clínico de primitivo colorectal. Dado que presenta estabilidad de microsatélites, en Gen KRAS, NRAS, BRAF, se planteó tratamiento con FOLFIRI más Cetuximab, al que accedió a través de amparo. Ante nueva progresión se indicó tratamiento con Trifluridina y Clorhidrato de Tipiracilo TAS 102 y BEVACIZUMAB, con el objetivo de aumentar la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión. El costo del TAS -102 asciende a la suma de USD 5.300, más impuestos aproximadamente cada 28 días (fs. 44). Por su parte, el BEVACIZUMAB es comercializado por laboratorio ROCHE a un costo aproximado de $ 150.000 cada 21 días. El amparista percibe por concepto de jubilación $ 92.435. Su esposa también es jubilada y percibe $ 12.676. Vive con su esposa, en un inmueble propiedad del matrimonio (fs. 18) y lamentablemente no tiene bienes ni ahorros para poder costear esta medicación en forma privada. A fs. 5/6 lucen las solicitudes administrativas realizadas ante el FNR y MSP, con la negativa de este último a fs. 9. Se agrega como prueba documental: ordenanza ministerial N.º 10/2009 y 861/2016 (fs. 19/20, 23/24), certificado de registro TAS-102 (LONSURF), remitido por el laboratorio EFA al responder el oficio (fs. 45/48), certificado de registro de BEVACIZUMAB (AVASTIN), remitido por el laboratorio ROCHE al responder el oficio (fs. 50/53). No se controvirtió la enfermedad que padece el reclamante, ni la pertinencia, idoneidad y urgencia en la administración de los fármacos , habiéndose agregado informe expedido por el médico oncólogo tratante, Dr. Diego Touyá, cuya declaración se recibió en audiencia. IV. Como se adelantara, la condena impuesta al Ministerio de Salud Pública será confirmada, no siendo de recibo los agravios deducidos. En el caso, el Ministerio accionado no controvierte las manifestaciones realizadas por el actor en cuanto a su diagnóstico, el tratamiento recomendado para su enfermedad, que carece de recursos económicos suficientes para solventarlo personalmente por su alto precio y dosis y que los medicamentos solicitados se encuentran registrados en el país, aunque esgrime que no los ha incluido en el FTM para la patología del amparista, razón por la cual no los brinda. Los medicamentos requeridos están registrados en nuestro país; es decir, cuentan con “ certificado de registro y autorización de venta de especialidad farmacéutica ”, por lo que posee el debido “ informe técnico favorable de eficacia y seguridad ” (artículo 462 de la Ley No. 19.355), encontrándose a la venta para su adquisición por aquellos que cuentan con los recursos económicos suficientes. Nada expresó el Ministerio demandado respecto a la existencia de razones de carácter científico que obsten a la inclusión de los fármacos en el FTM para la enfermedad del reclamante, ni sobre su utilización en el caso concreto. En su impugnación se agravió por entender que no se configura ilegitimidad manifiesta puesto que, al no encontrarse los medicamentos incorporados al FTM para la patología del amparista, no correspondería hacer lugar a lo requerido; reiterando lo expresado en la contestación a la demanda, en el sentido de que ha asegurado en vía legislativa y reglamentaria la implementación efectiva del “derecho a la salud” y destacando dentro de esa normativa el artículo 7 inciso segundo de la Ley 18.335. Asimismo, señaló que no ha sido omiso, en la medida que ha ejercido sus competencias regulatorias y definido la inclusión de prestaciones en el FTM en base a criterios científicos y de costo- eficacia, esto último, en atención a que los recursos son escasos y la variedad de medicamentos amplísima, siendo su deber garantizar la sustentabilidad del Sistema Nacional de Salud. Sin embargo, en autos, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales el inciso segundo del artículo 7 de la Ley No. 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley No. 18.211 y por ende inaplicables a la parte actora, por entender que limitan en forma indebida el artículo 44 de la Constitución. Cabe recordar, que la Ley No. 18.211 es la que crea el Sistema Nacional Integrado de Salud, estableciendo en su artículo 45: “ Las entidades públicas y privadas que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud deberán suministrar a su población usuaria los programas integrales de prestaciones que apruebe el Ministerio de Salud Pública, con recursos propios o contratados con otros prestadores integrales o parciales públicos o privados. Lo s programas integrales de prestaciones incluirán: A) Actividades de promoción y protección de salud dirigidas a las personas. B) Diagnóstico precoz y tratamiento adecuado y oportuno de los problemas de salud-enfermedad detectados. C) Acciones de recuperación, rehabilitación y cuidados paliativos, según corresponda. D) Acceso a medicamentos y recursos tecnológicos suficientes. La reglamentación de la presente ley definirá taxativamente las prestaciones incluidas, que serán descriptas en términos de sus componentes y contarán con indicadores de calidad de los procesos y resultados, conforme a los cuales la Junta Nacional de Salud auditará la atención brindada a los efectos de autorizar el pago de cuota salud a los prestadores ” Por su parte, la Ley No. 18.335, que regula los derechos y obligaciones de pacientes y usuarios de los servicios de salud , en su artículo 7 preceptúa: “ Todo paciente tiene derecho a una atención en salud de calidad, con trabajadores de salud debidamente capacitados y habilitados por las autoridades competentes para el ejercicio de sus tareas o funciones. Todo paciente tiene el derecho a acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por el Ministerio de Salud Pública e incluidos por este en el formulario terapéutico de medicamentos, y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. Todo paciente tiene el derecho a que sus exámenes diagnósticos, estudios de laboratorio y los equipos utilizados para tal fin cuenten con el debido control de calidad. Asimismo tiene el derecho de acceso a los resultados cuando lo solicite.” Por consiguiente, atento a la inconstitucionalidad declarada en autos y al hecho de que el demandado expresó haber tomado en cuenta criterios científicos que en ningún momento especificó, cabe concluir que, en el presente caso, la negativa del Ministerio de Salud Pública a proporcionar los fármacos peticionados resulta manifiestamente ilegítima. La negativa del Ministerio de Salud Pública resulta genérica, sin realizar un estudio de la situación personal del accionante. El derecho a la vida y la salud de la persona, elevados al rango de norma constitucional fundamental no puede quedar supeditado a alegaciones genéricas como la de infolios. Se reclama la tutela efectiva de derechos reconocidos por la Constitución como son el derecho a la salud y a la vida. Nuestra Constitución mandata, como norma de máxima jerarquía interna, una visión del derecho conforme a sus preceptos, no puede admitirse un enfoque entonces de la situación del actor, en que están en juego el derecho a la salud y a la vida, una respuesta genérica y carente de respaldo probatorio alguno, atento a la magnitud del elemento daño irreparable. Nos encontramos frente a una prescripción médica en la cual se indica los fármacos Bevacizumab y Trifluridina y Clorhidrato de Tipiracilo TAS-102 (que se encuentran registrados y se comercializan en el país) como la mejor opción científica para el caso que nos ocupa, por lo que la negativa (basada en argumentos formalistas) del Ministerio de Salud Pública deviene manifiestamente ilegítima. Tampoco puede ampararse el Ministerio demandado en que ha actuado de conformidad a lo establecido en la Constitución y la Ley, ni en que carece de atribuciones para suministrar directamente medicamentos a la población, cuando el accionante se encuentra comprendido y amparado en la disposición contenida en la oración final del inciso segundo del artículo 44 de la Constitución, en la medida que se ha acreditado que se trata de una persona que carece de recursos económicos suficientes para financiar el tratamiento que se le ha indicado, disponiéndose en la norma citada que: “ El Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y de asistencia tan sólo a los indigentes o carentes de recursos suficientes ” . Por lo tanto, es la Constitución la que le impone al Ministerio demandado la obligación de proporcionar gratuitamente a quienes, como el actor, no cuentan con recursos económicos suficientes, los medios de prevención y asistencia, no pudiendo admitirse entonces la defensa ensayada cuando despliega una conducta contraria a la que le impone el mandato constitucional. No demuestra el Ministerio de Salud Pública (ni ofrece prueba para hacerlo) que la sustentabilidad del sistema de salud esté en riesgo por suministrar los fármacos solicitados en el caso concreto, ni por incluirlos en el Formulario Terapéutico de Medicamentos para la enfermedad del actor. Se considera, entonces, que ha existido ilegitimidad que reviste la nota de manifiesta en el actuar del Ministerio de Salud Pública, así como inexistencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo y en su mérito corresponde confirmar en todos sus términos la condena recaída a su respecto en el grado anterior. V. Atento a la solución arribada, no corresponde ingresar a la consideración de los agravios que de forma eventual dedujo la parte actora, para el caso de revocarse la condena impuesta al Ministerio de Salud Pública, puesto que la misma será confirmada. VI. Se distribuirán costas y costos del grado por su orden entre los litigantes (artículos 56 del Código General del Proceso y 688 inciso 2º del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución de la República, la Ley No. 16.011, los artículos 197, 198 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTAS Y COSTOS. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 30.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Analía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Laura Falchetti Escudero Secretaria Subrogante