Sentencia Interlocutoria N° 601/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – UN DELITO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO EN CALIDAD DE COAUTOR. IUE: 88-202/2011; venida del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 23º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la defensa Dr. Emilio Mikolic contra el auto de procesamiento N.º 278/2025 dictado el 25 de marzo de 2025 por la Dra. Isaura Tortora, con intervención de la Fiscalía Letrada Nacional Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, a cargo del Dr. Ricardo Perciballe. RESULTANDO : I) La hostilizada (fs.1899) resolvió: Decrétase el procesamiento con prisión de AA bajo la imputación prima facie de un delito de homicidio muy especialmente agravado, en calidad de coautor. II) El Dr. Emilio Mikolic por la defensa, interpone recurso de reposición y apelación en subsidio (fs. 1935) y expresa e n primer lugar, que la sentencia parte de una reseña histórica – referida a la Ley N.º 14.068 – que no tiene relación directa con los hechos probados, y que busca dar una apariencia de ilegitimidad a esa norma. Alega que la decisión mezcla historia con derecho penal, lo que considera improcedente. Luego, la defensa indica lo que la sentencia tiene por probado: que BB fue detenido el 6 de marzo de 1976, sometido a interrogatorios y apremios físicos en el Batallón de Ingenieros N.º 4, falleciendo el 9 de marzo a causa de un síncope cardíaco derivado de dichos malos tratos. La autopsia reveló múltiples lesiones, pero no heridas mortales directas ni por armas. Según la defensa, lo descrito corresponde a un trato negligente, no a una intención de matar. La defensa subraya que en ningún momento se acredita una conducta concreta atribuible a AA: no se establece cuándo, cómo o dónde habría intervenido, ni se prueba un nexo causal entre su accionar y la muerte. Los testigos no lo vieron participar en interrogatorios ni en la supuesta agresión a BB. Las inferencias realizadas por la Fiscalía y la A quo son calificadas de inadmisibles en un sistema penal garantista, y contrarias a principios como el de legalidad y el in dubio pro reo. También se cuestiona que la sentencia no identifica cuál agravante del artículo 312 CP. fundamenta la calificación, lo que genera indefensión. Según la defensa, aun si se admitieran los hechos tal como los describe la A quo, en el peor de los casos podría configurarse un homicidio simple, pues no se probó ninguna agravante específica ni dolo homicida: los supuestos apremios físicos tendrían como finalidad obtener información, no causar la muerte. Por último, plantea la prescripción. Sostiene el Sr. Defensor que al aplicarse el Código Penal, deben aplicarse también las normas sobre prescripción (arts. 117 y ss.) y que tras cuarenta y nueve años, cualquier eventual responsabilidad penal estaría extinguida. En caso de aplicarse normas internacionales, sostiene que, según el artículo 239 de la Constitución, la competencia sería de la Suprema Corte de Justicia. Por ello, considera que no hay fundamento legal para mantener el procesamiento. La defensa concluye solicitando que se revoque la resolución impugnada y se disponga la clausura y archivo de las actuaciones respecto de AA. III) El Dr. Ricardo Perciballe, por la Fiscalía Letrada Nacional Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad abogó por la confirmatoria (fs. 1944) Fiscalía rechaza los argumentos de la defensa y recordó el contexto histórico y jurídico en el que se enmarcan los hechos; la Ley 14.068, aunque votada por un parlamento democrático, permitió la intervención de la justicia militar en asuntos civiles, lo que facilitó el uso sistemático de la tortura. Esta norma, aprobada en 1972 para combatir la guerrilla, fue luego usada por la dictadura para reprimir a opositores reales o supuestos, como BB – detenido y torturado hasta la muerte en 1976 – y el propio CC, a quien la justicia militar llegó a procesar. El Sr. Fiscal remarcó que aunque historia y derecho penal son disciplinas distintas, en casos ocurridos hace casi cincuenta años ambas deben vincularse. Existen hechos históricos reconocidos oficialmente, como la represión sistemática, torturas, desapariciones forzadas y homicidios, acreditados por la Comisión para la Paz y la Ley 18.596. En cuanto a la causa, la defensa invocó el principio in dubio pro reo , pero la Fiscalía aclaró que este solo se aplica al dictar sentencia, no en etapas iniciales como la actual. Luego detalló pruebas contra AA, quien era oficial S-2 del Batallón de Ingenieros N.º 4 y dirigía interrogatorios bajo tortura. Diversas víctimas detenidas entre el 6 y 11 de marzo de 1976 – entre ellas DD, EE, FF, GG y otras – lo identificaron directamente como responsable de detenciones, interrogatorios y tormentos, incluyendo torturas con picana, submarino y violencia sexual. Documentos militares y notas de concepto prueban que AA ocupó cargos en la inteligencia militar desde 1972 y que dirigía interrogatorios. Él mismo admitió haber interrogado a detenidos. Otros testimonios de militares e indagados, como HH, II, JJ, KK y LL, lo señalaron como figura central del aparato represivo en el Batallón, responsable de la sección de inteligencia y de las torturas. Incluso un testigo presencial lo vio participar directamente en sesiones de tortura. La autopsia practicada por el Dr. NN estableció que BB murió por asfixia y múltiples lesiones internas derivadas de torturas, no por causas naturales, y que no hubo intervención judicial alguna tras su muerte. Esto, según la Fiscalía, configura un homicidio agravado por sevicia y por haber ocurrido en el marco de otros delitos. Finalmente, se destacó que AA ya enfrenta otras causas por crímenes de lesa humanidad, incluyendo torturas y desapariciones forzadas ocurridas en el mismo período y lugar, lo que refuerza la solidez del caso. VI) Por interlocutoria N.º 394/2025 la A quo mantuvo la recurrida y franqueó la apelación. Recibida la pieza, se citó para sentencia, que se acordó previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : 1) La Sala, por unanimidad de votos de sus integrantes naturales, confirmará la recurrida por los fundamentos que se expondrán. 2) Los hechos que fundan el procesamiento consisten en que en la madrugada del 6 de marzo de 1976 fue detenido BB en su domicilio sito en Gregorio Sanabria N.º 000, Maldonado, por su vinculación al Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros por integrantes del Batallón de Ingenieros N.°4. Fue maniatado y encapuchado. Acto seguido, fue conducido al Batallón de Ingenieros N.° 4 de Laguna del Sauce. En dicho centro clandestino de reclusión, fue sometido a interrogatorios bajo intensos tormentos físicos, a los efectos de obtener información relativa a la organización mencionada y personas vinculadas. Así fue pues que a consecuencia de los tratos crueles e inhumanos falleció el día 9 de marzo de 1976. Conforme surge del certificado de defunción glosado a fs. 251, suscrito por el Dr. NN, se consigna como causa de muerte “síncope cardíaco”. El médico señaló que ‘el cadáver estaba desnudo, estaba limpio. Le constaté cuarenta y ocho equimosis externas en un brazo, eran como de quemadura, también golpes y erosiones en el resto del cuerpo por lo que deduje que tenía más de doscientas en todo el cuerpo y tenía como un hematoma por los golpes sobre la parte hepática, en la zona derecha sobre las costillas. Luego de constatar que no tenía heridas profundas, ni de disparo de arma de fuego, salvo las múltiples erosiones que relaté. Lo abrimos y vimos que tenía un hematoma alrededor del hígado y en los mesos – parte del colon y piplon – lo que significa que había sido golpeado. Al abrir el tórax encontramos que los pulmones tenían las manchas de Tardieu y de Paltauf que son indicativas de rotura del parénquima pulmonar por la anoxia – falta de oxígeno – y que había además una insuficiencia cardíaca derecha con escaso líquido pleural y pericárdico. Se abrió la tráquea y la laringe buscando lesiones tipo ahorcadura, pero no las encontramos para explicar las lesiones de los pulmones. Luego entendí que las mismas habían sido producidas por lo que se llama submarino seco, donde le colocan una bolsa de nylon y lo asfixian, por eso no encontramos agua en los pulmones ni en el árbol traqueobróntico como en los casos de muerte por submarino. Le sacamos la calota y lo que vimos en el cerebro que había edema cerebral y edema de las leptomeninges también producto de la anoxia. No había golpe en la cabeza que explicara el edema porque era también resultado del procedimiento. Hice la descripción de lo que vi y puse que tenía las lesiones pulmonares de la anoxia y una insuficiencia cardíaca derecha que había llevado al paro cardíaco, pero no sabía la causa. Después de ver las lesiones internas que tenía que era lo mismo que veía en los muertos de la morgue que morían ahogados concluí que era por submarino seco. Luego ÑÑ que explicó que la muerte de esta persona se debió a que ‘al teniente se le había ido la mano’. Por su parte, el Dr. ÑÑ, médico militar del Batallón de Ingenieros N.° 4, si bien habría consignado que no le constató a BB ‘lesión alguna a simple vista’ ‘No fui a Minas, fui a la unidad, al batallón 4 y fue el Comandante Moraes quien pidió explicaciones de lo que se había consignado en la autopsia’ (fs. 292 y 293), al ser interrogado en su segunda comparecencia ante la Sede respecto a si BB había sido sometido a apremios físicos por alguien, respondió: ‘Él se murió por apremios físicos’. Al ser interrogado si vio a BB, conforme surge a fs. 1043, señaló: ‘Constaté el fallecimiento de él en la unidad’. Sabe que murió por apremios físicos ‘Por la autopsia que hizo el médico legista Salgado encontró un edema cerebral y unas petequias en el miocardio y consideró que había muerto por un síncope, años después el concluye que esas lesiones eran compatibles con la tortura del submarino’. Las personas detenidas conjuntamente con BB – OO, PP, QQ y RR – ubican al indagado AA como partícipe de los interrogatorios y de los apremios físicos. 3) A juicio de la Sala, los elementos allegados al proceso, sin perjuicio de la provisoriedad propia de este tipo de pronunciamientos, avalan el procesamiento dispuesto. Debe recordarse que, conforme se señalara en Sentencia N.º 100/2004, (RDP, N.º 16, pág. 628, c. 80, Sent. 100/04) ... para el progreso de una situación de enjuiciamiento, sólo es necesario que se constate la ocurrencia de un hecho con apariencia delictiva y que existan elementos de convicción suficientes para sustentar que el indagado fue el protagonista ((..). “el debate sobre la solvencia de la prueba, sobre el elemento subjetivo o las circunstancias modificativas, debe resignar hasta la etapa de conocimiento, el plenario del proceso”. Ello por cuanto “... la decisión de procesamiento no es más ni menos que un juicio de probabilidad acerca de los extremos fácticos y jurídicos de la imputación que declara que hay elementos de convicción suficientes para juzgar, al momento de su dictado y provisionalmente, que se ha cometido un hecho delictuoso y que el imputado ha participado en el mismo...”. (sentencia 218/94 de la Sala). En este sentido, corresponde inicialmente determinar el objeto de la apelación que no es otro que el que surge de los agravios contenidos en el recurso, concretamente: la inexistencia de nexo causal entre la muerte de la víctima y la conducta del imputado, la falta de prueba sobre la agravante muy especial del homicidio y la falta de dolo de darle muerte, la omisión de la subsunción del hecho en una norma concreta y la prescripción de los hechos. La defensa no se agravia del hecho material en sí, esto es, de la muerte de BB, y de la causa directa de ella que la defensa califica de trato aparentemente excesivo , eventualmente negligente, imprudente e imperito. De lo anterior se infiere que no forma parte de los agravios los signos y síntomas relevados por los médicos declarantes, esto es, las cuarenta y ocho equimosis externas, golpes, erosiones, hematomas, etc. Rotura de parénquima por anoxia o falta de oxígeno producidas por haberle practicados el submarino seco, y una insuficiencia cardíaca que condujo al paro cardiaco y a la muerte. El Tribunal tampoco entiende que la referencia que la Sra. Magistrada A quo y las partes hacen al contexto histórico sea un verdadero agravio. Y ello porque se trata de un relato de la historia política y legislativa de aquel momento, pero como no se realiza una inferencia directa entre ellas y el hecho concreto, en el sentido de dar por cierto que la muerte por tormentos de la víctima se deriva del hecho notorio del contexto histórico, no constituye un agravio idóneo la discusión la histórica de lo sucedido en aquella época. 4) Semiplena prueba del nexo causal : El Tribunal entiende que la participación de AA en la muerte de la víctima en las circunstancias ya señaladas se encuentra acreditada con el estándar de prueba suficiente para esta etapa del proceso. En efecto, en primer lugar, el propio imputado (fs. 1329 y ss.) admite haber cumplido funciones en el Batallón de Ingenieros N.º 4 de Maldonado, encargarse del interrogatorio de los detenidos y que también se desempeñaba allí su hermano KK (fs. 1332). Interrogado directamente sobre la víctima, AA señala …no recuerdo haberlo detenido. Interrogado probablemente. No ejercí apremios físicos sobre ninguna persona. El trato en el Batallón hacia los detenidos era un trato normal (fs. 1330). Por consiguiente, el extremo de que el imputado estuviera en el lugar de los hechos y con la función de interrogador, está admitido por el propio imputado. En cuanto a si practicó apremios físicos a los detenidos – extremo que niega – surge de la semiplena prueba como primer indicio relevante que el Dr. SS narra que el médico del Batallón, Dr. ÑÑ, le comentó que …al teniente se la había ido la mano, lo que valorado en dicho contexto – de un cuerpo con signos de tortura – con más lo consignado luego por Salgado, esto es, que fue destituido porque no estuvieron de acuerdo con lo consignado en la autopsia, solo puede inferirse razonablemente, que se trataba de una víctima de muerte por tormentos causados por un teniente del Batallón (fs. 262). ÑÑ – en declaración coincidente con la de SS – señala indicios de tortura como ser plantón, colocación de capuchas, gritos, golpes en los riñones, etc. y luego señala que creo que BB fue sometido a torturas que le condujeron a la muerte (fs. 294 y 295). Si bien niega haber realizado en comentario sobre el teniente, la valoración conjunta de ambas declaraciones en principio permite concluir que la víctima murió por torturas durante los interrogatorios en el lugar y momento indicados en el auto de procesamiento, y en el que se desempeñaba con función de interrogador el imputado teniente AA. Estos indicios de lugar, tiempo, modo y circunstancias se refuerzan con las declaraciones de otros detenidos de aquel momento. GG , detenido simultáneamente con la víctima, señala que lo torturaron los hermanos AA y que les practicaron torturas al mismo tiempo a él y a la víctima (fs. 283). HH reconoce al imputado como quien lo detuvo el 11 de marzo de 1976. II conoció al teniente AA cuando fue llevada a la comisaría de San Carlos, y lo ubica como uno de los funcionarios que participaba en los interrogatorios y torturas (fs. 989). HH relata la expresión se voló el pajarito con la que señalaban la muerte de la víctima (fs. 1148), y la presencia constante del imputado teniente AA, que tenía un hermano, lo que indudablemente hace referencia al apelante. También destaca TT el reclamo de los custodias de la víctima de que para quitarle la capucha debían consultar a AA, lo que indica su influencia o jerarquía durante los procedimientos de interrogatorios en condiciones de graves apremios (fs. 1149). JJ relata los dichos de su padre respecto a los últimos momentos de la víctima y cómo a su respecto los funcionarios dijeron …pará, pará, se nos fue… (fs. 1574). UU, preguntada por la identificación de quienes la detuvieron, señala: sí, había uno que ya murió, le decían el ‘Heleno’, luego estaba AA, con él tuve encuentros a lo largo de las detenciones, me llevó a torturar con perros furiosos y a mí me salía espuma por la boca de los nervios. Yo sabía quién era porque había estado en mi casa más de una vez… Un día nació un hijo de él y se puso a llorar, me pedía como perdón, pero me torturaba también (fs. 1176 y ss.). KK, hermano del imputado, ubica a su hermano como Oficial S2 de Inteligencia (fs. 1051) y LL lo señala como el teniente segundo AA, encargado de información y a cargo de los interrogatorios. LL relata cómo era el procedimiento de detención, que lo hacía el oficial de inteligencia S2, que en ese momento era el teniente 1º AA que tenía un hermano en el Batallón… el teniente AA era el S2 (fs. 1778 y 1785). VV ubica al imputado como uno de los encargados de realizar los interrogatorios y presenció directamente una sesión de tortura con picana de aproximadamente una hora a cargo de AA (1789 y ss.). El también militar WW señala al imputado como quien estaba al mando del S2 (fs. 1801) y XX, militar, presenció detenidos lastimados por golpes en los interrogatorios y uno de los oficiales a cargo de realizarlos era el imputado (fs. 1811). Se deja constancia que dentro de las funciones de la unidad S2 estaba justamente la de practicar los interrogatorios (fs. 1234). AA entonces trabajaba como oficial en el Batallón de Ingenieros N.º 4, a cargo del grupo S2, encargado de el interrogatorio de los prisioneros, lo cual lo hacía bajo torturas, hecho presenciado por varios testigos. Estaba en el lugar, en el momento, y cumpliendo las funciones en las circunstancias ilícitas ya referidas, lo que además requería de la cooperación de varios funcionarios, por lo cual su participación – total o parcial, mediata o inmediata – en los tormentos que le causaron la muerte a BB está acreditada, por lo que la calificación inicial realizada no parece equivocada. Téngase presente la naturaleza rebus sic stantibus de esta resolución , …que no decide definitivamente la cuestión, la que no fija de una vez para siempre, la que la establece, pero con posibilidades de que actos posteriores la transformen… cuyo contenido está (puede estar) sujeto a cambios sea en proceso posterior (…) sea en el mismo proceso (Cfme. Landoni Sosa, Ángel. El Proceso en el Nuevo Código del Proceso Penal. AA.VV. Curso sobre el Código del Proceso Penal. Ley N.º 15.032. IUDP. FCU. Pág. 242). Por consiguiente, en tanto exista semiplena prueba de la participación del imputado, corresponde confirmar la atacada, mientras que la determinación final de su responsabilidad y en su caso, el grado de participación, es materia de decisión en la sentencia definitiva. 5) La agravante muy especial, imputación subjetiva y omisión de la subsunción en la norma : Por lo mismos fundamentos recién expresados, la provisionalidad del auto de procesamiento convierte estos agravios en irrelevantes en esta etapa. Si bien la Sra. Jueza A quo efectivamente omitió individualizar qué numeral del artículo 312 se aplica al caso, de la interpretación de su resolución y la pretensión fiscal, surge que por lo menos se refiere a las graves sevicias del numeral 1º, porque del relato detallado de los sufrimientos de la víctima inferido de la transcripción de la declaración forense, y su posterior muerte, permite arribar a esa conclusión sin mayor esfuerzo; y sin perjuicio – claro está – de la calificación definitiva que se pida en la acusación y se defina en la sentencia. Se comparta o no dicha calificación, sí se puede descartar prima facie que la muerte haya obedecido a negligencia, impericia o imprudencia, porque la clara naturaleza dolosa de las acciones capaces de producir esas heridas, excluyen una imputación culposa. En cuanto a lo demás, no es la etapa procesal para expedirse, por lo que el Tribunal considera lo anterior, fundamento suficiente para la confirmatoria. 6) Prescripción : Este agravio es señalado en forma por demás genérica en el escrito de apelación (fs. 1941), alegando el tiempo pasado desde la ocurrencia de estos hechos, pero sin realizar una crítica razonada a la sentencia. Tampoco fue concreta la interposición de esta defensa en oportunidad de evacuar el traslado del pedido de procesamiento (fs. 1873 vto.), aunque sin embargo la defensa – lealmente – señala que ya se había solicitado la prescripción en este proceso y había sido desestimada. En efecto, la prescripción fue desestimada por interlocutoria 457/2021 del 10 de agosto de 2021 (fs. 1323 del IUE 88-181/2016) y confirmada por interlocutoria 771/2021 del 2 de diciembre de 2021 de ese mismo Tribunal (fs. 1439 del IUE 88-181/2016 y fs. 1170 del presente). Existiendo sentencia ejecutoriada sobre el punto, y no alegándose ningún hecho o acto sobreviniente que justifique su revisión, solo corresponde desestimar también este agravio. Por los fundamentos expuestos y conforme lo dispuesto en los arts. 12, 15, 18, 22, 26 y cc. de la Constitución de la República; arts. 174, 250 y 251 del CPP; EL TRIBUNAL RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.