Sentencia Interlocutoria N° 602/2025

Ministra Redactora: Graciela Eustachio Colombo.- VISTA: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia esta pieza: “AA – UN DELITO DE SUMINISTRO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES PROHIBIDAS ESPECIALMENTE AGRAVADO EN GRADO DE TENTATIVA” - PROCESO ABREVIADO – TESTIMONIO IUE: 2-15222/2021 - (IUE: 571-55/2025) ; venida del Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de 4º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la Fiscalía de Estupefacientes de 3 er Turno representada por el Dr. Rodrigo Morosoli, contra la Res. Nº 1842/2025 dictada el 02.05.2025 por la Dra. Nivia Díaz Gutiérrez, con la intervención de la Defensa, Dra. Anabel Pereyra. RESULTANDO: I) La hostilizada (fs. 52/53 ), resolvió: “...Proc é dase a reliquidar la condena en la forma expresada, tomándose en consideración toda la actividad laboral y/o educativa remitida en estos autos... II) Fiscalí a, al apelar (fs. 59/60 vto.) expresó: - Que la imputada fue condenada por la comisión de un delito de Suministro de Sustancias Estupefacientes Prohibidas especialmente agravado, en calidad de autora y en grado de tentativa (sentencia 144 del 22 de setiembre de 2024). Por ende, su situación se encuentra comprendida dentro de las previsiones del último inciso del artículo 13 de la ley Nº 17.897, en la redacción dada por el artículo 86 de la ley Nº 19.889. Es decir, le está vedado redimir pena. Sin embargo, en la sentencia que nos agravia, la Sede dispuso la reliquidación de la pena impuesta por la sentencia condenatoria, considerando que se trata de un delito tentado y por lo tanto “cuando el legislador quiere que un beneficio sea inaplicable para aquellos delitos tentados y consumados, lo dice expresamente. Así las cosas y en tal escenario, cabe concluir que en el presente caso la redención de pena resulta admisible...” . - Téngase presente a tales efectos lo señalado por el T.A.P. de Tercer Turno en Sentencia 591/2022. Esta Fiscalía comparte los argumentos del Tribunal, y entiende que no procede otorgar la posibilidad de redimir pena en este caso. Pero la sentencia aquí recurrida consagra no sólo la posibilidad de redimir pena, sino que además le otorga un régimen aún más beneficioso: un día de redención por cada dos días de trabajo o estudio (régimen conocido coloquialmente como “2x1”). En puridad, aún de entenderse que corresponde redimir en el caso concreto, igualmente correspondería el régimen conocido como “3x1”: un día de redención por cada tres días de trabajo o estudio. Ello teniendo presente la actual redacción del artículo 13 de la ley 17.897 en su redacción actual dada por la ley 19.889, y lo establecido por el decreto reglamentario 407/2021. - No caben dudas que el delito, el proceso penal y la sentencia condenatoria que aquí nos ocupan, ocurrieron con posterioridad a la vigencia de la ley 19.889 y su decreto reglamentario. Por lo cual resulta absolutamente improcedente adjudicarle un régimen de redención que ya se encontraba derogado a la fecha de comisión del ilícito. Por lo expuesto, solicita se eleven las presentes actuaciones al T.A.P, a efectos de que revoque la recurrida. III) La Defensa abogó por la confirmatoria (fs. 67/69 vto.) y expresó: - La penada fue condenada por un delito de suministro de sustancias estupefacientes especialmente agravado en grado de tentativa, por ende, no está comprendido dentro de lo dispuesto en el art. 13 de la ley 17.897en la redacción dada por el art. 86 de la ley 19889 debido a que dicho artículo al establecer la restricción del beneficio de la redención de pena no distingue el grado de consumación ni el grado de participación que el delito debe tener para que dicha restricción opere. - El derecho a redimir pena es de orden fundamental, cuya protección se extrae de la Constitución de la República. La regla es la redención de pena, las excepciones están expresa y taxativamente enunciadas, por lo tanto, como toda excepción en materia penal, la norma debe interpretarse en forma estricta, debiéndose entender que la ley cuando prohíbe la redención de pena para determinados delitos se refiere al tipo penal consumado y no a las otras modalidades de ejecución como es la tentativa. No resulta ajustado a derecho realizar una interpretación extensiva y abarcar al delito en grado de tentativa. Tal interpretación vulnera principios que rigen nuestro derecho penal y procesal penal; debiendo aplicarse la norma más favorable al imputado en una interpretación estricta de las normas y en caso de duda en materia de derecho penal y procesal penal debe recurrirse al principio in dubio pro reo, una de cuyas derivaciones podemos ver ejemplificada en el art. 14.2 del CPP Comparte lo dicho por el TAP 1º en la Sentencia Nº 511/2022 - Asimismo, por lo ya expresado y lo dispuesto en el art. 14.2 del CPP, recurriendo a criterios de priorización, articulación y ponderación con una perspectiva de Derechos Humanos y siempre sistemática y ajustada a los fines del sistema del Derecho Penal, entiende que resulta procedente la redención de pena de mi patrocinada por tratarse de un delito de suministro de sustancias estupefacientes especialmente agravado en grado de tentativa. Solicita, se eleven las presentes actuaciones al T.A.P. que por turno corresponda a efectos de que mantenga la Res recurrida. IV) Por Res. Nº 2140/2025 de 16.05.2025 (fs.70), la A-quo franqueó la Alzada. Recibida la pieza, pasó a estudio por su orden y se acordó sentencia (fs. 76 y ss.). CONSIDERANDO: I) La Sala, por el voto unánime de sus integrantes, confirmará la recurrida por los fundamentos que se expondrán, II) En el caso de autos la penada fue condenada como autora responsable de un delito de Suministro de sustancias estupefacientes prohibidas especialmente agravado en grado de tentativa Este Tribunal con su nueva integración, no encuentra motivos para revisar la postura en el sentido pretendido por la parte apelante, ya que se mantiene la posición sustentada en sentencia Nº 670/2024 cuando considera que los delitos tentados no están comprendidos en las restricciones establecidas en el art. 13 de la ley 17.897 en la redacción dada por el art. 86 de la ley 19.889, que fue reglamentado por Decreto 407/2021. En efecto, la Sala considera que para limitar o excluir un derecho otorgado por la ley a un imputado o penado, tal restricción debe estar establecida a texto expreso, pues, no corresponde efectuar una interpretación amplia de la norma cuando ello implica excluir un beneficio. Así, en el ámbito de las exclusiones previstas en los arts 301 bis y ter del CPP, en términos perfectamente trasladables al régimen de la redención, la Sala en Sentencias 511/2022 y 116/2024 ha expresado : “ Conforme el art. 14.2 del CPP, en caso de duda en la interpretación de una norma procesal: “...se deberá recurrir a las normas generales, fundamentalmente las que emanan de la Constitución de la República, de los principios generales del derecho y de los específicos del proceso penal, debiéndose preservar y hacer efectivas las garantías del debido proceso.” Pues bien, de la Constitución de la República se extrae el derecho a la libertad (art. 7), la que solo puede ser privada por leyes de interés general y en las hipótesis previstas en el art. 15 de la Constitución. Asimismo, debe tenerse presente los principios generales del derecho (libertad, legalidad, igualdad, entre otros) y específicos del derecho penal y proceso penal como lo son: aplicación de la norma más favorable al imputado o penado, irretroactividad de la ley penal, in dubbio pro reo, entre otros. En definitiva, siendo la libertad un derecho fundamental, consagrado y protegido en la Constitución nacional, toda norma que prive o limite ese derecho debe interpretarse en forma estricta y de acuerdo con los principios generales del derecho y específicos de la materia penal.” De lo que viene de expresarse, se concluye que cuando el legislador en el art. 86 de la ley 19.889 establece que es inaplicable el beneficio de la redención en determinados delitos, los que enuncia taxativamente y no incluye el grado tentado de los mismos, no corresponde efectuar una interpretación extensiva o amplificadora y abarcar el grado de conato, cuando ello claramente va en perjuicio del penado/a y vulnera principios que rigen nuestro derecho penal y procesal penal: aplicación de la norma más favorable al imputado o penado, interpretación de la ley favoris rei, interpretación estricta de la misma e in dubbio pro reo. III) En efecto, cuando el legislador quiere que un beneficio sea inaplicable para delitos tentados y consumados lo dice expresamente. Véase que en la misma ley 19.889 que prevé los delitos excluidos del beneficio de la redención, en su art. 31 al regular el régimen de libertad a prueba establece que es inaplicable dicho beneficio “cuando se trate de alguno de los delitos que se enuncian a continuación ya sea tentado o consumado y cualquiera sea la forma de participación del penado:…” (art. 295 bis del CPP agregado por el art. 31 de la ley 19.889. El marcado pertenece al Tribunal). En consecuencia, si una misma ley tuvo presente los diferentes grados o fases punibles del “iter criminis” (tentativa y consumación) para la libertad a prueba y no consideró ello al tratar el instituto de la redención, corresponde concluir que la ley no quiso excluir a los delitos tentados de este último beneficio. En la especie, resulta de clara aplicación la máxima jurídica: cuando la ley quiere lo dice, cuando no quiere calla (‘Ubi lex voluit, dixit; ubi noluit, tacuit’), por lo tanto, si el legislador en el art. 86 de la ley 19.889 cuando modifica el régimen de redención “calla” es porque no quiso incluir a los delitos tentados en el régimen de exclusión. IV) Por último, en cuanto al agravio de Fiscalía referido a que el régimen de redención aplicable sería tres días de trabajo o estudio por uno de reclusión, y no el común de dos días por uno aplicado en la apelada, la Sala considera que no es de recibo. En efecto, conforme a lo que viene de expresarse, como en el caso de autos se trata de un delito tentado y éstos no están comprendidos en la restricción objeto de debate, corresponde la aplicación del régimen común de redención (dos días de trabajo y/o estudio por uno de reclusión). Concluyendo, la Sala considera que tratándose el art. 86 de la ley 19.889 de una norma que excluye un beneficio liberatorio, debe interpretarse en forma estricta, pues de esa forma se contemplan los derechos consagrados en nuestra Constitución, los principios generales de derecho, la máxima jurídica referida y especialmente, los principios específicos que rigen nuestro derecho penal y procesal penal. Por los fundamentos expuestos, conforme la normativa citada y lo dispuesto en los arts. 362.2, 363 inc 2 y 366 del CPP y 254 del CGP; SE RESUELVE : CONFÍRMASE LA RESOLUCIÓN Nº 1842/2025 APELADA. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE.