Sentencia Interlocutoria N° 638/2022

Montevideo, diez de mayo de dos mil veintidós VISTOS: Estos autos caratulados: “AA - SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL” - IUE: 1-107/2021. RESULTANDO: 1.- Emerge de los autos principales (IUE: 301-671/2017) que, en el presente proceso penal, tramitado por el C.P.P. 1980, recayeron las siguientes sentencias: 1.1.- Por sentencia definitiva de primera instancia N° 38/2020, dictada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Paysandú de 2º Turno, a cargo de la Dra. Rossana Martínez Fernández, se falló: “ Condenando a Hugo Luis ALVAREZ CASTILLO como autor penalmente responsable de reiterados delitos de ATENTADO VIOLENTO AL PUDOR ESPECIALMENTE AGRAVADO a la pena de tres (3) años y dos (2) meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida y accesorias legales de rigor ”. 1.2.- Por sentencia definitiva de segunda instancia N° 63/2021, de fecha 12 de agosto de 2021, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 1° Turno (Ministros: Dres. Alberto Reyes (red.), Sergio Torres y Graciela Gatti), se confirmó la sentencia de primera instancia. 2.- Contra la sentencia definitiva dictada por la Sala en lo Penal de 1° Turno, la Defensa particular del encausado interpuso recurso de casación, que tramita en la causa principal (IUE: 301-671/2017). 3.- Con fecha 18 de octubre de 2021, la Defensa del encausado solicitó que se le concediera el beneficio de la libertad provisional (fs. 1/2 vto. de los presentes autos), lo que fue desestimado por la Corte mediante sentencia interlocutoria N° 1637/2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 (fs. 11/15). 4.- El 10 de febrero de 2022, a fs. 19/20 vto., comparece nuevamente el defensor particular del encausado a efectos de solicitar la concesión a su representado del beneficio de la libertad provisional. Funda su solicitud en los siguientes argumentos: El Sr. AA se encuentra en prisión preventiva desde el 25 de junio de 2020, vale decir, un año y ocho meses completos, cumpliendo prisión en forma efectiva. A ello se debe sumar el tiempo de redención por trabajo durante su estadía en prisión (260 días), que determinan que, de una futura y eventual pena, el Sr. AA podrá redimir un total de cuatro meses y medio. De esta forma, puede decirse con propiedad que, al momento, el encausado ha cumplido una pena de dos años y dos meses, lo que implicaría que le quedaría por cumplir un saldo de un año de la pena impuesta por el Tribunal en su sentencia, la que no ha quedado firme. Es evidente que no existe riesgo procesal que justifique mantener la prisión preventiva del Sr. AA, ya que no emerge acreditado en autos que intentara fugarse, atemorizar testigos o entorpecer el trámite del proceso. Desde que se iniciaron las actuaciones, el encausado siempre estuvo a derecho, cada vez que se lo citó compareció y nunca abandonó su domicilio ni intentó mudarse, dando muestras sobradas de que este riesgo no existe como justificativo para mantener su prisión preventiva. Tampoco existe prueba de que el encausado haya hostigado testigos o alterado pruebas a lo largo del proceso. Respecto al menor denunciante, tampoco existió ninguna actitud intimidante de parte de AA, que lo pusiera en peligro o intentara cambiar su versión de los hechos. En suma, no hay razones procesales para mantener en prisión al encausado, quien se encuentra en una clara situación de pena anticipada, la que está vedada por la Constitución Nacional, imponiéndose su inmediato cese. Por lo expuesto, solicitó que se conceda la libertad provisional bajo caución juratoria al encausado Sr. AA, disponiéndose si los Sres. Ministros lo consideraren pertinente, las medidas sustitutivas que estimaren del caso. 5.- Por decreto N° 190 de fecha 9 de marzo de 2022, se confirió vista a la Sra. Fiscal Letrada Departamental de Paysandú de 2° Turno (fs. 22), la que no fue evacuada. 6.- Por auto N° 346 de fecha 24 de marzo de 2022, se llamó para resolución (fs. 25). CONSIDERANDO: I) La Suprema Corte de Justicia, con el quorum legalmente requerido, desestimará la solicitud de libertad provisional promovida por la Defensa del encausado. II) Resultan plenamente traslada-bles a la presente resolución las consideraciones efectuadas por la Corporación en sentencia interlocutoria N° 1.637/2021, en tanto las razones indicadas en dicha oportunidad como justificativas del mantenimiento de la prisión preventiva del encausado Sr. AA se mantienen en la actualidad. En tal sentido, se indicó en el referido pronunciamiento: “(...) la presente causa tramita por las disposiciones del C.P.P. 1980. La Defensa funda su solicitud de libertad provisional en lo previsto en los arts. 138, 156 y concordantes del C.P.P. 1980. De acuerdo al art. 138 de dicho cuerpo normativo: “ Podrá concederse la excarcelación del procesado que se encontrare en prisión preventiva, en cualquier estado de la causa, salvo que la ley reprima el delito atribuido con mínimo de penitenciaría, o cuando se estime, `prima facie´, que la pena a recaer en definitiva será de penitenciaría (artículo 27 de la Constitución de la República). (...)”. El art. 156, en tanto, regula el trámite de la solicitud de libertad provisional, disponiendo que se presentará ante el Juez o Tribunal que estuviere conociendo de la causa (en la especie: Suprema Corte de Justicia). Pues bien. En el presente caso, en dos instancias han recaídos sentencias condenatorias, que impusieron pena de penitenciaría al encausado. En efecto, en primera instancia, el Sr. AA fue condenado como autor penalmente responsable de reiterados delitos de atentado violento al pudor especialmente agravado a la pena de tres años y dos meses de penitenciaría, con descuento de la preventiva sufrida. Dicha pena fue íntegramente confirmada por el órgano de alzada. De esta manera, es evidente que no se cumple en el caso el requisito legal, previsto en el art. 138 C.P.P. 1980, relativo a que no se estime “prima facie” que la pena a recaer en definitiva será de penitenciaría. En tal sentido, sin perjuicio de que la sentencia de segunda instancia no se encuentra firme y de lo que oportunamente resuelva la Corte al pronunciarse respecto al recurso de casación interpuesto por la Defensa contra aquella providencia, es posible estimar, “prima facie” y sin perjuicio, que la posible pena a recaer será de penitenciaría (fs. 12 vto./13 vto.). A la fecha (10 de mayo de 2022), el encausado ha cumplido 1 año, 11 meses y 16 días de prisión preventiva. Aun computando los días que alega haber trabajado y que, por ende, supondrían una redención de pena de cuatro meses y medio (según sus dichos), todavía no estaría ni cerca de cumplirse el tiempo de la condena dispuesta en los grados anteriores (que aún no está firme): 3 años y 2 meses de penitenciaría. III) Como ha señalado el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno en sentencia N° 343/2021, en términos que, con sus naturales adaptaciones, pueden replicarse en el presente caso: “(...) atendiendo a la natura-leza, el mérito de la causa y la gravedad del delito en el caso concreto, este criterio es otro a tomar en cuenta, para la no concesión del beneficio. La privación de libertad a través de la prisión preventiva, tiene naturaleza eminentemente cautelar, no es ni puede aceptarse nunca, como adelanto de pena, pues ello está prohibido por lo dispuesto en el artículo 91 del Código Penal. Pero si bien no puede conside-rarse de este modo, absolutamente rechazable, puede vérsele como una necesidad de asegurar al encausado para el sumario, que estando en libertad podrá obstaculizar el desarrollo del proceso o fugarse, o como garantía para asegurar una fuente de prueba o finalmente como una necesidad de defensa social frente a la gravedad del delito”. Finalmente, como fundamento coadyuvante, cabe agregar que la medida limitativa de la libertad impuesta al Sr. AA durante el presente proceso, responde a una evidente finalidad cautelar, como lo es la de proteger la libertad sexual y la integridad física de la víctima, finalidad que aún no se ha agotado y que, por tanto, justifica el mantenimiento de dicha medida. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: DESESTÍMASE LA SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL.