Sentencia Interlocutoria N° 1093/2025

VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia en estos autos caratulados “AA c/ BB-Tenencia- Recurso de Apelación-TAF 3°”, IUE: 180-79/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal atento al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria N° 259/2025 de fecha 18 de febrero de 2025, dictada por el Dr. Mario Federico Suárez Suñol, Juez Letrado de Primera Instancia de Ciudad de la Costa de 4° Turno. RESULTANDO: 1.- Por sentencia interlocutoria No 259 del 18 de febrero de 2025, se dispuso: “ Se tiene presente la comparecencia de la Sra. Abogada firmante, en la que asume la representación procesal de la demandada, su cliente, la Sra. BB, que al momento, y según explica, está impedida de contestar la demanda. Por ahora, y dadas las características del asunto, se acepta, se hace lugar a esa comparecencia, estando, naturalmente, a su debida ratificación por la Sra. AA, la que deberá verificarse en plazo de seis días. Y por contestada la demanda de tenencia definitiva (...)” (fs. 32). 2.- Contra dicha resolución, el actor interpuso el recurso de apelación en estudio, expresando, en síntesis, los siguientes agravios. a) La situación de salud de la demandada (embarazo de riesgo) no constituye un argumento de fuste para eludir el vencimiento de un plazo procesal. Nótese que su propia abogada expresa que su defendida ya sabía de la demanda entablada en su contra desde antes de la feria judicial, por lo que no puede decirse que esa situación de salud constituye una situación imprevisible o inevitable que haya hecho imposible que contestara la demanda. b) Dicha situación de salud tampoco es una causa de fuerza mayor, porque aunque la demandada tenga que guardar reposo, ello no significa que no esté capacitada para leer una contestación de demanda y firmarla. c) Además, véase que la acción de ratificación que el Sr. Juez pidió que se realizara en un plazo de 6 días es la misma acción que la demandada tenía que llevar a cabo para contestar la demanda, es decir, recibir un documento y firmarlo. Pero con una diferencia: contó con un período de 60 días para ello. d) En los hechos, se presentó un tercero contestando la demanda sin que mediara autorización para ello y sin darle traslado al actor antes de aceptar el escrito y tener por contestada la demanda. e) No resulta de aplicación el art. 98 del C.G.P., porque no hubo ninguna circunstancia que colocara a la demandada en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario. f) Tampoco resulta aplicable el art. 41 del C.G.P. en materia de procuración oficiosa (fs. 36-40). 3.- El 27 de febrero de este año se presentó la demandada y ratificó lo actuado por su abogada (fs. 43). 4.- Sustanciado el recurso de apelación (decreto N° 335/2025, fs. 41), el traslado fue evacuado por la demandada, quien abogó por su rechazo (fs. 46- 48). 5.- Por decreto N° 461 del 13 de marzo de 2025, el Sr. Juez a quo franqueó el recurso de apelación, sin efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones de Familia que por turno correspondiera (fs. 49). 6.- Recibido el expediente en este Tribunal se dispuso el pase del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden y cumplido con el Acuerdo se procede al dictado de la sentencia. CONSIDERANDO: 1.- La Sala por el voto conforme de dos de sus miembros, revocará la sentencia interlocutoria de primera instancia impugnada, por resultar de recibo los agravios expuestos en la recurrencia. 2.- El objeto de la apelación que nos convoca estriba en que se haya tenido por contestada la demanda. Al abordar el mismo debemos partir de lo preceptuado por la Constitución Nacional en su artículo 18, “Las leyes fijarán el orden y formalidades de los juicios”. Teniendo presente además que el artículo 16 del CGP preceptúa la indisponibilidad de las normas procesales. El que nos ocupa es un proceso de tenencia respecto de un niño, que se regula por la estructura del proceso extraordinario (arts.346 y ss. del CGP). Así lo dispone el art. 349 numeral 3) del mismo cuerpo de leyes. En aplicación del proceso extraordinario, el art. 346 remite a lo establecido en el ordinario en lo que fuere pertinente. Así pues, en el caso, será de aplicación el artículo 338 en cuanto prevé que, presentada la demanda, luego del control de regularidad, el emplazamiento lo será por 30 días. Ese es el plazo que la ley otorga a la parte demandada para comparecer y contradecir. 3.- En el caso, la demanda se le notificó a la Sra. BB el 12 de diciembre de 2024, según surge de la actuación a fs. 20-22. De modo que el plazo de 30 días para contestar la demanda vencía el 18 de febrero de 2025. Y según surge de fs. 43, compareció a ratificar lo actuado por su abogada, el 27 de febrero de 2025. Esto implica que, en tiempo real y no estrictamente procesal, dado que contó con la Feria Judicial Mayor, la demandada tuvo 68 días para comunicarse con su abogada y contestar la demanda. Es así porque, si partimos de la base de que la demandada se comunicó con su abogada antes de la Feria Judicial Mayor al recibir la notificación de la demanda (como la letrada manifestó en su escrito de fs. 30-31), el argumento de que el embarazo de riesgo que cursa (extremo que tampoco surge probado en el expediente) constituye una causa de fuerza mayor, una justa causa o un hecho imprevisto que le impidió contestar la demanda dentro del plazo correspondiente no es atendible. Tampoco surge probado que la demandada haya pasado a residir en Villa Constitución, Departamento de Salto, como su abogada invocó. El embarazo de riesgo, que se reitera, no surge probado, no constituye un hecho fortuito ni una causa de fuerza mayor, por lo que no resulta de aplicación la regla de que al impedido por justa causa no le corre plazo. El art. 98 del CGP establece: "Al impedido por justa causa no le corre plazo desde el momento en que se configura el impedimento y hasta su cese. Solo se considera justa causa la que provenga de fuerza mayor o caso fortuito para la parte y que la coloque en la imposibilidad de realizar el acto por sí o por mandatario". El Dr. Vescovi, al comentar el citado artículo, señala que "Nuestra legislación admite en este artículo el principio general de suspensión de los plazos procesales en caso de impedimento por justa causa, desde que este comienza y hasta que cesa". La admisión se realiza con carácter sumamente restrictivo, ya que no cualquier razón o circunstancia constituye causa o fundamento "justo" de impedimento, en la terminología legal, sino solo aquellas hipótesis que configuren fuerza mayor o caso fortuito... Por "fuerza mayor" ha de entenderse aquella que inhibe u obstaculiza totalmente la voluntad de la parte de realizar el acto, de carácter imprevisto e irresistible. La doctrina por lo general sostiene que caso fortuito y fuerza mayor constituyen expresiones equivalentes, y que pese a la falta de definición legal, ambas refieren a hechos cuya nota principal es la irresistibilidad... esa nota de irresistibilidad coloca al sujeto en situación de imposibilidad absoluta de realizar el acto, es decir, no se trata de una mera dificultad, sino de obstáculo insuperable para la voluntad humana... Como ejemplos, se mencionan normalmente hechos de la naturaleza (inundaciones o terremotos que impiden comunicaciones, graves enfermedades) o del hombre (colisiones de automóviles), o de la autoridad (privación de libertad). (Vescovi, Enrique, Código General del Proceso, Tomo 2, págs. 376/377). Pues bien, el de autos no constituye un caso de excepción que amerite la suspensión de los plazos, en el sentido que viene de expresarse. Como atinadamente observó el actor en su recurso de apelación, véase que la ratificación que hizo la actora dentro del plazo que le otorgó el Sr. Juez A quo del escrito que presentó su abogada, implicó una actividad que pudo cumplir sin problema, por lo que no se explica cómo no pudo firmar la contestación de la demanda para que pudiera ser presentada en tiempo cuando contó con 68 días para hacerlo. 4.- En otro orden, la comparecencia que realizó la abogada de la Sra. AA, la Dra. Mirtha Zunino, a fs. 30-31 no encarta ni en la norma del art. 40 ni en la del art. 41 del C.G.P. En efecto, el art. 40 de dicho cuerpo normativo prevé: “ Justificación de la personería. La personería deberá acreditarse con la presentación de los documentos habilitantes desde la primera gestión que se realice en nombre del representado. En casos de urgencia podrá admitirse la comparecencia invocando el poder, sin presentar la documentación, pero si no se acompañase dentro del plazo que atendidas las circunstancias fije el tribunal, será nulo todo lo actuado por el gestor y éste pagará los gastos procesales devengados. En todo caso, podrá ser responsabilizado por los daños y perjuicios ocasionados”. Esta norma no se aplica al caso en estudio porque la Dra. Zunino no compareció invocando que la demandada le había conferido poder para actuar en el proceso. Si así lo hubiese hecho, el Sr. Juez sí podría haberle conferido plazo para que presentara la documentación correspondiente, pero esa no es la hipótesis que se planteó. A su vez, tampoco resulta aplicable el art. 41 del C.G.P., que consagra el instituto de la procuración oficiosa. La Dra. Zunino no lo invocó, pero tampoco podría aplicarse aun sí lo hubiese hecho, porque la letrada no ostenta ninguna de las calidades requeridas por la norma para legitimar a quien comparece en procuración oficiosa del interesado sustancial (ascendiente, descendiente, pariente por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado, cónyuge, socio o comunero o titular de un algún interés común que legitime esa actuación). Como señaló con acierto el actor en su recurso de apelación, la actividad que debía hacer la demandada era leer el escrito de contestación de demanda y firmarlo, y si pudo hacerlo dentro del plazo que le otorgó el Sr. Juez para ratificar el escrito que presentó su abogada (6 días) a pesar de su alegado y no probado embarazo de riesgo, no se encuentra una explicación razonable y atendible de por qué no pudo hacerlo dentro del plazo para contestar la demanda, siendo que además contó con la Feria Judicial Mayor. La abogada de la demandada, conocedora de que la notificación de la demanda se hizo antes de que comenzara la Feria Judicial Mayor, debió haber extremado sus esfuerzos para que su cliente firmara el escrito de contestación de la demanda para que este pudiera presentarse en plazo. Para ello, contó con más de la mitad del mes de diciembre de 2024, con todo el mes de enero de 2025 y con más de la mitad del mes de febrero de 2025. A juicio de este Colegiado, justificar la comparecencia sin poder de la abogada de la demandada y tener por contestada la demanda con la ratificación que formuló posteriormente ésta (fuera del plazo de 30 días para contestar la demanda) implica soslayar la relevancia del plazo respectivo y flexibilizar el proceso de una forma no prevista en la ley. 5.- Así las cosas y en virtud de lo que viene de exponerse no cabe más que la revocatoria de la resolución atacada y en su mérito tenerse por no contestada la demanda. 6.- La conducta de las partes no amerita condenaciones especiales en el grado (arts. 688 CC y 56.1 CGP). Por los fundamentos de hecho y de derecho expuestos, el Tribunal FALLA: Revócase la sentencia interlocutoria impugnada y en su mérito, téngase por no contestada la demanda. Sin especial sanción procesal en la instancia. Notifíquese y oportunamente devuélvase a la Sede de origen. Dr. Gustavo Nicastro Seoane - Ministro Dra. María Noel Tonarelli de Pena- Ministra (r) Dra. María Catalina Elhordoy – Secretaria Letrada.