Sentencia Interlocutoria N° 294/2025

Sentencia Nro. 294/2025 - IUE: 41-29/2025 Montevideo, 20 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SÉPTIMO TURNO MINISTRO REDACTOR: Dr.Edgardo Ettlin. MINISTROS FIRMANTES: Dra. Ma. Cristina Cabrera, Dr. Edgardo Ettlin y Dra. Loreley B. Pera. VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “DI MATTEO Y ASOCIADOS S.R.L. en autos LAS VIZCARRAS SRL. Concurso Necesario Ley 18.387 (pequeño Concurso). Verificación de Créditos - Impugnación a la lista de acreedores” (I.U.E. 41-29/2025), venidos a conocimiento merced a la apelación tramitada desde fs. 54 y siguientes contra la resolución No. 1353/2025 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Concursos de 2o Turno, dictada a fs. 48-51. RESULTANDO: 1) La resolución apelada, a cuya relación de antecedentes se remite este pronunciamiento por acompasarse en general a las resultancias de autos, mantuvo la exclusión de la Lista de Acreedores del Concurso de LAS VIZCARRAS S.R.L., del crédito denunciado por DI MATTEO Y ASOCIADOS S.R.L., imponiéndole las costas. 2) Se alza GIACOMINO DI MATTEO en representación de DI MATTEO Y ASOCIADOS S.R.L. (fs. 54-58), mediante apelación subsidiaria al recurso de reposición. Considera que se ha efectuado en relato de hechos preciso y claro, en que se dejó en claro que el señor CARLOS VARALLA se constituyó deudor de una suma generada por honorarios profesionales y como representante legal de LAS VIZCARRAS S.R.L., respecto a la cual la última se comprometió como fiadora solidaria, y que se presentó articulando la debida sustanciación de su pretensión. Sostiene que la carga de la prueba requería a la Sindicatura recurrir a los registros y asientos de la empresa. Plantea que la causa del crédito se generó en un Vale, cuya intimación de pago constituyó en mora a la obligada principal y al fiador. Manifiesta que la carga de la prueba del crédito no requiere un excesivo rigorismo, debiendo admitirse flexibilidades al respecto. Expresa que no está controvertida la relación Abogado-cliente, no pudiendo pretenderse que se develara cuáles fueron las actividades realizada porque debe respetarse el secreto profesional; destacando que ante el insuficiente activo y los gastos que generará el Concurso, las posibilidades de cobrar el crédito por servicios profesionales ya se hacen poco menos que nulas. Solicita la reposición o que en su caso, se eleven las actuaciones al Tribunal de Apelaciones competente para la revocación de la recurrida. 3) Conferido traslado (fs. 59), se presenta GONZALO LORENZO como Síndico (fs. 61-65). Aduce que el crédito que fue insinuado deriva de un Vale firmado por CARLOS VARALLA el 21.5.2024 por U$S 3.900, del cual LAS VIZCARRAS S.R.L. asumió la calidad de fiadora o avalista, sin indicarse qué servicios se prestó para la Concursada ni justificar su calidad de fiadora. Manifiesta que en la denuncia del crédito no se mencionó se hubiere prestado tareas profesionales para LAS VIZCARRAS S.A., cambiándose en la impugnación el relato, esgrimiendo un título-valor que inclusive aparecería datado dentro del servicio de sospecha, cuya factura de servicios profesionales se emitió a favor de CARLOS VARALLA. Considera refutables los agravios apelatorios. Dice que el actor cambió su relato inicial ante el cuestionamiento de la Sindicatura, diciendo que el trabajo abarcaba asuntos de empresa. Entiende que está probado que no hubo relación profesional con VARALLA de asesoramiento legal, no habiendo tampoco relacionamiento alguno con LAS VIZCARRAS S.R.L. El actor fue errático y confuso con su planteo, sin cumplir con la carga de debida sustanciación de su pretención. La Sindicatura consideró que estando la factura emitida a nombre de VARALLA, no era posible verificarla en el Concurso de LAS VIZCARRAS, no habiendo causa para que éste se constituya en fiador solidario. Expresa que no se valoró la prueba al contrario con rigorismo, porque el insinuante luego cambia su versión para incluir en su crédito “servicios profesionales que abarcarían a la empresa” pero no precisa cuáles fueron. Asevera que si la contraparte entendía que debió diligenciarse prueba y sustanciado el incidente, hubo momentos procesales para haberlo cuestionado. Plantea que la posibilidad de cobrar, que se dice sería casi nula del crédito, es un argumento de sensibilidad que no es receptible como agravio. Afirma que la contraparte no cumplió con su carga de la prueba. Aboga por el mantenimiento de la recurrida. 4) Mantenida la resolución controvertida, y franqueada en defecto la apelación, recibidos los autos y previo pasaje a estudio se conformaron las voluntades legales para emitir un pronunciamiento en alzada (artículos 203 y 204 del Código General del Proceso, artículos 61 y 62 de la Ley No. 15.750, arts. 250 y 253 de la Ley No. 18.387; fs. 66 y siguientes). CONSIDERANDO: I) Por su naturaleza y características, la cuestión es pasible de anticipada dilucidación conforme a los artículos 200.1 y 344.2 inciso 2o del Código General del Proceso más los arts. 250 y 253 de la Ley No. 18.387. II) Nos encontramos en este caso ante un “pequeño Concurso” (art. 237 de la Ley No. 18.387). III) Como prenotando, este Colegiado debe manifestar que no considera de recibo la afirmación de que la impugnación a conocimiento se trataba de un “asunto de puro derecho” (contra resolución de la Sede remitente No. 399/2025 de fs. 47, y contra la sentencia apelada, especialmente a fs. 49, Resultando 4.). Por el contrario, una de las cuestiones neurálgicas de debate y juzgamiento en esta clase de diferendos importaba la necesidad de probar la existencia del crédito que se esgrimió en denuncia (arts. 95 num. 2o, 104. 250 y 253 de la Ley No. 18.387; arts. 318 a 322 del Código General del Proceso). Sin perjuicio de que la impugnación de DI MATTEO Y ASOCIADOS S.R.L. (fs. 26-27) se presentaba probáticamente munida de resultancias documentales existentes en el proceso y de otras agregadas al presentarse el escrito (fs. 1-25), al contestar la Sindicatura para contrarrestar la pretensión contraria (fs. 31-42 v.) también había hecho por su parte un ofertorio probatorio documental, por intimaciones y solicitando declaraciones (fs. 41 v.-42 v.). Quedando claro que había prueba proporcionada o a considerar, en el criterio de este Tribunal la disposición de “Autos para resolución, con noticia de las partes” (fs. 47, decreto de primer grado No. 399/2025) no procedía: debió haberse convocado a la audiencia correspondiente (arts. 104, 105, 250 y 253 de la Ley No. 18.387; art. 321.2 inc. 2o del Código General del Proceso). No obstante, cierto es que el apartamiento de la normativa procedimental aplicable fue convalidado; pues no se apeló la decisión No. 399/2025 del Juzgado actuante en primera instancia, y así precluyó la oportunidad para cuestionarlo o tratarlo en alzada. Tampoco las partes adujeron perjuicio o indefensión por dicha disposición en el momento procesal correspondiente. Por ende, no se declarará nulidad alguna respecto al tracto empleado (arts. 110 inc. 3o, 111, 112, 115.2 y 116 del Código General del Proceso; art. 253 de la Ley No. 18.387). IV) Del Vale que se esgrime por el presunto acreedor como sostén su pretendido crédito (fs. 6), por la cantidad original de U$S 3.900 y de fecha 21.5.2024 a pagar en doce cuotas venciendo la primera el 10.7.2024, surge que el verdadero deudor es el señor CARLOS VARALLA como persona física, apareciendo como fiadora solidaria o avalista la concursada LAS VIZCARRAS S.R.L.. Por lo pronto, el deudor principal del mentado título-valor no es la sociedad “sub causa” LAS VIZCARRAS S.R.L., sino CARLOS VARALLA a título personal. Y el impreso de factura electrónica a fs. 7 (aparentemente del 21.10.2024 -el testimonio sometido a conocimiento se encuentra parcialmente borrado en el lugar de la fecha- y con vencimiento al 21.11.2024) por la suma también de U$S 3.900, está solamente a nombre de CARLOS VARALLA, no a nombre de la concursada LAS VIZCARRAS S.R.L.. Son personas jurídicas diferentes entre sí (arts. 21 del Código Civil y 2o de la Ley No. 16.060). Al denunciarse el crédito se adujo (fs. 8-9) que la deuda se había generado “a partir de honorarios profesionales generados por la suma de U·S 3.900 (dólares U.S.A. tres mil quinientos) por Carlos Varalla, y se obligara a la concursada [LAS VIZCARRAS S.R.L.] como fiadora solidaria” (fs. 8 v.). Lo que motivó a la Sindicatura a expresar que no se pronunciaría entonces por dicha insinuación a los efectos de la Lista de Acreedores, debido a que no se explicitaban las razones por las cuales LAS VIZCARRAS S.R.L. era fiadora solidaria de VARALLA (fs. 18), amén de que no se había insinuado el crédito en moneda nacional (arts. 63 y 237 de la Ley No. 18.387). Ante ello, al impugnar su exclusión, el presunto acreedor calculó su crédito en moneda nacional ($ 106.051,37) y agregó que el trabajo profesional “abarcaba además, asuntos de su empresa” (se refiere a LAS VIZCARRAS S.R.L., de la cual VARALLA era su representante), y que por eso “se decidió su inclusión como fiadora solidaria” (fs. 26-27). V) A pesar de la aclaración hecha por el posible acreedor en cuanto a la mencionada indicación que hace sobre la causa de su crédito (art. 95 num. 1o de la Ley No. 18.387), ésta no es suficiente ni está sustanciada con la debida propiedad (arts. 117 num. 4o del Código General del Proceso y 253 de la Ley No. 18.387) como para que pueda tenerse por bien indicada. La factura de fs. 7 se encuentra a nombre de CARLOS VARALLA (persona física) como obligado. Por lo que por sí misma es inatendible para indicar alguna causa de crédito contra LAS VIZCARRAS S.R.L.. El Vale de fs. 6 indica como obligado a CARLOS VARALLA, y no a la concursada LAS VIZCARRAS S.R.L.. Y si bien en el Vale de fs. 6 se indica como fiadora solidaria de VARALLA (persona física) a LAS VIZCARRAS S.R.L. (persona jurídica representada por CARLOS VARALLA), no se indicó al denunciarse el crédito cuál sería la causa o razón de ser por la cual LAS VIZCARRAS S.R.L. se habría constituido como fiadora solidaria o avalista de dicho título-valor. Máxime cuando no están acreditados o al menos, no están mencionados los supuestos “servicios profesionales” que VARALLA (y no “LAS VIZCARRAS S.R.L., porque ella no aparece como obligada principal ni beneficiaria de tales eventuales servicios ni en el Vale ni en la factura de fs. 6- 7) habría recibido de DI MATTEO Y ASOCIADOS S.R.L.. Y menos puede inferirse que LAS VIZCARRAS S.R.L. (persona jurídica) hubiere sido beneficiaria de los eventuales servicios recibidos por VARALLA (persona física). Tampoco surgen indicados siquiera, cuáles serían los “asuntos de su empresa” (de LAS VIZCARRAS S.R.L. representada por VARALLA en el Vale de fs. 6), por los cuales habría LAS VIZCARRAS recibido servicios profesionales. No hay forma de saberse ni de diferenciarse los eventuales servicios prestados a VARALLA (obligado principal en el Vale y en la factura de fs. 6-7), de cuáles serían los supuestos servicios prestados a LAS VIZCARRAS S.R.L. (eventual fiadora o avalista del Vale a fs. 6) “su empresa”, teniéndole como beneficiaria de los mismos, ya que no hay suficiente información creíble sobre cuáles habrían sido aquéllos. Y no podrá excusarse tal silencio en el secreto profesional (contra fs. 56 v-57), porque ni en la denuncia del crédito (fs. 8-9), ni en la impugnación (fs. 26-27), se hace una mención siquiera general a cuáles habrían sido esos servicios profesionales (si eran consultas, si se trataba de escritos, si eran tratativas con terceros, en relación a qué eran esas actividades profesionales de la reclamante); para lo cual no era necesario saber cuál era profundidad el contenido de dichos servicios. En cuanto a la firma del Vale teniendo a LAS VIZCARRAS S.R.L. como fiadora o avalista de VARALLA, no necesariamente debía estar afincada la indicación de su pretendida causa en servicios profesionales (art. 95 num. 1o de la Ley No. 18.387), puesto que no hay prueba siquiera sumaria de por qué servicios se expidió dicho título-valor (como lo requiere el art. 95 num. 2o de dicha Ley). Podría hasta haberse tratado de un préstamo..., pero tampoco tenemos elementos para saberlo. VI) Como bien expresa el pronunciamiento atacado, “si el beneficiario del trabajo profesional fue personalmente el Sr. Varalla, no procede que DI MATTEO Y ASOCIADOS S.R.L. pretenda cobrar su deuda de la concursada [LAS VIZCARRAS S.R.L:]; no advirtiéndose la causa por la que ésta se habría constituido como avalista” (fs. 50). Y asimismo acierta aquél cuando es establece: “En la solicitud de verificación no se aduce que el trabajo profesional hubiera sido contratado también en beneficio de LAS VIZCARRAS S.R.L.. Ante la falta de verificación del crédito, la opositora realiza en la impugnación un relato diverso, sin dar explicación alguna acerca de dicho cambio. Pero si bien se asevera que el trabajo profesional abarcaba además, asuntos de su empresa, no se proporcionan detalles sobre dicho extremo, y se omite toda documentación respaldante u otros medios probatorios destinados a su comprobación.” (id. loc.). VII) Todo anima a mantener la decisión controvertida, cuyo embate apelatorio no ha podido conmover sus fundamentos. A los efectos de los arts. 57, 198 y 261 del Código del Proceso, 688 del Código Civil y 250 más 253 de la Ley No. 18.387, no se impondrá condena especial sino las costas de precepto (art. 57 del Código General del Proceso en la reforma del art. 508 de la Ley No. 20.075), no viéndose mérito para una atribución mayor debido a que en temáticas opinables, las partes actuaron dentro de su línea argumental sin desarreglo. Por estos fundamentos el Tribunal FALLA: Confírmase la resolución apelada, con costas a cargo de DI MATTEO Y ASOCIADOS S.R.L.. Notificada y ejecutoriada, devuélvase a la Sede de origen con las actuaciones de estilo. Dra. Ma. Cristina Cabrera - Ministra Dr. Edgardo Ettlin - Ministro Dra. Loreley B. Pera - Ministra Esc. Beatriz Crudeli - Secretaria Letrada