Sentencia Definitiva N° 33/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTOS : Para definitiva de segunda instancia en autos: 1. AA. 2. BB. 3. CC. UN DELITO DE HOMICIDIO MUY ESPECIALMENTE AGRAVADO - IUE 287-149/2016; venidos del Juzgado Letrado de Maldonado de 11º Turno, en virtud del recurso de apelación interpuesto por las defensas, Dr. Gonzalo Sánchez por AA, Dr. BB Pacheco, por CC y por apelación ope legis por BB contra la sentencia N.º 2/2024 dictada el 11 de junio de 2024 por la Dra. Sylvana CC Noroya, con intervención de la Fiscalía Departamental de Maldonado de 4º Turno, representada por la Dra. Carolina Dean. RESULTANDO : I) La hostilizada (fs.1035), cuya correcta relación de actuaciones cabe dar por reproducida, condenó a: …AA, como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a cumplir la pena de veintidós (22) años de penitenciaría… a BB como autor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a cumplir la pena de veinte (20) años de penitenciaría... …. A CC como coautor penalmente responsable de un delito de homicidio muy especialmente agravado a cumplir la pena de dieciocho (18) años y seis (6) meses de penitenciaría... II) BB consintió tácitamente el fallo, por lo que luego de sustanciarse el recurso de los dos primeros, se citó para sentencia y pasaron a estudio por su orden, que se acordó en legal forma. III) El Dr. BB Pacheco, por CC (fs. 1084), interpone recurso de apelación y expresa como primer agravio que el proceso penal lleva más de ocho años, con múltiples cambios de jueces, fiscales y defensores, y con más de cuarenta y cinco declaraciones, lo que vulnera el principio de celeridad. Esta dilación, afirma, afectó gravemente a su defendido – quien está en prisión preventiva desde marzo de 2016 – tanto en su salud emocional como en sus garantías procesales, además de dificultar la obtención de pruebas fiables por el paso del tiempo. En cuanto a la prueba, la defensa sostiene que hubo errores graves en su valoración. Alega que la sentencia se basa principalmente en la primera declaración de “Yiyo” DD, descartando injustificadamente su segunda declaración de diciembre de 2022, en la que confiesa haber sido el autor del homicidio y desvincula a CC. Además, señala contradicciones entre la declaración de DD y la de un testigo reservado que, lejos de corroborar la versión inicial, la contradice, pero coincide con la posterior confesión. La defensa también destaca que su patrocinado no ingresó a la vivienda donde ocurrió el homicidio ni conocía el plan criminal; simplemente acompañó a DD y permaneció afuera, a unos diez metros, sin participar en el hecho. DD habría actuado por motivos personales, sin intención de robo, lo que a juicio de la defensa excluye la agravante del numeral 4 del artículo 312 CP. Por lo tanto, de configurarse algún delito, se trataría de un homicidio simple. Respecto al grado de participación, la defensa rechaza que se lo considere coautor, ya que no cooperó “ directamente ” en la consumación del homicidio – que ocurrió dentro de la casa – y su actuación, en todo caso, sería de “ campana ”, es decir, de cómplice, conforme al artículo 62 CP. Por último, cuestiona la pena de dieciocho años y seis meses por considerarla desproporcionada, recordando que CC tenía dieciocho años al momento de los hechos, carece de antecedentes penales y ha tenido buena conducta en prisión. En definitiva, el apelante entiende que corresponde aplicar atenuantes, y solicita la revocación de la sentencia con absolución o, en su defecto, la reducción de la pena al mínimo legal bajo la figura de cómplice de homicidio simple. III) El Dr. Gonzalo Sánchez, defensa de AA, interpone apelación (fs.1102) y expresa agravios por errores en la valoración de la prueba y violaciones a principios procesales fundamentales. En primer lugar, la defensa sostiene que la valoración probatoria se aparta de las reglas de la sana crítica establecidas en el artículo 174 CPP 1980 y desconoce el principio in dubio pro reo, ya que no se alcanzó el estándar de certeza requerido para imponer una condena por homicidio agravado. Se critica que se haya restado valor a la confesión de DD, quien asumió la autoría del hecho y exculpó a AA. La A quo basó su desconfianza en supuestos titubeos y en el tiempo transcurrido, sin haber tenido inmediación con el testigo ni haber estado presente en la audiencia donde se produjo esa declaración. Para la defensa, esta falta de inmediación no puede usarse en perjuicio del acusado. También objeta que se desvalorara la declaración de los hermanos EE por el paso del tiempo, pese a que brindaron un relato coherente y uniforme, recordando los hechos por coincidir con una fecha significativa: un cumpleaños. La Sra. Magistrada no tomó directamente esa declaración, lo que debilita aún más la justificación de su decisión. La A quo calificó de “ imponente cúmulo probatorio ” las declaraciones de otros testigos, como FF ( El Juancholo ) y GG. La defensa rebate esto señalando que Suárez es un testigo de oídas, sin conocimiento directo de los hechos, y que GG no reconoció a AA ni lo vinculó al delito, por lo que sus dichos carecen de fuerza probatoria. Lo mismo ocurre con HH, quien no mencionó a los hermanos AA en su testimonio. Para la defensa, estas declaraciones no alcanzan ni siquiera un estándar mínimo para fundar una condena. Por el contrario, tienen mayor fuerza las declaraciones de DD y los II, las cuales siembran duda razonable, lo que debería conducir a la absolución de AA en aplicación del principio in dubio pro reo. Además, la defensa menciona un pendrive con un audio donde CC reconoce que los hermanos AA no participaron en el homicidio. Esta prueba no fue valorada debidamente por el tribunal y agrega que ninguna de las armas periciadas vincula a AA con el hecho, y cuestiona la agravante aplicada sobre un supuesto hurto de cocaína, recordando que la ley no protege jurídicamente la propiedad sobre sustancias ilícitas. Por tanto, no puede configurarse esa agravante. El apelante recuerda que AA tenía dieciocho años, carece de antecedentes, y ha permanecido más de ocho años en prisión preventiva, lo que considera un exceso atribuible al Estado por no respetar plazos razonables conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Por todo lo expuesto, solicita que el tribunal de alzada revoque la sentencia y absuelva a AA. Subsidiariamente, pide que se recalifique el hecho como homicidio simple y se disminuya la pena al mínimo legal, atendiendo al tiempo ya cumplido y a las condiciones personales del acusado. IV) La fiscalía abogó por la confirmatoria (fs. 1112). En primer lugar, refiere a que no se trata de un proceso de duración excesiva atento a la complejidad del asunto y que la participación activa del acusado CC ingresa en el concepto de autoría. En cuanto a la valoración probatoria, fiscalía rechaza los argumentos de las defensas, afirmando que sí existe prueba suficiente que acredita la participación de los acusados en el delito. Primeramente, recuerda la declaración de CC, quien admitió haber ido al lugar con KK y AA y “ El Yiyo ”, y que, mientras él esperaba afuera, los otros tres ingresaron a la vivienda. CC escuchó disparos y luego huyeron juntos, indicando que vio una escopeta en poder de Yiyo y que hubo otros disparos de distinto calibre. También destaca la declaración de BB, las fotografías obtenidas de la red social Facebook de los hermanos AA, en las que aparecen las máscaras usadas durante el hecho, conforme lo declaró el testigo GG, y el testimonio de HH, que confirmó que los hermanos AA poseían armas, a diferencia de lo que ellos negaron. La Fiscalía señala que la coartada presentada por AA, basada en testimonios de familiares y amigos cercanos, carece de credibilidad frente al cúmulo de pruebas objetivas que lo vinculan al crimen. Respecto al argumento de la defensa sobre la ilicitud de la sustancia sustraída, sostiene que no tiene relevancia jurídica: la agravante prevista en el artículo 312.4 CP. aplica igualmente, ya que el homicidio se cometió con el fin de sustraer bienes ajenos para obtener un provecho ilícito, sin importar si se trataba de sustancias ilegales. En cuanto a la pena, la fiscalía entiende que está debidamente fundada en la gravedad del hecho, las motivaciones, y los criterios legales previstos en los artículos 50 y 86 CP. V) El acusado BB consintió tácitamente el fallo, no así AA y CC cuyas defensas apelaron, por lo que los autos fueron elevados de oficio según lo dispuesto por el art. 255 CPP por el primero. Recibidos que fueron, se citó a las partes para sentencia que fue acordada en legal forma, previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : I) El Tribunal, por unanimidad, confirmará la sentencia impugnada y desestimará la apelación automática, salvo respecto a la pena, en base a los siguientes fundamentos. II) La sentencia recurrida tuvo por plenamente acreditados los hechos que a continuación se transcriben. El viernes 04 de marzo de 2016, el entonces adolescente KK, y tres adultos: su hermano AA, su cuñado CC, y un amigo BB (alias "Yiyo"), concertaron efectuar un golpe armado contra la "boca" de venta de drogas de PP (conocido por "El Pelu"), víctima en estos obrados, la cual se encontraba ubicada en las calles Teodoro Chacobo e Inocencio Aratiré del barrio Maldonado Nuevo; domicilio de GG, amigo del occiso. Sobre las 21:30 horas del día señalado, arriban al lugar en al parecer tres motos, encapuchados llevando alguno de ellos mascaras blancas, portando dos armas de fuego, una escopeta calibre 20 y un revólver calibre 32. descienden de las motocicletas, reduciendo BB ("Yiyo") y QQ a GG amigo de "El Pelu" quien se encontraba fuera de la finca, distraído manipulando su celular. Los hermanos AA ingresan a la finca portando las armas de fuego y efectúan varios disparos, al parecer tres, que alcanzan al PP, provocando su deceso por anemia aguda minutos más tarde y como consecuencia de las heridas sufridas. Tras los hechos, se retiran en las motocicletas, llevándose como botín aproximadamente pesos uruguayos cuatro mil ($ 4000) y unos setenta (70) gramos de cocaína, lo que fue repartido entre los partícipes en partes iguales. III) Ambos apelantes, al recurrir, aluden a la duración excesiva del proceso, lo que es contrario al principio o derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En efecto, este derecho está reconocido en instrumentos internacionales como ser el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, artículo XXV del la Declaración de Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo 9 numeral 3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y recientemente, en el artículo 10 del CPP 2017. No obstante, el mencionado plazo no está definido en unidades temporales concretas, ni establecido por ley, y en general se entiende que la duración excesiva se evalúa una vez finalizado el juicio – ex post iudicium – a los efectos de eventuales indemnizaciones, rebajas de pena y en casos extremos, el sobreseimiento mismo (Cfme. Pastor, Daniel. Acerca del derecho fundamental al plazo razonable de duración del proceso penal. Revista de Estudio de la Justicia. N.º 4. 2004). Por otra parte, tampoco están legalmente definidas las pautas para determinar cuándo el proceso se extiende más allá de lo razonable, pero en general se mencionan circunstancias tales como la complejidad del caso, la conducta de las autoridades y de las partes, la forma de la tramitación, etc. En el caso en examen, se observa que el proceso se inició el 9 de marzo de 2016 con el auto de procesamiento de fs. 299, respecto a un homicidio que había ocurrido cinco días antes. El manifiesto se dispuso el 31 de marzo de 2017 (fs. 455) sin que las defensas solicitaron prueba. Ello recién ocurrió en el plenario – decreto 145/2022 del 3 de octubre de 2022 (fs. 797) – lo que derivó en nuevas audiencias, algunas realizadas con éxito, y otras frustradas (fs. 891). Se abrió la etapa de alegatos el 31 de julio de 2023 por decreto 119/2023 (fs. 930) y se citó para sentencia el 7 de marzo de 2024. La ahora impugnada se dictó en tiempo y forma el 11 de junio de 2024. Sin desconocer la duración que ha tenido el proceso, el Tribunal entiende que igualmente ha transitado en plazo razonable; en efecto, se trata de un caso complejo en el cual se juzgan hechos relativos al homicidio y otros al tráfico de estupefacientes, con varios imputados, en el que declararon múltiples testigos, se reiteraron declaraciones – las últimas, a pedido de los acusados en ejercicio de su derecho de defensa – existieron incidencias como ser un pedido de sobreseimiento (fs. 820), etc. El Tribunal no puede tampoco obviar que el procedimiento se condujo por las normas del CPP 1980, que constituía un trámite escrito, por actuaciones sucesivas, con vistas y notificaciones de cada acto a cada parte, etc. Naturalmente que esta circunstancia no es imputable a los justiciables, pero tampoco es posible apartarse de ella, ya que el orden y las formalidades de los juicios los establece la ley (artículos 12 y 18 de la Constitución) y no son disponibles ni para las partes, ni para el tribunal. Como el Colegiado ha sostenido en reciente sentencia: El proceso se conduce conforme las estructuras del CPP 1980, de naturaleza mixto – inquisitivo, en una parte, acusatorio en otra – y escritural, que además implica que la investigación no sea tal, sino que se trate de una instrucción que se desarrolla durante el proceso y no previo a él, como en el sistema acusatorio y adversarial ahora vigente. Cuando se insinúa responsabilidad estatal en este sentido, ello implica una generalización y un vicio que, a posteriori, no se puede subsanar, so pena de incurrir en vulneración de los derechos constitucionales de los imputados. Es conocido por todos los operadores que a consecuencia de sonados casos judiciales, la Corte Interamericana de Derecho Humanos recomendó a nuestro país: Que el Estado produzca la modificación de las disposiciones legislativas o de otro carácter, a fin de hacerlas consistentes en un todo con las normas de la Convención Americana que garantizan el derecho a la libertad personal ( Informe no. 86/09. Caso 12.553. Fondo Jorge, José y Dante Peirano Basso República Oriental del Uruguay . 6 de agosto de 2009), y finalmente, en noviembre de 2017 se aprobó el código procesal que ahora rige y que instala una estructura mucho más ágil. No obstante, que al inicio de esta causa estuviera vigente el CPP 1980 no puede reprocharse a los imputados, pero tampoco al tribunal ni al Poder Judicial, porque la estructura procesal otrora vigente no puede modificarse sobre la marcha ni mucho menos hacerse valer retroactivamente. Es la ley en sentido estricto la que establece el orden y las formalidades de los procesos, por lo que el agravio referido al tracto procesal, o a la deficiencia del trámite sumarial, escrito, inquisitivo, etc. no puede ser acogido en la medida que el tribunal A quo aplicó estrictamente la ley (arts. 12 y 18 Constitución). Si cabe responsabilidad al Estado por ello – como señalan los apelantes – no es un objeto procesable en esta causa, porque no existe posibilidad de adecuar el proceso inquisitivo a otro tipo de proceso, si no existe ley formal expresa que lo habilite. (Interlocutoria 523/2025. TAP 1º. BJN) . En consecuencia, no habiéndose producido una demora excesiva, y aun en el caso que así se sostuviera, no existiendo un remedio legal expreso para ello, se entiende que el agravio no es de recibo. IV) El Tribunal analizará los agravios de ambos apelantes conjuntamente – y por añadidura abordará el control de la sentencia en relación a BB – y en tal sentido, corresponde señalar que no ha sido objeto de agravio, ni de debate durante el proceso, la existencia del hecho material; esto es, la muerte de PP (a) El Pelu a consecuencia de por lo menos dos heridas de arma de fuego (fs. 7), en el hecho delictivo ocurrido el 4 de marzo de 2016 a aproximadamente las 21.30, en la finca de calles Teodoro Chacobo e Inocencio Aratiré de la ciudad de Maldonado. La prueba surge de la confesión de dos de los imputados – sin perjuicio de los vaivenes de sus declaraciones durante el proceso – dichos de testigos, prueba pericial e indicios, que analizados separadamente y en su conjunto, permiten arribar a una conclusión inculpatoria, sin que la tardía coartada ensayada por la defensa de AA pueda desvirtuarla. Así en primer lugar, se cuenta con la declaración de uno de los partícipes BB, quien brinda una confesión clara y detallada a fs. 241 (primera pieza). DD dice: (se nos ocurrió) ... ir a la casa de Pelu, sé que fuimos los cuatro. La idea era ir a robarle. Teníamos una escopeta y un 32. Los trajo KK. La escopeta era una chica, creo que era de un solo tiro… (en una moto) iba KK conmigo… y en la otra manejaba AA, con BB… Llegamos al lugar… había una persona, era QQ… con un celular… cuando nos bajamos, BB le pega a QQ… y yo y AA nos quedamos cuidándolo a él (a QQ) ... y ahí, entraron para adentro KK y BB para robar… (nos llevamos) setenta gramos y cuatro mil pesos … Niega haber llevado máscara – no sabe los demás – y agrega que KK le pidió que se “hiciera cargo” del hecho, lo que más adelante pareció querer hacer, como se señalará a continuación. Como primer elemento corroborador de esta versión es la pericia médica de GG – equimosis en el ojo y corte en cuero cabelludo (fs. 5) – lo que certifica que efectivamente existió la agresión señalada por el deponente, y también relata la existencia de un coche Fiat Uno gris metalizado, que efectivamente estaba en la casa y se aprecia en la carpeta técnica (fs. 525, segunda pieza). BB no vuelve a declarar en el proceso hasta la audiencia del 14 de diciembre de 2022, en la que brinda una versión en la que intenta desvincular del hecho a AA y asumir – prácticamente a solas – la responsabilidad del hecho. En efecto, DD dice que fue él quien dio muerte a El Pelu con una escopeta que era de él – sin decir ni cómo era, ni de dónde la obtuvo, cómo la escondió, como hizo para que nadie la viera, qué municiones llevaba, si la recargó o no, etc. – mientras que en los dichos originales, explicaba claramente el origen y utilización del arma: téngase presente que la víctima presentaba dos heridas de arma de fuego, por lo tanto, o bien intervino otra arma, o bien se debió recargar la escopeta, pero en todo caso, la versión fantasiosa de DD en su segunda declaración carece de todo asidero. Luego, el imputado continúa diciendo que eran cinco personas, no menciona a nadie pero aclara – varias veces – que AA no estaba. Al insistirse por la A quo, termina admitiendo que participó KK, a la sazón, ya fallecido y CC. Justifica su accionar en que “ quería matar a El Pelu ” sin dar una mínima razón para ello incluso teniendo presente que había salido de prisión uno o dos días antes, e incluso ante la reiteración de la pregunta por la Sra. Magistrada… simplemente alcanza a decir que se debió a motivos del ambiente que nosotros andamos. Habla de un solo tiro – lo que se vio que no es posible, conforme la pericia forense – dice que él se llevó la droga, que no recuerda dónde quedó AA, y lo más llamativo, no puede explicar cómo logró que cuatro personas además de él accedieran a concurrir a una boca de expendio de estupefacientes sin finalidad ninguna, pareciendo que lo acompañaron de buena voluntad. La falta de verosimilitud de la declaración surge manifiesta y la persistencia en querer desvincular a AA, juntamente con la primera versión en la que este le pidió que se hiciera cargo del hecho, permiten concluir que es una declaración falsa con el propósito de ayudar a este último. La segunda prueba de cargo es la confesión, parcial y volátil, de CC (fs. 135, 200, 291, 386 y audiencia del 14 de diciembre). En la primera declaración (fs. 135 y ss.), CC narra que es pareja o novio de la hermana de BB y KK AA – JJ – y si bien no admite su participación, sí declara que la máscara blanca que se utilizó en el hecho, como se verá infra – estaba en la casa de los AA hasta antes del 7 de marzo. En la segunda declaración (fs. 291) ya confiesa que participó con DD, BB y KK AA, que los esperó en la esquina del callejón, atrás de un contenedor. Dice que se quedó con la moto encendida. Vio una escopeta que según él la llevaba DD. Además de la escopeta debió haber revólveres porque escuchó más tiros. Agrega que vio el arma antes del hecho y que después le dieron $700 y droga, que él no recibió. Se deben tener presentes tres elementos de esta declaración que a juicio del Colegiado, determinan el fracaso de su agravio fincado en que su conducta se limitó a la de ser un partícipe extraño al hecho o de un cómplice. En primer lugar, vio las armas antes del hecho, luego dejó la moto encendidaa – indicio de que la conservó lista para escapar – y tercero, que recibió parte del botín, concretamente, una suma de dinero. Más adelante, CC (fs. 386) se retracta de lo dicho, alega que la policía lo trató bien, luego dice que lo agredieron, y preguntado cómo podía ser tan exacta su declaración pese a estar incomunicado, el imputado no logra dar una explicación a ese punto: su retractación es también inverosímil. Y una simple digresión… CC, en conversación por teléfono con la madre de KK y AA (fs. 369), niega haber involucrado a estos, lo que es una mentira flagrante ya que constaba claramente en autos que los había delatado, pero intimado por la madre de ambos… lógicamente, negó tales hechos. Naturalmente que una declaración en tales circunstancias no puede tener valor epistémico alguno. Por último, en la declaración del 14 de diciembre de 2022, CC vuelve a confirmar su confesión, reiterando que fue a lo de El Pelu, pero quedó afuera. Ratifica que fue con BB, pero no sabía que lo iban a matar, y agrega que los AA le pidieron que no los nombraron a cambio de permitirle ver a su hija, que como se adelantó, la tuvo con JJ, hermana de KK y BB. Culmina su declaración manifestando que ignoraba para qué habían ido a la boca de venta de drogas, lo que considerando lo dicho anteriormente – que vio armas, que dejó la motocicleta encendida y luego que percibió dinero – esa alegada ignorancia no puede ser más que un indicio de mala justificación. Con estos elementos queda claramente justificada la responsabilidad del apelante CC, y de BB, cuya revisión corre por apelación automática. V) Responsabilidad de AA : Tanto este imputado – como su hermano adolescente KK – negaron la participación en el hecho. BB reconoce que la máscara que se habría utilizado en el hecho era suya, pero que hace tiempo que no la tiene (fs. 159 y 283), y no se explica cómo su madre LL afirmó haberla visto hacía poco tiempo, si hacía ya bastante que no la tenía (284 vto.). Ya en ese momento – 8 de marzo de 2016 – ofrece la coartada del cumpleaños de II (fs. 159 vto.). Acto seguido declara su hermano KK, adolescente que estaba cumpliendo una medida de arresto domiciliario, quien también niega la participación y señala: Estuve en casa con CC, RR, SS, además de mi hermano BB y Diego estaba durmiendo (fs. 161 vto.), contradiciendo desde el inicio la coartada de su hermano, que como se verá, no es la única contradicción. ¿Cómo queda demostrada la participación de AA? En primer lugar, con la declaración de los copartícipes BB y CC, que el Tribunal considera fiable ya que se verificó en el marco de sus propias confesiones, de donde se infiere que no persiguen ningún fin espurio ni tan siquiera la de atenuar su propia responsabilidad, y por el contrario, la aumentan por la incidencia de la agravante de la pluriparticipación (art. 59 inciso tercero CP.). Pero además, existen testimonios de oídas, con claro valor indiciario en tal sentido. Es el caso de FF (a) Juancholo, quien declaró: Ellos hablaban entre ellos y yo escuché. Yo no dije que fue KK, sino que estaban hablando de eso… eran KK y otros que no conozco. Le comentaban a KK que habían ido a ‘hacerle’ la boca al Pelu… y le decían que se les había escapado un escopetazo … (fs. 124 vto.) y luego que se tomara la declaración del testigo de identidad reservada, se le vuelve a preguntar, y es todavía más específico: agrega que BB también estaba en la plaza cuando escuchó los hechos y aclara que BB también estaba (fs. 177), y les escuchó decir: … agarramos la escopeta y se nos escapó un tiro … (177 vto.). Esta declaración expresada por un testigo de referencia de primer grado – ex auditu proprio – es corroborada por la declaración del testigo anónimo 1/2016 quien manifiesta que sabe por comentarios, entre ellos de Juancholo, que KK y AA fueron los que asaltaron a El Pelu. Sabe además que tienen armas y una escopeta. Además, incrimina a BB (Yiyo) y da como razón de sus dichos que se lo dijo Juancholo (fs. 174). También refiere a rumores HH, quien además fue amenazado por alcahuete por haber repetido esos dichos (fs. 277 y 378). Los testigos de referencia son de baja fiabilidad, obviamente, y en orden decreciente si son de segundo grado – ex auditu alieno – como el testigo de identidad reservada o de tercer grado – ex auditu auditus – que refiere a quien reproduce rumores del barrio, como es el caso del testigo 1/2016, que así lo afirma, además de haberlo oído directamente de FF (a) Juancholo. Conforme señala ALMEIDA IDIARTE, las declaraciones de referencia deben ser admitidas, efectuándose los debidos controles en el plano de la valoración probatoria. Para ello es necesario hacer un buen uso de la etapa de producción, a los efectos de poder conocer cómo se han comportado las distintas variables relevadas en el cuerpo de este trabajo. Finalmente, debe contextualizarse la idea de que el testimonio de referencia tiene siempre menos valor que el testimonio prestado por un testigo presencial. En todo caso, debemos estar a los supuestos que se nos presenten en la práctica. (Almeida Idiarte, Rodrigo. La prueba testimonial y los testigos de referencia. RUDP. 1/2024. Pág. 133). El valor obviamente relativo de los testigos de referencia y aun los que señalan rumores, no impide desestimarlos y tienen su peso aunque sea mínimo en la valoración probatoria como señaló ya esta Sala: Dicho esto es muy claro que quienes dieron cuenta de los comentarios que circulaban en el barrio que sindicaban al acusado (no a su primo) como el auténtico autor del homicidio, son insumos de valor que corroboran el relato de quienes tuvieron la chance de presenciar el drama, que no correspondía descartar sin más (Sent. 120/2020. TAP 1º. BJN) . Sumado a lo anterior, el indicio derivado de la utilización de la máscara, termina por conformar el acervo probatorio suficiente para confirmar la condena. En efecto, GG – quien estaba en la parte de afuera de la boca – fue atacado por los asaltantes, reducido y herido, conforme surge de la pericia médica ya referida. GG relata: Entraron tres y los otros se quedaron en la moto… cayeron tres motos… eran seis. Todos en moto, en pareja. (...) llevaba máscara, uno de una moto”. Uno quedó conmigo, y dos o tres entraron. Y ese que quedó conmigo me quería entrar y como yo no quería uno dijo ‘dale un tiro en la pata y entralo’ (fs. 98). Todos tenían una máscara blanca y encapuchados, de ropa deportiva (fs. 99). Me lo robaron (el celular) cuando me iban arrastrando yo llevaba el teléfono hablando y me lo sacaron… (fs. 100) . Describe a los asaltantes con una máscara blanca de ojos negros y reconoce la de fs. 86 (fs. 275), que es justamente la que aparece en los perfiles de Facebook de los hermanos AA. Esta máscara se la vincula con ambos hermanos AA por múltiples testigos e imputados: CC (fs. 135), OO, padrastro de los AA (fs. 138), la propia madre (fs. 140), su hermana JJ (fs. 142 y 380), el propio BB (fs. 159) y HH (fs. 278 vto.). Evidentemente, la presencia en el hecho de la máscara identificada por el testigo y su indudable pertenencia a los hermanos AA, establece un vínculo que opera como un indicio más a sumar a la prueba incriminatoria. Entonces, la declaración de dos copartícipes que nada ganan incriminando falsamente a AA, la declaración de los testigos de oídas directos y de rumores, con más la presencia de las máscaras, permite confirmar el veredicto condenatorio de la primera instancia. VI) Coartada de AA : Si bien el imputado menciona su coartada desde la primera declaración, no se instruye sino hasta el momento del plenario, en 2022, esto es, seis años y medio después de los hechos. La misma consiste en la declaración del cumpleañero II y sus hermanos NN, MM y ÑÑ (fs. 816, tercera pieza). Sus declaraciones son tomadas en audiencia del 14 de diciembre de 2022, acto al que – sorprendentemente – no compareció fiscalía. No obstante, las declaraciones no convencen. En efecto, los cuatro hermanos II brindan una declaración calcada y sin embargo, pobre en detalles: todos mencionan que la celebración duró de 19.30 o 20.00 hasta las 22.00 o 23,00, salvo por MM que la ubica hasta por lo menos las 23.30, en que estuvo él. Todos coinciden en la hora en que se prendió la parrilla. 19.30 o 20.00, con muy pocas diferencias en el relato. Pero más allá de tales coincidencias – que podrían ser creíbles – los relatos carecen de matices propios. Todos dicen que estaba BB y familiares, no pudiendo identificar a nadie más; a lo sumo se menciona un Maicol y otro menciona una persona que dejó de existir, pero no indica quién es. Es poco verosímil que se recuerde con tanta claridad la presencia de AA, y sin embargo casi no se pueda identificar a nadie más. También resulta llamativo que no exista ninguna fotografía o filmación del evento, considerando que II afirma que le daba importancia a dichos festejos. La justificación de que en aquella época no existían las facilidades de ahora para fotografiar o grabar no es de recibo, ya que es un hecho notorio que los celulares de ese momento ya poseían esa tecnología. No obstante, lo que echa por tierra la coartada es que existen múltiples testimonios, obtenidos en fecha más cercana a los hechos – y por lo tanto, más fiables – que ubican a BB en otro lugar, sin contar siquiera con los testimonios de Juancholo o el testigo protegido. Es así que el propio KK – como se señaló – indicó que BB estaba en la casa (161 vto.). La hermana, JJ en el mismo sentido: KK estaba en casa porque tiene que cumplir domiciliaria, estaba con BB en casa… (…) Ellos estuvieron ahí en la casa, mi madre les compró una cerveza para que se quedaran ahí con KK… (fs. 142 y vto.). Más adelante, involucra al propio II (fs. 380 vto.). La declaración de JJ es absolutamente contradictoria, da varias versiones – entre ellas una que pretende exonerar a su pareja que ya había confesado – y también dejar por fuera a sus hermanos. La madre LL, en la audiencia señalada dice que BB estaba en el cumpleaños… porque le dijo el día anterior que iba a concurrir. Y lo que es más significativo es que la propia madre en la conversación telefónica que mantuvo con CC expresa: por eso mismo porque ellos estaban en mi casa conmigo (fs. 369) y más adelante lo ratifica: porque supuestamente él dijo en la declaración que mis hijos habían estado y mis hijos estaban en mi casa (fs. 385 vto.). Las declaraciones anteriores puede que no sean completamente veraces, sin embargo, no confirman la coartada de AA, optando por dar versiones contrarias. Porque si AA efectivamente hubiera estado en el cumpleaños desde las 19.30 a las 23.30 como alega, bastaría haberlo afirmado sin más, la hipótesis más sencilla, pero al no hacerlo, permite inferir que AA no acudió al cumpleaños esa noche, o no permaneció en él en forma ininterrumpida, o tal vez, ni siquiera hubo tal cumpleaños. El Tribunal no puede negar la posibilidad de que AA haya asistido a la celebración, pero no queda demostrado ni que fue el mismo día, ni que haya permanecido durante todo el tiempo – se reitera, lo ubican en su casa no en el cumpleaños –, porque la coartada ensayada resulta ser poco creíble para afirmar tal extremo, amén de que el hecho no se produjo a una hora tan lejana de la que los testigos dicen que terminó el mencionado cumpleaños. En consecuencia, la demostración del hecho negativo de no haber participado en el homicidio mediante la prueba del hecho positivo contrario – la coartada – fracasa por no resultar ni suficientemente acreditada ni idónea para excluir la posibilidad de que incluso de haber asistido, igualmente haya podido cometer el acto. VI) En relación a la calificación jurídica, se ensayan dos agravios. El primero de ellos referido al bien objeto de sustracción, y el segundo, al móvil del hecho. En cuanto a la naturaleza de bien – como correctamente señala la A quo – la ley no distingue sobre la licitud o no de él, alcanzando con que sea material, corpóreo, que ocupe un lugar en el espacio, tangible, etc. y basta que las características de este objeto material, cosa mueble, que el legislador establece es que debe ser susceptible de aprehensión, de tenerse y de trasladarse de un lugar a otro, que es lo que le da la característica al tipo penal por la ajenidad de la cosa (Cfme. Rieiro Fernández, Blanca. Delitos contra la propiedad. AA.VV. Curso de Derecho Penal. Parte Especial. 1º Edición. Febrero 2025. FCU. Pág. 308 ). Alcanza entonces con que el bien sea mueble, tenga un valor – incluso afectivo – y sea ajeno, para volverlo idóneo para convertirse en objeto material de este delito. Y lo anterior, sin perjuicio de que también se sustrajo dinero y que en definitiva, la consumación o no del delito, es irrelevante para el cómputo de la agravante muy especial (312.4 CP.). En relación al móvil, tanto CC y BB en sus primeras declaraciones afirman que concurrieron con finalidad de sustracción y de hecho, la consumaron, llevándose y repartiéndose la sustancia y el dinero; lo que además parece explicar con más simpleza la expresión hacerle la boca a El Pelu, de la que da cuenta el testigo FF (a) Juancholo. El móvil personal del hecho que menciona la defensa de CC no tiene otro sustento que la última declaración de BB, en la que se retracta parcialmente seis años y medio después del hecho con la notoria finalidad de exculpar a AA y alegando un motivo personal que nunca pudo explicitar ni siquiera ante la insistencia de la Sra. Magistrada actuante en aquel momento. VII) La participación de CC como coautor fue acertadamente imputada por la A quo. En efecto, si participación no lo ubica como extraño al hecho, ni como cómplice. Como se señaló anteriormente, CC concurrió con los copartícipes a sabiendas que portaban armas, a un lugar peligroso por definición – una boca de venta de estupefacientes – permaneció con los vehículos encendidos, y luego admite que recibió parte del botín, extremos estos de los que se desdice posteriormente pero sin brindar una razón valedera: simplemente afirma desconocer a qué fueron a la boca de la víctima, dice que no sabía que lo iban a matar, ni sabía que lo iban a asaltar… (audiencia 14 de diciembre, pistas 36 y 37); ¿por qué motivo fue entonces…? Nada de su declaración lo explica. Lo anterior es indicio de mala justificación que se entiende por su legítimo derecho a colocarse en una situación procesal más favorable, pero que no convence ya que no logra dar una razón igual y contraria para desvirtuar la mucho más coherente versión inculpatoria de fs. 291 y ss. Todo el contexto – concurrencia armados a una boca de venta de estupefacientes, mantener los vehículos encendidos, y luego, recibir parte de lo obtenido en el hecho – impide considerar que el imputado no haya podido prever razonablemente el desenlace del hecho. Como ya ha señalado esta Sala: … dado que el agente estaba en dolo, su responsabilidad, también por dolo, se extiende ‘a todas aquellas consecuencias que, acordemente al acostumbrado orden de las cosas, derivan de su acción, de manera que indudablemente han sido previsibles para su intelecto’ (Sent. 16/2020. TAP 1º. RDP. N.º 30, Caso 97) . Y nada más previsible que el resultado muerte es el concurrir a un lugar de ventas de estupefacientes, de noche, armados y en grupo. Por otra parte, aun asumiendo la versión del imputado de que quedó fuera, la circunstancia de haberlo hecho con las motocicletas encendidas – como refiere en su declaración auto incriminatoria – y el hecho de haber conducido una de ellas hasta ahí, como indicó BB, implica una intención de asegurar la consumación del hecho, lo que lo coloca en la posición de coautor, porque se infiere que llegó con la motocicleta y quedó esperando hasta la finalización del suceso, constituyendo una división de tareas que permitía la huida y por añadidura la consumación; es cierto que no participó en la consumación directamente – si no sería autor – pero sí cumplió un acto positivo de aguardar en los vehículos, y no una mera actitud pasiva de vigilancia. VIII) La pena : La individualización realizada por la A quo es legal y proporcional al hecho. Sin perjuicio de ello, el Tribunal entiende que corresponde realizar una ligera adecuación de la sanción. En efecto, además de la malignidad en sí del hecho, concurren para todos los partícipes, las agravantes de las facilidades de orden natural – nocturnidad y la pluriparticipación, agregándose la reincidencia respecto de BB. Sin embargo, también cuenta la atenuante de la minoridad relativa – tenían dieciocho años AA y CC, y diecinueve DD – en el caso de CC, la primariedad absoluta y en el caso de AA, que era reiterante, también era legalmente primario. BB, por su parte, se beneficia de la confesión. Atento a estas circunstancias – y muy especialmente la juventud de los partícipes – el Tribunal abatirá la pena, fijando el monto para AA, BB y CC, en veinte, dieciocho y dieciséis años y seis meses de penitenciaría, respectivamente. Por cuyos fundamentos y lo previsto en arts. 12, 18, 21, 22 y cc. de la Constitución; 50, 85 y cc. CP; 216, 245 ss. y cc., 251 ss. y cc. CPP; el Tribunal, FALLA: 1.- CONFÍRMASE LA SENTENCIA IMPUGNADA, SALVO EN CUANTO A LA PENA, LA QUE QUEDA FIJADA PARA AA EN VEINTE (20) AÑOS DE PENITENCIARÍA, PARA BB UNA PENA DE DIECIOCHO (18) AÑOS DE PENITENCIARÍA Y PARA CC UNA PENA DE DIECISEIS (16) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PENITENCIARÍA. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y DEVUÉLVASE .