Sentencia Interlocutoria N° 600/2025

Ministro Redactor: Dra. Dolores Sánchez de León VISTA para interlocutoria de segunda instancia, esta pieza: “AA – UN DELITO DE APOLOGÍA DE HECHOS TIPIFICADOS COMO DELITOS – Testimonio de IUE 2-41256/2025 - (IUE: 558-24/2025) venida del Juzgado Letrado Penal de 38º Turno, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensa (Dra. Gabriela Machado), contra la Resol. 1078/2025 dictada el 23.05.2025 por la Dra. Lorena Juliano (Juez suborgante), con intervención de la Fiscalía Letrada de Flagrancia de 12º Turno, representada por la Dra. Mirna Busich. ESULTANDO I) La Hostilizada (fs. 22) resolvió: “...Admítase la formalización de la investigación que está llevando a cabo el Ministerio Público respecto de AA, por la presunta autoría de un delito de Apología de hechos tipificados como delitos, quedando la imputada sujeto a este proceso, de conformidad con lo dispuesto por el art. 18, 60.1, 148 del CP y el art. 266.6 del CPP...” II) La Defensa, al apelar (fs.27/29 vto.), expresó: La información que da inició a esta investigación tiene un claro vicio de ilegalidad, contraviene el mandato constitucional y la ley 18331, puesto que no se siguieron los canales legales para obtener la información que da inicio a esta causa. Si bien no es el momento procesal, este hecho es de tal naturaleza que hace necesario e imperioso que se lo conozca desde ahora. Entrando en la consideración del tipo penal por el que se formaliza a la imputada, en primer término, se señala que el artículo 148 del CP establece que: “El que hiciere, públicamente, la apología de hechos calificados como delitos, será castigado con tres a veinticuatro meses de prisión”.En este delito, el despliegue del comportamiento que realiza el agente debe necesariamente tener una intención real de defender, justificar, exaltar, elogiar, alabar, ponderar, etc, un comportamiento jurídicamente ilícito y legalmente establecido como delito. La frase analizada puede verse como una amenaza directa de cometer un delito (homicidio), sin embargo no puede ser una justificación o aprobación de un delito ya cometido o que se espera que otros cometan. La apología del delito se refiere a la exaltación, defensa o legitimación de una conducta delictiva, buscando restarle gravedad o presentándola como algo positivo. En este caso, la imputada no está justificando que alguien más mate al Presidente BB, ni aprobando el acto en general; simplemente está expresando su propia intención de cometerlo.La esencia de la apología radica en el acto de glorificar o legitimar un acto ilícito para terceros, no en la declaración de una intención personal. El delito de apología protege la paz social y busca evitar que sé promuevan ideas que legitimen la comisión de ilícitos, fomentando así la delincuencia. La frase "voy a matar a BB" no busca esto. Su objetivo, en el contexto de las redes sociales, es a menudo la descarga de una emoción, la expresión de indignación o incluso una bravata, no la instigación indirecta a la delincuencia en su sentido jurídico. En segundo término, siguiendo este orden de razonamiento, debió en todo caso ser imputada como presunta autora de un delito de amenazas, pero este delito requiere como presupuesto legal y válido que, el amenazado realice la instancia del ofendido, lo cual no se ha efectuado, puesto que no puede entenderse que alcanza con una denuncia, en este caso por la embajada. El ofendido debe denunciar por sí la amenaza y establecer concretamente su ánimo para perseguir el ilícito. Para entender que el comportamiento de la Sra. AA ingresa en el tipo penal de “amenaza”, debe evaluarse lo siguiente: a) Mal Anunciado: Debe anunciarse la causación de un mal, que puede ser contra la persona, sus bienes o su familia. En este caso, el "mal" sería el homicidio. b) Seriedad e Idoneidad Intimidatoria: La amenaza debe ser seria y creíble, capaz de generar un temor fundado en la víctima. No cualquier frase dicha en un momento de enojo o en un contexto informal constituye una amenaza penalmente relevante. Debe tener la capacidad real de amedrentar. C) Determinación de la Víctima: La amenaza debe dirigirse a una persona determinada o determinable. d) Conocimiento de la Víctima: La víctima debe tener conocimiento de la amenaza. e) Dolo: Debe existir la intención de intimidar por parte del autor. La expresión en Twitter, aunque dirigida a una figura pública, podría ser interpretada como una declaración impulsiva y no necesariamente como una amenaza seria y creíble que buscaría realmente intimidar. En el contexto de las redes sociales, muchas expresiones son hiperbólicas o catárticas, careciendo de la idoneidad para generar un temor fundado en la presunta víctima. Además, habría que demostrar que la amenaza llegó a conocimiento del presunto afectado (BB) y que este realmente sintió temor. La falta de un plan concreto, la distancia geográfica y la naturaleza pública y a menudo volátil de las expresiones en redes sociales, restan seriedad e idoneidad intimidatoria a la frase. En tercer lugar, el delito de amenaza por su parte requiere el anuncio de un daño o mal futuro, el que debe ser ilegítimo, específico, y razonablemente posible. Ésto último, en el caso de autos es esencial. El accionar de la imputada con su frase “...lo voy a matar”, deviene un delito imposible, puesto que la Sra AA carece de bienes o fortuna, carece de medios para lograr ese fin, y por sobre todo carece de intencionalidad. El relato o expresión fue coloquial y carente de contenido . Art. 5 del C.P. inc.3 establece que cuando estamos en presencia de un delito imposible y señala “se hallan exentos de pena los actos inadecuados para cometer el delito, o porque el fin que se propone el agente es imposible, o porque resultan absolutamente inidóneos los medios puestos en práctica en él”. El Dr Langón en su Código Penal Comentado, al analizar el delito de amenazas artículo 290 del C.P. expresa: “Amenazar es anunciar a otro que se le va a causar algún perjuicio, significa intimidarlo, llevarlo a la convicción de que está en peligro de que le suceda algo perjudicial o daños, provocándose angustia, preocupación o temor”. Es por ésto que la defensa sostiene que la expresión de la Sra AA deviene un delito imposible, puesto que la supuesta víctima lejos está de ser intimidada, angustiada o preocupada por este relato juvenil y seguramente ni siquiera esté en concocimiento de éste hecho. Precepto del Delito Imposible (Artículo 9, inciso 29): "No Será penado el que, Con el fin de cometer un delito, realiza actos que no son idóneos para Producirlo, o que no pueden Producirlo por imposibilidad de que exista el objeto del delito." En tal sentido la defensa entiende que debe examinarse:1.- La inidoneidad de los Actos, incluso si se interpreta que la expresión de mi defendida constituía un intento de cometer un delito ( lo cual lo negamos) los actos realizados (un tweet) son manifiestamente inidóneos para producir el resultado de un homicidio a la distancia y sin ningún plan real o capacidad material. Un tweet no puede por si mismo, causar la muerte de una persona, en especial de una figura tan protegida como el Presidente BB. 2.- La inexistencia del Objeto del Delito (por imposibilidad): No existe un objeto del delito en el sentido de un víctima real e inmediatamente afectada por la “acción” (el tweet) de una manera que configure un delito consumado o un intento inviable. La barrera física, la seguridad del supuesto afectada, y la naturaleza no física del acto de mi defendida, hacen que la comisión del homicidio sea absolutamente imposible a través de esa via. 3.- Fundamentación. Éste precepto del delito imposible, refuerza la defensa al señalar que, incluso si se considera que mi defendida tenía la “intención” de cometer el delito ( lo que también se discute) los medios eran tan ineficaces e irrisorios que el resultado delictivo, era objetivamente imposible de alcanzar. El derecho penal no sanciona las meras fantasías o las expresiones ineficaces, sino aquellas conductas que realmente ponen en peligro o lesionan un bien jurídico. La defensa se ancla firmemente en el derecho a la libertad de expresión, un pilar fundamental de nuestro Estado de Derecho, recogido en la Constitución de la República y en tratados internacionales de derechos humanos ratificados por Uruguay. El artículo 72 de la Constitución establece que la enumeración de derechos, deberes y garantías en la Constitución no excluye otros inherentes a la personalidad humana o derivados de la forma republicana de gobierno. La libertad de expresión, incluso en sus manifestaciones más críticas o controversiales, es un derecho inherente a la persona. Si bien este derecho no es ilimitado y puede ser restringido para proteger otros bienes jurídicos, cualquier limitación debe ser necesaria, proporcionada y previamente establecida por ley. Argumentamos que, en este caso, criminalizar la expresión como apología del delito o incluso como amenaza (si no cumple sus requisitos de seriedad e idoneidad) sería una restricción desproporcionada y una interpretación extensiva de la norma penal que colisiona con el principio de mínima intervención del derecho penal. El Estándar de la "Verdadera Amenaza" o "Incitación Directa": La jurisprudencia internacional y las democracias modernas distinguen entre expresiones meramente ofensivas o perturbadoras y aquellas que constituyen una "verdadera amenaza” o una "incitación directa e inminente a la violencia". Solo estas últimas pueden ser legítimamente restringidas. La expresión de mi defendida, aunque pueda ser interpretada como una amenaza, carece de la inminencia y credibilidad necesarias para ser considerada una incitación directa a la violencia en el sentido requerido por la ley. A menudo, en el entorno volátil de las redes sociales, estas expresiones son meras descargas impulsivas o exageraciones que no reflejan una intención real de cometer un delito. Por todo lo expuesto, se solicita se eleven las presentes actuaciones al T.A.P que por turno corresponda a efectos de que revoque la Res recurrida. III) Fiscalía abogó por la confirmatoria (fs.34/40). Contestó:No existe ilegalidad en la investigación. Se recibió una información primaria, con la propia denuncia por lo que se procedió a pedir autorizaciones vía sail para contar con información concreta y controlada por la sede judicial. La Embajada de Estados Unidos no aporto nombres, ni de la imputada ni del titular del servicio de Antel. En el caso que nos ocupa corresponde puntualizar: Tratándose de la plataforma de X - no de Twitter como señaló la defensora, a la publicación de la imputada tiene acceso cualquier persona que navegue en esa red, no es un correo electrónico, no es una correspondencia privada que requiera para su apertura autorización judicial, no se viola la Constitución ni la ley de Datos. En lo que respecta a la Dirección IP se debe saber que esta también es pública porque es la única forma que existe para que fluyan las comunicaciones por Internet. Se cita al respecto la Sentencia No. 680 /2010 de fecha 14 de Julio del 2010 del Tribunal Supremo Español, sala segunda, el cual se expidió en un caso en el que se discutió la misma temática ante el planteamiento de la Defensa de un acusado por Pornografia Infantil en el que esta adujo que los agentes de la Guardia Civil consiguieron por medios extrajudiciales IPS del imputado para lo cual se debió requerir autorización judicial, alegándose que asi se quebrantaron derechos constitucionales. Dicho Tribunal se pronuncio estableciendo que “....los rastreos que realiza el equipo de delitos teletemáticos de la Guardia Civil en internet tienen por objeto desenmascarar la identidad críptica de los IPS, el acceso a dicha información puede efectuarla cualquier usuario, no se precisa autorización judicial para conseguir lo que es publico ya que es el propio usuario de la red quien lo ha introducido en la misma, la denominada huella de la entrada queda registrada siempre y ello lo sabe el usuario ...La autorización judicial es necesaria para conocer la identidad de la persona para proteger su intimidad...” Lo consignado en esta sentencia se ha mantenido por la jurisprudencia española por tratarse de un cuestionamiento de orden técnico regido por normas que no han cambiado. En el ordenamiento uruguayo es exactamente igual, los operadores de telecomunicaciones deben retener los datos generados a partir de la relación comercial con el cliente, para conocer su identidad se requiere autorización Judicial una vez otorgada la misma la empresa de comunicaciones entrega a los Cuerpos Policiales la identidad del usuario, y sí también se solicito el el histórico del abonado y los datos móviles. En el caso puntual en examen, con el numero de IP aportado con la denuncia que como se dijo ut Supra es publico en Uruguay, Estados Unidos y cualquier parte del mundo, se pidió judicialmente via sail los datos de la usuaria del dispositivo y del titular del servicio. Posteriormente con la información aportada por Antel, se pidieron ordenes de allanamiento, ordenes de incautacion de dispositivos y orden de apertura conforme a las normas vigentes. Debido a que se abrió debate en la propia audiencia, la Señora Juez fundamentó también la razón por la que no consideraba la ilegalidad de las actuaciones investigativas. Sin perjuicio de todo ello, en esta etapa procesal no corresponde hacer valoración de la prueba ya que no se produce prueba alguna, el Juez toma su decisión en base a información necesaria e imprescindible la que resulta de la exposición de las evidencias recolectadas , Sent. 49 / 2022 T.A.P. 1er Turno, en consecuencia no se debe hacer foco cuestionando el merito de la evidencia reunida ya que ello responde a otra etapa del proceso siendo importante en este momento solo si se dispone prisión preventiva. La solicitud de formalizacion ha sido concluyente y fundada. Ha cumplido con amplitud los requisitos de admisibilidad. En un sistema acusatorio el control de la acción persecutoria le corresponde al Ministerio Publico, es este quien decide si ejerce la acción o no, una vez que decide iniciar la acción judicial somete a la persona al control jurisdiccional por lo que solo se puede rechazar la formalización si falta tipicidad, lesividad y si quedara en entredicho la participación del imputado. Si bien la formalizacion no es un mero acto de comunicación su admisión no depende de la ponderación de las evidencias. Sent 621 /2023 T.A.P. 1er turno. TIPO PENAL IMPUTADO. La Fiscalia imputó el delito previsto en el art 248 del Código Penal. Este ilícito es el elogio publico o la defensa de un hecho calificado como delito, se trata de expresiones que se reconducen a defender un delito en si mismo considerado. En el caso que nos ocupa la imputada advierte públicamente que “...va a matar a BB...”. La ley no exige ningún requisito subjetivo del tipo, ninguna finalidad especifica, ningún animo de impulsar a nadie a la acción, por ello se le llama instigación indirecta. Como señala el dr Langon Cuñaro en su comentario al art 148 del CP la ley no exige que se trate de un acto de propaganda que invite a la intimación o que tienda a eliminar la repugnancia de la población respecto del crimen. El delito se agota en la apología y no tiene por que estar referido a un acto histórico. La Defensa confunde la Apología con la Instigación Publica prevista en el art 147 del Código Penal. La Apología es un delito que puede ejecutarse por cualquier medio idóneo y es un delito de simple manifestación, es un figura de PELIGRO ABSTRACTO. El único requisito es que se haga públicamente, hoy día las redes son un espacio publico en tanto llega a un numero indeterminado de personas por lo que se cumple claramente esta condición. En cuanto a que la investigada debió ser imputada por un delito de Amenazas, no es la etapa procesal para discutirlo , faltan pericias que pueden arrojar mas información, la Defensa solo pretende que se aplique otra imputación para que se verifique un requisito de procedibilidad que en esta tipificación no es necesario. DELITO IMPOSIBLE: La Sra AA no hizo una amenaza directa a BB enviándole un correo electrónico, o una carta, tampoco lo esperó en algún acto publico para amenazarlo, no hay un accionar directo hacia esta persona es precisamente por ese motivo que no se imputo esta figura delictiva. La Defensa pretende que se aplique este delito para luego concluir que es un delito Imposible por no haber realizado un acto idóneo para producirlo. DERECHO DE EXPRESIÓN: Como se expreso oportunamente en la audiencia de Formalizacion, los derechos de cada ciudadano terminan donde comienzan los derechos de las demás personas. La imputada puede expresar sus diferencias con BB en lo que refiere al incidente que haya tenido presuntamente en relación a una modelo o actriz, puede expresar incluso su malestar , pero ello no le da derecho a discriminarlo, tratándolo de — VIEJO - , ni a insultarlo como dijo - DE MIERDA - , ni mucho menos a llegar a afirmar que LO VA A MATAR. Hacer expresiones de la naturaleza de esta ultima respecto de un mandatario extranjero sin dudas altera la Paz Publica y genera preocupación como sucedió en el caso concreto dando lugar a una denuncia de la Embajada de Estados Unidos. MANTENIMIENTO DE LA RECURRIDA: Como señala nuestra jurisprudencia, no es en esta etapa del proceso que debe exigir el magistrado actuante una definitiva calificación delictual de los hechos relatados la que incluso puede variarse hasta el momento de deducirse demanda acusatoria. El análisis del juez es primario, provisorio y se decide sobre las argumentaciones de las partes , la decisión judicial se plasma en un grado de convicción provisoria respecto de la comisión de un delito y la participación del imputado en el mismo, así se pronunciaron las sentencias No. 324 / 2018 y 530/2023 del T.A.P de 3er Turno. Por todo lo expuesto, se solicita, se eleven las presentes actuaciones al T.A.P. que por turno corresponda a efectos de que mantenga la Resolución recurrida. IV) Por Res. 1143/2025 de fecha 03.06.2025 (fs.41 ), la A quo franqueó la Alzada. Recibida la pieza, se acordó previo pasaje a estudio (fs. 48 y ss). CONSIDERANDO: I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la impugnada, por los fundamentos que expondrá. II) HECHOS DE LA FORMALIZACION: “ El 7 de Abril de 2025 el encargado de la Oficina de Seguridad Regional de la Embajada de Estados Unidos en Montevideo presentó denuncia ante la Fiscalía General de la Nación comunicando que desde Noviembre de 2024 aumentaron las amenazas al presidente, vicepresidente y miembros del gobierno de Estados Unidos provenientes de Sudamérica. Denunció que el día 22 de Febrero de 2025 la Oficina División de Inteligencia y Evaluación Protectora del Servicio Secreto de Estados Unidos recibió información sobre una publicación de amenaza al Presidente BB siendo el primer registro de este tipo de publicación en Uruguay. Dicha oficina aportó la IP del dispositivo utilizado y solicita se investigue para ubicar al autor y colaboradores a los efectos de determinar si se trata de una planificación por conspiración o de un hecho aislado. Resulta de los informes recibidos que la amenaza de muerte se realizo en la red social X por el usuario identificado como @kolyanbal, el dispositivo utilizado tiene IP 1792466223 y el correo identificado es AAalapal@gmail.com, la IP actual de dicho dispositivo es 16761151.201-2. Se pidieron medidas vía sail para que Antel proporcionara información comercial de las dos direcciones IP, y del abonado 99061448. Con la información proporcionada por Antel la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional DIPN, Coordinación Operativa de Inteligencia elaboró un análisis criminal, el No. 105 / 2025 en el mismo se estableció que se pudo identificar a la titular del perfil antes referido de la red social X siendo AA, ésta es la persona que hizo referencia a la 3ra Guerra Mundial y advirtió que mataría a BB; se domicilia en Santiago Vazquez No. 000 esquina Vidal en San Jose de Mayo. El titular de las direcciones IP de los dispositivos utilizados es CC quien también se domiciliaba en igual dirección en la época que contrató el servicio. Para avanzar en la investigación y establecer la razón de la amenaza, la participación de la usuaria de la red y del titular de los dispositivos, y determinar si efectivamente es una conspiración o un hecho aislado, se solicitó la incautacion de los artefactos electrónicos para su posterior apertura, pericia y análisis UFED de los mismos, autorizado por Decreto 1247/2025. Se hizo lugar al allanamiento requerido en dicho Decreto. El personal de la Dirección de Inteligencia se constituyo en su domicilio en calle Santiago Vázquez No. 000, constatando que la finca estaba vacía. Preguntados los vecinos informaron qué CC fue pareja de la madre de AA pero que desde hace varios meses ya no vive en dicha casa. Sobre AA informaron qué desde hace varios días se fue sin saber donde se la ubica actualmente. Interrogado el señor CC informó que vivió en la casa ubicada en Santiago Vazquez No. 000 durante varios meses porque fue pareja de la madre de AA, fue él quien contrato el servicio de Antel e Internet razón por la cual este ente informo que el servicio estaba a su nombre, agregó que al retirarse del domicilio no rescindió el contrato y desconoce los motivos por los que AA hizo una amenaza de muerte a BB. Se formó un grupo de trabajo para la búsqueda de la investigada y finalmente se la ubicó dos días después en el Departamento de San José. En la investigación realizada mediante cibervigilancia se recopiló información del perfil de la red social utilizada, cuyo correo electrónico es el que ya se dijo, registrado como abonado de Ancel con el número ya mencionado 000000000. En definitiva se pudo establecer que las fotos de su perfil subidas a la red, coinciden con la fotografía de su cédula de identidad, se determinó que presenta en el cuello un tatuaje que también coincide, hizo videos sobre la Ciudad de San José donde se domicilia, se comprobó que su perfil en la red social Instagram es otro, es “nosiferu” y que la usuaria de la cuenta “AAalapal@gmail.com” es AA. Sobre el tenor de la denuncia corresponde expresar que publicó en forma textual que “ante los rumores de la tercera Guerra Mundial, no le importaba un carajo...” pero cuando una modelo estadounidense, a la cual mencionó con nombre y apellido por discrepancias con BB que tenía ésta, ella le responde que va a ver que hizo ese viejo de mierda y que lo va a matar. Dado que lo informado por la DIPN surge que no se ha constatado que la investigada esté vinculada a grupos criminales (terroristas), se entiende que se trata de una amenaza puntual, sin conspiración al respecto. No está vinculada a actos de terrorismo, no se ha probado hasta el presente que haya realizado actos para concretar su amenaza que puedan encuadrar en un delito contra la vida de un Jefe de Estado extranjero (art.138 C.P.P). Pero si está probado, que por un medio “on line” y público, al que acceden muchas personas y que permite una difusión amplia, hizo apología de un hecho calificado como delito. Concretamente de dar muerte a un presidente extranjero, sin medir sus consecuencias, ensalzó la idea de dar muerte a una persona, generó mal estar y preocupación en el país del Jefe de Estado amenazado y comprometió la reputación del territorio de Uruguay en el que nunca se había configurado un registro de ésta naturaleza.” II ) Desde la entrada en vigencia del NCPP , se ha analizado , cual es la naturaleza de la decision judicial que admita o rechaza la formalización, y què debe analizar el Juez de Garantía para decidir , conluyèndose de forma unánime que la resolución es: -una decisión jurisdiccional de naturaleza interlocutoria , que presenta particularidades en cuanto al tipo de análisis que cabe efectuar en esa oportunidad. En la Sentencia 534/2019 de La SCJ los Sres. Ministros Dres. Martínez y Tosi, refieren que las potestades del Juez Penal en la audiencia de formalización sobre la exigencia de evidencias probatorias se limita a los elementos ponderables y objetivos recabados por la Fiscalía, no hay aquí valoración de prueba por parte del Juez interviniente. El Ministro Sosa , agrega que el Juez puede realizar controles de razonabilidad y fundabilidad de la solicitud de formalización y debe desestimar la formalización cuando los hechos en que se funda no constituyan delito o cuando releva la ausencia de condición de procedibilidad (cuestiones previas del art. 83 del CPP). -Luego en sentencia 1791/2020 , la Suprema Corte de se expresó sobre el control jurisdiccional en la audiencia de formalización de la investigación y dijo: 1. En nuestro derecho, la formalización de la investigación no implica una mera “comunicación” al sujeto imputado, en vía judicial, de que está siendo investigado, como sucede en otros sistemas. Para resolver sobre el pedido no hay ponderación de evidencias y menos, control de prueba, producción ni valoración de prueba judicial. “Es necesario que la Fiscalía cuente con evidencias (carpeta del Fiscal) limitadas a los elementos ponderables y objetivos recabados por la Fiscalía. Puede existir cierto control argumentativo sobre las evidencias reseñadas por la Fiscalía, limitado básicamente a algunos supuestos de inadmisibilidades; pero la instancia procesal natural para ponderar evidencias o pruebas a estos efectos será la audiencia de control de acusación (Art. 268 CPP).” -Este Tribunal , en anterior integranción ha manifestado que (Sentencias 159/2018; 310/2019 entre otras) “ la formalización uruguaya no está prevista como la formalización chilena (i.e., acto de simple comunicación del fiscal) y si de la descripción de los hechos (art. 266.2 del CPP) que debe efectuar la Fiscalía resulta que es imposible que se haya cometido un delito, por ser tales hechos atípicos, no se podría admitir la formalización pues ésta tiene que ver con la investigación (hasta ese momento desformalizada”) de un eventual hecho ilícito. Y en el caso de hechos atípicos, no hay delito, ergo, no puede haber proceso penal. “…el modelo uruguayo permite rechazar la formalización si falta tipicidad, lesividad, y excepcionalmente, si mediante oralidad argumentativa, quedara en entredicho la participación del imputado. el juez, deberá valorar si la solicitud cumple con las exigencias del art 266 del NCPP : y para ello deberá valorar si el actor ha efectuado una la relación circunstanciada de los hechos y la participación atribuida al imputado...’ como asimismo ‘...los medios de prueba con que cuenta...”. Tambièn se ha expresado en cuanto que “La calificación delictual definitiva no corresponde en la presente etapa. Y no corresponde que el Colegiado ingrese a la consideración de la cuestión de fondo respecto a si atañe o no la calificación delictual que se imputa en la especie, (…), pues ello corresponde a la etapa de debate del Juicio Oral, pues será en el juicio oral, donde se debatirá acerca de: “la expresión precisa de las disposiciones legales aplicables y su debida correlación con los hechos y con la intervención atribuida al imputado”. El art. 266.1 NCPP, exige que en esta etapa se releve la existencia del hecho delictivo y participación en el mismo del imputado -materialidad del delito- sobre ello deberá pronunciarse el Juez para admitir o no ese pedido de formalización. Y las pautas con las que debe analizar dicha solicitud son la seriedad, solidez, credibilidad, racionalidad, coherencia, verosimilitud. -En el caso de autos, corresponde señalar que la verosimilitud de la eventual existencia del hecho delictivo y de la participación de la imputada se genera a partir de la suficiente y consistente argumentación efectuada por el Ministerio Público en la solicitud de audiencia de formalizacion , así como el debate que se llevó adelante y en la contestación efectuada frente a la apelación de la defensa. Y siendo, como se ha expresado, que no es en esta etapa en la que la Fiscalia habrá de expresar de forma precista cuales son las disposiciones legales aplicables y su debida correlación con los hechos, la Sala concluye que el relato de la fiscalía sobre los hechos que se endilga a la imputada, existen sin dudas elementos objetivos de la existencia de un delito: la intención y/o voluntad de dar muerte a un mandatario de un país extranjero, lo cual hizo público en una red social de alcance mundial, estamos ante un hecho delictivo, que se contorneará con más exactitud en un tipo penal, ya el reclamado ahora, o en otro , y que rendida la prueba correspondiente, se determinará si existirá responsabilidad penal en él. POR CUYOS FUNDAMENTOS SE RESUELVE: CONFIRMASE LA RECURRIDA. NOTIFIQUESE Y DEVUELVASE.-