Sentencia Interlocutoria N° 607/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – INCIDENTE DE PRESCRIPCIÓN – IUE: 547-29/2025 – TEST. IUE: 96-10694/1985; venida del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 27º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la defensa Dra. Florencia Grignoli, contra la interlocutoria N.º 453/2025 dictada el 24 de abril de 2025 por la Dra. Verónica Pena, con intervención de la Fiscalía Letrada Nacional Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad, representada por el Dr. Ricardo Perciballe. RESULTANDO : I) La hostilizada (fs. 215) resolvió: ...Desestímase la excepción de prescripción opuesta por AA. A la clausura y archivo de las actuaciones no ha lugar ... II) La Dra. Florencia Grignoli por la defensa, interpone recursos de reposición y apelación en subsidio (fs.234) y expresa que la decisión de la A quo es jurídicamente errónea porque parte de una interpretación equivocada del alcance de la causa y de una aplicación incorrecta de las normas legales vigentes. Los hechos investigados corresponden a un período histórico que el país ya ha atravesado y sobre el cual la ciudadanía se ha pronunciado en reiteradas oportunidades, manifestando su voluntad de cerrar definitivamente ese capítulo. Sin embargo, según entiende, el caso se reabre con un claro propósito político, trasladando al Poder Judicial una responsabilidad que excede su competencia estrictamente jurídica. El núcleo de la crítica radica en la idea de que los delitos denunciados constituyen crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, serían imprescriptibles. La parte alega que esa conclusión desconoce la jurisprudencia consolidada de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay y viola principios constitucionales fundamentales, como el de legalidad y el de irretroactividad de la ley penal más gravosa. Destaca que al momento en que ocurrieron los hechos – durante el régimen cívico-militar – no existía en el ordenamiento jurídico uruguayo la categoría de delitos de lesa humanidad ni tampoco norma alguna que estableciera su imprescriptibilidad. Esa figura fue incorporada décadas después, entre 2001 y 2006, cuando Uruguay ratificó la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad y adoptó la Ley 18.026. Aplicar retroactivamente estas disposiciones equivale a sancionar conductas que eran prescriptibles bajo la normativa vigente en la época de los hechos, lo que vulnera la Constitución y tratados internacionales en materia de derechos humanos. La apelante remarca que el principio de legalidad, previsto en los artículos 10 y 72 de la Constitución, establece que solo puede aplicarse la ley penal que estaba vigente al momento de los hechos y que nadie puede ser juzgado ni penado por una conducta que no era delito en ese momento o que no tenía la condición de imprescriptible. Asimismo, invoca el principio de irretroactividad de la ley penal más gravosa, que impide aplicar normas penales posteriores para agravar la situación de los imputados. La prescripción es un instituto de orden público, sustantivo y procesal, que extingue el delito por el transcurso del tiempo y que, conforme al artículo 124 del CP., debe ser declarada incluso de oficio por el juez. En apoyo de su posición, cita abundante jurisprudencia nacional: recuerda que la Corte ha sostenido en casos como Sabalsagaray , Matos y Trujillo que la imprescriptibilidad no puede aplicarse a hechos ocurridos antes de su incorporación legal, y que las normas que intentaron hacerlo, como algunos artículos de la Ley 18.831, fueron declaradas inconstitucionales. También hace referencia a decisiones de tribunales extranjeros, como la justicia española, que ante pedidos de extradición por hechos similares han aplicado el principio de irretroactividad penal y declarado prescriptos los delitos, puesto que la figura de lesa humanidad no existía en la legislación de ese país en la época de los hechos. La impugnante advierte que sostener la postura de la A quo implica desnaturalizar el sistema jurídico uruguayo y convertir al Poder Judicial en un instrumento de fines políticos. Según afirma, el razonamiento adoptado por la Sede busca sortear la prescripción, que ha operado de manera clara e inevitable, recurriendo a calificaciones jurídicas posteriores o reinterpretaciones de la norma para sostener artificialmente la vigencia de la acción penal. Ello vulnera principios esenciales del Estado de Derecho, como la seguridad jurídica, la igualdad ante la ley y la separación de poderes. Finalmente, subraya que el derecho penal y el derecho procesal no son herramientas de revancha política ni de justicia simbólica, sino límites al poder punitivo del Estado. Su función es garantizar que toda persecución penal se ajuste a la legalidad, a la certeza jurídica y al respeto de las garantías individuales. Pretender castigar hechos del pasado con normas posteriores abre la puerta a la arbitrariedad y mina la credibilidad de las instituciones. III) El Dr. Ricardo Perciballe por la Fiscalía Letrada Nacional Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad abogó por la confirmatoria (fs.247). El agravio planteado por la parte recurrente se centra, en primer lugar, en negar la calidad de crímenes de lesa humanidad a los hechos investigados y en sostener que, conforme al derecho nacional, estos delitos se encontrarían prescriptos. Sin embargo, la posición contraria parte de entender que, más allá de la tipificación formal, se trata de actos cometidos como parte de un plan sistemático por agentes del Estado, motivados por razones ideológicas, lo que los tipifica como crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles. Este carácter no depende de la ley interna que ratificó tratados internacionales en 2001, sino que proviene de su condición de normas de jus cogens , incorporadas al orden constitucional uruguayo a través del artículo 72 de la Constitución. Tal calificación se remonta a los estatutos de los juicios de Nüremberg de 1945, aprobado por Uruguay ese mismo año, y ha sido confirmada reiteradamente por resoluciones de la ONU que establecieron principios básicos para la persecución de estos crímenes. Asimismo, el artículo 15.2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos admite expresamente que, tratándose de violaciones graves a derechos humanos, las fuentes internacionales, en las cuales la imprescriptibilidad ya constituía opinio iuris, son de aplicación directa y obligatoria para los Estados parte. Esta postura ha sido asumida de forma consistente por tribunales nacionales, incluidos los Tribunales de Apelaciones de 1º y 2º Turno, en diversas sentencias desde 2017 en adelante, así como por ministros de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay en opiniones y votos discordes que consolidaron la idea de que estos crímenes no prescriben. La Corte en mayoría adoptó expresamente esta posición en la sentencia 286/2022 relativa al caso Michelini y Gutiérrez Ruiz. En segundo término, se destaca la vigencia de la Ley N.º 18.831, que restableció la pretensión punitiva del Estado, declaró inaplicables los plazos de prescripción o caducidad en estos casos y calificó expresamente los delitos comprendidos en el período cubierto por la Ley N.º 15.848 como crímenes de lesa humanidad. La Suprema Corte de Justicia de Uruguay desestimó la excepción de inconstitucionalidad respecto de esta norma, por lo que se encuentra plenamente vigente y debe aplicarse. A esto se suma un tercer argumento de orden procesal: el principio según el cual al impedido por justa causa no le corre el plazo . Se sostiene que, conforme a los artículos 120 a 122 del Código Penal y al sistema de integración normativa previsto en el CPP 1980, la prescripción de la acción penal puede suspenderse por causas excepcionales. En este sentido, no pueden computarse como parte del plazo de prescripción ni los años de la dictadura cívico-militar ni el período de vigencia de la Ley de Caducidad, que impidió al Ministerio Público ejercer sus funciones y a las víctimas acceder a la justicia. El cómputo debe iniciarse, entonces, a partir de las fechas en que se levantaron estos obstáculos institucionales: la habilitación de investigaciones por el Poder Ejecutivo, la revocación de los actos dictados bajo la Ley de Caducidad en 2011 y la entrada en vigencia de la Ley 18.831. Esta interpretación ha sido reiteradamente confirmada por los Tribunales de Apelaciones y por la propia Suprema Corte en numerosos precedentes. Finalmente, un cuarto fundamento central surge de las obligaciones internacionales asumidas por el Estado uruguayo a partir del caso Gelman vs. Uruguay. La CIDH estableció que la Ley N.º 15.848 carece de efectos frente a violaciones graves de derechos humanos, por ser incompatible con la Convención. El fallo dispuso que el Estado debe garantizar que ninguna norma, incluida la prescripción, la cosa juzgada o la irretroactividad penal, pueda obstaculizar la investigación y sanción de los responsables de estos crímenes. Como Uruguay reconoció la competencia de la Corte al ratificar la Convención, sus sentencias resultan obligatorias para todos los poderes del Estado. Este criterio también ha sido recogido por la jurisprudencia nacional, incluidos los Tribunales de Apelaciones, y por la doctrina constitucional, que ha subrayado la fuerza vinculante de la sentencia Gelman y la necesidad de remover toda barrera jurídica que impida la persecución penal de estos delitos. En definitiva, la argumentación a favor de la imprescriptibilidad de los crímenes investigados se apoya en cuatro pilares complementarios: su carácter de delitos de lesa humanidad reconocidos como jus cogens desde antes de su tipificación interna; la vigencia y aplicabilidad de la Ley 18.831; la suspensión de los plazos de prescripción por impedimentos objetivos derivados del contexto histórico y normativo; y las obligaciones internacionales asumidas por Uruguay tras la sentencia Gelman. IV) Por interlocutoria N.º 579/2025 se mantuvo la recurrida y se franqueó la apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, se citó para sentencia, que se acordó previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad en actual integración, habrá de confirmar la recurrida, por los siguientes fundamentos. II) En este proceso se está investigando y juzgando la responsabilidad de los indagados en la muerte de BB, quien fue detenida el 2 de noviembre de 1977, y cuyo cuerpo fue hallado en enterramiento clandestino el 6 de junio de 2023 (fs. 37 y ss.), por lo que el deceso y las circunstancias que condujeron a él ocurrieron durante la dictadura militar. Con referencia a estos obrados rige la ley 18.831, cuya inconstitucionalidad respecto del impugnante fue desestimada por sentencia de la Suprema Corte de Justicia N.º 1438/2024 del 7 de noviembre de 2024 (fs. 145). En consecuencia, conforme dicha norma los delitos cometidos en ejercicio de actos de terrorismo de Estado antes del 1º de marzo de 1985 son delitos de lesa humanidad (art. 3º) y sin perjuicio de ello, por virtud del art. 2º de la misma norma: No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley, para los delitos a que refiere el artículo 1° de esta ley . En conclusión, con independencia de la calificación que se les dé a dichos delitos, la ley establece que no operó la prescripción durante la vigencia de la ley 15.848, y en todo caso, la prescripción comienza a computarse una vez vigente aquella, esto es, el 27 de octubre de 2011. Desde ya se puede adelantar que desde esa fecha y hasta el dictado de la resolución atacada, no transcurrió el plazo de prescripción del delito que se investiga – un homicidio con eventuales circunstancias agravantes especiales o muy especiales – ya que ni siquiera han transcurrido quince años de la vigencia de la citada 18.831 (artículos 117 y 310 en la redacción original, CP.). III) Distinto sería el análisis si se computase el tiempo transcurrido en la dictadura militar o período de facto. No obstante, el Tribunal en anterior integración – y con la integración actual – mantiene que no son computables a estos efectos los años transcurridos durante ese período por la obvia imposibilidad de las autoridades para investigar y juzgar – judiciales o fiscales – y para que las víctimas o sus deudos, hicieran valer sus derechos en aquellas circunstancias políticas. Como ha sostenido este Tribunal a partir de su resolución N.º 84/2013: … Está fuera de discusión que para el cómputo de la prescripción, no es computable el período de facto: …El principio general de que al justamente impedido no le corre término es aplicable al caso al tratarse de un principio general que se inscribe en los derechos inherentes a la persona humana, con recepción en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución …” (ADCU XXI, c. 911)”. La Sala de 2º T (Sent. N.º 263 de 26/8/2010), declaró en el mismo sentido: “…En lo que tiene que ver con el período de interrupción de los derechos y garantías de los justiciables, es evidente que no puede correr término alguno a los mismos, si es manifiesto que existía una imposibilidad material de su ejercicio. En el caso, el titular de la acción penal es el Ministerio Público, pero, obviamente, no se aprecia como el mismo podría ejercerla libremente. Más allá de la situación de quien correspondiera juzgar el caso, la médula está en el actor, y si el mismo no contaba con la posibilidad de ejercer su poder deber, no le corrió plazo. Por lo tanto, resulta contrario a la lógica natural de los hechos que, un funcionario público, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, por más que contara con independencia técnica, pudiera llevar adelante una acción tendiente a la investigación de este tipo de asuntos. Por tal razón, el titular de la acción penal estuvo impedido con justa causa, de promover y ventilar este caso, en esas circunstancias. Por lo mismo, al margen de la aplicabilidad o no del art. 123 CP (TAP 2º sent. cit.), a juicio de la Sala tampoco es aceptable computar el período subsiguiente, durante el cual, antes de que así fuera reconocido legalmente (art. 1º de la Ley N.º 18.831), ni las víctimas ni el titular de la acción pública estuvieron en plenas condiciones de perseguir los delitos encapsulados por el art. 1º de la Ley 15.848, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en el 2009 (Sent. 365/2009), en proceso (Sabalsagaray) donde P. Ejecutivo y P. Legislativo, se allanaron (Resultando IV) … La Sra. Ministra Dra. Graciela Eustachio por su parte sostiene que e n el caso que nos ocupa, si bien resulta aplicable la ley 18.831 respecto del indagado, el hecho que su art. 3º disponga “ Declárase que, los delitos a que refieren los artículos anteriores, son crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales de los que la República es parte ”, no significa que los delitos cometidos durante la dictadura sean imprescriptibles, pues la ley no dice eso. Se considera que esa no ha sido la intención del legislador cuando sancionó la ley 18.831, ya que de haber entendido que la declaración de Crímenes de Lesa Humanidad implicaba “ per se ” la aplicación del régimen de imprescriptibilidad establecido en el derecho internacional e incluso nacional (a partir de la ley 17.347 de fecha 13/06/2001 que aprobó la “Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y Crímenes de Lesa Humanidad), no tendría sentido que el art. 2 de la ley 18.831 haya dispuesto: “ No se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre el 22 de diciembre de 1986 y la vigencia de esta ley , para los delitos a que refiere el artículo 1º de esta ley ”. De la disposición transcrita se extrae con meridiana claridad que si se establece una interrupción en un plazo de prescripción, es porque se considera que el mismo es computable en los delitos a los que hace referencia, esto es, a los cometidos durante la dictadura. Ahora bien, la defensa se agravia porque la sentencia establece que la ley de caducidad significó un obstáculo al ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público. Se señala que ha sido ampliamente zanjado por la jurisprudencia el tema de que durante la dictadura se interrumpe la prescripción, ya que es evidente que fiscalía estuvo impedida de investigar los delitos que se cometían bajo ese régimen, mientras el mismo duró. Por lo demás, también en acuerdo con la mayoría, en cuanto al período subsiguiente, o sea, durante la vigencia de la ley de Caducidad, la Sra. Ministra también considera que operó la interrupción de dicho plazo, pues el art. 1º de la citada norma constituía un claro impedimento para que el titular de la acción penal o las víctimas pudieran investigar y/o acceder a información oficial, a efectos del esclarecimiento de los delitos cometidos en el régimen de facto. En efecto, analizando lo dispuesto en la ley 18.831 se observa que cuando el art. 1 dispone que se restablece la pretensión punitiva del Estado para los crímenes referidos en el art. 1 de la Ley de Caducidad, el propio Estado está reconociendo que durante ese período dicha pretensión se encontraba impedida u obstaculizada, lo cual hizo necesario para que la misma se restablezca, que así lo dispusiera una ley. Como consecuencia lógica de ello, en su art. 2 se establece que no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad, en el período comprendido entre la entrada en vigencia de la Ley de Caducidad y de la presente ley, que restablece la pretensión punitiva del Estado. El art. 2 de la ley 18.831 no dispone un aumento del plazo de prescripción para los delitos en cuestión, sino que atiende a una situación de impedimento por justa causa de una de las partes del proceso penal, que sin duda interrumpe los plazos procesales, de prescripción y caducidad. En efecto, luego de culminado el período de dictadura y pese a encontrarse restablecida la democracia en nuestro país, durante la vigencia de la ley N.º 15.848 de Caducidad y en virtud de lo dispuesto en su artículo 1º, el Ministerio Público no pudo investigar los delitos acaecidos durante la dictadura y ejercer la acción penal, por lo que resulta evidente que dicha ley constituyó un claro obstáculo para la investigación y persecución de delitos como el de autos. Se comparte lo expresado en Sentencia N.º 263 de 26/8/2010 del TAP 2: “ A juicio de la Sala tampoco es aceptable computar el período subsiguiente (a la dictadura) durante el cual, antes de que así fuera reconocido legalmente (art. 1º de la Ley N.º 18.831), ni las víctimas ni el titular de la acción pública estuvieron en plenas condiciones de perseguir los delitos encapsulados por el art. 1º de la Ley 15.848, declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia en el 2009 (Sent. 365/2009), en proceso (Sabalsagaray) donde P. Ejecutivo y P. Legislativo, se allanaron (Resultando IV) ”. En consecuencia, el art. 1o de la ley 18.831 no hizo más que reconocer un impedimento para el accionar del titular de la acción penal, restableciendo la pretensión punitiva del Estado y el art. 2 en atención a dicho impedimento, dispuso que no se computa plazo procesal, de prescripción y caducidad durante ese período, estableciendo legalmente la interrupción del mismo. Sin perjuicio de lo expresado y aun en el caso de que el legislador hubiese omitido el citado artículo 2 o se considere que el mismo, por la razón que fuere, resulta inaplicable, la Sra. Ministra entiende que como el art. 1º de la ley de Caducidad constituyó un obstáculo para investigar y perseguir los delitos cometidos en el régimen de facto, sería de aplicación el principio de que al impedido por justa causa no le corre el término . Al respecto el Dr. Véscovi y sus colaboradores en el CGP Anotado refieren: “ Nuestra legislación admite...el principio general de suspensión de los plazos procesales en caso de impedimento por justa causa, desde que éste comienza y hasta que cesa. La admisión se realiza con carácter sumamente restrictivo, ya que no cualquier razón o circunstancia constituye causa o fundamento ‘justo’ de impedimento, en la terminología legal, sino sólo aquellas hipótesis que configuren fuerza mayor o caso fortuito ”. Así, “… se reconoce no solo un principio general de derecho sino también la garantía de acceso a la justicia y la efectividad de los derechos sustanciales, a cuyo servicio se hallan las normas procesales …”. ( C.G.P. Anotado, Comentado y Concordado, Tomo 2, pág. 376). Dicho principio fue recogido en el art. 321 del C.P.C, luego en el art 98 del C.G.P. y sería aplicable al caso por lo dispuesto en los arts. 6 y 87 del CPP de 1980, que remiten a las normas del proceso civil. Por consiguiente, en base a dicho fundamento legal, exclusivamente, considera que durante la vigencia de la Ley de Caducidad el plazo de prescripción para persecución del delito se vio interrumpido debido a la imposibilidad del Ministerio Público de investigar y ejercer la acción penal. Además, dicho principio también resulta aplicable al caso porque “… se inscribe en los derechos inherentes a la persona humana, con recepción en los artículos 7, 72 y 332 de la Constitución de la República …” (TAC 1º, Sent. N.º 116/1990, ADCU XXI, c. 911). En virtud de lo expresado, el principio de que al impedido por justa causa no le corre el término, es aplicable en cualquier materia (penal, civil, familia, entre otras). Por último, corresponde analizar si ha operado la prescripción del hecho delictivo denunciado en esta causa. Al respecto se señala que en autos se investiga la muerte de la Sra. BB ocurrida durante la dictadura. En la especie, de conformidad a lo expresado en el numeral 2 de este Considerando y lo dispuesto en el art. 117 del CP, surge sin hesitación que no ha operado la prescripción del delito que se investiga. IV) En conclusión, debido a la imposibilidad irresistible e invencible de investigar y juzgar estos hechos, tanto durante la dictadura como a posteriori durante la vigencia de la ley 15.848 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, no ha corrido plazo hábil que obste la prosecución del presente, sin necesidad de abordar la naturaleza de los crímenes ni su eventual imprescriptibilidad. Por cuyos fundamentos y disposiciones, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE .