Sentencia Definitiva N° 270/2025

Sentencia Nro. 270/2025 - IUE: 2-62460/2023 Montevideo, 21 de octubre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE 3er. TURNO. Ministros firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Marta Gómez Haedo. Ministro redactor: Dr. Gustavo Iribarren. Ministro discorde: Dr. Fernando Tovagliare. Vistos: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA c/ PORTO SEGURO S.A. - Acción de repetición”, I.U.E 2-62460/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No 140/2024 dictada en obrados por el Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8vo. Turno, Dr. Federico Tobía. Resultando: 1. Por sentencia No 140/2024 del 16 de diciembre de 2024 (fs. 261-263) se desestimó la demanda, sin especiales condenas procesales. 2. Contra dicha sentencia la parte actora interpuso recurso de apelación (fs. 265- 269 vto.) y articulando agravios, expresó, en síntesis: a) Sin perjuicio de cuestionar la falta de debida motivación de la sentencia, sostiene el apelante que causa agravio que el juez a quo haya postulado que el accionante AA es el único heredero del causante CC y que la demandada pagó con error, pero que, al mismo tiempo, y no obstante ese pago indebido, haya afirmado, en contradicción con lo anterior, que es el actor quien debe promover un nuevo juicio contra la escribana actuante y/o contra sus familiares, por haber incurrido éstos, en su presentación ante la aseguradora, en una conducta fraudulenta. Contra ello señala la apelante que si el deudor paga a quien no corresponde, el pago no extingue su obligación (art. 1312 del C. Civil) y deberá pagar nuevamente al verdadero acreedor (“el que paga mal paga dos veces”). Por tanto, siendo el actor el único heredero del causante, corresponde que la aseguradora le abone a éste, único legitimado activo, la suma reclamada en autos; no pudiéndose en caso alguno atribuir a aquél responsabilidad por la desatención (deficiente gestión en el control de la documentación) en que incurrió la parte demandada. En todo caso, sería la aseguradora quien, luego de indemnizar al actor conforme a derecho, debería iniciar las acciones judiciales pertinentes para recuperar los pagos efectuados por ella con error. b) En función de tales argumentos solicita el apelante que se revoque la sentencia definitiva de primera instancia y, en su lugar, se acoja la demanda en todos sus términos. 3. Conferido el traslado de rigor (fs. 271) oportunamente compareció la parte demandada a evacuar el mismo, exponiendo en el libelo respectivo (fs. 273-274) los fundamentos por los cuales entiende que los agravios formulados por su contraria no deben ser recibidos. 4. Por decreto No 260/2025 del 18 de febrero de 2025 (fs. 276) el tribunal a quo franqueó el recurso de apelación con efecto suspensivo. 5. Recibidos los autos en este Tribunal -integrado por el Dr. Gustavo Iribarren por licencia de una de sus miembros titulares (Dra. Loreley Opertti)-, con fecha 28 de febrero de 2025 se dispuso el pasaje a estudio por su orden (fs. 278). 6. Y habiéndose suscitado discordia, la Sala se integró por sorteo con la Dra. Marta Gómez de Haedo, con quien se acordó el dictado de la presente sentencia en legal forma. Considerando: I. El objeto de la instancia. A modo preliminar corresponde establecer que el objeto de esta instancia se encuentra limitado por el contenido de los agravios articulados por la parte actora en su apelación (tantum devolutum quantum apellatum), quedando vedado al Tribunal ingresar en el examen de cuestiones que no merecieron objeciones en la vía recursiva (art. 257 del C.G.P.) Asentado lo anterior, la Sala integrada, con el número de voluntades exigido legalmente (art. 61 de la ley 15.750), habrá de revocar la sentencia definitiva de primera instancia, en los términos y con el alcance que se dirá. Y ello por los fundamentos que se expondrán de inmediato. II. El caso bajo examen. Sin perjuicio de la correcta relación de actos procesales que realiza la impugnada, a los solos efectos de conceder mayor contexto y claridad al examen reclamado en esta instancia, el Tribunal entenderá conveniente exponer, en breve síntesis, las aristas principales del caso sometido a estudio. II.1. La demanda. Tratan los presentes de una pretensión indemnizatoria con marco en el art. 13 de la ley 18.412 (SOA) promovida contra PORTO SEGURO S.A. por el hijo y único heredero de CC, quien falleciera, al igual que quien viajaba como su acompañante (BB) como consecuencia de su siniestro de tránsito acaecido el 21 de febrero de 2022 en Ruta 26 km 366 (Departamento de Tacuarembó) en el que participaron el camión matrícula YY con acoplado matrícula XX -asegurado por la demandada- y el vehículo Toyota Hilux matrícula ZZ en el que viajaban los fallecidos. El accionante sostuvo que si bien no desconocía que PORTO SEGURO S.A. había abonado la indemnización correspondiente al fallecimiento de CC a terceros que formularon el reclamo (padres del causante), la demandada abonó mal y rechazó indebidamente el reclamo formulado por el actor: hijo y único heredero del causante, con legitimación excluyente, por tanto, para el cobro de la indemnización. Reclamó, en consecuencia, que la aseguradora que pagó mal le abone por tal concepto la suma de UI 250.000, más reajustes e intereses. II.2. La contestación. Sin controvertir la existencia del siniestro, la demandada PORTO SEGURO S.A. rechazó la pretensión formulada en su contra esgrimiendo un argumento principal y uno subsidiario. El argumento principal consistió en que el pago que fuera efectuado a terceros por la aseguradora fue ajustado a derecho en tanto los beneficiarios acreditaron su vocación hereditaria a través de certificado notarial expedido por la Esc. Ana Valentina Faría, cumpliéndose así la exigencia formal prevista en el art. 10 del decreto 381/009; y sosteniendo, a partir de lo anterior, que pagó bien y que, por consiguiente, el actor nada puede reclamarle. El argumento subsidiario estribó en postular que, siendo dos las personas que fallecieron como consecuencia del incidente vial, en función del tope indemnizatorio previsto en el art. 8 de la ley 18.412 una eventual condena no podría en ningún caso superar el límite infranqueable de UI 125.000. II.3. La sentencia. Cumplidas las etapas propias del tracto procesal que el juez concediera al trámite, la primera instancia culminó con el dictado de la sentencia definitiva que, como quedara anunciado supra, desestimó la demanda, sin especiales condenas procesales; quedando fundada tal decisión en que PORTO SEGURO S.A. realizó el pago con error pero de acuerdo a la documentación que le fuera presentada, conclusión de la que el juez a quo derivó que el actor debió dirigir su pretensión contra la profesional que expidió el certificado sin la diligencia debida y/o contra las personas que no brindaron la información correcta ya que éstos, en su calidad de padres del causante, debieron conocer la existencia de un hijo de éste. III. Los agravios de la parte actora. III.1. El análisis del agravio referido a la desestimatoria de la demanda. La Sala, con las voluntades concurrentes de la Dra. Claudia Kelland, Dra. Marta Gómez Haedo y el redactor, recibirá el agravio del apelante, por entender que le asiste razón al afirmar que la aseguradora PORTO SEGURO S.A. pagó mal. Para fundar tal opinión se analizará en primer lugar las exigencias particulares que, en materia de SOA, deben observar y controlar las aseguradoras para acceder al reclamo indemnizatorio. En ese sentido, el art. 12 de la ley 18.412, en su primer inciso, que es el que interesa al caso, establece: “(Procedimiento obligatorio).- El solicitante o sus causahabientes deberán presentar el reclamo directamente ante la entidad aseguradora, acreditando su derecho y el daño, acompañando los elementos de prueba de que dispone para justificarlos. Recibido el reclamo, la entidad lo procesará y dará respuesta a los reclamantes en un plazo no mayor de treinta días hábiles. ...” Y las exigencias formales para el pago administrativo quedan exigidas por el art. 10 del decreto 381/2009, el que se transcribirá resaltando la exigencia que, entiende la Sala, resulta relevante para la decisión reclamada en autos. “Artículo 10. (Documentación a adjuntar al reclamo).- A efectos de la recepción del reclamo del siniestro, el damnificado o sus causahabientes deberán adjuntar al mismo la siguiente documentación mínima: - parte policial; - certificado emitido por el médico que atendió al siniestrado en el lugar del accidente, con descripción de las consecuencias lesivas del accidente, y certificado emitido por el médico tratante del centro de atención al cual se derivó al accidentado. En este último caso el certificado deberá describir en detalle el daño causado al paciente a consecuencia del accidente; - en caso de corresponder, certificado de resultancias de los autos sucesorios o certificado notarial que acredite que los reclamantes son los únicos causahabientes de la víctima; - declaración jurada de que el damnificado no es un sujeto excluido según lo establecido en el artículo 6o de la Ley que se reglamenta; - en caso de corresponder, documentación que acredite la representación legal o convencional del damnificado o sus causahabientes.” Como puede advertirse sin mayores dudas, en caso de que la indemnización debida por SOA suponga el fallecimiento de la víctima, la condición necesaria para que la aseguradora pague bien es que el pago se realice a quienes hayan acreditado, por los medios señalados en la norma que viene de transcribirse (certificado de resultancias de autos o certificado notarial), su calidad de únicos herederos del causante. Y la lectura del contenido del certificado notarial tenido por suficiente por PORTO SEGURO S.A. para abonar la indemnización de SOA a terceros (padres y cónyuge del causante) dice que tal documento no cumple con la exigencia legal y reglamentaria para el cobro de dicha indemnización. En efecto, si bien se mira, el documento invocado por la asegurada para justificar su pago (cuyas copias fueran agregadas a fs. 61-62) no afirma, como era debido, que los padres y cónyuge de la víctima son únicos herederos del causante, sino que apenas sostiene que aquéllos son “presuntos herederos”, calificación que, contrariamente a lo sostenido por PORTO SEGURO S.A. al contestar la demanda (numeral 4 a fs. 63 vto.), no traduce, necesariamente, sin más, la prueba de la vocación hereditaria de quienes formularon, con éxito, el reclamo a la aseguradora. Por el contrario, el cúmulo probatorio de autos señala como acreditado en forma que, el causante falleció intestado y que su único y universal heredero es su hijo, el accionante AA. De lo anterior deriva que PORTO SEGURO S.A. pagó mal ya que el pago impuesto por obligación legal no se hizo al acreedor. III.2. El fundamento por el cual no aplica en el caso el art. 1455 del C. Civil. Conviene señalar aquí que, para quienes integran las mayoría, el pago realizado por PORTO SEGURO S.A. a los padres y cónyuges de la víctima, no ingresa, de manera alguna, en la hipótesis de excepción prevista, en sede de paga, por el art. 1455 del C. Civil. La disposición citada establece: “La paga hecha de buena fe al que estaba en posesión del crédito es válida, aunque el poseedor sufra después evicción, como por ejemplo, si el heredero tenido por sucesor legítimo y sin contradicción fuera vencido después en juicio. Se considera en posesión al que presenta el título del crédito, si este es un pagaré al portador; salvo el caso de hurto o graves sospechas de no pertenecer al portador.” . De ello deriva que el deudor que pagó mal solo pueda quedar liberado bajo dos condiciones concurrentes: la apariencia de acreedor de quien recibió el pago y la buena fe del deudor. Pues bien: en el caso bajo examen debe advertirse que los reclamantes a los que la aseguradora reputó como acreedores mal podían presentar tal apariencia puesto que jamás tuvieron la calidad de sucesores del causante (el certificado notarial presentado ante la aseguradora no es suficiente para afirmar tal cosa) y puesto que aquellos no presentaron para el cobro título de crédito hábil alguno ante PORTO SEGURO S.A., aseguradora que, por lo demás, controló en forma deficiente las exigencias legales y reglamentarias llamadas a acreditar la legitimación (aparente o real) de los reclamantes. Con ello, debe tenerse por acreditado que PORTO SEGURO S.A. pagó por error a sujetos que no eran acreedores (pago indebido objetivo; cfm.: Gamarra: “Obligaciones y cuasicontratos.”, págs. 333-334), razón por la cual resulta convocable en la especie el adagio “quien paga mal paga dos veces” (que advierte sobre la importancia de que el pago se realice de manera correcta, así como sobre las consecuencias de no efectuarlo en esa forma). Todo ello sin perjuicio de la eventual posibilidad de la aseguradora de repetir, según la previsión del primer inciso del art. 1312 del C. Civil. El agravio deviene entonces de recibo, lo que impone ingresar en el alcance de la condena requerida en autos. II.3. Las consecuencias y el alcance de la revocatoria. Desde que la solución desestimatoria propuesta por la sentencia de primera instancia será revocada, corresponde que el Tribunal establezca el alcance que debe observar la condena a la demandada a pagar al actor (acreedor) la indemnización debida. A tales efectos se indicará que esa indemnización debida no es otra que la establecida por el art. 8 de la ley 18.412, disposición que luego de establecer como límite total de indemnización por SOA la suma de UI 250.000, indica con claridad en su último inciso: “Si de un mismo accidente resultaren varios damnificados, la indemnización correspondiente a cada uno de ellos se ajustará proporcionalmente al monto asegurado, sin que se pueda exceder el límite de éste.” Por ende, y dado que no ha quedado controvertido que el siniestro tuvo como consecuencia el fallecimiento de dos personas, al actor le corresponderá percibir como indemnización, y así se establecerá, la suma de UI 125.000 (50% de UI 250.000). Corresponde señalar por último que la unidad de indemnización establecida por ley torna improcedente, por su propia naturaleza, la actualización reclamada en la demanda. En relación a los intereses legales, los mismos quedarán impuestos desde la fecha de presentación de la demanda (art. 1348 del C. Civil). IV. Condenas procesales. La conducta observada por las partes y la solución a la que se arribará, descartan la imposición de especiales condenas procesales en la instancia (arts. 56 y 261 del C.G.P.). Por tales fundamentos, por lo establecido en la normativa citada, y por lo dispuesto en los arts. 197 y 198, el Tribunal FALLA: Revócase la sentencia de primera instancia, y en su lugar: Ampárase parcialmente la demanda y, en su mérito, condénase a PORTO SEGURO S.A. a pagar al accionante AA la suma de Unidades Indexadas 125.000, más intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda. Sin especiales sanciones procesales en el grado. Honorarios fictos: 8 BPC. Notifíquese a domicilio. Y oportunamente devuélvase al Juzgado de origen. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dra. Marta Gómez Haedo - Ministra Discorde: Dr. Fernando Tovagliare. Confirmo la sentencia de primera instancia, sin especial condenación. Ello por los siguientes fundamentos. 1. Entiendo que, no obstante algunas carencias argumentales que afectan su motivación, la solución adoptada en la sentencia definitiva de primera instancia fue la correcta. 2. En efecto, tal como explica Caffera: “... el art. 1455 del C. Civil prevé que el pago hecho al acreedor aparente libera al deudor como si hubiera sido hecho al propio acreedor real. El ejemplo del Código es el del heredero aparente del acreedor. Supóngase que el acreedor fallece y se cree que no dejó testamento y, por tanto, que lo hereda un sobrino, el cual cobra la deuda. Luego se descubre el testamento y el heredero resulta ser otra persona. En realidad, quien sucede al acreedor del crédito es la segunda persona y, por tanto, se debería haber pagado a ella. Sin embargo, dada la apariencia en que confió el deudor se le tutela, y el pago se tiene por bien hecho, La situación, en definitiva, deberá resolverse entre el acreedor aparente (que cobró) y el acreedor (real) que debería haber cobrado, pero no con el deudor ... “ (Caffera, G.: Obligaciones, F.C.U., 2024, pág. 725- 726). 3. A partir de tales conceptos estimo que, en estricta aplicación del art. 1455 del C. Civil - norma que no fue considerada en la sentencia de primera instancia-, corresponde desestimar la apelación formulada y confirmar la solución en primera instancia. Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria