Sentencia Definitiva N° 279/2025

Sentencia No. 279/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra Rosario Sapelli Ministros firmantes: Dra. Patricia Hernández, Dr. Pablo Benítez y Dra Rosario Sapelli Montevideo, 21 de Octubre de 2025. VISTOS: Para Sentencia definitiva de segunda instancia en estos autos caratulados “AA C/ MINISTERIO DE SALUD Y OTRO. – AMPARO.” IUE 2-43885/2025 venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud de los recursos de apelación interpuesto por el representante de la parte demandada; Ministerio de Salud Pública, (en adelante MSP, fs. 65 y ss) contra la Sentencia No.56 del 30 de mayo del 2025, dictada por el Sr Juez Letrado en lo Civil de 1er turno, Dra Jennifer CASTILLO ZAMUNDIO. (fs.56 a 61).- R E S U L T A N D O: 1) Se darán por reproducidas todas las resultancias de autos contenidas en la sentencia apelada por ajustarse a lo actuado en la instancia anterior. 2) Por el referido pronunciamiento, se hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el Fondo Nacional de Recursos, y, se amparó la demanda promovida contra el Ministerio de Salud Pública, condenándolo a financiar al Sr. AA, el tratamiento con radiocirugía con arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), y todos los gastos necesarios para el mismo, con plazo de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones que formule su médico tratante, durante todo el tiempo que éste lo indique, bajo apercibimiento de aplicación de las sanciones económicas previstas en el art. 9 lit. C de la Ley No. 16.011; sin especial condenación. 3) A fs.65, comparece la Dra Cecilia Ubilla, en representación del codemandado MSP, (art. 44 del CGP), interponiendo recurso de apelación contra la Sentencia definitiva de primera instancia. En lo medular, manifiesta que en el caso no se han configurado los extremos exigidos por la ley para que proceda la acción de amparo impetrada respecto de su representada, pues su cartera ha cumplido con sus deberes constitucionales y legales, respecto a la cobertura de salud de los ciudadanos. Dice además que las competencias constitucionales y legales del MSP, radican en fijar las políticas públicas de acuerdo con lo dispuesto por el art. 44 de la Constitución, pero no es un prestador directo de servicios de salud, pues ello justamente lo cumple el SNIS, por medio de los prestadores públicos y privados. Concluye que requerirle a su cartera que suministre un medicamento no resulta conforme a la normativa vigente. Sostiene que el Estado ha dado la asistencia a través de la creación de forma universal, abarcativa y solidaria, por medio del Sistema Nacional Integrado de Salud, especialmente por medio del Fondo Nacional de Salud. (Leyes No 18211 y 18131 respectivamente). Como corolario, de lo anterior, alega que el Estado no puede ser obligado más allá de lo que han dispuesto las leyes dictadas con aquellas bases constitucionales. Agrega que las múltiples condenas impuestas por el Poder Judicial, a través de las acciones de amparo, pone en riesgo todo el sistema financiero de la salud pública que debe ser protegido y de allí que también corresponda revocar la resistida. Agrega que en este tipo de proceso se juegan varios factores, pero no se configura un actuar ilegitimo en relación con la conducta del MSP, menos aún que el misma revista el carácter de manifiesto. Añade que el Sentenciante ha desconocido y desatiende absolutamente el proceso de evaluación de un fármaco para ser incluido como estrategia de tratamiento de una enfermedad en el sistema de salud, sin advertir la importancia de este proceso y su impacto en el sistema de salud. En definitiva, solicita se revoque la sentencia recurrida en base a los fundamentos expuestos en el cuerpo del presente escrito. 4) Sustanciado el recurso, a fs.75, comparece la representante de la parte actora, interponiendo la excepción de inconstitucionalidad y contestando los agravios del accionado MSP. En primer lugar, destaca que los agravios esgrimidos por el MSP, carecen de fundamento, compartiendo en su totalidad los fundamentos vertidos por la jurisprudencia respecto al punto en debate. Agregó que esta codemandada actúa con ilegitimidad manifiesta por negar al actor la única opción terapéutica adecuada para el caso oponiendo únicamente cuestiones formales. Indica que hay evidencia científica suficiente, además de haber sido acreditada en autos, no fue debidamente controvertida por el codemandado en la oportunidad procesal correspondiente. Ratifica que mediante este proceso solo se pretende dar una solución a la paciente que reclama. Por todo lo expuesto considera que los agravios esgrimidos por el demandado no son suficientes para conmover lo resuelto en primera instancia, por lo que aboga por la confirmación de la condena al MSP. Asimismo, opone la excepción de inconstitucionalidad contra los artículos 7 inciso 2 y el artículo 10 de la ley 18335, y el articulo 51 literal B y el inciso final del artículo 45 de la ley 18211, así como el artículos 461 y art 462 de la ley 19355. 5) Por decreto No. 1722 del 16 de junio del 2025, fs.82, se dispuso la suspensión de las actuaciones en virtud de la excepción de inconstitucionalidad introducida. El 7 de agosto del 2025, la Suprema Corte de Justicia en mayoría declaró inconstitucionales los artículos 7 inciso 2 de la Ley Nº 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley Nº 18.211 y, en consecuencia, su inaplicabilidad a la parte actora. (fs. 88/89) 6) Devueltos los autos a la sede natural, estando pendiente de decisión los recursos de apelación introducido oportunamente por el codemandado MSP, se dispuso por auto 2894 del 29 de setiembre del 2025, fs.97, franquear el mismo ante el Tribunal de Segunda instancia que por turno corresponda. Asignada esta Sala, los autos se recibieron el 15 de octubre del 2025. Realizado el estudio correspondiente se acordó el dictado de la presente decisión. C O N S I D E R A N D O: I) El Tribunal, por el número de votos legalmente requerido (art. 61 de la Ley Nº 15.750), acordó por confirmar la apelada en cuanto condenó al MSP, a financiar los gastos de RADIOCIRUGÍA DE BODY SBRT POR RAPID ARE (VMAT) CON POSICIONAMIENTO POR IGRT, más todos los gastos que fueran necesarios para su realización, de acuerdo a las indicaciones que formule su equipo médico tratante en el plazo de 24 horas, por los motivos que se expondrán. 2) De la documentación agregada en autos, consistente en informe del médico especialista Dra Marta Aghazarian fs.1, y del médico oncólogo Diego Bertini, fs.2 historia clínica agregada en pendrive fs. 3, resulta acreditado que el actor de 25 años de edad es portador de un ependimoma mixopapilar, y que se asiste en la Médica Uruguaya. Resulta que en el año 2014 fue tratado por cefalea holocraneana, recibiendo radioterapia en aquella oportunidad. Desde entonces, ha permanecido bajo estricto control médico, con seguimiento periódico, hasta el mes de marzo de 2025, en el cual se constató, mediante resonancia magnética, un leve aumento del tamaño de las lesiones tumorales, localizadas en la cisterna del ángulo pontocerebeloso izquierdo y en el foramen de Luschka homolateral. En coordinación con el equipo de físicos médicos de la Clínica Leborgne, se procedió a evaluar las imágenes de dicha resonancia, analizándose la posibilidad de indicar un nuevo tratamiento de radioterapia, dado que habían transcurrido diez años desde la primera irradiación. No obstante, en virtud de que las lesiones con progresión se encuentran en estrecha proximidad con estructuras encefálicas críticas —tales como el tronco encefálico y las paredes craneales izquierdas—, y considerando además la radioterapia previa, los oncólogos radioterapeutas concluyeron que no resulta posible repetir radioterapia convencional, en atención a los graves riesgos para la integridad neurológica del paciente y las posibles secuelas funcionales irreversibles que ello implicaría. En tal contexto, y tras la correspondiente evaluación interdisciplinaria, el Ateneo Oncológico resolvió indicar tratamiento mediante radiocirugía con arcoterapia volumétrica modulada (VMAT), por considerarlo el único procedimiento viable y seguro en atención al estado clínico del paciente y la localización de las lesiones Dado que el tratamiento indicado no se encuentra incluido en el Plan Integral de Atención en Salud (PIAS) ni en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM) para la patología que padece, y ante la imposibilidad económica de afrontarlo por sus propios medios, el actor presentó solicitud ante el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, sin resultado positivos. Precisó que, en el medio nacional, el tratamiento de radiocirugía corporal (Body SBRT) por Rapid Arc (VMAT) con posicionamiento por IGRT tiene un costo aproximado de $ 340.815, y que se realiza exclusivamente en la Clínica COR (Consultorio de Oncología y Radioterapia) (fs. 21 vta.). El MSP, cuestiona que se le imponga financiar un tratamiento que no se encuentra incluido en el FTM, pues entiende que no existe certeza sobre las bondades de este. Por su parte, de obrados resulta acreditada la procedencia de la indicación, que es el único tratamiento que podría recibir la accionante en su actual estado de salud. El centro de la controversia radica pues, en determinar, si ha existido ilegitimidad que revista la nota de manifiesta en el actuar de la demandada, así como la existencia de otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el mismo resultado que el amparo. 3) La acción de amparo constituye una garantía de aquellos Derechos Humanos amenazados o eventualmente lesionados. Si bien no tiene una regulación expresa en nuestra Constitución, surge de una interpretación sistemática de los artículos 7, 72 y 332 de la misma. El instituto protege todos los derechos que surgen expresa o implícitamente de la Carta. La acción podrá ser deducida por cualquier persona contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales o particulares que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos por la Constitución (Art. 1o de la ley 16.011). Se trata de una acción residual en virtud de que sólo procederá cuando no existan otros medios judiciales o administrativos que permitan obtener el resultado perseguido, o que de existir, resulten claramente ineficaces. - La ley Nº 16011 del 19/12/1988, en su artículo 1 establece que: "Cualquier persona física o jurídica, pública o privada, podrá deducir la acción de amparo contra todo acto, omisión o hecho de las autoridades estatales o paraestatales, así como de particulares que en forma actual o inminente, a su juicio, lesione, restrinja, altere o amenace con ilegitimidad manifiesta, cualquiera de sus derechos y libertades reconocidos expresa o implícitamente por la Constitución...". En virtud de lo antes expuesto: estado de salud del actor, necesidad del tratamiento urgente, pertinencia de la indicación terapéutica impetrada, no deja duda alguna sobre la procedencia de la acción de amparo promovida, que es la única vía por la cual la actora puede obtener la protección de su derecho a la vida, a la salvaguarda de su salud, en tiempo y forma. 4) En cuanto al agravio en punto a la ilegitimidad manifiesta del MSP, y tal como ya fuere adelantado, esta Sala entiende que la negativa a financiar el tratamiento solicitado, fundándolo; en razones de índole formal: son insuficientes. A la luz de la prueba producida en obrados, la que no fue controvertida, se considera que surge probado la necesidad del tratamiento requerido en forma urgente. Tal como ha sostenido este TAC; “…más allá de toda consideración, en definitiva, la defensa de la salud, de la integridad y la vida son siempre actuales y en tal medida urge la adopción de las medidas terapéuticas necesarias para hacer cesar el peligro cierto de lesión de tan caros derechos.” (Conf. Sentencia No 249/2024 TAC 2do, BJN). Ha quedado demostrado que quien cuenta con recursos propios, puede acceder a la intervención, sin ningún inconveniente, por lo cual las bondades de este no pueden ser cuestionadas por el demandado. De todo lo antes expresado, acorde a la prueba documental ofrecida, a la declaración de la Dra Aghazarian, en audiencia del 29 de mayo del 2025, (fs 55), y de la historia clínica agregada, se puede inferir que no hay duda alguna en cuanto a la indicación terapéutica para la grave patología que presenta el paciente. No se pretende la inclusión genérica del tratamiento en el Formulario Terapéutico de Medicamentos para la patología del accionante, para lo cual se requiere una evaluación científica cuya procedencia resulta indiscutible, sino la financiación de este, a este paciente en concreto. Estamos ante el cumplimiento por parte del MSP de su cometido de preservar la salud de los habitantes ante la solicitud de un paciente concreto, cuya calidad de vida depende de la decisión que se adopte, y precisamente, es esto último, lo que el MSP ha omitido valorar debidamente. Ante tal evidencia, esta demandada debió probar que por alguna razón no sería indicado en el caso concreto, no cumpliendo con la carga probatoria que lo gravaba, ignorando la gravedad de la enfermedad y la urgencia del caso, omisión que resulta manifiestamente ilegítima por vulnerar derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud. Asimismo, y atento a la inconstitucionalidad declarada por la SCJ, de los artículos 7 inciso 2° de la Ley n° 18.335 y el inciso final del artículo 45 de la Ley N°18.211 y en consecuencia, inaplicables al actor, resulta que en autos existe una indicación terapéutica avalada por la historia clínica, y del informe médico (fs.2), que indica como la mejor y única opción científica para el Sr AA, por lo que la negativa (basada en argumentos formalistas) del MSP, constituyen un obrar manifiestamente ilegítimo 5) Este Tribunal cuenta con profusa jurisprudencia respecto a esta actitud asumida por el MSP, y la ilegitimidad de dicha conducta a criterio de esta Sala, habiendo resuelto que: “… corresponde al MSP preservar la salud de los habitantes, bien fundamental que no puede estar supeditado a las contingencias y dilaciones de un trámite burocrático ya que de esta forma se está desconociendo derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Todo ello, sin perjuicio de anotar, en especial, y en relación con el tema del derecho prestacional, que el art. 44 inc. 2 de la Carta es claro cuando dice que el Estado proporcionará gratuitamente los medios de prevención y asistencia las "personas de recursos insuficientes", lo que se da en la especie atento a los altos costos de la medicación recomendada. (Cfm Tribunal 4to. Sentencia DFA-0009-000004/2015 SEF-0009-000003/2015).La demandada no puede so pretexto de aspectos administrativos, que ella misma regula, limitar un derecho constitucional como es el Derecho a la Salud de sus habitantes. Ello por cuanto la recurrente tiene la obligación constitucional y legal de asistir a sus habitantes cuando su derecho a la salud está afectado y no posee los recursos suficientes para adquirir los medios necesarios. A juicio del Tribunal, la demandada no posee el libre arbitrio de decidir, cuando y en qué casos presta la asistencia a la cual está obligado constitucionalmente y en cuáles no- De admitirse la tesis contraria estaríamos legitimando la clara violación de disposiciones constitucionales tales como el Derecho a la Salud y el principio de igualdad. Y también señalar, como se ha sostenido en forma reiterada por éste Tribunal, que es jurídicamente claro que el MSP no es prestador directo del servicio requerido, pero no es en tal carácter que se lo demanda sino que frente a un derecho conculcado que requiere urgente tutela, su condena es la única forma de hacer efectiva la responsabilidad estatal, en ejercicio de la actividad jurisdiccional de control del accionar de los restantes poderes del Estado que habilita la protección de los ciudadanos a través del proceso de amparo, si se dan como en el ocurrente sus elementos objetivos. La resolución administrativa frente a la petición del medicamento debió adecuarse a las normas de jerarquía superior priorizando el derecho a la salud y respetando la prescripción médica (salvo error o absurdo evidente de la misma, lo que no es del caso como antes se relacionó) ya que sabido es que todo acto administrativo debe desenvolverse de acuerdo la Constitución y la Ley donde toda violación de las mismas o de los principios que las informan, invalida el reglamento y el juez debe desaplicarlo. Se recuerda que Ley 18335 establece: “El Estado garantizará en todos los casos el acceso a los medicamentos incluidos en el formulario terapéutico de medicamentos”. Este artículo de por si revela la ilegitimidad manifiesta de la omisión de la parte accionada. La Constitución es norma de normas y su art. 44 no puede desconocerse en base a criterios utilitaristas que desatienden que toda persona es un fin en si mismo, dejándola sin la necesaria cobertura farmacológica indicada, lesionándose su derecho a la salud. Negar la cobertura en el caso significa atentar contra la igualdad de las personas, pues a ciertos enfermos se les otorga el medicamento, mientras que a otros igualmente enfermos que gozan de igual prescripción médica se les niega. En el caso ha quedado probado tal extremo por que se configura así arbitraria discriminación. Trasladando al caso lo señalado, surge que la actora se encuentra asistido del derecho fundamental tutelado, que la prescripción del medicamento pedido no ha sido controvertida y que sin ella se vulnera el derecho de la actora. El medicamento se encuentra registrado y autorizado a la venta. Por tanto la negativa del MSP a proporcionar el medicamento a la actora no puede más que catalogarse como de ilegitimidad manifiesta. Recuérdese que nos encontramos en la vía de amparo de salud donde se pretende una tutela rápida y eficaz del derecho a la salud. En suma, la actora se encuentra asistido de un derecho subjetivo, ligado a la personalidad, dignidad e integridad de la persona, así como al propio derecho a la vida; derecho que a su vez debe concebírselo como un mandato objetivo dirigido al Estado, que obliga a la administración pública a acciones positivas en resguardo de la Salud. La protección del derecho a la salud es obligación impostergable del Estado, que debe tutelarla, dictando las normas necesarias y velando por su cumplimiento a fin de asegurar la real existencia de este derecho, lo que en autos no ha acontecido. El uso de los recursos públicos no debe discriminar entre ciudadanos, debiéndosele exigir al Estado el más cabal ajuste al principio de igualdad y buena fe ya que es justamente la ética la que legitima al Estado.” (Conf. TAC 2do, Sentencias 141/2020 y 101/2021 entre otras, en BJN) Como corolario de lo anterior y de acuerdo con la jurisprudencia mayoritaria se considera que la negativa del MSP a dar la cobertura solicitada por esta acción, encarta en la calificación de acción violatoria de derechos fundamentales (artículos 7, 44, 72 y 332 de la Constitución) con ilegitimidad manifiesta.- La protección de dichos derechos fundamentales a la salud de los habitantes exige la pronta; “… puesta a disposición de los pacientes de los medios necesarios para la curación o mejoramiento de la calidad de vida …”, por esto, el no suministro del medicamento o la demora en recibir este tratamiento farmacológico conlleva una amenaza actual y efectiva al derecho a la salud de la parte actora con la consecuente ilegitimidad manifiesta, amenazando provocar un daño irreparable o difícilmente reparable a su salud (artículos 7, 8, 44 de la Constitución; Ley 18.335; Ley 18.211; artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Protocolo de San Salvador; cfe. LJU, caso 17.408). En mérito a todo lo expuesto, se mantendrá la condena impuesta por la recurrida, desestimando el agravio impetrado por la condenada. 6) La correcta conducta procesal de las partes y la existencia de posiciones discordantes determinan que no corresponda efectuar especial condena al pago de las costas y costos de esta instancia (arts. 688 CC y 261 CGP). Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del CGP, el Tribunal, por unanimidad de sus integrantes y por mayoría, F A L L A: Confirmase la recurrida, sin especial condena en la instancia. Honorarios fictos tres Bases de Prestación y Contribución.- Notifíquese a las partes en el domicilio electrónico.- Oportunamente, devuélvase a la Sede de origen con las formalidades de estilo.- Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada