Sentencia Interlocutoria N° 580/2025

Sentencia Nº 580 Montevideo, 22 de octubre de 2025. Ministro Redactor Dr. Daniel Tapie Santarelli VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “AA. Un delito de atentado violento al pudor, un delito de violación, reiterados delitos de violencia domestica agravada en régimen de reiteración real entre sí, con reiterados delitos de desacato agravados, reiterados delitos de violencia domestica agravada, un delito de retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos, reiterados delitos de abuso sexual y reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado”. TEST IUE 2-51462/2024. FORMALIZACION. FICHA: 564-33/2025, venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Defensa Pública del imputadoAA, Dra. Rosario Silveira Retamar, contra la Interlocutoria Nº 1558/2025 dictada en la audiencia celebrada el día 30 de mayo de 2025, por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Penal de 44° Turno, Dra. María Sol Bellomo Peraza, con la intervención de la Fiscalía Letrada de Delitos Sexuales de 1º Turno, a cargo de las Dras. Ana Buffa y Daniela Revello y de la Defensa de las víctimas, Dr. Ignacio Barlocci. RESULTANDO: 1) La Sra. Jueza a quo, en audiencia celebrada el día 30 de mayo de 2025, por Resolución N° 1556/2025, tuvo por admitida la ampliación de formalización de la investigación seguida por la Fiscalía de Delitos Sexuales de 1º turno, dispuesta por Auto de Formalización Nro. 1678/2024 de fecha 7 de junio de 2024, con sujeción al proceso de AA, por la presunta comisión en calidad de autor de UN DELITO DE ATENTATO VIOLENTO AL PUDOR, UN DELITO DE VIOLACION, REITERADOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMESTICA AGRAVADA EN REGIMEN DE REITERACION REAL ENTRE SI, CON REITERADOS DELITOS DE DESACATO AGRAVADOS, REITERADOS DELITOS DE VIOLENCIA DOMESTICA AGRAVADA, UN DELITO DE RETIRO O DESTRUCCIÓN DE MEDIOS O DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS, REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL Y REITERADOS DELITOS DE ABUSO SEXUAL ESPECIALMENTE AGRAVADO. 2) En la misma audiencia, el Representante legal de las víctimas solicitó medidas cautelares sobre bienes del imputado. Afirma que en caso que recaiga sentencia de condena cada víctima tendrá derecho a una reparación, en cuanto a la certeza que eso ocurra ya ha sido formalizado, hay declaraciones previas, estima el monto para las tres víctimas y solicita un embargo global de $ 849.744, se divide en un tercio para cada víctima.(correspondiente a 12 salarios mínimos nacionales- art. 80 de la Ley N° 19.580, por las víctimas). Tiene conocimiento que la finca donde dice que reside fue gestionada por una inmobiliaria, no tenemos el dato, pero esa gestión la hizo la colega saliente. Por lo que en virtud del art. 80 y estando la casa en una Inmobiliaria, solicita embargo genérico, arts. 250 y 251 del CPP (por eventuales derechos sucesorios del imputado) y embargo específico sobre el inmueble padrón 27.695. Además tiene conocimiento que Fredo está utilizando un celular y en un perfil de Facebook aparece un video de lo que parece ser un edificio judicial, por una cuestión de protección hacia las víctimas, el hecho que tenga un celular es un riesgo a la integridad de las víctimas, debe ser incautado por el INR y que se trabe embargo sobre el celular La Fiscalía no tiene nada que decir. 3) La Defensa del imputado se opuso afirmando en relación al embargo genérico (art 80) no corresponde, prima la presunción de inocencia, solamente va a ser responsable objetivamente cuando el juez lo declare, ahora existe una investigación que presumiblemente puede dar lugar a una condena, pero prima la presunción de inocencia. Además sumariamente tiene que acreditar sumariamente la existencia del derecho y el peligro de frustración, solo tenemos la palabra del abogado que dice que Fredo tiene o no, no se sabe si él es propietario de ese padrón de la calle Lamas, no corresponde al proceso reclamar medidas asegurativas en esta etapa cuando ni siquiera se ha iniciado el juicio. Eventualmente se podrá pedir después que haya una sentencia de condena, en esta etapa es improcedente, él esta privado de su libertad, no puede disponer de ningún bien y no se sabe si es titular o no del bien. Jueza le pregunta sobre la contra cautela, el abogado se funda en art. 8 literal e) de la Ley de Género que refiere a la gratuidad y el art. 97 de la ley de Género, también exonera de contra cautela a la víctima en procesos especiales. 4) La Jueza de Garantías, entiende que en base a lo dispuesto por el art 250 del CPP le asiste razón a la defensa de la víctima de ir por medidas asegurativas, porque en caso de condena hay preceptivamente por ley una sanción pecuniaria. En la proyección de una eventual condena, la certeza de una eventual situación está dada, el código lo que exige es una acreditación sumaria. La Sede entiende que el importe reclamado es más que responsable. Pide se acredite la titularidad del bien. Y se le concede un plazo de cinco días. En lo que tiene que ver con el embargo del dispositivo, dice que él está privado de libertad, y se dispone la incautación del dispositivo electrónico. 5) Por resolución N° 1558/2025 de fecha 30 de mayo de 2025 se dispuso: “Por lo expresado verbalmente y en virtud de lo dispuesto en el artículo 250 del CPP: Decretase el embargo genérico sobre bienes, derechos y acciones respecto deAA, por la suma de $ 849.774, oficiándose al RNAP, efectuándose con carácter urgente”. Respecto de la solicitud de embargo especifico inmueble padrón 27695, concédase a la defensa de las víctimas Jade, Carlos y Kalesi, un plazo de 5 días hábiles a efectos de acreditar la propiedad respectiva y eventualmente debatir nuevamente la imposición o no de la cautela a su respecto. En cuanto a la incautación y embargo especifico del dispositivo electrónico que utilizaría el imputado: los argumentos expuestos y por entender que la finalidad de la petición es la protección de las víctimas que se encontraría cubierta con la correspondiente incautación. 6) La Defensa Pública del imputado anunció recurso de apelación contra la resolución antedicha, que interpuso en plazo legal. Expresa los siguientes agravios: entiende que no hubo una clara exposición ni fundamentos sólidos de la existencia del derecho, del peligro en la demora, además se adoptó sin determinar el plazo de extensión de la medida. No obstante de lo previsto en el artículo 250 del CPP, el principio rector del Código es el principio de inocencia, y para amparar una medida cautelar de este tenor hay que ser muy cuidadoso y debidamente fundada en cuanto a los requisitos para su adopción, y creemos que aquí esto no estuvo presente. La existencia del derecho fundada en el art. 80 Ley 19.580 es muy débil a esta altura del proceso, lo que las víctimas puedan pretender como reparación patrimonial será al momento de sentencia definitiva ejecutoriada. El requisito de peligro en la demora no fue fundado, el defensor de las victimas dijo que sabía de gestiones en una inmobiliaria sin ser claro ni dar detalles, no argumentó temor de la ocurrencia de algo concreto, de ningún riesgo concreto. Cita jurisprudencia. Tampoco se fijó una fecha para la finalización de la medida, conforme establece el art. 250.4 del CPP. Además es evidente que en el plazo del art. 252.1 no podrá presentar la demanda civil ya que este proceso dista mucho de terminar y solo con la condena nacer el derecho en que funda su pretensión. En definitiva, solicita a la alzada que revoque la decisión adoptada sobre embargo genérico al imputado, comunicándose al Registro Nacional de Actos Personales. Y se tenga presente que la suscripta se agravia parcialmente contra el embargo genérico dispuesto, dado que la solicitud de embargo especifico, generará un nuevo debate teniendo presente lo expresamente dispuesto en la providencia atacada. En consecuencia, se solicita se tenga por interpuesto recurso de apelación contra la providencia referida, remitiendo estos autos al Tribunal de Alzada, a efectos de que revoque parcialmente la providencia 1558/2025. Que en definitiva se revoque la resolución impugnada en cuanto al embargo genérico dispuesto. 7) Por Decreto N° 1734/2025 de fecha 12 de junio de 2025 se dispuso: “Del recurso de apelación interpuesto, confiérase traslado por el plazo de seis días”. 8) Ni la Fiscalía ni la Defensa de las víctimas contestaron el recurso de apelación, los que se tuvieron por no evacuados por Decreto N° 1975/2025 del 16 de julio de 2025, que dispuso la elevación de los autos al Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda. 9) Llegados los autos al Tribunal, pasaron a estudio por su orden y se acordó sentencia interlocutoria en legal forma. CONSIDERANDO: I) La Sala con la unánime voluntad de sus miembros naturales, revocará parcialmente la Sentencia Interlocutoria Nº 1558/2025, dictada en la audiencia celebrada el 30 de mayo de 2025, en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que el recurso de apelación fue correctamente anunciado e interpuesto, conforme lo previsto por los arts. 259 del C.P.P. y art. 254 del C.G.P. Y que no correspondía el traslado al Ministerio Público, en tanto el litigio referido a la medida cautelar dispuesta queda trabado entre la víctima solicitante y el imputado agraviado por la medida. III) En lo que atañe a la impugnación corresponde referirse en primer lugar a lo manifestado por la Defensa del imputado en audiencia (aunque no fue reiterado como agravio) cuando afirmó que era improcedente solicitar medidas cautelares asegurativas de bienes en esta etapa del proceso. El art. 81.2 lit. e) del CPP faculta a la víctima a solicitar medidas asegurativas sobre los bienes del imputado y el art. 250 y siguientes regula el procedimiento a seguir en ese caso, siendo de aplicación subsidiaria las normas establecidas en el CGP. La oportunidad para la solicitud está expresamente prevista en el art. 266.6 CPP. Esta norma regula el contenido de la audiencia de formalización y expresamente el literal c), prescribe que se resolverá (en tercer lugar, o sea después de la formalización) "el pedido de medidas cautelares que haya solicitado el fiscal o la víctima de acuerdo con lo dispuesto en el literal e) del art. 81.2 y en los arts. 216 y siguientes de este código". IV) En cuanto a los agravios referidos a la ausencia de los presupuestos exigidos por la norma para disponer la medida cautelar, entendemos que son parcialmente de recibo. Las medidas asegurativas de los bienes del imputado o del tercero civilmente responsable tienen como finalidad garantizar las obligaciones que se generan del hecho ilícito constitutivo del delito, denominadas efectos civiles del delito. Se disponen a favor de la víctima o el tercero damnificado. En el caso en examen, se dispuso un embargo en créditos, derechos y acciones del imputado, cuya finalidad es asegurar el derecho de las víctimas a cobrar la sanción pecuniaria del art. 80 de la Ley 19.580 en caso de condena, derecho que puede verse afectado por la demora del proceso (art 250 CPP y art. 312 CGP). El art. 250.3 del CPP dispone que la existencia del derecho y del peligro se justificarán sumariamente. El último numeral de dicho artículo remite a la regulación del CGP. Los requisitos son los mismos en el proceso penal y civil: acreditar la existencia sumaria del derecho y el riesgo que podría sufrir la efectivización de ese derecho por la demora del proceso. Entonces, constituyen presupuestos para disponer la medida cautelar sobre bienes que el solicitante acredite sumariamente tales presupuestos, esto es, la existencia del derecho (“fumus bonis iuris) y el riesgo de frustración o lesión por la demora del proceso. (“periculum in mora”) En el proceso penal, la justificación se hará mediante la oralidad argumentativa. V) En el caso en estudio, la existencia del derecho a la reparación en caso de condena está sumaria y suficientemente justificada con la formalización de la investigación respecto del imputado, que da cuenta que la Fiscalía ha reunido elementos objetivos de convicción sobre la comisión de los delitos y la participación del imputado, tal como dispone el art. 266.1 del CPP. Por el contrario, entendemos que no se justificó ni aun sumariamente el peligro de frustración de ese derecho por la demora del proceso, presupuesto que tampoco fue analizado por la Sra. Jueza en la recurrida. El Abogado de la víctima afirmó que tenía conocimiento que la defensora anterior del imputado había hecho gestiones ante una inmobiliaria para la venta de un inmueble, pero no aportó ningún dato concreto al respecto: ni quién es el titular de ese inmueble, ni a que inmobiliaria se refiere, ni cuáles fueron las gestiones realizadas. También hizo referencia a derechos sucesorios que detentaba el imputado, pero sin ninguna aclaración al respecto. La oralidad argumentativa no significa la mera mención de hechos o circunstancias, el litigante debe realizar su argumentación en base a elementos concretos, de los cuales debe tener las evidencias necesarias para el debate en audiencia. Nada de esto sucedió en la audiencia, en la cual no se proporcionó ningún dato concreto sobre las circunstancias alegadas. VI) (...) Sobre el peligro de frustración dijo la Sala Civil de 2° Turno: "... La justificación sumaria del periculum in mora importa la prueba de hechos concretos indicativos del riesgo de frustración del derecho siendo insuficiente la mera posibilidad teórica de insolvencia del deudor. Otro aspecto importante es que el peligro debe ser concreto directo próximo y objetivo. El primero constituye el modo de ser del peligro los dos siguientes son sus atributos y el cuarto es una circunstancia necesaria. Asimismo debe distinguirse peligro de riesgo en virtud de su concretividad es la amenaza cierta definida y actual de un evento dañoso este es en cambio la posibilidad relevante de un peligro. El mero riesgo entendido así estrictamente no da lugar a cautela. El periculum in mora implica un riesgo actual, el fundado motivo para temer que durante el tiempo en que se desenvuelve el proceso termina por hacer ilusoria la sentencia que eventualmente podría reconocer el crédito reclamado. No puede tomarse una medida tan severa frente a una posibilidad de que el deudor se insolvente. El periculum in mora es peligro de lesión o frustración del derecho que se cree tener, importa la prueba de hechos concretos indicativos del riesgo de frustración del derecho invocado por el solicitante siendo insuficiente la mera posibilidad técnica de la insolvencia del deudor (Conf. CALAMANDREI introducción al Estudio sistemático de las Providencias Cautelares", pp. 76, 78, 441)" . Como también reiteradamente se ha sostenido la nota que debe reunir es que sea un peligro objetivo, calificado según criterios racionales y atendidas las reglas de la experiencia y no el mero temor subjetivo de los actores, debiendo acreditarse la existencia de hechos ciertos, de los cuales deriva, racionalmente interpretados, ese peligro o riesgo (Cf. TARIGO "Lecciones de Derecho Procesal Civil", tomo II, p. 357)". (S. N.º 57/2016 del TAC (Tribunal de Apelaciones en lo Civil). A su vez como sostiene Rodrigo Almeida Idiarte, el peligro en la demora (periculum in mora) y el daño irreparable o de difícil reparación, “… aclama la justificación de hechos concretos y objetivos a partir de los cuales se pueda inferir de que no adoptarse la cautelar, se podrá frustrar la eventual ejecución de la sentencia de condena. El ejemplo por excelencia es la puesta en venta de bienes de la propiedad del deudor. Así lo ha entendido el TAC 1°. En sentencia 120/2024 de fecha 10 de abril de 2024. “no basta con el peligro genérico de posibilidad de insolvencia, sino que se requiere un peligro cierto y concreto de frustración. (CF “Estudios generales sobre las medidas cautelares y provisionales, pág. 74). VII) En definitiva, no se cumplió debidamente la justificación del peligro de frustración del derecho de las víctimas por la demora del proceso penal. VIII) Por otra parte, la Sra. Ministro Dra. Beatriz Larrieu en su voto señala “que es necesario referirse a la funcionalidad de la medida cautelar peticionada, a la luz de lo dispuesto por el art. 252.1 del CPP, esto es, que la víctima deberá iniciar acción civil dentro de 60 días de efectivizada la medida cautelar. “Sobre este punto dijo el TAP 3º en sentencia 241/2023: ‘La doctrina, en este sentido, para referirse a la proporcionalidad de las medidas cautelares, alude a la necesaria relación de medio a fin de las mismas, la funcionalidad o la homogeneidad. Resulta evidente que una medida cautelar ha de ser proporcionada al posible contenido de la resolución que está pendiente, y que su finalidad no es ni más ni menos que evitar su imposible cumplimiento, razón por la cual ha de ser adecuada o proporcionada a la misma. Tales medidas deben suficientes y no excesivas. "A propósito de la nota de ‘adecuación’ merece un especial tratamiento la medida cautelar solicitada por la víctima habida cuenta de la provisoriedad en el proceso penal con un plazo de caducidad de 60 días para su presentación ante la justicia civil. Siendo así, y accediendo al fuero de Familia, la pretensión de la abuela por sus nietas-en el marco del derecho sucesorio-resulta más expedito ocurrir por esa vía que por este tracto penal, cuando ya se ha pronunciado una solución condenatoria en primera instancia. "Por ende el aseguramiento pretendido discurre con mayor efectividad en su propio fuero donde ya se ha ventilado el proceso sucesorio respecto de la causante BB (IUE 445-204/2021) y en dicha causa operará una mayor y más eficaz funcionalidad". “Entiendo que en el caso la medida cautelar no tendrá funcionalidad alguna en tanto las víctimas no podrán iniciar acción para reclamar la sanción pecuniaria hasta que recaiga sentencia de condena ejecutoriada. Lo cual insumirá sin duda alguna un lapso de tiempo mucho mayor al previsto en el art. 252.1 del CPP.” IX) En su mérito El Tribunal Resuelve: REVÓCASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA DE PRIMERA INSTANCIA Nº 1558/2025 DICTADA EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 30 DE MAYO DE 2025, Y EN SU MÉRITO, DISPÓNESE EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO GENERICO, COMETIENDOSE AL A-QUO LAS COMUNICACIONES CORRESPONDIENTES. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo Ministro Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras Ministra Dr. Daniel Tapie Santarelli. MInistro Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada