Sentencia Interlocutoria N° 464/2025

Sentencia No. 464/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 22 de octubre de 2025.- V I S T O S: Para Sentencia Interlocutoria en segunda instancia en estos autos caratulados: “AA C/ INTENDENCIA DEPARTAMENTAL DE ROCHA. GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE ROCHA. DAÑOS Y PERJUICIOS.” IUE: 2-110043/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la resolución No. 245 del 23 de abril del 2025, dictada por el Señor Juez Letrado de Rocha de 5to Turno, Dra. Hilide Dominioni (fs.95 a 99) R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 95/99), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, ampara la excepción de cosa juzgada, al coincidir palmariamente, el objeto, sujetos y causa respecto del expediente tramitado ante la Sede Letrada de Rocha de 4to Turno, IUE: 342-340/2021.En su mérito, clausura el presente proceso. II.- A fs. 100/112 vto., el representante de la Sra. AA, comparece a los efectos de fundar el recurso de apelación interpuesto en audiencia, expresando en apretada síntesis: Que en autos no se está pretendiendo lo mismo que se reclamó en los autos IUE 342-340/2021. Lo dispuesto en la recurrida desconoce “...las implicancias de un reclamo al amparo de la normativa laboral y sus claras diferencias con los procesos civiles” (fs. 108 vto.). Le agravia que se sostenga en la impugnada que: “no se modifica por la alegación de nuevos argumentos o planteos que no provengan de hechos sobrevinientes al primer juicio aptos para engendrar una nueva pretensión”, cuando en el numeral 76 y siguientes de la demanda se detalla que “... tuve que solicitar la desconexión de la televisión por cable... y por iguales razones tuve que permutar la camioneta marca Renault, modelo Kangoo, matrícula CAB BB, ... por una pequeña camioneta china marca Zotye, modelo Hunter, matrícula CCB CC”. lo que solo ello hubiese ameritado un nuevo planteamiento a la demandada, inexistente totalmente en los obrados IUE 342 - 340/2021” (fs. 109 vto.). Tampoco se tuvo en cuenta que “debí volver a vender la camioneta Zotye Hunter matricula CCB CC donde conseguí que me la tomaran a cambio de un pequeño auto marca Hyundai modelo Atos, por un precio que tampoco fue abonado en tiempo y forma” (fs. 110). “Planteamiento todo que no fue objeto de los anteriores obrados en virtud de que no habían sucedido por provenir de hechos (marcadamente como se requiere) sobrevinientes al primer juicio aptos para motivar/engendrar los presentes.” (fs. 110). “Agravia a esta parte actora, que la incongruencia de la sentencia dictada en los autos laborales identificados con la I.U.E.: 342 - 340/2021, resolvió aquel excepcionamiento planteado y cuando no debía hacerlo, por la inadecuación dado al trámite en la demanda hace a su vez referencias a los rubros laborales reclamados, desestimándolos, cuando de prosperar la inexactitud del presupuesto procesal, similar suerte sería la del resto del planteamiento. Mal puede pensarse ahora entonces, que aquel incongruente desacierto sea basamento del amparo del planteamiento de la excepción de cosa juzgada, lo que generaría un agravio aún mayor a esta parte actora.” (fs. 110 vto.). Le agravia que por Sentencia de segunda instancia N° 50/2024, se desestimó su reclamo anterior por inadecuación dado al trámite de la demanda “...y ahora cuando se plantea un reclamo similar, por hechos y consecuencias distintos, pero mediante la estructura procesal correspondiente se utilice aquel error (inadecuación del trámite) para ser opuesto en los presentes, no manteniendo indudablemente la coherencia que los fallos judiciales deben contener” (fs. 110 vto./111). “...agravia a esta parte actora que se promueve demanda civil de diversa plataforma fáctica a la anterior impetrando la reparación de los daños y perjuicios provocados desde el mes de julio del año 2021 hasta el mes de diciembre de 2024, fecha en la que se ingresan los presentes, a saber: lucro cesante por pérdida de haberes, daño por pérdida de chance, daño por gastos de defensa y daño patrimonial, todo cuanto surge motivado con posterioridad a la I.U.E.: 342 - 340/2021 del año 2021 precisamente.” (fs. 111). En obrados el planteamiento es diverso al que surge de los autos IUE 342-340/2021 y se reclaman otros daños y perjuicios provocados o generados en otro momento, bien posterior. En definitiva, solicitó se revoque la impugnada y se mande continuar con el proceso amparando la demanda. III.- Se contestaron los agravios (fs. 116 y ss) y se franqueó la alzada con efecto suspensivo, por Decreto No. 321 del 19 de mayo del 2025, fs. 125. IV.- Recibido el proceso en el Tribunal el día 9 de junio del 2025, fs.134. los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por confirmar la sentencia en recurso conforme la fundamentación que subsigue. II.- En autos se presentó la Sra. AA a fin de promover demanda de daños y perjuicios contra la Intendencia Departamental de Rocha. Resumidamente, señala que se desempeñó para la demandada desde el 27 de noviembre de 2020 hasta el 30 de junio de 2021 como Jefa del Departamento del Adulto Mayor dependiente de la Dirección General de Promoción Social. Por Resolución N° 3328/2020 del 30/XI/2020 se dispuso que el vínculo que le unía al Gobierno Departamental se extendería hasta la finalización del período de Gobierno, recibiendo una remuneración equivalente al grado 7. Por resolución del 20 de julio de 2021, dictada en el expediente administrativo N° 2071/2021, se dispuso su cese, por no haber colmado las expectativas que motivaron su designación. “Es claro también que los fundamentos de mi cese son totalmente ficticios como se comprobará en obrados...” (fs. 22) Expresa que con anterioridad a su vinculación a la demandada tenía comercio, el cual cerro para dedicarse a la tarea encomendada, por lo que el cese intempestivo le generó serios perjuicios, pues ya no contaba más con el negocio. Expresa que la resolución que dispuso su desvinculación fue recurrida administrativamente. “...siendo totalmente ilegítima esa resolución y habiendo agotado la vía administrativa, el acto se ha transformado en definitivo y ha quedado expedita la presente vía jurisdiccional, para solicitar la reparación de los daños y perjuicios ocasionados por el mismo.” (fs. 22 vto./23). Sostiene que la demandada ha incurrido en responsabilidad, por el dictado de la Resolución N°1494/2021 del 20 de julio de 2021 la cual es ilegítima por lo siguiente: (i) porque antes de su dictado no se le confirió vista, para así ejercer su derecho de defensa; (ii) por insuficiencia de su motivación; (iii) los motivos de hecho del acto, además, son erróneos; (iv) la norma estatutaria que se invoca, art. 13 del Estatuto del Funcionario Municipal, no tiene el alcance que la demandada le atribuye. Reclama: (a) Lucro cesante por pérdida de haberes. En tal sentido afirma que el demandado “...tendrá que indemnizar la pérdida de los haberes por todo concepto que he dejado y dejaré de percibir hasta el fin del período por el que había sido contratada, como toda vez que se rescinde unilateralmente y ‘ante tempus’ una contratación” (fs. 30/30 vto.). En este orden reclama los haberes no percibidos desde el cese y hasta la finalización del período de gobierno departamental anterior al actual, licencia, salario vacacional, aguinaldos, y toda otra partida hubiera podido percibir, con más actualización del Dec. Ley N° 14.500 y los intereses legales a partir de cada mes. (b) “En subsidio de ello, ... si se entendiera que el daño reclamado como lucro cesante carece del grado de certeza necesario para ser calificado y reparado como tal, se condene a la Intendencia Departamental/Gobierno Departamental de Rocha a indemnizarme por la pérdida de una chance de percibir las partidas antedichas, en el período o períodos antes señalados.” (fs. 31 vto.). (c) Reclama “...el pago de las costas y costos que tuve necesidad de desembolsar en la vía administrativa y jurisdiccional, para impugnar el acto que provoca agravio y, en todo caso, para agotar la vía administrativa y habilitar con la mayor seguridad la acción reparatoria...” (fs. 33). En este orden incluye los gastos y honorarios de defensa generados por la interposición y tramitación de los recursos administrativos y en la causa iniciada ante el fuero laboral (I.U.E.: 342 - 340/2021). Al respecto reclama el pago de 60 UR más IVA. (d) Daño Moral, por el padecimiento sufrido, al establecerse que el cese obedeció a un desempeño insatisfactorio del cargo, la zozobra que implico la situación que debió vivir tanto ella como su familia, por las graves repercusiones en su remuneración y en los ingresos de su familia, etc En definitiva, solicita se ampare la demanda en todos sus términos condenándose al Gobierno Departamental de Rocha a abonarle los daños patrimoniales y morales reclamados, con más actualización e intereses legales, computados a partir del hecho ilícito o desde que el daño se produjo, si ello hubiera ocurrido en una fecha posterior al hecho de referencia, con las costas y costos del proceso. Conferido traslado de la demanda (fs. 40), el 11 de febrero de 2025 se presentó en autos el representante del Gobierno Departamental de Rocha a fin de oponer excepción de cosa juzgada y contestar la demanda, solicitando que la misma sea desestimada en todos sus términos (fs. 51/62). En cuanto a la excepción referida, sostiene el accionado que “...en la demanda en traslado, la parte actora reitera –con un enfoque y con un fundamento diferente- la misma pretensión o pretensiones deducidas y rechazadas en dos instancias, en los autos caratulados ‘AA c/ Intendencia Departamental de Rocha. Ley 18.572’, IUE N° 342-340/2021, tramitados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4° Turno” (fs. 51 vto.). Expedientes que lucen acordonados al presente. En audiencia del 23 de abril de 2025, la Sede de primera instancia dictó Interlocutoria No. 245/2025, por la cual dispuso: “Amparase la excepción de cosa juzgada...” (fs. 99) Ello fue recurrido por la parte actora, quien en lo medular se agravia de lo resuelto, sosteniendo que la pretensión actualmente deducida no coincide con la ventilada en las actuaciones anteriores, por fundarse en hechos nuevos y distintos a los ya reclamados. En consecuencia, entiende que tales circunstancias no integran el objeto del proceso precedente ni han sido materia de decisión judicial previa. III. Sentadas las premisas precedentes, corresponde determinar si respecto de la pretensión articulada por la actora ha operado el efecto de la cosa juzgada material, como lo entendió la Sede de origen, o si, por el contrario, se trata de un reclamo diverso e independiente, sustentado en hechos nuevos y autónomos, conforme lo sostiene la apelante. En materia de cosa juzgada, doctrina y jurisprudencia son contestes en sostener, que la misma funciona como una excepción que impide el nuevo conocimiento de un asunto ya resuelto por la jurisdicción en forma definitiva a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y la existencia de decisiones contradictorias sobre el mismo juicio. (Conf, Véscovi y sus colaboradores en el Código General del Proceso Comentado, Anotado y Concordado, Tomo 3, pág. 388-391). Este instituto es considerado en doctrina como una cualidad de la sentencia, su particular autoridad que determina su inmodificabilidad. El Dr. Tarigo, enseña que el límite objetivo de la cosa juzgada está constituido por el objeto o cosa reclamada y por la causa o título jurídico en cuya virtud se reclama, esto es, la causa petendi. (Conf, Enrique Tarigo “Lecciones de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, pág. 295 y ss.). Con respecto al límite subjetivo de la misma, clásicamente se sostiene que la misma está configurado por las partes en el proceso. Nuestra jurisprudencia, ha señalado citando doctrina procesal que: “…para que proceda la excepción de cosa juzgada no es necesario que se dé la triple identidad. Así entiende la doctrina procesalista que, si bien esa regla constituye un eficaz auxilio en la tarea de interpretación para identificar las pretensiones, no es la adoptada por nuestro codificador que prefirió dejar en libertad al Juez para apreciar la cuestión según las reglas de la lógica y que lo que interesa es determinar si la controversia misma está explícita o implícitamente comprendida en otra. Postulan que esta interpretación resulta de la regulación de la eficacia de la cosa juzgada frente a terceros (art. 218) y en el caso de procesos promovidos en representación de intereses difusos (art.220) así como de lo dispuesto en sede de acumulación de autos (art, 323 num.4º) …”. (Cont. Sent. 405/2009 del 29 de julio del 2009, TAC 1o) (Conf ob cit, T.3, P.48-49). Así, el TAC 4o también se pronunció en ese mismo sentido y sostuvo: “… Es dable recordar que para que proceda la excepción de cosa juzgada no es necesario que se dé la triple identidad. Nuestro codificador prefirió dejar en libertad al Juez para apreciar la cuestión según reglas de la lógica y que lo que interesa es determinar si la controversia misma está explícita o implícitamente comprendida en otra…”. (Cf. Sent, 183/2011 de 8.8.2011). En consonancia con los criterios y conceptos que vienen de señalarse, se ha sostenido que: “básicamente lo que interesa para establecer la existencia de cosa juzgada es la coincidencia –total o parcial- del objeto y de la causa petendi”. Expresa la Dra. Selva Klett en sentencia N° 161/2009 del TAC 6°: “Toda vez que existe un planteo que involucra a varias decisiones jurisdiccionales se hace necesario acudir a los criterios básicos que conforman la red de seguridad del sistema y que encuentran su origen en el adagio romano non bis in idem, conforme lo ha sostenido la Sala en otros pronunciamientos” (sentencias N° 91 y 122/09, entre otras). Señala Alsina que constituye “un principio del derecho romano que toda acción se extingue con su ejercicio… en el derecho procesal moderno –dicen los autores que comentan el CGP-, se arriba a idéntica conclusión, porque si se admitiera la renovación indefinida de los planteos, se atentaría contra la seguridad, y la actividad del Estado resultaría inoficiosa, de la misma forma que si se permitiera la configuración de dos fallos discordantes sobre la misma cuestión (Cf. Véscovi, E. y otros, Código General del Proceso). Como conclusión parece claro tal como se pronuncian dichos procesalistas “…que los institutos de la cosa juzgada y de la litispendencia hunden sus raíces en la noción de seguridad jurídica y se vinculan con el principio de orden público de non bis in eadem, con dos consecuencias de singular importancia, recogidas en el orden procesal, en especial, en los arts. 122 y 129 CGP: a) no puede volver a plantearse la cosa ya planteada o decidida (efecto negativo), b) debe respetarse el derecho reconocido por la sentencia al dictarse o pasada en calidad de cosa juzgada, sin que a ningún juez le esté permitido rehusarse a acatar esa decisión (efecto positivo)… ”. Nuestra doctrina y jurisprudencia son contestes en cuanto a que la regla de la buena fe importa verificar la totalidad de los accionamientos en la oportunidad procesal oportuna, de manera de no reeditar discusiones que pudieron y debieron verificarse en el proceso respectivo. Se trata de un caso claro de aplicación de la cosa juzgada eventual. La Justicia repele planteos reiterados que vulneran la autoridad máxima de la sentencia como mecanismo de resolución de conflictos, se trata de la aplicación básica del principio de buena fe que debe prevalecer en toda relación jurídica. (véase sentencias de TAC 4°, N° 253/2014, TAC 7° T. Sent. N°139/2011, TAC 1° Sent. N°117/2016, TAC 2° Sent. N° 101/2011, entre otras). “Asimismo, ha de tenerse presente el principio de la eventualidad o de acumulación eventual de las afirmaciones o defensas o de ataque y defensa global. Dicho principio, que es una consecuencia del de preclusión, refiere a hipótesis en las que un mismo sujeto, encontrándose en condiciones de deducir todos los medios de ataque o defensa, no lo hace, y en consecuencia, de esa conducta se extrae la presunción de que dichos medios fueron renunciados. Por ello, se concluye que son inadmisibles los planteos sucesivos de cuestiones que no se hicieron valer al mismo tiempo que las demás planteadas (C.G.P. Comentado, Véscovi y otros T 3, p 48-49). (Conf. Dr Santiago Labat, exposición realizada en el CEJU, 2017, Curso de formación obligatoria para Magistrados del PoderJudicial.) Como lo ha sostenido la Sala de Primer Turno “La Teoría de la cosa juzgada eventual postula que la cosa juzgada no sólo alcanza a las cuestiones que, expuestas expresamente por las partes, fueron objeto de examen y decisión en la sentencia, sino también a las que pudieron haber alegado y probado y no lo hicieron siendo que se referían y estaban contenidas en el mismo asunto litigioso (…) lo expresado coincide con la afirmación precedente de Palacio, en el sentido de que la cosa juzgada alcanza incluso a aquellas cuestiones que, pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron. (Palacio, L. Derecho Procesal Civil tomo V, B. Aires, 1979, Ed. Abeledo Perrot, p. 514-515)” En esta misma línea se ha pronunciado el Tribunal de Apelaciones Civil de 3er Turno en la sentencia N° 129/2007 y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1er Turno en las sentencias N°454/2010 y 132/2010, en las cuales además se agregó: “en estudio específico, recoge esa solución Zavala de González (…) destacando que, a la carga que grava al damnificado en cuanto a demandar por daños cuya reparación pretende, se suma la incidencia de la cosa juzgada en tanto alcanza no sólo a las cuestiones efectivamente ventiladas en el juicio, sino también a las que pudieron introducirse en él y no lo fueron… razones y conclusiones que entre nosotros postulara Viera, en memorables clases, al referir al alcance de la cosa juzgada que llamara eventual y que también afirma Palacio…”, “se considera convocable en el sublite la corriente doctrinaria y jurisprudencial que sostiene la configuración de la cosa juzgada eventual…cuando cotejadas las cuestiones que conforman el objeto de dos o más procesos sucesivos, se advierte la configuración de “eadem questio”, cuando los temas planteados en el proceso posterior pudieron ser objeto de reclamación en el anterior y no lo fueron por razones de negligencia o violación de los principios de buena fe y eventualidad. En consecuencia, si un sujeto en condiciones de deducir todos los medios de ataque o defensa, no lo hace, de esa conducta debe extraerse la presunción de que dichos medios fueron renunciados. Por ello deben rechazarse los planteos sucesivos de cuestiones que no se hicieron valer al mismo tiempo que las cuestiones planteadas, y así la cosa juzgada no solo alcanza a las cuestiones alegadas y decididas, sino a las que hubieran podido plantearse y no lo fueron” Idéntica posición sustenta la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA en la sentencia N°1006/2012, en la cual además agregó que: “…tal como postula Chiovenda, la cosa juzgada se basa sobre la preclusión de cuestiones que no solo alcanza a las alegadas y decididas, sino a las que hubieran podido plantearse y no lo fueron” En todo caso, adviértase también que por su importancia y en la medida que refiere a la máxima preclusión que prevé nuestro derecho, la cosa juzgada constituye lo que el maestro Couture denominó “fins de non recevoir” o presupuesto procesal, susceptible incluso de ser relevada de oficio, liminarmente por el mismo tribunal, hipótesis además consagrada en el artículo 133 in fine del propio CGP. IV.: De acuerdo con lo antes expuesto, La Sala considera que de autos surge probado, que la contienda ahora entablada quedo comprendida en lo ya resuelto por el proceso anterior: Así, en el presente caso, el Gobierno Departamental de Rocha pretende hacer caudal o extender a la presente causa los efectos de la cosa juzgada emergente del fallo obtenido en los autos acordonados que fueran tramitados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4° Turno, caratulados “AA c/ Intendencia Departamental de Rocha. Ley 18.572”, IUE N° 342 - 340/2021. En dichos autos, el 10 de setiembre de 2021, se presentó la Sra. AA a fin de “promover demanda laboral contra la Intendencia Departamental de Rocha” (fs. 69/79 vto., del acordonado). En lo sustancial, el reclamo promovido en esa oportunidad se apoya en los mismos hechos que sirven de fundamento al proceso actual. En efecto, en aquellas actuaciones la actora demandó a la Intendencia Departamental de Rocha por el cese intempestivo en el cargo de Jefa del Departamento del Adulto Mayor, dependiente de la Dirección General de Promoción Social, al cual había accedido durante la administración de gobierno de turno y que —según manifestó— pretendía desempeñar durante todo el período, lo que finalmente no ocurrió (demanda, fs. 69 y ss. del IUE 342-340/2021). De la simple lectura de dicha demanda surge con claridad que la reclamación se fundó en lo que la actora dejó de percibir (salarios y demás beneficios salariales) a raíz del cese anticipado, pretendiendo la reparación por todo el lapso en que entendía debía continuar en funciones. La confrontación de los puntos I a V. de ambas demandas —la presentada en el proceso anterior y la promovida en estos obrados— revela que son sustancialmente idénticas en cuanto a los hechos invocados y al fundamento del reclamo. En consecuencia, en ambos expedientes la Sra. AA comparece a demandar a la Intendencia de Rocha con el mismo sustento fáctico y argumental, reiterando que “los fundamentos de mi cese son totalmente ficticios, como se comprobará en obrados” (fs. 69 del IUE 342-340/2021 y fs. 22 del expediente en alzada). En cuanto los rubros reclamados, surge de fs. 73 vto. a 75 del expediente acordonado que en la causa iniciada en el año 2021, la Sra. AA reclamó el pago de diferencias salariales, los salarios a generarse desde la desvinculación (07/2021) a la “finalización del presente período de Gobierno” (fs. 73 vto.), por todo el período que viene de referirse los rubros horas extras, licencia, salario vacacional, aguinaldo, despido común, incidencias, viáticos (también por todo el período), daños y perjuicios preceptivos y multa (total $ 14.075.944). La pretensión ejercida en IUE 342-340/2021, fue desestimada en primera instancia mediante el dictado de Sentencia N° 12/2023, del 6 de marzo de 2023, por la cual se dispuso: “Acogiendo la excepción opuesta de inadecuación del trámite dado a la demanda. Desestimando la demanda planteada...” (fs. 368/385). Así por Sentencia No. 12 del 6 de marzo del 2023, la sede de primera instancia desestimo la pretensión por inadecuación del trámite, sin perjuicio de lo cual ingreso al análisis de los reclamos impetrados por la accionante, desestimando todos y cada uno de los rubros reclamados. (fs.368 a fs.385) Dicha sentencia fue recurrida y el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno, mediante Sentencia Nº 50/2024 de fecha 14 de marzo de 2024 (fs. 454/458), confirmó en todos sus términos la decisión de la Sede de origen, ratifico que el tramite fue inadecuado, pero considero que no se había generado nulidad alguna, por lo cual ingresa también al estudio del fondo del asunto, desestimando el reclamo de los rubros oportunamente impetrados. La causa del proceso, tanto en el presente como en el antecedente referido, se integra por el motivo, la razón y los hechos que fundamentan y delimitan la pretensión deducida en juicio (cfme. Véscovi y otros, Código General del Proceso comentado, anotado y concordado, T. III, pág. 54; T. VI, pág. 356). En tal sentido, se verifica una identidad clara de causa entre el proceso actual y el precedente, por cuanto los fundamentos fácticos y jurídicos invocados —la ilegitimidad de la resolución que dispuso la desvinculación de la actora— son exactamente los mismos que sustentaron la demanda laboral tramitada en los autos IUE 342-340/2021. En el proceso anterior fueron calificados como de naturaleza salarial, mientras que en el presente se los rotula como lucro cesante; sin embargo, en uno y otro caso se persigue la reparación del mismo perjuicio derivado del cese anticipado del cargo. Tal diferencia en su designación, no altera la identidad del objeto ni de la causa de pedir, por cuanto en ambos procesos se reclama exactamente por las sumas dejadas de percibir como consecuencia de la desvinculación, lo que reafirma la existencia de cosa juzgada material respecto de la pretensión articulada. En consecuencia, y conforme lo sostiene la Intendencia Departamental accionada, corresponde concluir que opera en la especie el efecto de la cosa juzgada material, al reproducirse íntegramente los elementos esenciales de la pretensión ya resuelta con autoridad definitiva. La Sala adhiere a lo expresado y concluido por la Sra. Jueza a quo cuando expresa: “...Analizada la Sentencia definitiva de segunda instancia Nº 50/2024 del 14 de marzo de 2024, dictada en los autos acordonados IUE: 342-340/2021, surge de sus considerandos que se ingresó sobre el fondo del asunto. (...) y posteriormente y en el mismo considerando el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno expresa: ‘Las partes pudieron ejercitar su pretensión y defensa respectivamente, se diligencio la prueba ofrecida. Ergo, no corresponde declarar nulidad alguna (no querida por ninguna de las partes) ni ordenar que tramite el proceso por vía ordinaria, tal como en forma correcta lo señala la apelante, pudiendo el Tribunal ingresar al estudio del resto de los agravios como lo hará en el próximo Considerando’. 16. Posteriormente en el Considerando VI, se ingresa en el análisis de cada uno de los rubros pretendidos en la demanda, realizando pronunciamiento respecto a la pretensión de pago de salarios hasta el fin del periodo de gobierno por considerar ilegitimo su cese, así como en referencia a la diferencia salarial, horas extras, viáticos, licencias, salario vacacional e incidencias. 17. De lo que viene de decirse, surge que el presente proceso se promueve con fundamento en idéntica plataforma fáctica, pretendiendo la reparación del daño patrimonial y moral que la actividad administrativa de la demandada le habría causado a la actora. Es decir, la actora, vuelve a plantear la misma pretensión que ventiló en juicio Laboral anterior, ahora enmarcada en una acción por daños y perjuicios, realizando una reedición de sus alegaciones y consideraciones ya realizadas y resueltas en un proceso anterior, agregando la reparación del daño moral, que bien pudo plantearse en el proceso anterior, lo que convoca una hipótesis de cosa juzgada eventual…. …De lo que viene de expresarse, y surgiendo que la presente demanda de daños y perjuicios tiene su fundamento en la relación funcional que existió entre la actora y la demandada en el periodo comprendido del 27 de noviembre de 2020 al 30 de junio de 2021, existiendo además identidad entre los rubros reclamados por lucro cesante por perdida de haberes, con los reclamados y rechazados en las actuaciones previas por salarios debidos, licencias, salarios vacaciones y aguinaldos que habría percibido desde su cese y hasta el fin del periodo de gobierno, y que el daño por perdida de chance, que se reclama de forma subsidiaria al lucro cesante, cuenta con el mismo fundamento factico y teniendo presente que lo correspondiente por daño por gastos de defensa y daño moral derivado de lo que la actora considera un cese ilegitimo de su cargo, pudo o debió ser incluido en la demanda iniciada en su oportunidad, es que corresponde amparar la excepción interpuesta.” (fs. 97 vto./98 vto.). El examen integral de las actuaciones anteriores revela que la cuestión fue plenamente juzgada y resuelta, primero por la Sede de origen y luego confirmada en todos sus términos por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3er Turno, mediante Sentencia Nº 50/2024 de fecha 14 de marzo de 2024. La circunstancia de que la actora intente ahora presentar su pretensión bajo la estructura procesal civil o invocando supuestos hechos sobrevinientes, no altera la sustancia del reclamo, que permanece invariable en su fundamento fáctico y jurídico: la impugnación del mismo acto de desvinculación y la reclamación de los mismos perjuicios. Como enseña la doctrina, la cosa juzgada comprende no sólo lo decidido expresamente sino también todo lo que constituye el necesario antecedente lógico de la decisión, impidiendo reabrir el debate sobre cuestiones ya resueltas entre las mismas partes (cfme. Véscovi y otros, Código General del Proceso comentado, anotado y concordado, T. VI, pág. 356). En consecuencia, la pretensión actual reproduce en idénticos términos la ya analizada y desestimada, razón por la cual corresponde confirmar la resolución apelada en cuanto amparo la excepción de cosa juzgada. V.- De conformidad con lo dispuesto por el art. 57 CGP, las costas son de precepto del perdidoso, el que se remite al art. 688 CC, respecto de la condena en costos, cada parte los soportará por su orden. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal, R E S U E L V E: Confírmase la recurrida. Costas de cargo del recurrente, costos por el orden causado. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada