Sentencia Definitiva N° 284/2025

Sentencia No. 284/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Patricia Hernández Ministros firmantes: Rosario Sapelli, Pablo Benítez y Patricia Hernández.- Montevideo, 22 de octubre de 2025.- VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA Y OTRO c/ BB Y OTRO – DAÑOS Y PERJUICIOS – IUE 2-124244/2023” venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva nro. 4 del 18/III/2025 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Rocha de 4º Turno, Dra. María Paula Irastorza Goyenola.- RESULTANDO: 1)Que por la sentencia definitiva de primera instancia nro. 18/2025 se ampararon la excepción de falta de legitimación pasiva del co-demandado Dr. BB y la excepción de caducidad.- 2) Que de fs. 177 a fs. 180 compareció la parte actora e interpuso recurso de apelación.- Invocó como agravios: (a) Amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva del co-demandado Dr. BB: (a.1) la cesárea que le fue practicada a la Sra. AA el día 25/II/2015 fue realizada de urgencia; y (a.2) esa intervención se le practicó sin su consentimiento y a los ocho años de la misma (11/IX/2023) tomó conocimiento de la esterilización quirúrgica (ligadura de trompas) practicada, lo que constituyó una falta grave del médico así como del prestador contractual ASSE; (b) Amparo de la excepción de caducidad: (b.1) la Sra. AA recién tomó conocimiento de aquélla en oportunidad de la consulta realizada con la médica ginecóloga Dra. CC, por lo que fue desde entonces que ambos co-actores se encontraron en condiciones de reclamar; y (b.2) el artículo 39 de la Ley 11.925 computa el plazo cuatrienal de caducidad desde que la pretensión es exigible, desde que pudo ejercitar la acción, circunstancia que en el caso acaeció el 11/IX/2023.- En definitiva, solicitó que se revoque la apelada y se ampare la demanda.- 3) Que por providencia nro. 237 del 2/IV/2025 se confirió traslado del recurso de apelación interpuesto a la parte demandada por el plazo de 15 días.- 4) Que a fs. 179 y 180 compareció el co-demandado Dr. BB y evacuó el traslado conferido.- Manifestó: (a) a través de la impugnación la parte actora reiteró lo ya expuesto en su demanda y en sus alegatos; (b) en la hostigada se analizó la situación, que se confirmó con el testimonio de la médica ginecóloga Dra. CC en cuanto afirmó que la Sra. AA le dijo no estar segura si había sido sometida a esterilización, lo que conlleva a que no supiera de ello; (c) respecto a su falta de legitimación pasiva, los apelantes nada expresaron, por lo que se entiende que el amparo de la falta de aquélla no fue objeto de agravio; y (d) a pesar de ello, correspondió la aplicación de la postura mayoritaria como así lo hizo la apelada.- En fin, solicitó que se confirme la misma.- 5) Que de fs. 183 a fs. 186 compareció la co-demandada Administración de los Servicios de Salud del Estado y evacuó el traslado en estos términos: (a) lo afirmado por los apelantes no coincide con lo registrado en la historia clínica sobre la consulta del día 11/IX/2023 a fs. 82, lo que se confirmó con el testimonio de la Dra. CC; (b) la parte actora tampoco probó el daño moral cuya indemnización reclamó; y (c) sin perjuicio de lo anterior, los montos indemnizatorios pretendidos exceden los parámetros jurisprudenciales en la materia.- 6) Que por providencia nro. 302 del 29/IV/2025 se franqueó el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo para ante este Tribunal.- 7) Que estos autos fueron recibidos el día 20/V/2025 y por decreto nro. 205 del 28/V/2025 se dispuso su pasaje a estudio por su orden.- Cumplido éste, en acuerdo del día 13/X/2025, los integrantes de este Tribunal, resolvieron el dictado de la presente sentencia definitiva por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso).- CONSIDERANDO: I-Que esta Sala, con el voto coincidente de sus miembros naturales (artículo 61 de la Ley 15.750), habrá de confirmar la sentencia definitiva nro. 4 del 18/III/2025 por los fundamentos que se exponen a continuación.- II- Sinopsis de la litis.- 2.1- Que en el sub-lite los Sres. AA y DD promovieron juicio ordinario contra: (a) el Dr. BB por responsabilidad extracontractual por hecho propio al amparo del artículo 1319 del Código Civil en virtud de conducta culposa que le imputa al haber practicado a la Sra. AA en el Hospital de Rocha, sin su consentimiento, esterilización quirúrgica (ligadura de trompas) el día 25/II/2015 en que le practicó la cesárea mediante la cual nació su hija menor EE; y (b) la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) con invocación como fundamento de derecho su responsabilidad contractual por el hecho del auxiliar, Dr. BB, al amparo del artículo 1555 del Código Civil y aposta de la conducta que le imputan aludida en párrafo anterior.- La parte actora formuló pretensiones de condena contra la parte demandada al pago de suma de dinero – U$S 35.000 (dólares treinta y cinco mil) respecto a la Sra. AA y U$S 25.000 (dólares veinticinco mil) respecto del Sr. DD – por concepto de indemnización por daño moral derivado de la consecuente imposibilidad de tener un hijo en común.- 2.2- Que el co-demandado Dr. BB, en oportunidad de contestar la demanda opuso la excepción de falta de legitimación pasiva y ambos co-demandados opusieron la excepción de caducidad.- Además, negaron frontalmente la responsabilidad civil imputada al afirmar que existió consentimiento informado de la paciente y, subsidiariamente, controvirtieron la existencia misma del daño cuya indemnización reclaman así como los montos reparatorio pretendidos en tanto excesivos con relación a los parámetros jurisprudenciales.- 2.3- Que planteada la controversia en estos términos, la litis resultó circunscripta a determinar si el co-demandado Dr. BB detenta o no legitimación pasiva en la sub-causa así como si operó o no la caducidad de la acción y, en caso negativo: si el auxiliar co-demandado incurrió en mala praxis, si existió el daño extrapatrimonial cuya indemnización se reclama y de ser así, la avaluación del mismo.- La sentencia definitiva nro. 18/2025 apelada amparó la excepción de falta de legitimación pasiva del Dr. BBy amparó la excepción de caducidad, por lo que, consecuentemente, al demanda fue desestimada.- III- Primer agravio: Amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva del co-demandado Dr. BB.- 3.1- Que la parte actora en el ‘Capítulo II’ numerales 1) a 14) de su escrito de interposición del recurso de apelación de fs. 172 vto. a fs. 174 vto. bajo el título “Agravios” indicó como uno de ellos, la “Falta de legitimación de pasiva”.- Como ya se apuntó antes, por la sentencia definitiva de primera instancia nro. 4/2025 fue amparada la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por el co-demandado Dr. BB.- Malgrado, los Sres. AA y DD, omitieron toda explicitación del agravio aposta del amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva de marras.- Por el contrario, se circunscribieron a insistir en forma redundante tal si fuera un soliloquio, el basamento fáctico tal como otrora lo expusieron en la demanda sin referencia específica a la excepción de falta de legitimación pasiva del Dr. BB amparada y que en el título del numeral II) de su escrito rotularon su amparo como agravio.- 3.2- Que sabido es que el artículo 253.1 del Código General del Proceso exige que los agravios sean fundados.- A su vez, el artículo 257 numerales 1) a 4) de igual cuerpo normativo determina las facultades del tribunal de alzada en función de lo requerido según los agravios formulados.- De ahí que, como ha destacado una y otra vez doctrina y jurisprudencia, la expresión de agravios constituye la medida de la apelación, consistente en “… un análisis de la sentencia señalando sus defectos y el perjuicio en referencia concreta a los fundamentos desarrollados por el sentenciante” (RUDP, Año 2006, nro. 2, caso 317), en general, se entiende por tal en una “crítica concreta y razonada” de la sentencia impugnada.- “… El análisis crítico debe contener una refutación concreta de las conclusiones de hecho o aplicación del derecho y debe estimarse como inobservancia de la carga de fundar los recursos, la mera disconformidad con la sentencia, por considerarla equivocada o injusta, o las generalizaciones o apreciaciones subjetivas que no cuestionan concretamente las conclusiones de la sentencia apelada.- …” (RUDP, Año 2006, nro. 2, caso 325; cfe. Véscovi, Enrique en “Derecho Procesal”, Tomo VI, edit. Idea, 1985, págs. 29-30; Perera, Jorge Carlos en “Apelación y Segunda Instancia-Proceso Civil y Penal”, edit. AMF, 3ª edición, 2015, págs. 61—63; RUDP: Año 1986, nro. 3, caso 143; Año 1998, nr. 3, caso 144).- Como se indicó en el Considerando 3.1 precedente, la parte actora no efectuó ningún análisis crítico de la sentencia apelada respecto a este ítem.- Tal omisión de la carga de fundamentar concretamente lo que invocó como agravio, por sí sola, endilga necesariamente a su desestimación.- 3.3- Que sin perjuicio de lo anterior, se señalará que el amparo de la excepción de falta de legitimación pasiva del co-demandado Dr. BB fue correctamente amparada.- Fue admitido por la parte actora y, además, probado con la historia clínica de la Sra. AA aportada en respuesta al oficio nro. 153 del 25/VII/2024 a fs. 78 y acordonada a éstos autos, que efectivamente el médico Dr. BB se desempeñaba como auxiliar de ASSE en el Hospital de Rocha el día 25/II/2025 cuando prestó asistencia a la co-actora Sra. AA.- Asimismo, los hechos, actos u omisiones esgrimidos por la parte actora con autoría atribuida a dicho co-demandado y en base a los cuales formuló sus reclamaciones, los ubicó como verificados en ocasión del servicio o del ejercicio de su función en esa institución.- 3.4- Que la cuestión suscitada refiere a si es viable al tercero accionar directamente contra el funcionario que con su acción u omisión produjo un daño.- La Sala se ha pronunciado en diversos casos a propósito de este ítem, con posición que aquí reitera.- Sabido es que el artículo 24 de la Constitución establece la regla general en materia de responsabilidad del Estado por acto o hecho de la Administración.- Su interpretación y alcance constituyen un tema opinable, al punto que en la jurisprudencia se distinguen las siguientes dos posiciones diversas: (a) la que sostiene que el tercero puede demandar directamente la reparación integral tanto al Estado como al funcionario público, en el entendido de que: “… los artículos 24 y 25 no dicen ni que la única vía por la cual los terceros damnificados pueden lograr la reparación del daño sufrido sea la del artículo 24, ni que dichos terceros no pueden demandar directamente al o a los funcionarios, ya sea en forma principal o exclusiva, o en forma conjunta con el Estado …” (Risso Ferrand, Martín en “Coloquio …”, págs. 17-18).- El funcionario autor del evento dañoso responderá por hecho propio y el Estado como responsable indirecto, en tanto garante ante el daño causado por el ilícito culposo de su dependiente (artículos 1324 y 1326 del Código Civil)…” SCJ, Sentencia nro. 1121/2019 (Dres. Minvielle y Tosi) en ADCU, Tomo L, caso 414; LJU, caso 15.504; y (b) la posición mayoritaria, según la cual el sistema constitucionalmente previsto es el de la responsabilidad directa de la Administración con acción de repetición contra el funcionario en ciertos casos (culpa grave o dolo).- Su basamento remite a lo otrora expuesto por Sayagués en cuanto a que: “… El texto constitucional es claro en cuanto a que la responsabilidad patrimonial frente a terceros recae sobre la Administración, no siendo posible accionar contra el funcionario.- Además, éste es el único punto sobre el cual pueden invocarse antecedentes parlamentarios, que son claros y explícitos en ese sentido a través de las distintas fórmulas consideradas.- Más aún, fue la razón determinante de la reforma.- …”, lo que concuerda – como lo señaló la Suprema Corte de Justicia en Sentencia nro. 1121/2019 – con la Disposición Transitoria T) que introdujo la modificación normativa, en cuanto preveía: “Los juicios en trámite iniciados contra los funcionarios y el órgano del Estado de que dependen, de acuerdo con el artículo 24 de la Constitución vigente, proseguirán en adelante exclusivamente contra el órgano del Estado demandado sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 25” …” (en “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, FCU, 2002, págs. 642-645; cfe. Martins, Daniel en “Constitución y Administración”, 1993, págs. 235-236; ADCU: Tomo XXXVI, casos 689, 690; XLII, caso 113; Tomo XLV, casos 611 a 613; Tomo L, caso 414; entre otros).- Esta posición a su vez ha sido consagrada expresamente en las Leyes 18.401 y 18.182.- Por consiguiente, de la aplicación de esta postura (b) al ocurrente en el que los Sres. AA y DD dedujeron acción directa contra quien fuera funcionario de ASSE – Dr. BB – por hecho, acto u omisión en el ejercicio de sus funciones el 25/II/2015, resulta que efectivamente correspondió amparar la excepción de falta de legitimación pasiva por él interpuesta tal como lo hizo la juez a quo.- IV- Segundo agravio: Amparo de la excepción de caducidad.- 4.1- Que la parte actora en los numerales 15) a 29) de su escrito de interposición del recurso de apelación de fs. 174 vto. a fs. 176 formuló como agravio el amparo de la excepción de caducidad.- Fundamentó el mismo en: (a) la Sra. AA tomó conocimiento el día 11/IX/2023 de su esterilización quirúrgica practicada el 25/II/2015 en oportunidad de su consulta con la médica ginecóloga Dra. CC y en igual fecha, tomó conocimiento el Sr. DD; (b) el artículo 39 de la Ley 11.925 toma en cuenta para el cómputo del plazo cuatrienal de caducidad, el momento desde el cual la pretensión es exigible, desde que pudo ejercitar la acción, lo que acaece cuando la víctima tomó conocimiento del evento ilícito; y (c) a los efectos de la Ley 17.250 aplicable, la Sra. AA tomó conocimiento de aquél ocho años después de acontecido.- 4.2- Que en el ocurrente, tratándose de reclamación contra el Estado – específicamente contra ASSE – es de aplicación la norma específica del artículo 39 de la Ley 11.925 con la norma interpretativa del artículo 22 de la Ley 16.226 y no la Ley 17.250.- Dicha norma establece un régimen de caducidad que comprende no sólo los créditos contra la Administración sino reclamaciones pecuniarias de cualquier naturaleza u origen: responsabilidad por actos o hechos administrativos ilícitos o por actos legislativos, obligaciones contractuales, enriquecimiento sin causa, etc. (cfe. Sayagués Laso, Enrique en “Tratado de Derecho Administrativo”, Tomo I, FCU, 2002, págs. 578-579; ADCU: Tomo XXX, casos 89, 92; Tomo XXXI, caso 99; Tomo XXXII, casos 95,96; Tomo XXXIX, caso 91).- 4.3- Que seguidamente, la cuestión que se suscita es apreciar la fecha desde la cual se computa ese plazo cuatrienal de caducidad.- A este fin, Casinelli Muñoz aclaró que el artículo: “… No dice que sean exigibles: dice que puedan ser exigibles, expresión que gramaticalmente es criticable, pero … flexibiliza su interpretación y permite señalar que esa posibilidad de ser exigible, puede comprender tanto aspectos de derecho como de hecho … No basta que jurídicamente sea legítimo el ejercicio de la acción, sino que además pueda ser exigible – no solamente jurídicamente exigible – haya una posibilidad práctica de ejercicio de la acción.- …” (en “La caducidad de la acción de reparación” en Primer Coloquio de Derecho Público, edit. Universidad, pág. 17).- De forma que este plazo de caducidad se computa desde que la parte actora padeció la inicial afectación lesiva que lo habilita a la reclamación jurisdiccional y está en condiciones de reclamar, resultando anodina que se trate de una afectación u omisión con efectos perjudiciales que continúen en el tiempo.- 4.4- Que de la respuesta dada al oficio nro. 153 del 25/VII/2024 por ASSE consistente en copia de la historia clínica de la Sra. AA surge probado que el día 25 de febrero de 2015 la misma tuvo parto por cesárea electiva y se le practicó esterilización quirúrgica, lo que había constituido el diagnóstico pre-operatorio, procedimiento propuesto y diagnóstico operativo e intervención realizada por el cirujano Dr. BB con la participación de la instrumentista FF y GG, del médico anestesista HH y del médico neonatólogo II.- En la descripción operatorio (fs. 149 y 150) se indicó: “Ligadura, sección y electrofulguración de ambas trompas uterinas según técnica descripta por Pomeroy”.- El artículo 11 de la Ley 18.835 y el artículo 16 de su Decreto reglamentario nro. 274 del 8/IX/2010 prevé que “El otorgamiento del consentimiento informado es derecho del paciente y su obtención un deber del profesional de la salud”.- A su vez, el artículo 17 de este Decreto establece que el profesional de salud debe dejar constancia en la historia clínica del consentimiento informado del paciente a someterse a procedimientos diagnósticos o terapéuticos.- Malgrado esta consagración de este deber, la forma del consentimiento es libre: “… no hay ninguna disposición que imponga preceptivamente el consentimiento escrito, según nuestros jueces: “el asentamiento del consentimiento por escrito no constituye un deber”, cuestión obviamente a su conveniencia del registro escrito con miras a la facilitación de su prueba.- En caso de la invocación de la existencia de un consentimiento verbal, su prueba y la apreciación de ésta se encuentra sujeta a las reglas generales (Gamarra, Jorge en “Responsabilidad Médica”, FCU, Tomo I, 2000, págs. 166-167;ADCU: Tomo XLVI, caso 535; TAC 2º Turno, Sentencias nro. 32/2020, TAC 7º Turno, Sentencia nro. 81/2016).- En la historia clínica de la Sra. AA no luce registro escrito de que se le haya informado sobre su esterilización quirúrgica ni tampoco de su consentimiento.- La parte actora arguyó precisamente que desconocía la esterilización quirúrgica que le fue practicada por el cirujano Dr. BB el día 25/II/2015, de la que recién tomó conocimiento (al igual que su pareja, el co-actor Sr. DD) en oportunidad de que la co-actora Sra. AA concurrió a consulta médica con la ginecóloga Dra. CC en el Hospital de Rocha el día 11/IX/2023 en virtud de su imposibilidad de concebir.- En base a ello, la parte actora tanto en su escrito de demanda como en el escrito de interposición del recurso de apelación en examen, blande que el cómputo del plazo cuatrienal de caducidad debe efectuarse desde el día 11/IX/2023 ya que fue en esa fecha tuvo conocimiento del evento dañoso y por ende, recién se encontró posibilitada para efectuar esta reclamación judicial.- Por el contrario, la co-demandada ASSE en el ‘Capítulo II’ de su escrito de contestación de la demanda a fs. 30 vto. y 31 controvirtió esa afirmación.- Por su parte, aseguró que el mismo día 25/II/2015 la parte tuvo conocimiento de la esterilización quirúrgica que se le iba a practicar y que finalmente, se le realizó; tal como consta en la historia clínica.- De la prueba testimonial ofrecida por la parte demandada, exhibidas fs. 147 a fs. 149 de la historia clínica acordonada, el testigo médico anestesiólogo Dr. HH a fs. 100 y 101 declaró no recordar el acto médico y en iguales términos se manifestó la Sra. FF quien dijo revestir la calidad de auxiliar de enfermería pero desempeñarse como instrumentista.- Sin embargo, la médica ginecóloga Dra. CC en su declaración de fs. 101 afirmó haber conocido a la Sra. AA en la consulta del día 11/IX/2023, cuyo registro obra a fs. 83 de la historia clínica acordonada.- La Dra. CC declaró que: “… Me dijo que no estaba segura si realizó esterilización quirúrgica en la última cesárea.- … Ahora leyendo, recuerdo que ella solicitaba si de verdad se había realizado la esterilización quirúrgica.- …”.- Dicha deposición concuerda con la información que emerge de la prueba documental constituida por la historia clínica ya que del registro a fs. 82 de la misma correspondiente a “ASSE-Servicio de Ginecoobstetricia” del Centro Departamental de Rocha de fecha 11/IX/2023.- En ese asiento la Dra. CC registró: “no está segura si se realizó esterilización quirúrgica en última CST (contamos con descripción HC en sistema)”.- Pues, se trata de testimonio de testigo calificada con eficaz razón de sus dichos en tanto fue a quien la propia co-actora Sra. AA le dijo no estaba segura si había sido esterilizada, manifestación que refulge que ésta tenía conocimiento de que le había practicado dicho acto médico, claramente registrado en su historia clínica el día 25/IX/2015 por Dr. BB, incluso como diagnóstico preoperatorio.- Así las cosas, lo afirmado por los pretensores en su demanda y repetido en su escrito de apelación, de que de la esterilización quirúrgica practicada a la Sra. AA el 25/IX/2015 recién tuvieron conocimiento el día 11/IX/2023 no se ajusta a lo realmente sucedido.- Entonces, en la medida que existen elementos probatorios suficientes de que la parte actora tuvo conocimiento de la esterilización quirúrgica llevada a cabo a la Sra. AA el 25/II/2015 en oportunidad de practicársele la tercera cesárea, es desde dicha fecha que debe computarse el plazo cuatrienal de caducidad y no de la fecha de la consulta médica con la ginecóloga Dra. CC el día 11/IX/2023.- Por ende, a la fecha de presentación de la demanda el día 11/XII/2023 (fs. 15 vto.), ya había operado la caducidad de la acción contra ASSE.- Frente a este panorama, el agravio ensayado no conmovió los argumentos de la hostigada, cuya confirmatoria se impone.- V- Apostilla.- 5.1- Que por providencia nro. 1116 del 23/XII/2024 recaída en audiencia prórroga de complementarias a fs. 139 vto. no se convocó a nueva audiencia prórroga de complementaria sino que se fijó el día 13/II/2025 a fin de recibir alegatos escritos en la baranda del Juzgado en horario de Oficina.- Tal providencia es contraria a lo ordenado por el legislador en el artículo 343.6 del Código General del Proceso, aplicable al caso: los alegatos deben ser recibidos por el juez a quo en audiencia.- 5.2- Que por providencia nro. 47 del 14/II/2025 a fs. 152 se dispuso “autos para sentencia” y no fueron citadas las partes a audiencia de lectura de sentencia definitiva, la que dictada fuera de audiencia (sentencia nro. 4 del 18/III/2025, fs. 153 a fs. 159).- Nuevamente, otra providencia contraria a lo ordenado por el legislador, en el caso en los artículos 343.7 y 203 numerales 1) a 4) del Código General del Proceso.- 5.3- Que de autos y de lo precedentemente relacionado surge que la conclusión de la causa operó el día 13/II/2025.- Por aplicación del artículo 207 del Código General del Proceso, el plazo de treinta días corridos a fin de dictar la sentencia definitiva nro. 18/2025 hubo de computarse desde el primer día hábil siguiente, éste es: el 14/II/2025.- Ergo, el plazo para dictar la sentencia definitiva de marras venció el 17/III/2025, habiendo sido dictada el 18/III/2025.- No consta causa de suspensión del plazo.- VI- Condenas causídicas.- Que de conformidad con los artículos 56 y 261 del Código General del Proceso y con el artículo 688 del Código Civil, la correcta conducta de las partes no amerita la imposición de sanciones procesales.- Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 7, 8, 12, 18, 24, 25, 72, 332 de la Constitución; artículos 24, 56, 130, 133, 137 a 142, 198, 253, 257, 261 del Código General del Proceso; artículo 39 de la Ley 11.925; y disposiciones concordantes y complementarias; el Tribunal FALLA: Confírmase la sentencia definitiva nro. 4 del 18/III/2025.- Incorpórese por la Oficina a estos autos la copia de la historia clínica agregada por cuerda por tratarse de respuesta a oficio nro. 153/2024.- Déjese constancia.- Téngase presente por juez a quo el Considerando V.- Las costas y costos por el orden causado.- Notifíquese en el domicilio.- Cumplido, vuelvan a la Sede de origen con las formalidades de estilo.- Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Patricia Hernández Ministra Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada