Sentencia Interlocutoria N° 466/2025

Sentencia No. 466/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 22 de octubre de 2025.- V I S T O S: Para Sentencia interlocutoria en segunda instancia en estos autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DE SALUD PUBLICA y otro. ACCION DE REQUERIMIENTO. TESTIMONIO EN APELACION.” IUE: 34-37/2025, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la coaccionada MSP contra la resolución No. 1069/2025, del 28 de abril de 2025, dictada por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 8° Turno, Dr. Federico Tobía Silveira R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 696-704), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión y en lo medular a esta alzada, ampara la medida provisional solicitada y ordena a la coaccionada MSP a suministrar a la pretensora de manera provisional, el medicamento Brentuximab en un plazo de 24 horas, según indicaciones de su equipo médico tratante en tanto se encuentre en trámite el proceso ordinario deducido en autos. II.- Contra la misma se alza la reclamada perdidosa y expresa agravios a fs. (fs. 125/128). Básicamente, sostuvo el recurrente: que el objeto de la medida provisional que se reclama en autos “...posee idéntico objeto al amparo solicitado anteriormente y al del proceso ordinario principal a llevarse a cabo (...) Específicamente lo que pretende la contraria, a través de la medida solicitada, es camuflar un procedimiento de amparo, que ya fue oportuna y legítimamente desestimado” (fs. 125 vto.). Que en el caso “...la actora no ha logrado acreditar; ni el huno de buen derecho o probabilidad de obtener una sentencia favorable; ni que el daño supuestamente invocado sea consecuencia de la omisión que se le imputa a la Administración...” (fs. 128). En definitiva, solicita se revoque la sentencia interlocutoria impugnada y se desestime la medida provisional reclamada en autos.. III.- Conferido traslado del recurso, fue evacuado por la representante de la parte actora, en los términos que surgen de la pieza escrita agregada en fs. 137/142, abogando por el mantenimiento de la decisión impugnada en todos sus términos. En dicha oportunidad, adhirió al recurso planteado por el MSP, expresando que “La desestimatoria respecto del F.N.R. agravia a mi representada y, por este motivo, se adhiere al recurso de apelación interpuesto por el MSP” (fs. 140). En definitiva, solicita mantenga la condena dispuesta respecto del MSP y se amplíe la misma en iguales términos al FNR. IV) Por providencia Nº 1378/2025, del 21 de mayo de 2025, se confirió traslado a los demandados de la adhesión al recurso de apelación planteado por la actora (fs. 144). El Fondo Nacional de Recursos (en adelante: FNR) evacuó el traslado conferido en los términos que surgen de fs. 147/148 vto., abogando por el mantenimiento de la recurrida “...respecto al Fondo Nacional de Recursos”. V. Por Decreto No. 1649/2025, del 9/VI/2025, (fs. 151), se franqueó la alzada y los autos fueron recibidos por esta Sala el 30 de junio de 2025 (cfme. 157) y por Decreto No. 305/2025, del 30 de julio de 2025, se dispuso: “Pasen a estudio de los Sres. Ministros por su orden” (fs. 1592), y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por confirmar la resolución en recurso conforme la fundamentación que subsigue. II.- Surge de autos que la actora, AA, de 45 años, promovió acción de requerimiento contra el Ministerio de Salud Pública y el Fondo Nacional de Recursos, así como medida provisional respecto de ambos, en procura de obtener el suministro del medicamento Brentuximab Vedotin, indicado para el tratamiento de su patología oncohematológica. Consta que la actora ya había deducido acción de amparo en autos IUE 2-68048/2024, cuyo testimonio se acordonó a estos obrados, y que por sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, se revocó la decisión de primera instancia y se desestimó la pretensión, en atención a que el medicamento solicitado no se encontraba registrado ante el MSP. Tal circunstancia motivó la promoción del presente juicio de requerimiento, como vía idónea para la tutela de su derecho a la salud. De la documentación clínica aportada se acredita que la Sra. AA padece linfoma de Hodgkin clásico, diagnosticado en octubre de 2020, habiendo sido sometida a múltiples líneas terapéuticas, incluidas quimioterapias convencionales y la administración de Pembrolizumab, sin lograr respuesta satisfactoria ni remisión sostenida de la enfermedad. Del informe del equipo médico tratante y del acta de ateneo médico acompañada, se acredita que se intentó un esquema con Brentuximab y Bendamustina, pero la paciente presentó reacción alérgica al segundo fármaco, motivo por el cual el comité interdisciplinario resolvió proseguir exclusivamente con Brentuximab, único tratamiento que, conforme a la evidencia clínica y al criterio especializado, ofrece una posibilidad razonable de control de la enfermedad en esta etapa de su evolución. En consecuencia, corresponde analizar la procedencia del requerimiento a la luz de los derechos fundamentales comprometidos, en particular el derecho a la salud consagrado en el art. 44 de la Constitución, la Ley Nº 18.211 (que instituye el Sistema Nacional Integrado de Salud) y los principios de integralidad, equidad y continuidad de las prestaciones, sin desconocer el marco normativo sobre incorporación de medicamentos al Formulario Terapéutico de Medicamentos y las competencias técnicas del MSP y del FNR. El fármaco no está incluido en el Formulario Terapéutico de Medicamentos (FTM), ante la gravedad e inminencia del riesgo para su salud y su vida, solicitó, junto con la demanda, el dictado de una medida provisional que obligue a los codemandados a proporcionarle el tratamiento, en forma inmediata Sustanciada la solicitud, el FNR se opuso a la adopción de dicha medida, y en su defensa argumentó, sustancialmente, lo siguiente: a) A su juicio, no se cumplen los requisitos legales de procedencia. Afirmó que ni el fumus boni iuris ni el periculum in mora se configuran en el caso, dado que la solicitud del actor se presentó tiempo después de que la sentencia de segunda instancia revocara la condena por amparo. b) Alegó falta de legitimación pasiva, al tratarse de una persona pública no estatal, por lo que no le corresponde proporcionar prestaciones de salud gratuitas conforme al artículo 44 de la Constitución. Agregó que su actuación está sujeta a un marco normativo estricto, por lo cual no puede autorizar la cobertura de medicamentos no incorporados al FTM, como lo dispone el procedimiento de evaluación regulado en el decreto 130/2017 del Poder Ejecutivo. Lo que tampoco resulto modificado por la LUC. Por su parte, el MSP también expresó oposición a la medida solicitada, con base en los siguientes fundamentos: a) Afirmó que no se configuran los extremos previstos por la ley para hacer lugar a la medida provisional, falta de los requisitos exigidos por el art.317 del CGP. b) Alegó que no existe verosimilitud del derecho, ya que el MSP no cumple la función de dispensar medicamentos ni tiene como cometido brindar atención médica directa. c) que la contraria pretende, a través de la medida solicitada, camuflar un procedimiento de amparo, que ya fue oportuna y legítimamente desestimado Por interlocutoria No. 1069/2025, del 28 de abril de 2025, se dispuso: “Hacer lugar a la adopción de medida provisional o anticipada solicitada y en su mérito condenando en tal carácter al Ministerio de Salud Pública a financiar a la actora el suministro del medicamento Brentuximab en plazo de 24 horas hábiles y de acuerdo con las indicaciones que determine su médico tratante. No hacer lugar a la pretensión instaurada respecto del Fondo Nacional de Recursos. Todo sin especial condenación. …” (fs. 122). Esto fue recurrido por el perdidoso, quien expusiera los agravios ya expresados ut supra, la actora también adhirió por la falta de condena al FNR. (Resultando II), la. Por su parte, el Fondo Nacional de Recursos (en adelante: (FNR) evacuó el traslado conferido, abogando por el mantenimiento de la recurrida respecto a parte. III De acuerdo con lo que viene de decirse, resulta que, en la instancia anterior, se hizo lugar a la medida provisional promovida. En punto a la procedencia de esta medida, el Dr Abal Oliu, señala que el proceso provisional es aquel dirigido al dictado de una providencia o medida provisional, ‘… cuya finalidad es evitar el perjuicio adicional que se causa a la parte actora, por no satisfacerse su pretensión durante el tiempo que demora el proceso, a cuyo efecto se anticipa el dictado de la sentencia definitiva acogiendo la pretensión. Su fundamento consistiría en ‘el daño adicional que se causa a la parte actora, por no satisfacerse su pretensión al momento de ejercer su derecho de acción sino al final del proceso, como consecuencia de la necesidad de realizar una instrucción y discusión que ilustren en forma suficiente al tribunal que habrá de decidir...” (en “Código General del Proceso, Comentado, anotado, con jurisprudencia”, Prof. Ángel Landoni Sosa y colaboradores, Vol. 3 A, pág.1284). En casos como el de autos, atento a su naturaleza las medidas provisionales tienen por finalidad u objeto adelantar en el tiempo (en todo o en parte) la satisfacción de la pretensión que con grado de probabilidad sería amparada en el último estadio del proceso de conocimiento. Y ello con la nota de provisoriedad ínsita que deviene del hecho de que su “vigencia” nace acotada al tiempo del dictado de la sentencia definitiva. La doctrina señala que los requisitos para la promoción de estas radican en que deba presentarse en un proceso jurisdiccional en trámite o a iniciarse. Teniendo presente que las mismas “pueden adoptarse en cualquier clase de proceso (aunque, existen particularidades al respecto), y siempre que no se haya dictado la sentencia de condena en el proceso de que se trate. En cuanto al “humo de buen derecho”, “...para que el tribunal pueda dictar una medida provisional debe entender que existe un derecho del solicitante a que se satisfaga en definitiva su pretensión; bien que como no es posible que antes de que concluya todo el proceso el juez pueda tener la plena convicción, la certeza total de que el solicitante tiene realmente tal derecho, lo que la ley reclama para habilitar el dictado de la medida provisional es que llegue solamente a la convicción de que [es] ‘probable’ que el peticionante tenga tal derecho, y por lo tanto de que es probable que en definitiva se va a dictar la resolución cuya recepción provisora se está solicitando” (Conf. Dr. Abal Oliú “Derecho Procesal”, Tomo VIII, FCU, 1ª Ed. abril 2019, págs. 344 y sgts. pág. 347). En estos casos corresponde valorar “La especial gravedad de la no satisfacción de la pretensión durante el proceso” de lo que deriva la necesidad de acreditar, sumariamente, la especial gravedad que tendría la insatisfacción de la pretensión durante el trámite del proceso. “Es a este presupuesto al que convoca el art. 317.1 del C.G.P. cuando señala que las medidas provisionales se disponen para ‘evitar que se cause a la parte, antes de la sentencia, una lesión grave o de difícil reparación” (ob. cit. pág. 347). Por ultimo y en cuanto a la prestación de contracautela, el profesor destaca la aptitud de la medida provisional para obtener la satisfacción provisional, la adecuada relación entre la importancia de la medida provisional y la gravedad de la no satisfacción de la pretensión durante el proceso, que la medida no refiera a una pretensión de una condena penal ni a una pretensión referida al estado civil de las personas por la accionante. IV. A criterio de los Ministros actuantes, en el caso de autos se configuran los presupuestos exigidos para la procedencia de la medida provisional solicitada, por lo que se dirá. En relación con el requisito del fumus boni iuris, y atendiendo al marco constitucional, convencional y legal vigente en materia de derechos humanos —particularmente en lo que refiere a los derechos a la salud y a la vida—, así como a los fundamentos esgrimidos en la demanda y a la prueba incorporada al expediente, se estima que concurre una razonable verosimilitud en el derecho invocado por la actora. En efecto, el derecho a la salud —cuyo efectivo goce se vería protegido mediante la provisión del medicamento Brentuximab— aparece prima facie comprometido, lo que permite inferir la posibilidad de que el proceso ordinario finalice con una sentencia favorable a la pretensión deducida. Sobre esa base, el Tribunal entiende que corresponde reconocer la configuración del fumus boni iuris, en tanto el derecho a la salud invocado encuentra respaldo tanto en la jurisprudencia consolidada en la materia, como en la prueba producida en obrados. Que la plataforma fáctica del caso se encuentra sólidamente acreditada por: (i) el informe médico glosado a fs. 2/4 vto.; (ii) las resultancias de la historia clínica acompañada de fs. 6/51; y (iii) los conceptos vertidos en audiencia por la médica tratante de la Sra. AA en el Hospital Maciel, Dra. Analía Olivera (audiencia de fecha 11/IV/2025, pista de audio N.º 3). En dicha instancia, la profesional expresó —en términos categóricos y técnicamente fundados— que “...se solicita el medicamento Brentuximab que la paciente previamente venía recibiendo; recibió tres ciclos de Brentuximab que comenzó a recibir en agosto de 2024 y luego del tercer ciclo fue retirado; y ahora claramente la paciente venía respondiendo, venía con una buena respuesta, que de hecho tuvo múltiples líneas de tratamiento previas a las que no venía respondiendo; había recibido tres líneas de tratamiento previamente, progresó bajo esas tres líneas de tratamiento y cuando se le hizo un PET posterior a esos tres ciclos de Brentuximab y se le retiró, la verdad que venía teniendo muy buena respuesta clínica y confirmada por PET. Lo que se busca es lograr la remisión; es una paciente de 45 años que no tiene comorbilidades...” (minuto 00:48 en adelante). La actora había recibido el fármaco por sentencia de primera instancia en el proceso de amparo y luego en segunda instancia la sentencia fue revocada, pues al tratarse de un fármaco no registrado, TAC 6to entendió que no se configuraba la manifiesta ilegitimidad en el proceder del condenado. De acuerdo con lo antes reseñado, existen elementos de convicción suficiente en cuanto a que la actora padece una enfermedad oncohematológica grave y progresiva (linfoma de Hodgkin), respecto de la cual el medicamento Brentuximab Vedotin constituye actualmente la única opción terapéutica eficaz conforme al juicio clínico de su equipo tratante y a los resultados favorables ya obtenidos bajo su administración. Resulta relevante destacar que ni el Fondo Nacional de Recursos ni el Ministerio de Salud Pública, en sus escritos de contestación, controvierten la existencia de la patología, la gravedad del cuadro ni el valor terapéutico del fármaco reclamado. Sus objeciones se fundan exclusivamente en aspectos formales o regulatorios —vinculados al registro y financiación del medicamento— sin negar que el tratamiento resulte adecuado y beneficioso para la evolución clínica de la paciente. En tal contexto, en lo que refiere al requisito de “especial gravedad de la no satisfacción de la pretensión durante el proceso”, esta Sala entiende que el mismo se encuentra configurado desde la propia naturaleza del objeto de la medida, en tanto de su otorgamiento depende directamente la calidad de vida —y eventualmente, la vida misma— de la Sra. AA. Tal situación constituye, prima facie, un daño real, actual y concreto, derivado exclusivamente de la dilación que supone la tramitación del proceso ordinario, y no un mero riesgo potencial como en las medidas cautelares típicas. En punto a la prestación de contracautela, debe señalarse que el numeral 5 del artículo 313 del C.G.P. —aplicable por remisión del artículo 317.3 del mismo cuerpo normativo— faculta al Tribunal a eximir de dicha exigencia cuando existan razones fundadas y la situación sea excepcional. A juicio de esta Sala, el hecho indiscutido de que lo que está en juego es la salud y eventualmente la vida de la actora constituye por sí solo una circunstancia de notoria excepcionalidad. A ello se suma la situación económica de la promotora. En mérito a lo expuesto, a la habilitación legal antes referida y a lo dispuesto en el inciso 2° del artículo 44 de la Constitución de la República, corresponde eximir a la Sra. AA, de la prestación de contracautela. V. Sin perjuicio de lo anterior, el MSP también se agravia, en cuanto dice que “Específicamente lo que pretende la contraria, a través de la medida solicitada, es camuflar un procedimiento de amparo, que ya fue oportuna y legítimamente desestimado” (fs. 125 vto.). Aunque no resulta claro el planteo, la representante del MSP parece sostener que los efectos de la cosa juzgada obtenida en el proceso de amparo que la actora promoviera de forma previa (IUE 2-40944/2024) se extenderían a la presente causa. En este orden, el agravio no resulta de recibo. Al respecto, comparto lo expresado por la Sala en Sentencia N° 51/2020: “En tal sentido con relación a la excepción de cosa juzgada cabe señalar que como afirmara el Dr. Eduardo J. Couture: ‘Cuando se enfrenta la necesidad de determinar en qué sentido la cosa juzgada obliga a las partes y a los terceros y hasta donde ejerce un poder vinculatorio se hace necesario distinguir dos situaciones. Por un lado, se ofrece al interprete la situación de que determinadas decisiones judiciales tienen, aun agotada la vía de los recursos una eficacia meramente transitoria. Se cumplen y son obligatorias tan solo en relación al proceso en que se han dictado y al estado de cosas que se tuvo en cuenta en el momento de decidir, pero no obstan a que, en un procedimiento posterior, mudado el estado de cosas que se tuvo presente al decidir la cosa juzgada pueda modificarse. A esta forma particular se le llama en doctrina, cosa juzgada formal. En estos casos el concepto de cosa juzgada solo adquiere una de sus notas características la de inimpugnabilidad pero carece de otra: la de su inmutabilidad. La cosa juzgada es eficaz, tan solo, con relación al juicio concreto en que se ha producido o con relación al juicio concreto que se ha producido o con relación al estado de cosas (personas objeto, causa) tenido en cuenta al decidir. Nada impide que, subsanadas las circunstancias que provocaron el rechazo de la demanda anterior, la cuestión pueda renovarse en un nuevo juicio. Solo cuando a la condición de inimpugnable mediante recurso, se agrega la condición de inmodificable en cualquier otro procedimiento posterior, se dice que existe cosa juzgada sustancial, ya que entonces ninguna autoridad podrá modificar definitivamente lo resuelvo (Cfme. Couture Eduardo J. Fundamentos de derecho procesal civil Págs. 416 y ss). En similares términos se expresa ROSEMBERG (“Tratado de Derecho Procesal Civil”, tomo II, pág. 448) para quien la cosa juzgada en sentido material comporta la normatividad del contenido de la sentencia, es decir, de la afirmación relativa a la existencia o inexistencia de la consecuencia jurídica pretendida por una de las partes y expresada por el fallo, con respecto a todo otro proceso en el cual se cuestiona la misma consecuencia jurídica (en igual sentido PALACIO: “Derecho Procesal Civil”, tomo V, pág. 506). A la inimpugnabilidad del fallo, consecuencia inherente a la cosa juzgada formal, se le añade la inmutabilidad o inalterabilidad del resultado jurídico, la afirmación indiscutible y obligatoria para los jueces de todos los juicios futuros de una voluntad concreta de la ley, que reconoce o desconoce un bien de la vida a una de las partes (CHIOVENDA: “Instituciones”, tomo I pág. 409). En términos del Maestro COUTURE (“Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, pág. 402) la inmodificabilidad de la sentencia consiste en que, en ningún otro caso, de oficio o a petición de parte, otra autoridad podrá alterar los términos de una sentencia pasada en cosa juzgada (Cfm. LJU 11619). Ahora bien, como expresa con claridad meridiana el texto legal la sentencia de amparo pasa en autoridad de cosa juzgada formal no sustancial dejando a salvo las acciones que pudieren corresponder … En igual sentido se ha expresado la mayoría de la doctrina y jurisprudencia nacional (URIARTE, ABAL OLIU, fs. 15 v./16) “La sentencia definitiva hace cosa juzgada formal sobre el objeto concreto del amparo pero no obsta al ejercicio de las acciones independientes que pudieren corresponder eventualmente a cualquiera de las partes cuya decisión privara sobre el amparo en virtud de la mayor jerarquía jurídica de las sentencias adoptadas en proceso contenciosos ordinarios, extraordinarios o monitorios que incluyan el objeto del amparo” (Cfme. Simón, Luis María el amparo desde la óptica procesal en Procesos Constitucionales FCU 2018 pág. 233). En igual sentido se ha pronunciado el Dr. Daniel Ochs Olazabal para quien “habrá igualmente sentencia dotada de cosa juzgada formal en caso de que se rechace la pretensión amparista por no concurrir alguno de los presupuesto de andamiento de la acción : manifiesta ilegitimidad de la conducta del ofensor o la existencias de otros medios o vías administrativas o judiciales concurrentes e igualmente eficaces en orden a la protección de los derechos violados lesionados o amenazados ;o la inexistencia de derechos o libertades constitucionales conculcados o la verificación de la caducidad para deprecar amparo judicial” (Cfme. Ochs Olazabal, Daniel La acción de amparo FCU 3era edición 2013 pag 56). ...” (publicada en BJN). Por todo lo expuesto, corresponde confirmar la recurrida VI. En cuanto a los agravios esgrimidos por la parte actora en via adhesiva, por la falta de condena al FNR, la Sala los desestimará, por los siguientes fundamentos. Es un hecho admitido que el fármaco peticionado no se encuentra incluido en el FTM, bajo cobertura del FNR.. Asi, la Sala tiene jurisprudencia constante en hipótesis de pretensiones de suministro de medicamentos no incluidos en el FTM para la patología del peticionante, en el sentido de considerar que este codemandado carece de legitimación pasiva. Se considera que este demandado no puede realizar más que aquello que le está legalmente permitido en virtud de su naturaleza jurídica, más allá que éste lo cumpla o no, el Poder Judicial no puede imponerle hacer por condena una conducta ilegal o antirreglamentaria. Consecuentemente, de la normativa invocada y suficientemente explicitada por el demandado FNR emerge que el cometido de la Institución es la cobertura financiera de medicamentos y técnicas terapéuticas siempre y cuando se hayan cumplido todas las exigencias que el sistema prevé (Ley No. 16.343, decreto reglamentario No. 358/993, Art. 313 de la Ley No. 17.930 y Decreto No. 265/006). El FNR no es un organismo asistencial sino financiador y de conformidad con el principio de especialidad de todo organismo público, no puede realizar sino las actividades derivadas de su definido marco competencial. Como ha sostenido el TAC 6º en sentencia número 209/009 “en la medida en que la conducta del FNR se adecuó al marco normativo que lo regula no puede configurarse la ilegitimidad manifiesta que reclama la ley como presupuesto del amparo.” Lo que tampoco ha sido modificado por los arts. 409 y 410 de ala LUC, tal como lo sostiene la Sentenciante de primera instancia. Es un hecho admitido que el fármaco solicitado no fue incluido en el FTM, para las circunstancias en la que se encuentra la actora, por lo cual el FNR; no puede darle la cobertura. En definitiva y como se anunció, se mantendrá la recurrida en tanto la sede hizo lugar a la medida provisional respecto del FNR, admitiendo la falta de legitimación pasiva opuesta por el FNR, lo que se comparte. VII.- La solución acordada y la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado, imponen que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 C.G.P. y 688 C. Civil). Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal R E S U E L V E: Confirmase la recurrida, sin especiales sanciones procesales en el grado. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Jacqueline Chico Secretaria Letrada