Sentencia Definitiva N° 254/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián Ministros Firmantes: Dr. Julio Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa y Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ BB Y OTRO, PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-127757/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación deducido por la parte demandada contra la sentencia definitiva de primera instancia N.º 4/2025 de fecha 14 de agosto de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Río Branco de 2º Turno, Dra. Silvana Pintos Garance. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nro. 4/2025 (fs. 102 a 115) se falló: “Ampárase parcialmente la demanda impetrada, y en su caso, condénase a la parte demandada Sra. BB a pagar, a la parte actora Sra. AA la suma de $ 196.945, por concepto de diferencias salariales, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, feriado e indemnización por despido especial por enfermedad, y multa legal correspondiente al 10% prevista en el art. 29 de la ley 18.572, más daños y perjuicios preceptivos en el orden del 10% sobre los rubros de naturaleza salarial, más reajustes e intereses desde la fecha hasta su efectivo pago. Desestímase el rubro horas extras. Sin especial condenación en costas y costos. Ejecutoriada y/o consentida, cúmplase, expídase testimonio si se solicitare, y oportunamente archívese. Honorarios Fictos: 3 BPC. Notifíquese a las partes al domicilio electrónico constituido en autos”. 3) Con fecha 28 de agosto de 2025, compareció la parte demandada a través de su letrado patrocinante interponiendo recurso de apelación (fs. 118 a 120), agraviándose de la solución de primera instancia en cuanto condenó a su parte al pago de la indemnización por despido especial por enfermedad. 4) Por decreto N.º 117/2025 de fecha 1º de setiembre de 2025 (fs. 121), se tuvo por interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación y se ordenó conferir traslado del mismo a la parte contraria por el término legal; traslado que fue evacuado por la parte actora en los términos que surgen del escrito de 123 a 124, abogando por la confirmatoria de la recurrida. 5) Sustanciado el recurso de apelación, por decreto Nº 125/2025 de fecha 8 de setiembre de 2025 (fs. 125), se ordenó el franqueo del mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por Turno corresponda. 6) Recibidos los autos por este Tribunal con fecha 25 de setiembre de 2025 (fs. 134), se fijó fecha para el acuerdo, disponiéndose el pase a estudio de los Sres. Ministros (fs. 135). 7) Producido el estudio, se acordó sentencia y en el día de la fecha se procede a su dictado. CONSIDERANDO: I) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales procederá a confirmar la muy correcta sentencia de primera instancia, salvo en cuanto condenó a la parte demandada al pago de la indemnización por despido especial por enfermedad, aspecto en el que se revocará, y en su lugar, se absolverá a la codemandada de dicha condena, no sin reconocer el muy buen trabajo de la sentenciante a-quo a la hora de resolver los restantes rubros. II) El caso de autos. La Sra. AA dedujo demanda laboral contra la Sra. BB afirmando que regresó a trabajar para la misma (antes lo había hecho desde julio de 2023 a enero de 2024) el día 18 de mayo de 2024 en el residencial de adultos mayores ubicado en la calle CC de la ciudad de Río Branco. Refirió, que trabajaba seis días a la semana, incluyendo feriados, y que lo hacía en el turno de la noche de 23 horas a las 7:30 horas del día siguiente. Describió las tareas desarrolladas e indicó que las realizaba sola. Dio cuenta, además, que el día 19 de setiembre de 2024 se descompuso mientras estaba trabajando, la internaron, le realizaron cirugía y fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Señaló, asimismo, que cuando se comunicó con su empleadora ésta le manifestó que no necesitaba regresar porque había alguien en su lugar, lo que calificó como despido ocurrido el mismo día 19 de setiembre de 2024. Reclamó diversos rubros salariales, tales como diferencias de salarios, licencia, salario vacacional, aguinaldo, feriados, horas extras, más despido especial por enfermedad, daños y perjuicios preceptivos y multa legal. A su turno la parte demandada luego de reconocer la relación laboral trabada con la accionante, controvirtió el horario realizado por la misma, negando la realización de horas extras. Cuestionó, asimismo, que la trabajadora haya sido despedida, invocando que fue ésta quien debido a su grave enfermedad no pudo seguir trabajando, además de señalar, que no puede acumular el reclamo por ambos despidos. Reconoció adeudar los rubros licencia salario vacacional y aguinaldo. No obstante, controvirtió el monto del salario que la accionante afirmó percibir, cuestionado por ello mismo la procedencia de las diferencias de salarios reclamadas en el monto estimado por la misma, aunque sí admitió que se generó una diferencia, pero menor a la reclamada. Finalmente, y pese a negar la configuración del despido, controvirtió la procedencia del despido por enfermedad reclamado y ello en virtud de no haberse configurado los requisitos necesarios. III) La sentencia de primera instancia, amparó parcialmente la demanda y condenó a la empleadora a abonar a la trabajadora reclamante los rubros diferencias de salarios, licencia, salario vacacional, aguinaldo, feriado del 18 de julio de 2024, e indemnización por despido especial, desestimando el reclamo de horas extras y del feriado del 25 de agosto de 2024. Contra tal decisión se alzó la parte demandada (fs. 118 a 120), interponiendo recurso de apelación y agraviándose tal como se relacionó en los resultandos de la presente sentencia, por la condena a abonar la indemnización por despido especial por enfermedad. IV) Fundando su agravio sostuvo la recurrente, que le agravia que se haya amparado el despido especial por enfermedad. Y en tal sentido indicó, que la sentenciante a-quo desde un primer momento asumió que la trabajadora fue despedida, sin analizar si se configuró el despido y admitiendo el despido especial, a pesar de reconocer que la actora no había cumplido con los trámites para certificarse. La sentencia fundó su solución en que como la trabajadora no se encontraba inscripta por la falta de aportes, no podía verse beneficiada por la omisión de la demandada. Indicó, que a pesar de lo injusto que pueda resultar la situación y en particular, la omisión de aportes, la sentencia debió aplicar la normativa vigente que establece claramente, que corresponde el despido por enfermedad si se cumplen los requisitos que establece la ley y la reglamentación, esto es; certificarse en el BPS. Y si no se encontraba afiliada, debió igualmente concurrir a dicho organismo para denunciar la situación y así ampararse al régimen del BPS. Al no encontrarse certificada no procede el despido especial al que se hizo lugar. Argumentó finalmente, que tampoco existió despido, sino que el egreso se verificó porque la actora renunció debido a su enfermedad. En opinión de la Sala y tal como se adelantó, el agravio de la parte demandada resulta atendible, lo que naturalmente determina, la revocatoria de la recurrida en cuanto amparó el despido especial por enfermedad. Ahora bien. Tal como viene de relacionarse, la demandada comenzó su agravio alegando que la sentencia no analizó si la actora fue despedida, sino que directamente ingresó en la consideración del despido especial por enfermedad argumentando que no se cumplimentaban los requisitos del artículo 23 del decreto ley 14.407, pero que la demandada no podía beneficiarse de no haberla inscripto en el BPS. Y en ese marco, reiteró la recurrente lo dicho en su contestación de demanda, en punto a que al no encontrarse certificada por BPS no procedía el despido especial, agraviándose, además, que se hubiera tenido por acreditado el despido. El Tribunal no puede más que otorgarle razón a la apelante, en punto a que, en forma previa a amparar el despido especial como lo hizo la recurrida, se hacía necesario determinar si se configuró el despido, pues ello era el presupuesto ineludible para analizar a posteriori la procedencia del despido especial reclamado. No obstante, en el caso, es cierto que la decisora de primer grado efectuó el análisis inverso, tal como se desprende de fs. 110 y 11, pero, en definitiva, sí afirmó que no se acreditó que la actora haya renunciado a su trabajo, relevando, además, la ausencia de intimación de reintegro a su puesto de trabajo por parte de la empleadora, aspectos o conclusiones que son compartidas por el Colegiado. En lo que no puede coincidirse, es en lo referido en cuanto a que “la actora sólo se limitó a señalar que cuando quiso regresar a su trabajo la empleadora le dijo que ya había otra persona en su lugar”, y esto, porque la Sra. AA nunca afirmó en su demanda que pretendía reintegrarse, sino que lo indicó, es que le “avisó” de su situación a la demandada (diagnóstico de cáncer) y ésta le contestó que no tenía que volver; lo que determinó que la trabajadora situara la fecha de egreso por despido el día 19 de setiembre, que fue justamente el día que afirmó haberse descompuesto en su trabajo, a lo que siguió luego toda su peripecia de salud. Entonces, si la actora hubiera intentado “reintegrarse” como afirmó la recurrida, claramente debió ser mucho tiempo después y no el mismo día en que se retiró descompuesta de su lugar de trabajo. Es más, de la propia historia clínica de la trabajadora resulta, que en la fecha por ella referida (19/9/2024) y ese mismo día se le practicó tomografía de abdomen, luego de ello, el 4/10/2024 se le realizó Laparotomía con toma de biopsias, mediante las cuales se le diagnosticó “adenocarcinoma pancreato biliar”, siendo que a partir de allí realizó tratamiento de quimio con varios ciclos, donde el 11 de abril de 2025 consta último ciclo del 20 de febrero al 6 de marzo de 2015 y se indica por la oncóloga “retomar QT hasta definir conducta a seguir”. De todo ello puede extraerse, que la actora ha permanecido en tratamiento por cáncer, por lo que no recibió el alta ni se encontró en condiciones de retomar su trabajo para la demandada; lo que como se dijo, nunca fue afirmado por ésta en su escrito pretensivo. Pero esto claramente no importa que la demandada no la haya despedido, pues si se le hubiera dicho que no regresara o que “no necesitaba regresar”, se habría configurado el despido. Y en relación a este punto lo que los testigos aportaron fue el relato del hecho que conocen, algunos incluso, por comentarios de la demandada, de que la actora se enfermó en setiembre de 2024 y que ya no regresó a trabajar, presumiendo a partir de su diagnóstico que no puede o no está en condiciones de hacerlo. Pero en caso es de hacer notar, que la demandada controvirtió el despido alegando la “renuncia” de la trabajadora según se desprende de fs. 21 vto. a consecuencia de su enfermedad, y tal como con acierto lo señaló la recurrida, ello no resultó probado. Es más, de los propios mensajes de whatsapp incorporados por la demandada (fs. 14 y ss.) se desprende, que no era voluntad de la trabajadora renunciar, sino en todo caso, estar amparada al subsidio por enfermedad tal como se lo hace saber a la Sra. BB en el mensaje de fecha 7 de octubre de 2024, afirmando que lo que necesita es su “sueldo”, es decir, “los 70 x ciento que me corresponde”, aludiendo claramente al subsidio por enfermedad (fs. 14); por lo que es claro que jamás tuvo voluntad de renunciar a su puesto de trabajo como argumentó la empleadora y menos en tal situación de vulnerabilidad. De manera que, no probada la renuncia, debe necesariamente concluirse, que su egreso se verificó por despido. Pero el despido especial por enfermedad -que fue el único reclamado por el actor según se desprende de la demanda- a diferencia de lo concluido por la a-quo, no puede configurarse, porque la actora no estaba amparada por el estatuto del trabajador enfermo previsto en el decreto ley 14.407. La Sala con la actual integración, ya ha tenido oportunidad de pronunciarse en casos similares en los que trabajadores reclaman el despido especial no encontrándose registrados ante el BPS, y en tales casos, ha resuelto en sentido adverso a los reclamantes por considerar que si el trabajador no se encontraba registrado ante el BPS, claramente no se encontraba certificado por enfermedad conforme lo requiere el artículo 23 del decreto ley 14.407, no encontrándose por ello, amparado por la estabilidad en el empleo otorgada por ese estatuto. Tratándose la actora de una trabajadora no afiliada al organismo previsional, es claro que no se encuentra comprendida en la previsión del decreto ley 14.407 en cuanto al derecho a percibir una indemnización por despido doble por haber sido despedida durante su enfermedad o en el plazo de estabilidad de 30 días. Y así lo ha resuelto entre otras la Sala, en sentencia 175/2025 y en la reciente sentencia 242/2025. Y en la primera de las sentencias referidas y en términos que resultan perfectamente trasladables al presente caso el Tribunal afirmó: “Como precisión previa y en aras de delinear el marco jurídico aplicable a la situación que nos ocupa cabe consignar, que el artículo 23 del decreto ley 14.407 consagra una especial tutela relacionada con el despido o desvinculación de los trabajadores que estén ausentes o se hayan ausentado en razón de enfermedad, estableciendo el artículo mencionado que “Las empresas no podrán despedir ni suspender al trabajador que esté ausente por razones de enfermedad si ha cumplido los requisitos que establece esta ley y su reglamentación, quedando obligadas a reincorporarlo a sus tareas habituales toda vez que haya sido de alta por ASSE. El trabajador dado de alta no podrá ser despedido antes de que transcurrieran treinta días de su reincorporación a la empresa”. A continuación la norma establece, que la violación de esta obligación “traerá aparejado que el pago de la indemnización por despido sea el doble de la normal, salvo que el empleador demuestre la notoria mala conducta del trabajador o que el despido no esté directa o indirectamente vinculado con la enfermedad o accidente de trabajo”, de lo que se deduce, que se establece una presunción simple en favor del trabajador, que sólo puede ser enervada por el empleador mediante la acreditación de los extremos que vienen de referirse. Acorde a lo que viene de relacionarse parece claro, que de acuerdo al texto legal el beneficio de la indemnización por despido especial no opera en favor de todo trabajador enfermo o que haya certificado su enfermedad, sino que opera en favor de aquel trabajador que acredite haber cumplido los requisitos que establece el decreto ley 14.407 y siempre y cuando el empleador no demuestre la notoria mala conducta o bien que el despido no estuvo asociado o directa o indirectamente vinculado a la enfermedad. (Cfme. TAT 4º sentencia 141/2015, AJL 2015, caso 312). (omissis) “Por cumplimiento de los requisitos previstos en la reglamentación debe entenderse que el trabajador se haya certificado de acuerdo al mecanismo legalmente previsto, que consiste en una certificación médica extendida por un prestador de salud que en la actualidad se encuentre comprendido en el FONASA, cuya certificación se encuentra ligada y es autorizada o habilitada por el BPS, a quien se comunicará”. Tal como surge del fallo antecedente, el Tribunal con la actual integración entiende a diferencia de lo postulado por la recurrida, que no necesariamente el trabajador debe estar amparado al subsidio por enfermedad para que prospere o tenga derecho a reclamar la indemnización por despido especial por enfermedad. Sin embargo, sí se considera un presupuesto o requisito ineludible para que tenga derecho a la indemnización especial consagrada en la norma, que la certificación médica haya sido extendida no por cualquier médico o institución de salud, sino por un prestador de salud que en la actualidad se encuentre comprendido en el FONASA y que, además, dicha certificación se encuentre ligada o haya sido autorizada o habilitada por el BPS, a quien deberá comunicarse la misma. En apoyo de tal postura en la sentencia antecedente se citó la posición de Leticia Iglesias, quien realiza un análisis sobre la procedencia de la indemnización por despido especial por enfermedad en su artículo “Panorama sobre los despidos especiales” (publicado originariamente en Revista del Derecho del Trabajo, La Ley Uruguay, No. 26 enero-marzo/2020, y en “Summa Derecho del Trabajo, La relación individual de Trabajo”, tomo II, Mario Garmendia y Leticia Iglesias, La Ley, 2023, páginas 1006 y 1007), señalando que: “Un aspecto central a fin de que pueda llegar a proceder este tipo de reparación, radica en que la enfermedad del trabajador haya sido certificada de acuerdo al mecanismo legalmente previsto al efecto, es decir, actualmente certificación médica por el prestador de salud Fonasa, comunicada posteriormente al BPS. Se trata de un presupuesto que se esgrime como una condición sine qua non para devengar la indemnización especial”, afirmando, en definitiva, que estar bajo el estatuto legal de la enfermedad para que prospere la indemnización por despido especial no importa que el trabajador estuviera amparado al subsidio por enfermedad del BPS, sino que estar bajo el estatuto legal de la enfermedad, implica estar certificado por el Sistema Nacional de Certificación Laboral a cargo del BPS” (omissis). En el escenario que viene de describirse, la pregunta que se impone es si el trabajador que no está afiliado al BPS por responsabilidad del empleador como ocurre en el caso, no goza de estabilidad en el empleo o bien, si no tiene derecho al pago de la indemnización por despido especial cuando es desvinculado dentro del período de estabilidad de 30 días. Y la respuesta a tal interrogante no es sencilla, porque la norma del artículo 23 del decreto ley 14.407 claramente parte de la premisa de que para que prospere la indemnización especial, efectivamente el trabajador tiene que estar registrado en el BPS, dado que al analizar los requisitos alude concretamente a que la enfermedad haya sido certificada de acuerdo al mecanismo legalmente previsto al efecto, es decir, actualmente certificación médica por el prestador de salud FONASA, comunicada posteriormente al BPS (artículo 13 del decreto ley 14.407). Y en el caso, ni siquiera surge que la trabajadora se haya presentado ante el organismo previsional o bien que haya entregado dicha certificación al mismo, porque en tal caso y aún cuando no tuviera derecho a percibir el subsidio por enfermedad y la prestación económica correspondiente, era sin dudas la oportunidad para denunciar administrativamente ante el BPS su situación irregular y obtener así su afiliación para el posterior amparo al subsidio y para a su vez hacerse acreedora eventualmente de la indemnización especial reclamada o bien para reclamar de la demandada el pago de los daños y perjuicios extras o adicionales que el despido le produjo al verificarse en forma inmediata a su certificación médica, circunstancia en última instancia no controvertida por la demandada. Lo que pretende significarse es, que aún en el caso en que la actora no fue afiliada al BPS, la situación de la misma no implica que quedara absolutamente desamparada, pues la trabajadora tuvo la posibilidad acudiendo a las normas generales (derecho común) de reclamar los daños y perjuicios que le produjo el incumplimiento de las normas laborales por parte de la empleadora y sin embargo no lo hizo (Cfme. Sentencia de esta Sala Nº 217/2009 en AJL 2009 caso 235). Es decir, no es que, el Tribunal avale la actitud incumplidora de la demandada y el total apartamiento de la misma de su deber de afiliar a la trabajadora al régimen de la seguridad social, sino que la solución obedece a que el sistema de protección instaurado en el artículo 23 de la ley 14.407 no está establecido en favor de todo trabajador enfermo, sino de aquel que quede encartado en la hipótesis legal que considera el artículo 23 del decreto ley mencionado, lo que en el caso no se configura por dos razones. Primero, porque la trabajadora no presentó la certificación médica en un certificado habilitado por el Sistema Nacional de Certificación Laboral como reclama la norma, sino en uno particular, de la institución médica pero que, no surge que haya sido habilitado por el BPS. Y, en segundo lugar, porque aún así, no concurrió al organismo estatal a denunciar su situación irregular presentando oportunamente ante el mismo la certificación expedida por la institución médica, no comunicando por tanto al BPS su certificación como determina la disposición normativa multicitada. Con igual criterio interpretativo sostuvo el Tribunal de Apelaciones de 4º Turno, que “El hecho de que se hubiera certificado ante el médico de su mutualista es irrelevante, pues la norma como ya establecimos requiere para la aplicación del régimen de protección que se le haga ante el BPS” (sentencia 58/2014 publicada en AJL 2014 caso 192)”. En el mismo sentido se expidió también el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3º Turno en sentencia Nº 0014-000295/2018 (publicada en AJL 2018, caso 116, página 124) afirmando en relación al artículo 23 del decreto ley 14.407 que: “El beneficio consagrado en el referido texto legal solo beneficia al trabajador enfermo que acredite haber cumplido con los requisitos de la referida norma y su reglamentación. Conforme a ello, el trabajador deberá acreditar que concurrió al BPS y accedió al régimen del seguro por enfermedad, lo que supone, entre otras cosas, que certificó su enfermedad y en su caso el alta médica, por un profesional médico del BPS, tal como lo prescribe el numeral 2 del artículo art. 13 del Dec. Ley 14.407, no operando como eximente al cumplimiento de los referidos requisitos el hecho de que el trabajador no esté inscripto en el BPS ya que las vías administrativas previstas brindan soluciones para que igualmente pueda ampararse al régimen del BPS”. Y en el caso, la trabajadora no estaba afiliada al BPS, por lo que no fue certificada por enfermedad conforme al estatuto del trabajador enfermo previsto en el Decreto Ley 14.407, y tampoco acreditó haberse presentado por propia voluntad al BPS denunciando su enfermedad y estatus laboral; lo que determina que no le resulta aplicable la estabilidad consagrada en el mencionado decreto ley, tal como postuló la parte demandada en su recurrencia. En mérito a ello, el agravio resulta de recibo y corresponde la revocatoria de la recurrida en cuanto amparó el despido especial por enfermedad, que como se dijo y surge en forma clara de la demanda, fue el único pretendido, puesto que el cálculo del despido común figura solamente a los efectos de la liquidación del despido especial, además de emerger probado, que la suma reclamada ($ 195.850) no incluye la suma de $ 40.617 en la que se liquidó el despido común a los efectos de la liquidación del despido especial pretendido. V) La actuación de las partes no merece condenas accesorias especiales, siendo las costas de la instancia de oficio y los costos en el orden causado. Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, artículos 17 y 18 de la ley 18.572, su modificativa ley 18.847 y artículos 197 y 198 del CGP, el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 1º Turno, FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA APELADA, SALVO EN CUANTO CONDENÓ A LA PARTE DEMANDADA AL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO ESPECIAL POR ENFERMEDAD, ASPECTO EN LO QUE SE REVOCA, ABSOLVIENDO A LA DEMANDADA DE DICHA CONDENA. COSTAS DE LA INSTANCIA DE OFICIO Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y FECHO DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. HONORARIOS FICTOS, 3 BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA