Tribunales de Apelaciones · Tribunal Apelaciones Trabajo 1ºT
Sentencia Definitiva N° 255/2025
22 de octubre de 2025
Se desestima la demanda
- Ficha (IUE)
- 2-113875/2024
- Procedimiento
- Proceso laboral
- Materia
- Derecho laboral
- Importancia
- Media
- Resultado (estimado)
- Confirma
- Firmantes
- Dr. Julio Alfredo POSADA XAVIER
- Dra. Ana Karina MARTINEZ LARROSA
- Dra. Maria Gabriela RODRIGUEZ FAGIAN
- Redactor
- Dra. Ana Karina MARTINEZ LARROSA
- Derecho laboral › Relacion de trabajo › Descanso intermedio
- Derecho laboral › Proceso laboral › Prueba
Texto de la sentencia
SENTENCIA DEFINITIVA
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO
Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa.
Ministros Firmantes: Dra. Gabriela Rodriguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa.
VISTOS:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MARTINEZ MARIA y otro c/ PEISINO ALVARO y otro - PROCESO LABORAL ORDINARIO (Ley 18.572)”, IUE: 2-113875/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva No. 6/2025, dictada el 16 de junio de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Libertad de 2º turno, Dra. Elisa Zurbrück Arce.
RESULTANDO:
1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 106 a 115, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se desestimó la demanda, con costas y costos por su orden.
2.- A fojas 129 a 137 consta recurso de apelación introducido por la parte actora, agraviándose por: -la desestimatoria de las horas extras reclamadas; - la desestimatoria de los descansos intermedios; - la errónea valoración de la prueba en punto a la falsificación ideológica de los recibos de sueldos y sub aportación; - por la errónea valoración probatoria y aplicación del derecho en relación a la categoría de capataz del Sr. José González; y por los daños y perjuicios y la multa legal.
3.- Conferido traslado del recurso, lo evacuó en tiempo y forma la contraparte, en escrito de fs 141-143, abogando por el rechazo de la apelación y mantenimiento de la sentencia recurrida.
4.- Por auto 228/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 1/9/2025.
Se realizó observación a la representación de los actores invocada al recurrira, disponiendo que se acreditara en plazo de cinco días, lo que no se verificó, por lo cual el tribunal otorgó un nuevo plazo de cinco días, bajo apercibimiento de tener por no presentado el escrito. En definitiva, a fs 163 se subsanó el defecto.
Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley.
5.- Acordada sentencia, se procede a su dictado.
CONSIDERANDO:
1.- Por la voluntad unánime de sus integrantes naturales, la Sala confirmará la sentencia recurrida, por los fundamentos que se expondrán a continuación.
2.- En autos tramita el reclamo de los Sres. María Martínez y José González, quienes invocaron haber trabajado para ambos demandados. La SRa. Martínez desde enero de 2023, como clasificadora de frutilla en cinta, laborando de 7 a 17 horas y los sábados de 7 a 12 horas, realizando de lunes a viernes dos horas extras diarias. Señaló no haber gozado jamás de descanso intermedio. Egresó por renuncia el 4 de enero de 2024 debido a un recorte de horario que perjudicó su salario, y el hecho de recibir malos tratos del co-demandado Alvaro Peisino.
González, por su parte, relató haber ingresado el 25 de setiembre de 2023, desempeñándose como capataz de campo, encargado del personal y de la organización de la fruta que se marchaba del campo y de transportarla del campo a la cinta. Invocó el mismo horario que la co actora, su esposa, y reclamó también horas extras. Egresó por renuncia el 15 de febrero de 2024.
Los demandados, por su parte, alegaron la realización de trabajos por parte de los actores en períodos concretos que identifican, para uno y otro de ellos y no en forma conjunta. Dijeron que el horario era de 5 a 9.30 y de 13 a 15 horas a veces, no llegando a completar nunca 8 horas, controvierten todos los reclamos por improcedentes, así como la categoría de González, pues no existe la figura del capataz en el establecimiento.
Desestimada como fue la demanda, se irá al análisis de los agravios formulados por los accionantes.
3.- El primer agravio de la parte actora lo atribuye a la desestimatoria de las horas extras reclamadas.
La sentencia de primera instancia consideró no probado por parte de los actores que realizaran horas extras, puesto que se detenían las tareas para descansar al menos dos horas, y se iban en el camión que los llevaba a su casa a costo de la empresa entre las 16 y las 17 horas. No detalló los medios probatorios considerados para arribar a tal conclusión.
Pues bien, a juicio de la Sala la parte recurrente no logró fundamentar su agravio de manera de demostrar que la prueba diligenciada corrobora la realización de las horas extras que afirmó realizar, al contrario de lo concluido en la sentencia recurrida. Incluso acudió a fundamentación errada, pues pretende que se aplique la teoría de las cargas probatorias dinámicas, y ante la falta de prueba fehaciente por parte del empleador, se tenga por acreditadas las horas extras.
Razonamiento profundamente equivocado, pues no hay fisuras en la jurisprudencia en cuanto a que, quien alega la realización de horario extraordinario tiene la carga de probarlo, y que ello resulte de modo claro e inequívoco. Recién desembarazada la parte reclamante de dicha carga probatoria, nace para el empleador la carga de probar el quantum del tiempo extraordinario trabajado, en virtud de contar con los medios adecuados al efecto por su obligación de documentar diversos aspectos de la relación laboral.
En el caso, como bien señaló la recurrida, no hay prueba fehaciente de la realización de horas extras, pues los testigos no sólo difieren en el horario que cumplían los actores respecto de lo que éstos alegaron, sino que refirieron un tiempo de descanso inter jornada que algunos situaron en una hora, la mayoría en dos horas. Estos tiempos deben ser descontados de las horas trabajadas invocadas por los reclamantes, lo que conlleva a que difícilmente pueda tenerse por cierto que laboraron algún tiempo superior a las 8 horas legales.
Los testimonios señalados por los recurrentes son dispares en cuanto al horario cumplido por los accionantes, pues tanto Leites como Moreno y Arias refirieron un ingreso a la hora 6 de la mañana, y sin embargo los reclamantes dijeron ingresar a la hora 7, por lo que a esto último debe estarse. Leites refirió un egreso a las 17 horas, con descanso de media hora durante la jornada (fs. 81), mientras Moreno habló de un egreso entre las 4 y las 5 de la tarde (fs. 100), pero con un corte o descanso de dos horas (fs. 101), lo que tornaría la jornada laboral en discontinua. En tanto Arias dijo que se trabajaba hasta las 16 horas (fs. 101 y nuevamente a fs 102), indicando un descanso de una hora entre las 12 y las 13 horas, lo que implica que no se superaba la jornada legal de 8 horas.
La parte agraviada no propone un criterio de valoración que permita otorgar un mayor valor probatorio a una versión frente a otra, ni advierte que, declarando los testigos que compartieron labor con ambos actores, ello los sitúa testificando lo presuntamente ocurrido a partir de setiembre de 2023, cuando ingresó González. Y por tanto no existe prueba alguna acerca del desempeño de la co actora Martínez por el período desde enero 2023 a setiembre 2023, y de la realización de horas extras durante el mismo.
Un detalle más a considerar es lo dicho por la testigo Arias en cuanto a que en el campo, la actora “si había alguna hora extra se quedaba” (fs. 101), cuando la Sra. Martínez fue clara en su demanda al indicar que su tarea era la de clasificadora, “clasificar frutilla en la cinta” (fs. 9 vto.), y por tanto no trabajó en el campo en la recolección. Por lo que el testimonio no puede ser atendido, al contradecir la versión de los hechos que surge de la demanda.
4.- Otro motivo de agravio radica en la desestimatoria de los descansos intermedios, que se fundamenta en que, si bien los testigos aludieron a pausas durante la jornada, las condiciones no garantizaban el libre goce del descanso.
Sin embargo, en la demanda no se invocaron defectuosas condiciones para el goce del descanso intermedio, nada se dijo sobre deplorables condiciones del baño, por ejemplo, o que no hubiera un lugar para descansar y comer, como relataron los testigos.
Queda claro del relato de los testigos propuestos por los actores que se hacía un descanso inter jornada, y éstos gozaban de la media hora reclamada, o más bien, en versiones de varios de ellos, el período de descanso era más extenso, de una a dos horas, como ya se refirió.
La apelación reconoce la acreditación del descanso, y por eso pone el acento en la existencia de condiciones inadecuadas para pretender que no era un goce efectivo, y por tanto no puede tenerse por cumplido. Lo que no resulta atendible pues, como se viene de señalar, ello no fue lo invocado en la demanda.
5.- Se agravian tambien los accionantes por errónea valoración de la prueba con relación a la falsedad ideológica de los recibos de sueldo y la sub aportación invocada.
Consideran que la afirmación de la sentencia de no haber prueba suficiente para tener los recibos por falsos, porque están firmados y los actores registrados en BPS, contradice lo que surge de la prueba y a la jurisprudencia que considera falso ideológicamente el documento cuando aun siendo genuino, su contenido dice cosas contrarias a la verdad. Y señalan que la sentencia reconoce que se consignan en los recibos montos diferentes a los alegados por los actores, asi como el pago de licencia, salario vacacional y aguinaldo que no condice con las fechas en que se pagan los aguinaldos por ejemplo.
No advierten los recurrentes que una cosa es que los recibos no coincidan con sus afirmaciones acerca de lo que percibían por su trabajo, y otra es que los recibos no reflejen lo que se encuentra probado como salario abonado. Y es esta última proposición la que no resulta respaldada en autos, porque no hay prueba de que percibieran un salario distinto del que surge de los recibos de sueldos agregados, y nadie señaló que los actores percibieran el salario indicado en la demanda.
En lo que respecta a la sub aportación alegada, tampoco hay elementos de prueba que permitan confirmar o avalar lo sostenido por la co actora Martínez en cuanto a haber trabajado en forma ininterrumpida para los demandados antes de setiembre de 2023, como sostuvo en su demanda. Es por ello que debe estarse a lo que se desprende de los recibos de sueldo y la Historia Laboral de la actora, advirtiéndose que en el mes de agosto de 2023, cuando dijo haber trabajado para los demandados y haber generado horas extras y descansos intermedios que reclamó en autos, tiene registrada actividad laboral para otro empleador (Leonardo Macedo, fs. 94).
Gonzalez, por su parte, fue intimado a relevar del secreto tributario para solicitar información al BPS sobre su Historia Laboral, no habiendo habilitado tal medio de prueba, lo que impidió tener elementos para resolver el punto.
El agravio será desestimado.
6.- Asimismo, el co actor José González se agravió por errónea valoración de la prueba y aplicación del derecho en torno a la categoría Capataz.
Señala que la propia sentencia reconoció que realizaba tareas propias de un Peón Especializado Grado I, aunque descartó otorgarle diferencias de salario por aplicación del principio de congruencia. Lo que entiende inapropiado porque, a su criterio, el principio de primacía de la realidad debe privilegiarse por sobre el principio de congruencia. Propugna la liquidación de los rubros por el salario de la categoría de capataz, o en su defecto por el de la categoría Peon Especializado Grado I.
A juicio de la Sala el agravio carece de objeto, pues el acccionante, si bien indicó que se desempeñó como capataz, no efectuó un reclamo de diferencias de salarios por diferencia de categoría. Tampoco indicó que el salario que alegó percibía, de $ 1.247 el jornal, en base al cual liquidó todos los rubros, se correspondiera al de un capataz, que según surge de fs. 60 era de $ 1.356,66.
Por otra parte, si la sentencia no le reconoció la categoría de capataz, ni él ejerció un reclamo en tal sentido, mal puede liquidar los restantes rubros en base a un salario de capataz que ni siquiera denunció cuál es.
Y si bien la sentencia entendió que desempeñaba tareas correspondientes a una categoría superior a la de peón común (la de peón especializado Grado I), no hubo pedimento de reliquidación en ese sentido en la demanda, además de constatar que el valor del salario de la misma ($ 989,83, fs. 60) es notoriamente inferior al salario en función del cual el Sr. González efectuó la liquidación de rubros pretendidos. Ni podría tomarse en cuenta el valor en base al cual liquidó, si se desconoce a qué categoría corresponde dicho salario.
En suma, todo conduce a desestimar este agravio.
7.- Por último, se agravia la parte actora por no disponerse la condena al pago de los daños y perjuicios preceptivos y la multa.
Sin embargo, en tanto la Sala mantiene la desestimatoria de todos los rubros reclamados, no corresponde aplicar multa ni daños y perjuicios.
8.- Las costas del grado serán de oficio, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil).
Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847,
EL TRIBUNAL FALLA:
CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA.
COSTAS DE LA INSTANCIA DE OFICIO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS.
NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN.
DR. JULIO POSADA XAVIER
PRESIDENTE
DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA
MINISTRA
DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN
MINISTRA
ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS
SECRETARIA LETRADA.-
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.