Sentencia Interlocutoria N° 1114/2025

Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno Ministro redactor: Guillermo Gutiérrez Herrera Ministros Firmantes: Ma. del Carmen Díaz Sierra, Claudia Diperna Acosta Ministros Discordes: No VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos caratulados: “AA - VENIA”, IUE 2-109425/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto contra la sentencia interlocutoria No. 1461/2024, de fecha 04/06/2024, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2do. Turno, Dr. Gerardo Pini García. RESULTANDO: 1.- Por la resistida se resolvió: “I) Otórgase la venia peticionada. II) Sírvase la curadora de autos rendir cuentas de las erogaciones y acreditar la realización de las construcciones indicadas a fs. 6, dentro del plazo de 90 días. III) Condénase al Sr. BB en costos y costas (art. 5, 56 del CGP y 688 del C.C)” (fs. 55/59). 2.- El representante procesal del Sr. BB interpuso recurso de apelación contra dicho pronunciamiento (fs. 63/65), expresando en síntesis, los siguientes agravios: No existió de su parte intento de obstaculización para la obtención de la venia tramitada en autos. Se trató de un malentendido generado por un error de la propia oficina al incorporar a estos autos un escrito dirigido al proceso de incapacidad. La propia Sede fue víctima del error material de su oficina, la que en lugar de, advertido el error, solucionarlo, comenzó a solicitar del compareciente aclaraciones varias, pero nunca desarrollando qué era exactamente lo que le generaba inquietudes. Por dicha razón el compareciente se limitó a proporcionar lo que se le solicitaba, pero sin entender la razón de la insistencia de la Sede en que se aclarara lo que a juicio de esta parte resultaba claro en la presentación original. Jamás se formuló comentario ni oposición alguna a la venia solicitada; lo generado no fue más que una confusión derivada en haber incorporado en estos autos un escrito dirigido a otro expediente, situación que debe corregirse. Solicitó, en definitiva, que se revoque la resistida dejando sin efecto la condena en costas y costos que se le impuso al Sr. BB. 3.- Sustanciado el recurso, fue evacuado por la Curadora (fs. 70/73), quien abogó por la confirmación de la resistida, afirmando -en lo medular- que: La circunstancia que alega el recurrente nunca fue aclarada ni puesta en conocimiento al A quo en ninguna oportunidad, por lo que ante dicha omisión, lo que viene a solicitar por la vía de apelación no es más que una nulidad de lo actuado por él en tanto funda su recurso en un error material de la oficina. La apelación es incongruente, pues no es posible construir un agravio sobre una actividad que ha sido consentida y propiciada por él, habiendo quedado firme por aplicación del principio de convalidación. El recurrente compareció tres veces más, tenía pleno conocimiento y conciencia de su comparecencia en obrados, circunstancia que ahora intenta desconocer por el hecho de no haber logrado obtener una resolución de mérito a su interés. El recurso debe ser rechazado por violar el principio de fundabilidad. El apelante intenta desembarazarse de la carga de exponer sus agravios brindando una mera discrepancia con la sentencia mediante formulaciones genéricas, no esgrime razones jurídicas suficientes para modificar la decisión adoptada. En cuanto a las costas y costos, ésta no responde únicamente por obstaculizar la presente venia sino por faltar a la verdad e intentar obstaculizar el desarrollo del proceso llevado a cabo en su contra en los autos caratulados “AA y otros c/ BB – Acción Simulatoria y Reducción de Donación por Inoficiosa” (IUE 2-36839/2024). 4.- Se franqueó la alzada con efecto suspensivo y recibido el expediente por este Tribunal, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden. Cumplido se dicta decisión anticipada (art. 200.1 del C.G.P). CONSIDERANDO: 1.- La Sala, por unanimidad de sus miembros naturales, habrá de confirmar la sentencia de primera instancia, salvo en tanto condena en costas y costos al Sr. BB, en lo que se revoca, por las razones que se explicitan. 2.- Previamente al análisis de los agravios deducidos por la parte apelante, el Tribunal entiende pertinente observar como seria irregularidad procesal, el hecho de que la Sede A quo, luego de ejecutoridada la declaración final de discapacidad (v.: sentencia interlocutoria NO. 863/2022, de fecha 11/3/2022, dictada en el expediente principal de incapacidad IUE 156-27/2021, fs. 54/55), haya continuado dándole participación a quien fuera oportunamente designada Defensora de la entonces presunta discapaz (Dra. Alejandra Cardozo). En tal sentido, como ha sostenido esta Sala en casos sustancialmente similares al presente, no corresponde la continuación de la actuación del Defensor designado de Oficio al presunto discapaz en un juicio de insanía, más allá de la sentencia que pone fin al proceso respectivo, pues “... su designación halla precisamente justificación en el hecho de que durante la pendencia del juicio el presunto incapaz continúa siendo capaz. “Al punto que, interpuesta la denuncia de insanía, se le intima la designación de defensor por sí mismo, nombrándose por la sede de Oficio en ausencia de tal designación. “Su función es de control en tanto la persona sólo se halla en estado de presunción de incapacidad. “Y esa función cesa con el mismo. “El art. 447 del CGP (Declaración final) dispone: 447.1: “Cumplidos los procedimientos que se establecen en los artículos precedentes y si el tribunal tuviere la convicción del estado de incapacidad del denunciado, así lo declarará, ordenando las medidas de curatela establecidas en el Código Civil.” “En dicha hipótesis, el otrora presunto incapaz, declarado en estado de incapacidad, pasa a ser representado por el curador propietario designado, en todos los actos de su vida civil. “El art. 447.2 establece: “Si no adquiriera convicción de ese estado, podrá clausurar los procedimientos o mantener por un plazo que determinará y que podrá ser prorrogado todas las veces que sea necesario, el régimen de protección y administración anteriormente establecido.” “Por su parte el art. 444.2 del mismo cuerpo legal establece, que (durante el proceso) el Juez: “Podrá especialmente, designarle un curador interino, someterle a un régimen de asistencia y de administración provisoria de sus bienes e incluso detener los procedimientos en espera de la evolución de la enfermedad. “En estas últimas hipótesis, o bien el proceso es clausurado por falta de mérito para la declaración de incapacidad, o bien, se mantiene el régimen de protección y administración que se hubiere adoptado durante el juicio. Ya de asistencia, en cuyo caso la voluntad del presunto incapaz pasa a ser completada con la del curador (ambas confluyen para la realización de determinados actos o áreas de actuación) ya de administración, en cuyo caso la voluntad del curador sustituye a la del curatelado, en una o varias áreas de actuación de la vida civil. “Por consiguiente, en ninguno de dichos actos tiene cabida la figura del Defensor” (sentencia interlocutoria de la Sala No. 216/2018, BJN). En definitiva, la Defensora de Oficio designada no actúa más luego de la declaración final del art. 447 cit., y si se presenta un conflicto entre los intereses de la curadora y la persona en estado de discapacidad, lo que se debe nombrar es un curador ad litem de conformidad con lo establecido en el art. 458 num. 4 del CC. 3.- En cuanto al mérito del recurso interpuesto, el perjuicio esgrimido por el apelante se circunscribió exclusivamente a la condena en costas y costos efectuada en el grado anterior. Sobre tal cuestión, como se adelantó, la Sala se apartará de la condena recaída en el grado anterior, en tanto considera que no mediaron elementos para tal imposición. En efecto. Por malicia se entiende la utilización arbitraria de los actos procesales en su conjunto y el empleo de las facultades que la ley otorga en contraposición con los fines del proceso, obstruyendo su curso, con el objeto de dilatar indebidamente el cumplimiento de las obligaciones y en violación de los deberes de lealtad, probidad y buena fe que informan el proceso. Por su lado, la temeridad se define como la conciencia plena de la falta de razón que la parte tiene desde el momento mismo de proponer la demanda o resistir a ella. Trasladando estos conceptos al plano fáctico de autos, se observa que el proceder del apelante no ingresa en el concepto de malicia temeraria que amerite la imposición de costas y costos, y ello por la sencilla razón de que: a) su participación en estos obrados deriva de un error cometido por la propia Oficina de la Sede A quo, por incorporar en las presentes actuaciones un escrito que estaba correctamente identificado y dirigido para agregarse al expediente principal de incapacidad IUE 156-27/2021 (fs. 10/11); y b) en escrito posterior presentado con fecha 28/2/2025 (también agregado a estos autos por error), el Sr. BB se desligó del asunto de la venia y advirtió de la de confusión padecida (“... en autos no se solicitó venia alguna. Es entendible que en la vorágine de las actuaciones se haya generado un error involuntario en la interpretación de nuestro planteo ...”, fs. 30). A partir de los errores cometidos por la Oficina interviniente y de que no existe un solo escrito del Sr. BB donde manifieste oposición a la venia tramitada en autos, no puede atribuírsele mala fe en su proceder, ni tampoco interpretarse que desarrolló conducta obstructiva o contraria al normal desarrollo del proceso. 4.- Por similares razones no se impondrá especial imposición en el grado (art. 261 y 56 del CGP). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA, SALVO EN TANTO CONDENA AL SR. BB EN COSTAS Y COSTOS EN LO QUE SE REVOCA, IMPONIÉNDOSE LOS GASTOS CAUSÍDICOS EN EL ORDEN CAUSADO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN EL GRADO. OBSÉRVASE AL JUEZ “A QUO” POR LA IRREGULARIDAD RELACIONADA EN EL CONSIDERANDO 2 PRECEDENTE. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera - Ministro Dra. Ma. Del Carmen Díaz Sierra - Ministra Dra. Claudia Diperna Acosta - Ministra Dra. Ma. Laura Sturla Berhouet - Secretaria Letrada