Sentencia Definitiva N° 229/2025

TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE TERCER TURNO MINISTRAS FIRMANTES: Dras. Mónica Pereira Andrade, María del Carmen Corujo Milán y Lina Fernández Lembo.- MINISTRA REDACTORA: Dra. Lina Fernández Lembo.- VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MENDEZ DANIEL C/LAGE CYNTHIA Y OTROS. PROCESO LABORAL ORDINARIO (Ley 18572)”, IUE 2-9521/2025, contra la sentencia definitiva de primera instancia, Nro 41/2025, dictada por la Señor Juez Letrado del Trabajo de la Capital de 17mo Turno, Dra. Alejandra Sanchez Altieri. RESULTANDO: 1) El referido pronunciamiento, obrante a fs. 110 y ss, falló en lo esencial: Amparando la demanda y condenando a PRODOMUS SRL y a ANTEL en forma solidaria a abonar al actor los rubros salarios impagos, licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, horas extras e indemnización por despido, por los montos liquidados en la demanda, con reajustes e intereses desde la promoción de la demanda hasta el pago efectivo, con un 15% por daños y perjuicios preceptivos sobre los rubros de naturaleza salarial, y un 10% de multa legal, calculada solamente sobre el crédito y no sobre los daños y perjuicios preceptivos. Condenando a CYNTHIA LAGE y RICHARD RECAYTE en forma solidaria, a abonar al actor los rubros salariales que vienen de referirse y sus accesorios. costas a cargo de la parte demandada y costos en el orden causado. 2) Obra comparecencia de la Administración Nacional de Telecomunicaciones (Antel), quien expresa que la recurrida le agravia en síntesis, por cuanto: Se impuso a su respecto condena solidaria en base a lo que afirma es una errónea valoración probatoria. Dice que su parte aportó recaudos que demuestran haber ejercido los controles correspondientes en el marco de las contrataciones públicas. Según lo dispuesto por el articulo 4to. de la Ley 18251 Sostiene que la Unidad de Antel de pago a terceros, comunicó que la documentación laboral por el período julio-octubre de 2024 no constaba debido a que Prodomus no la aportó y que por ello Antel intimó a cumplir con la presentación de dicha documentación. Postula que la responsabilidad a adjudicársele debe respetar los límites que establecen las normas contenidas en las leyes de tercerización. Cita los artículos 6to y 8vo. del a Ley 18251. Y dice que para acreditar el período de trabajo del actor se aportó un único testigo. Y es testigo aquejado de sospecha. Se soslaya por la Señora Juez el informe técnico de la Unidad de pago que realiza los controles laborales. Y que por ello el lapso laborado por el trabajador para Antel resulta sensiblemente inferior al período que se vinculó para su empleadora, lo que dice debe ser revisado en la presente instancia. El actor, sostiene formuló una liquidación genérica y no como debió hacerla, es decir una para cada una de las empresas contra las que accionó. Antel solo podría resultar responsable en los términos del articulo 8v eiusden por el lapso de desempeño del actor para Antel. Incumplió el actor en el punto la carga de la debida sustanciación. Le causa agravio sostiene la condena por despido indirecto porque los incumplimientos refieren a Prodomus y no a su parte. Además, los rubros indemnizatorios, de despido, multa, daños y perjuicios son rubros que por su naturaleza punitiva, reparatoria, resarcitoria no ingresan en el concepto legal de obligaciones laborales. Pide la revocatoria de la apelada. 3) Se confirió traslado del recurso, fs. 86. 4) Compareció la parte actora, a fs. 189 y ss. a evacuar el traslado, expresando en síntesis que no son de recibo los agravios de la contraria recurrente, por las razones que expresa en el escrito respectivo. 5) Se concedió la apelación franqueándose la alzada. 6) Recibidos los autos en este Tribunal, pasaron a estudio sucesivo, por imposibilidad material de realizar estudio conjunto por la carencia de medios técnicos adecuados a ello. Culminado el estudio y una vez reunido el número de voluntades legalmente requerido (artículo 61 Ley 15750), se procede al dictado de la presente sentencia, en el día de la fecha en los términos acordados. CONSIDERANDO: 1) La Sala adopta solución íntegramente confirmatoria por considerar que los pretendidos agravios planteados por ANTEL son de total rechazo. 2) En cuanto a la responsabilidad atribuida a ANTEL, dice la apelante que la conclusión a la que arriba la Señora Juez no toma en cuenta la prueba de controles efectivos que dice hizo la Unidad Pago a Terceros dependiente del ente. Con ello pretende argumentar haber dado cumplimiento al derecho deber de informarse, en los términos previstos por el artículo 4to de la ley 18.251. No le asiste razón, nótese que como señala la contraria, la propia codemandada apelante admite intimó a Prodomus dado que la última nombrada no había aportado la documentación laboral durante cuatro meses hasta que Antel cursó la intimación. Lo que evidencia insuficiencia y retardo en los controles los que resultan ajenos al contralor razonable que el ente pudo hacer para acreditar haber cumplido con el derecho deber que invoca. El telegrama de de fecha 11 de octubre de 2024. Del telegrama resulta que tampoco existían a la fecha depósitos correspondientes a las licitaciones ni detalle de horas trabajadas. Entre otros incumplimientos. Además los argumentos expresados por ANTEL al contestar la demanda, desconociendo la existencia de relación laboral, resultaban absolutamente discordantes con el fundamento del reclamo a su respecto. Siendo la base de la responsabilidad legal, en base a las leyes de tercerización y no por relación directa (fs. 63 vto.) ello en función de licitación del ente para servicios de guardia. En cuanto al lapso de desempeño, postuló el ente que solo respondía por el lapso temporal. Omitió detallar y formular liquidación alternativa. Siendo que, si como afirmó haber realizado, de haber controlado razonablemente la documentación enviada, hubiera tenido los datos precisos para formularla. Tampoco aporta cuantificaciones concretas en etapa de apelación, incumpliendo así sus propias cargas. La simple agregación de documentación no satisface la exigencia de control razonable, criterio al cual se afilia este Colegiado,y sustentado por los Dres. Rosembaum y Castello que consideran que con base a las disposiciones legales vigentes, artículo 4to. Ley 18251 se exige no solo que se requiera documentación a la empresa proveedora sino que se efectúe un control razonable de la misma. Incluso el artículo 4to. ejusdem inciso final prevé que la empresa principal pueda requerir datos personales del trabajador para completar información que fuere necesaria, y ello también lo prevé la ley 18048 específicamente para entes públicos. Como lo ha sostenido reiteradamente, esta Sala se afilia al criterio doctrinario del control razonable, cuyo cumplimiento no se agota en la simple petición de documentación al prestador proveedor . Coincidente con la doctrina, según expresan ROSEMBAUM Y CASTELLO en: “Subcontratación e Intermediación laboral. Tercera Edición FCU (Julio de 2012). Recuerdan los autores de referencia en el punto “En la mecánica de la ley, la empresa principal no tiene obligación de controlar si el intermediario, subcontratista o suministrador de mano de obra cumplen adecuada y regularmente con sus obligaciones laborales y previsionales en relación con sus trabajadores. Sin embargo, si así lo hace, se verá beneficiado al aplicársele un régimen de responsabilidad patrimonial un poco más benigno en cierto modo, la ley busca permitir a la empresa que actúa con la diligencia de un buen hombre de negocios, lo que se manifiesta a través del ejercicio de potestades de contralor sobre los terceros con los que se vincula en el marco de los procesos de descentralización, así como también persigue elevar los niveles de cumplimiento de la legislación laboral y previsional, trasladando la carga de información a la empresa principal o usuaria…” (Ob. cit. Pgs. 175). Considera la Sala que, razonablemente, el sentido de requerir a la usuaria documentación e información, para que despliegue algún tipo de consecuencia supone algo más que el mero requerimiento. Lo que lleva a coincidir con Rosembaum y Castello en cuanto a que se requiere que la usuaria haya realizado un examen razonable control de la misma” como muestra de la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras servicios y mano de obra. (Cf. Op. Cit pg. 176). Sin perjuicio de lo antedicho ANTEL evidencia no haber efectuado siquiera una lectura meticulosa de la demanda, pues al apelar sostiene que la contraria o deslindó aspectos temporales respecto del desempeño del actor para el ente. Siendo que de la simple lectura de la demanda a fs. 8 resulta que el actor determinó el lapso de desempeño para el ente nral 1. Los meses de salarios atrasados accionados corresponden a los incluidos en el telegrama de intimación al que refiere la recurrente al apelar. Y el resto de la liquidación del actor deslinda los aspectos temporales ya señalados. Incurre en conducta incompatible ANTEL, quien por un lado aduce haber realizado contralores eficientes de documentación y paralelamente omite aportar los datos precisos de aquello que dice la parte contraria solo intentó probar con un testigo. De haber existido contralor eficiente y razonable, el ente habría podido cumplir adecuadamente su carga de controversia, lo que incluía una liquidación ajustada a las pautas temporales de desempeño del actor para el organismo. Nada de eso cumplió ANTEL en el proceso. Lo que echa por tierra todos sus agravios basados en cumplimiento del derecho deber de informarse así como en cuanto invoca incumplimientos de la actora en deslindes temporales. La actora los formuló y su parte ni siquiera aportó datos concretos, ni cuantificó lo que entendía que sería erróneo del planteo de la contraria. Tampoco lo hizo en etapa de apelación, con lo cual incurre la parte apelante en doble incumplimiento de la carga de controversia en forma y de fundar la apelación con precisión, ( artículos 130.2 C.G.P y 253 . 1 CGP). 3) En cuanto a la argumentación de que su responsabilidad no alcanzaría conceptos indemnizatorios o punitorios, es criterio reiterado de la Sala y unánime de las Salas de Apelación especializadas de la materia que la responsabilidad objetiva de la empresa usuaria abarca todas las obligaciones laborales. En el punto, no hay norma que determine o habilite interpretar de modo contrario al interés de los trabajadores que la ley quiso excluir del ámbito de responsabilidad de las empresas usuarias los conceptos de referencia, entre otros. Ha dicho esta Sala en consideraciones trasladables al ocurrente: “En efecto, como señala la parte actora al evacuar el traslado de la apelación, es prácticamente unánime en los Tribunales de alzada especializadas en la materia que el texto de la ley aplicable no amerita una interpretación restrictiva del alcance de responsabilidad de las empresas usuarias, como el que pretende la parte recurrente. “En cuanto al alcance objetivo de la responsabilidad consagrada en las leyes 18099 y 18251El artículo 7mo refiere a las “obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1ro. de la Ley 18099 de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de.. y detalla un conjunto de fuentes de obligaciones, entre otras las leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios. El artículo 8vo. establece los límites de dicha responsabilidad en función del lapso de la vinculación de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra. El artículo 1ro. refiere a la responsabilidad de todo patrono o empresario, “de las obligaciones laborales”. La doctrina ubica el ámbito de aplicación de la norma contenida en el artículo 7mo, ejusdem, como continente de las obligaciones y que se resuelven en el pago de una suma de dinero. “GARMENDIA Y GAUTHIER, en: “Tercerizaciones, Segunda Edicion, FCU, Mdeo, pgs. 132/133), Dice que la redacción del artículo 7mo de la Ley 18251 superó la crítica a que se había sometido la anterior solución legal en cuanto a las obligaciones laborales cuyo cumplimiento puede ser verificado mediante el cotejo de documentos, pero que no hizo lo propio respecto de las obligaciones laborales que por su propia naturaleza no pueden ser documentadas. Y los autores refieren a las obligaciones de hacer. Y dice que hubiera sido deseable una formula que limitara la responsabilidad a las obligaciones de dar. Y luego agregan los autores “ Sin embargo, una cosa es dejar señaladas las dificultades de control que por su naturaleza pueden presentar determinadas obligaciones laborales y otra muy distinta sería interpretar que dichas dificultades provocan que la responsabilidad legal no abarca tales obligaciones laborales cuyo cumplimiento (por no ser documentable) puede resultar difícil controlar. “En tal sentido, el sistema instaurado por estas dos leyes no reparó en este aspecto a los efectos de delimitar la esfera de las responsabilidades que atribuye al patrono o empresario principal y, al contrario, el alcance material de las responsabilidades implantadas incluye todas las obligaciones laborales, independientemente de su naturaleza y del grado de dificultad que puede conllevar el control de su cumplimiento por parte de aquel”. Entonces, no son equiparables ni van de la mano las circunstancias que habilitan el poder deber de informarse o de controlar determinados supuestos generadores de obligaciones respecto del alcance de la responsabilidad consagrada, sin distinción en base a ello por el texto legal vigente. La redacción no distingue y por ende no puede hacerlo el intérprete. No se recibe la apelación deducida en el punto.” (Cf.Sent. 48/2021, Fernández (r), Seguessa, Pereira, BJN pública). Las razones antedichas determinan la sinrazón de la apelación planteada. 4) La conducta procesal de las partes no amerita especiales condenas procesales en costos en el grado. Las costas de oficio. Por los fundamentos expuestos y lo dispuesto en las normativas precitadas y lo dispuesto en los artículos 197 y 198 C.G.P, 17 y 18, 30 y 31 Ley 18572, el Tribunal; FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES EN COSTOS, COSTAS DE OFICIO. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE DEVUÉLVANSE LAS ACTUACIONES A LA SEDE DE ORIGEN. REGISTRE LA SECRETARÍA DE LA SALA LOS DÍAS INHÁBILES Y LAS LICENCIAS DE QUE HUBIERAN HECHO USO LOS FIRMANTES DE LA PRESENTE Y REMÍTASE COPIA DE LA PRESENTE POR MEDIO IDÓNEO A QUIEN DICTÓ LA SENTENCIA IMPUGNADA. DRA. LINA FERNÁNDEZ LEMBO- MINISTRA. DRA. MÓNICA PEREIRA ANDRADE- MINISTRA. DRA. MARÍA DEL CARMEN CORUJO MILÁN- MINISTRA. ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO- SECRETARIA LETRADA SUBROGANTE.-